Hilario Juárez Valencia

Expediente 1710/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 1 actuación registrada, la última del 17 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1710/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
17/12/2019

Partes del expediente

  • Hilario Juárez Valencia

Actuaciones

  1. Principal

    EN ESTA FECHA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, EN LA LISTA DE ACUERDOS QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO, LA RESOLUCIÓN DE DIECISIETE DEL MES Y AÑO EN CURSO QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, remitida por la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con residencia en la Ciudad de México, pues declaró legalmente incompetente para conocer de las demandas de amparo, mediante auto dictado dentro del expediente de varios ***. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de expediente 1710/2019-VII. DESECHAMIENTO Ahora bien este juzgado de distrito, debe analizar la procedencia de la demanda de amparo, tal como dispone el artículo 113 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En el caso concreto y de un análisis de la demanda, se advierte que parte quejosa reclama del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, lo siguiente: Los requerimientos de pago derivados de un crédito de adquisición de una casa de interés social. Por lo que se advierte de manera oficiosa que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, ambos de la de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario; que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." El citado artículo 5 de la Ley de Amparo, dispone que no solamente gozan de ese carácter las reconocidas expresamente en sentido formal, sino también aquellas que dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para una debida comprensión de los motivos que actualizan la causa de improcedencia en estudio, resulta indispensable establecer la distinción entre un acto de autoridad del que no lo es, atendiendo a la clasificación de las relaciones jurídicas existentes en el marco jurídico nacional: de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Relaciones de coordinación: entendidas como las entabladas entre particulares, en las que éstos actúan en un plano de igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias están previstos en la legislación de los procedimientos ordinarios. Dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil o laboral; la nota distintiva de este tipo de relaciones de derecho privado es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por la actuación de los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, mismas que son reguladas por el derecho público, el que a su vez establece procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, como son -en el ámbito ordinario-, el procedimiento contencioso-administrativo; mientras que en el parámetro constitucional, se encuentra el juicio de amparo; relaciones caracterizadas por la unilateralidad y, por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación, son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad previstas en el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sobre ese mismo aspecto, cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que por autoridad responsable debe considerarse a las personas que con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales ni tomar en consideración la voluntad del afectado. De lo anterior se sigue, que autoridad es todo ente que ejerce facultades decisorias que le confiere la ley, por ende, que constituyen una potestad administrativa cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad. Ahora bien, del precepto legal invocado de la Ley de Amparo, se advierte que incluye como autoridad responsable a aquellos particulares que realicen actos equivalentes a los de una autoridad, que afecten derechos en los términos de la propia fracción II y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Esto es, el texto de la Ley de Amparo que entró en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, modificó el concepto tradicional de autoridad responsable, para contemplar ahora a los particulares como tales, es decir, se aleja de naturaleza formal del emisor del acto, para atender a la unilateralidad del mismo y, por ende, se considera que aquellos particulares podrán ser llamados como responsables dentro del juicio de amparo, cuando realicen actos equivalentes a los de una autoridad formal que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Cierto, los actos de particulares tienen el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo cuando crean, modifican o extinguen una situación jurídica de forma unilateral y obligatoria, siempre que su actuación esté prevista en una norma general y afecte directamente algún derecho fundamental, o bien, omite dictar el acto que de realizarse produciría tal afectación, lo que debe valorarse por el tribunal de amparo. Así pues, a la luz del nuevo alcance del concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, no resulta posible que se reclamen todos los actos de particulares, sino sólo aquellos homologables a los de autoridad y que tengan su origen en una norma general. En este contexto, el particular que actúa con carácter de autoridad, se ubica en una situación de supra a subordinación respecto de un gobernado, con lo cual dicha relación se reviste del imperio similar al de la fuerza pública, entendiendo ésta no como un poder coactivo material, en consecuencia, tiene un carácter estatal similar al de la actuación de una entidad pública, misma que tiene como base una autorización de carácter legal. Por tanto, al actuar el particular como un ente con poder público, se encuentra constreñido a la observancia de los derechos fundamentales en un plano jurídico subjetivo, en consecuencia, los actos que fueran realizados sin apego a los derechos humanos pueden ser materia de reclamo a través del juicio de amparo el cual resulta ser el medio de control constitucional idóneo para que los gobernados puedan impugnar los actos de autoridad estatal, o sus equivalentes, que estimen violatorios de su esfera jurídica. En resumen, las características que deben ostentar los actos realizados por particulares con calidad de autoridad son los siguientes: 1. Que realice actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido. 2. Que afecte derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas. 3. Que sus funciones estén determinadas en una norma general que le confiera las atribuciones para actuar como una autoridad del Estado, cuyo ejercicio, por lo general, tenga un margen de discrecionalidad. A ello se suma que el concepto de autoridad responsable se encuentra íntimamente vinculado al de acto reclamado, y para determinar quién puede ser autoridad para efectos del juicio constitucional, es preciso que se reúnan los elementos que distinguen a un acto de autoridad, lo que conduce a colegir que determinar el concepto de autoridad es una labor compleja en la que hay que atender las particularidades de cada caso concreto y a la naturaleza del acto mismo. Apoya las anteriores consideraciones, la jurisprudencia por contradicción de tesis 164/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, bajo el tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". No pasa inadvertido para este juzgador que dicha tesis se emitió antes de la entrada en vigor de la actual Ley de Amparo, la cual en su artículo 5, segundo párrafo, dispone que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos fundamentales y cuyas funciones estén determinadas por una norma general; sin embargo, la tesis resulta aplicable, pues aun cuando el acto de reclamo emanara de un particular, éste debe derivar de una relación de supra a subordinación, lo que no se actualiza en el caso concreto como se verá. Precisado lo anterior, se advierte que en el caso en concreto el acto reclamado surge en una relación jurídica entre particulares, toda vez que, como se dijo, se reclaman del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, los requerimientos de pago derivados de un crédito de adquisición de una casa de interés social. Sin embargo el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores puede reunir las características de autoridad responsable, cuando omite o da contestación a una solicitud de información relacionada con el otorgamiento de un crédito otorgado a un trabajador, en su carácter de administrador del fondo de vivienda. Lo anterior tiene sustento en lo establecido por el artículo 123, apartado "A", fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, establece: "ARTÍCULO 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo, conforme a la ley. (.) A. (...) XII. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones. Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de un organismo integrado por representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores y de los patrones, que administre los recursos del fondo nacional de la vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimientos conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las habitaciones antes mencionadas." Por otro lado, los numerales 1, 2, 3, 30 y 43, párrafo primero, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores establecen lo siguiente: "Artículo 1. Esta ley es de utilidad social y de observancia general en toda la República". "Artículo 2. Se crea un organismo de servicio social con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se denomina 'Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores', con domicilio en la Ciudad de México". "Artículo 3. El instituto tiene por objeto: I. Administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda; II. Establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para: a) La adquisición en propiedad de habitaciones cómodas e higiénicas, b) La construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de sus habitaciones, y c) El pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores; III. Coordinar y financiar programas de construcción de habitaciones destinadas a ser adquiridas en propiedad por los trabajadores; y IV. Lo demás a que se refiere la fracción XII del apartado A del artículo 123 constitucional y el título cuarto, capítulo III de la Ley Federal del Trabajo, así como lo que esta ley establece". "Artículo 30. Las obligaciones de efectuar las aportaciones y enterar los descuentos a que se refiere el artículo anterior, así como su cobro, tienen el carácter de fiscales. El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en su carácter de organismo fiscal autónomo, está facultado, en los términos del Código Fiscal de la Federación, para: I. Determinar, en caso de incumplimiento, el importe de las aportaciones patronales y de los descuentos omitidos, así como calcular su actualización y recargos que se generen, señalar las bases para su liquidación, fijarlos en cantidad líquida y requerir su pago. Para este fin podrá ordenar y practicar, con el personal que al efecto designe, visitas domiciliarias, auditorías e inspecciones a los patrones, requiriéndoles la exhibición de libros y documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones que en materia habitacional les impone esta ley. Las facultades del instituto para comprobar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley, así como para determinar las aportaciones omitidas y sus accesorios, se extinguen en el término de cinco años no sujeto a interrupción contado a partir de la fecha en que el propio instituto tenga conocimiento del hecho generador de la obligación. El plazo señalado en este párrafo sólo se suspenderá cuando se interponga el recurso de inconformidad previsto en esta ley o se entable juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. La prescripción de los créditos fiscales correspondientes se sujetará a lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación; II. Recibir en sus oficinas o a través de las entidades receptoras, los pagos que deban efectuarse conforme a lo previsto por este artículo. Las entidades receptoras son aquellas autorizadas por los institutos de seguridad social para recibir el pago de las cuotas del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previsto en la Ley del Seguro Social, de aportaciones y descuentos de vivienda al Fondo Nacional de la Vivienda y de aportaciones voluntarias. El instituto deberá abonar a la subcuenta de vivienda del trabajador el importe de las aportaciones recibidas conforme a este artículo, así como los intereses determinados de conformidad a lo previsto en el artículo 39, que correspondan al periodo de omisión del patrón. En caso de que no se realice el abono dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de cobro efectivo, los intereses se calcularán hasta la fecha en que éste se acredite en la subcuenta de vivienda del trabajador; III. Realizar por sí o a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el cobro y la ejecución correspondiente a las aportaciones patronales y a los descuentos omitidos, sujetándose a las normas del Código Fiscal de la Federación; IV. Resolver en los casos en que así proceda, los recursos previstos en el Código Fiscal de la Federación relativos al procedimiento administrativo de ejecución, así como las solicitudes de prescripción y caducidad planteadas por los patrones; V. Requerir a los patrones que omitan el cumplimiento de las obligaciones que esta ley establece, la información necesaria para determinar la existencia o no de la relación laboral con las personas a su servicio, así como la que permita establecer en forma presuntiva y conforme al procedimiento que al efecto el instituto señale, el monto de las aportaciones omitidas. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el instituto, indistintamente, sancionarán aquellos casos en que el incumplimiento de las obligaciones que esta ley establece, origine la omisión total o parcial en el pago de las aportaciones y el entero de los descuentos, en los términos del Código Fiscal de la Federación. Previa solicitud del instituto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Mexicano del Seguro Social y las autoridades fiscales locales, en los términos de los convenios de coordinación que al efecto se celebren, indistintamente y conforme a las disposiciones legales aplicables, están facultados para determinar, en caso de incumplimiento, el importe de las aportaciones patronales y de los descuentos omitidos. Para estos efectos, podrán ordenar y practicar visitas domiciliarias, auditorías e inspecciones a los patrones y requerir la exhibición de los libros y documentos que acrediten el cumplimiento de las obligaciones que en materia habitacional les impone esta ley. VI. Determinar la existencia, contenido y alcance de las obligaciones incumplidas por los patrones y demás sujetos obligados en los términos de esta ley y demás disposiciones relativas, para lo cual podrá aplicar los datos con los que cuente, en función del último mes cubierto o con apoyo en los hechos que conozca con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación de que goza como autoridad o bien a través de los expedientes o documentos proporcionados por otras autoridades fiscales; VII. Ordenar y practicar, en los casos de sustitución patronal, las investigaciones correspondientes así como emitir los dictámenes respectivos; VIII. Revisar los dictámenes formulados por contadores públicos sobre el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta ley y sus disposiciones reglamentarias respectivas; IX. Hacer efectivas las garantías del interés fiscal ofrecidas a favor del instituto, incluyendo fianza, en los términos del Código Fiscal de la Federación; X. Conocer y resolver las solicitudes de devolución y compensación de cantidades pagadas indebidamente o en exceso, de conformidad a lo previsto en las disposiciones legales y reglamentarias, y XI. Las demás previstas en la ley. (.)". "Artículo 43. En los términos de la fracción XII del apartado 'A' del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la administración de los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores estará a cargo del instituto". De los referidos preceptos se obtiene, entre otras cosas, que la creación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, como un organismo de servicio social constituido bajo el principio de solidaridad social, con personalidad y patrimonio propio, tiene por objeto administrar los recursos del fondo, establecer y operar un sistema de financiamiento que permita a los trabajadores obtener crédito barato y suficiente para adquirir en propiedad habitaciones, construir, reparar, ampliar o mejorar las que posean, o para destinarlo al pago de pasivos contraídos por los conceptos anteriores y que los recursos de la subcuenta de vivienda son patrimonio de los trabajadores; así como que las obligaciones de los patrones de efectuar las aportaciones y enterar los descuentos respectivos para cubrir los créditos otorgados a los trabajadores, tienen el carácter de fiscales, teniendo el instituto, en su carácter de organismo fiscal autónomo, facultades para determinar y exigir el cumplimiento de esas obligaciones. En ese sentido, las facultades que dicho instituto tiene conferidas en su ley son como órgano administrador del Fondo Nacional de Vivienda, frente a los trabajadores (artículo 43); y organismo fiscal autónomo en el cobro de las cuotas y cumplimiento de los patrones y sujetos obligados a realizar las aportaciones de vivienda (artículo 30). En el caso, de las manifestaciones vertidas por el quejoso, se advierte que éste adquirió un crédito de vivienda con el ente que señala como autoridad. Por lo que es inconcuso que para adquirir dicho préstamo, plasmó su voluntad de aceptar los términos y condiciones que le fueron impuestos para que el mismo le fuera autorizado, de manera que la relación que surge entre el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y los obreros a quienes se les otorga el crédito correspondiente, no es de supra a subordinación, sino de coordinación, en la que los sujetos actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, pues se rigen por lo acordado en el contrato que al respecto firman, y conforme al cual la institución mencionada determina las condiciones y métodos de pago. Esto es, el trabajador acepta los requisitos que se le imponen a través de un contrato que es firmado y reconocido por las dos partes (instituto y acreditado). Establecido lo anterior, se puede establecer que los requerimientos de pago son derivados de un contrato de apertura de crédito, celebrado entre la parte quejosa y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en el que existe un acuerdo de voluntades, por lo que se adquieren obligaciones y derechos establecidos en el mismo y tienen sustento en una relación jurídica establecida en un plano de coordinación, puesto que las partes contratantes como ya se mencionó establecieron derechos y obligaciones recíprocos; por lo tanto, no puede afirmarse que la relación entre las partes contratantes, corresponde a la de supra a subordinación ya que en realidad se trata de una relación de coordinación. Esto es así, porque la celebración del contrato de crédito, en cualquiera de sus formas, ya sea verbal escrito o por un acuerdo de voluntades tácito, implica que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el quejoso tienen obligaciones y derechos recíprocos en caso de aceptarlos, lo que evidencia que la relación existente entre las partes contratantes no corresponde a la de una autoridad y un gobernado, sino a una relación de coordinación y correspondencia entre el instituto y el particular. En virtud de lo anterior, la causa de improcedencia en estudio se actualiza, principalmente, debido a que los actos materia del reclamo tienen su origen en la celebración de un contrato de apertura de crédito, esto es, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores actúa en un plano de coordinación con la parte quejosa al utilizar su facultad de contratar, de tal manera que el vínculo que la parte quejosa pretende que exista con el instituto, verdaderamente se originó con motivo de una relación de coordinación a propósito del acuerdo de voluntades de otorgamiento de un crédito. De ahí que el acto reclamado, consistente en los requerimientos de pago por parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) por un crédito de vivienda, devienen de un contrato de apertura de crédito celebrado entre la parte quejosa y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por lo que no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues deriva de una relación contractual que la parte quejosa tiene con el instituto citado. Se dice lo anterior, porque tratándose de las relaciones contractuales, es común que se pacte que ante la falta de pago del crédito otorgado, la institución tenga derecho a realizar cobros y apercibimientos que fueron del conocimiento del particular al haberlo adquirido. Por lo tanto, el acto que aquí se reclama no genera que la relación derivada de un acuerdo de voluntades entre el quejoso y dicho instituto, en su caso, se transforme en acto de autoridad. Pues como se dijo, los actos reclamados no son emitidos de manera unilateral por la responsable, puesto que fue celebrado de manera voluntaria por las partes un contrato de otorgamiento crédito, en un mismo plano, por lo que el instituto, al requerir el pago de lo prestado, no actúa como autoridad para el juicio de amparo, ya que a la parte quejosa le fue otorgado un crédito por voluntad propia sin que la responsable ejerciera su imperium para obligarlo a adquirir los derechos y obligaciones ahí contenidos. Es aplicable la tesis XX.2o7 A, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XI, mayo de 2002, página 1230, registro 186933, que establece: "INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. HIPÓTESIS EN QUE NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores prevé diversos supuestos en los que dicho organismo público actúa como autoridad; sin embargo, cuando el acto reclamado deriva de los descuentos que el instituto hace sobre el salario del trabajador, vinculados con la relación que establecieron en virtud del contrato de crédito otorgado a favor del último para adquirir en propiedad una vivienda y, por ende, constituyeron derechos y obligaciones recíprocos, en un plano de igualdad, es obvio que tal actuación no se encuentra revestida de imperio frente al particular, porque el acto impugnado carece de las características de unilateralidad e imperatividad propias de un acto de autoridad porque, al ejecutarlo, el instituto no se apoya en la ley, sino en el acuerdo tomado entre ambas partes; por tanto, cualquier controversia que se suscite con motivo de esa relación contractual no entraña una violación de garantías; de ahí que su estudio debe ser resuelto por los tribunales de instancia competentes, conforme con lo dispuesto en los artículos 52 y 53 de la propia ley en cita, toda vez que la acción constitucional intentada es improcedente, en los términos de la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el diverso 11, ambos de la Ley de Amparo". Sobre tales premisas, es posible concluir que el acto aquí reclamado no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que no representa el ejercicio de un poder jurídico que afecte por sí o ante sí y de manera unilateral cree, modifique o extinga una situación jurídica concreta en perjuicio de la parte quejosa. En consecuencia, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, ambos de la de la Ley de Amparo, se DESECHAR LA DEMANDA PROMOVIDA POR ***, de conformidad con el numeral 113 de la citada ley. Ello, sin que pase desapercibido que el quejoso no cumple con los requisitos del artículo 108, de la Ley de Amparo, en el contexto integral de la demanda; sin embargo, a nada práctico conduciría requerir al promovente para que se ajuste a los mismos, si desde un inicio se conoce el resultado; además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado En Materia Administrativa Del Primer Circuito, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Es aplicable el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, del contenido siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que señala en su escrito de demanda; y como autorizado en términos amplios a que alude el artículo 12 de la Ley de Amparo, a *** ***. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.cjf.gob.mx/consultas.htm. o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 10,116 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano