Hilario Vazquez Hernandez
Expediente 1177/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 23 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1177/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 23/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Hilario Vazquez Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer. Por tanto, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO FIRME EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el juicio no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. En cuanto al original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III del aludido artículo vigésimo primero del citado Acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, en el término señalado en el párrafo que antecede, esto es, después de transcurridos cinco años, debiendo conservar aquéllas actuaciones en las que se concedió la medida. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo del referido Acuerdo es susceptible de destrucción, transcurridos seis meses a partir de esta fecha, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el duplicado. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa por autos de dieciséis y diecisiete de agosto del año en curso, mismos que se les notificó el diecisiete y dieciocho de agosto siguiente, y transcurrió del diecinueve al veintitrés de agosto y del veintidós al veinticuatro de agosto, ambos del año en curso, descontándose los días veinte y veintiuno de agosto del año en curso por ser inhábiles, para el efecto de que manifestara lo que a su interés conviniera respecto a las autoridades responsables 2. Unidad de Investigación Especializada en Feminicidio, 5. Unidad de Investigación Especializada en Tortura y Desaparición Forzada, 7. Unidad de Investigación Especializada en Delitos Financieros y Patrimoniales, 8. Unidad de Investigación Especializada en Homicidios, 9. Unidad de Investigación Especializada en Robo a Casa Habitación, 10. Unidad de Investigación Especializada en Robo a Comercio, 11. Unidad de Investigación Especializada en Delitos Culposos, 12. Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos, 13. Unidad de Investigación Poniente, 14. Unidad de Investigación Oriente, 15. Unidad de Investigación Norte y 16. Unidad de Investigación Sur, sin que al efecto lo haya hecho. Por lo que, se hacen efectivos los apercibimientos efectuado el dieciséis y diecisiete de agosto de dos mil dieciséis y se tienen a las citadas autoridades por inexistentes en este juicio de amparo, suspendiéndose cualquier comunicación oficial con las mismas. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el quejoso Hilario Vázquez Hernández, mediante escrito recibido en este órgano Federal el ocho de agosto pasado (fojas 2 a 6) solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra actos del 1. Juez de Control de la ciudad de Puebla y de otras autoridades; de quienes reclamó lo siguiente: ".IV.- ACTO RECLAMADO.- De las Autoridades señaladas como ordenadoras reclamo el haber librado en mi contra Orden de Búsqueda, Aprehensión y Detención, misma que es totalmente ilegal, en cuanto a las Autoridades ejecutoras reclamo que las mismas pretenden dar cumplimiento a tal orden de aprehensión dictada en mi contra por las autoridades señaladas como ordenadoras." (foja 3). Ahora bien, de los informes justificados de las autoridades responsables se advierte lo siguiente: No. Orden Autoridad responsable Sentido del informe justificado Foja 1 Juez de Control de la ciudad de Puebla. Negó 30 3 Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales, Mesa Uno. Negó 31 4 Unidad de Investigación Especializada en Violencia Familiar Mesa Uno (en su denominación correcta). Negó 15 6 Agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia del Ministerio Público Especializada en Información de Casas de Empeño (en su denominación correcta). Negó 16 y 17 17 Fiscal General del Estado de Puebla por su representación. Negó 18 18 Director General de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Negó 19 Las referidas autoridades responsables, al rendir sus respectivos informes justificados, negaron la existencia de los actos que se les reclama; en consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en este juicio. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, por lo que hace a las autoridades denominadas por la parte quejosa como: 2. Unidad de Investigación Especializada en Feminicidio, 5. Unidad de Investigación Especializada en Tortura y Desaparición Forzada, 7. Unidad de Investigación Especializada en Delitos Financieros y Patrimoniales, 8. Unidad de Investigación Especializada en Homicidios, 9. Unidad de Investigación Especializada en Robo a Casa Habitación, 10. Unidad de Investigación Especializada en Robo a Comercio, 11. Unidad de Investigación Especializada en Delitos Culposos, 12. Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos, 13. Unidad de Investigación Poniente, 14. Unidad de Investigación Oriente, 15. Unidad de Investigación Norte y 16. Unidad de Investigación Sur, mismas que se tuvieron por inexistentes el presente día, por lo que al no existir éstas, tampoco pueden existir los actos que se les atribuyen. Por lo anteriormente expuesto, se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional dentro del presente juicio de amparo, es decir, las diez horas con diez minutos del cinco de septiembre de dos mil dieciséis; comuníquese lo anterior a las partes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. Visto, agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, por medio del cual remite el testimonio de la ejecutoria dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito. En consecuencia, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en el toca R-42/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, así como los autos originales de dicho juicio y un tomo de pruebas; en consecuencia, acúsese recibo, realícense las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno respectivo y, agréguese a estos autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto. En tal virtud, comuníquese a las partes la llegada de dicha ejecutoria, que en sus puntos resolutivos dice: "PRIMERO.- En la materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO.- Se deja firme el Sobreseimiento en el juicio de amparo 147/2015, promovido por Tecmaq, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto de los actos reclamados a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y Actuaria adscrita, en términos del sexto considerando de la sentencia recurrida. TERCERO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a IRMA AGUIRRE CASTILLO, contra los actos reclamados a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla y Actuaria adscrita, por las razones expuestas y para los efectos precisados en los considerandos octavo y noveno del fallo sujeto a revisión." En otro sentido, ya que resulta innecesario conservar las pruebas documentales que remitió la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, en apoyo a su informe justificado, devuélvansele el juicio laboral D-1/588/2006 de su índice (anexo I), y requiérasele para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, contado a partir de la notificación del presente proveído, acuse el recibo de estilo correspondiente; se apercibe a dicha autoridad que de no hacerlo se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Ahora bien, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, contra cuyos actos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efecto las notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio de derechos fundamentales, cuyos efectos son: "(.)1) Deje insubsistente el embargo practicado el ocho de agosto de dos mil ocho sobre la mitad de una cuarta parte del inmueble identificado como Lote de terreno número siete de los en que se dividió el predio conocido como 'Rancho San Diego Los Álamos'. 2) Debiendo precisarse que deberá dejar intocado las demás actuaciones, en atención a que la parte quejosa no fue parte procesal en el juicio de origen.(.)" Se apercibe a la referida autoridad que de no cumplir con lo anterior dentro de los términos que se señalan, se le impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la emisión de esta determinación, de conformidad con los artículos 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo y 258 de la Ley de Amparo y con base en lo previsto por los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas disposiciones diversas de la Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Así mismo, hágase de su conocimiento que, en caso de ser omisa al presente requerimiento en el plazo fijado, además de imponerse la multa con la que se le apercibió, conforme al procedimiento previsto en los artículos 193 y 198 de la Ley de Amparo, los autos originales del asunto en que se actúa serán remitidos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo en Turno del Sexto Circuito, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia respectivo y, éste a su vez, si procede, los remitirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la separación de su cargo y su consignación penal ante el Juez de Distrito que corresponda por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Por otro lado, dígase a la autoridad requerida, que incurre en responsabilidad penal de actuar dolosamente en el incumplimiento de la presente ejecutoria de amparo y que la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la misma, cuando la ley le exija su acatamiento, según lo previsto por los artículo 267, fracción I y 269 de la Ley de Amparo. No se inadvierte para la suscrita Jueza Federal, que el tercer párrafo del artículo 192 de la ley de la materia, dispone que cuando se ordene el requerimiento a la autoridad responsable a fin de que cumpla con la ejecutoria de amparo, también se debe encomendar notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, para que en el ámbito de sus funciones, instruya a su subalterno dar cumplimiento al fallo protector de que se trata; sin embargo, en el caso no procede, toda vez que las Juntas laborales no lo tienen, como lo sostiene la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: Orienta el criterio de esta juzgadora, jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son los siguientes: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo."
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos la razón asentada por el Actuario de la adscripción, de la cual se desprende que no le fue posible notificar el oficio II-D-211-12 dirigido a la autoridad que el quejoso denominó como "12. Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos", ya que de la misma se desprende: ".Gabriela Castillo Rosales, quien tiene el cargo de Analista en la Dirección de Agencias del Ministerio Público de Investigación de Robo de Vehículos, manifestó que a la presente fecha no se encuentra integrada la Unidad de Investigación citada, motivo por el cual no es factible llevar a cabo su notificación." En consecuencia, con fundamento en el artículo 297, fracción II, de Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa por el plazo de tres días, para que manifieste o que a su interés legal convenga, apercibida que de no hacerlo así, se tendrá por inexistente a dicha autoridad; mientras tanto suspéndase desde este momento toda comunicación oficial con la misma.
Quedan 7 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 9,258 expedientes
- Higinino Altamirano Bravo911/2023
- Higinio Herrera Morales874/2021
- Hilaria Perez Morales266/2020
- Hilario Flores Dominguez1437/2016
- Hilario Merino Mendez1078/2018
- HILARIO PEREZ CANTE y Otros.837/2023
- Hilario Vazquez Hernandez962/2016
- Hilarion Garcia Muñoz35/2023
- Hilarion Garcia Muñoz1018/2022
- Hilda Elisa Roldan Perez965/2023
- Hilda Flores Torres330/2018
- Hilda Montiel Gomez79/2017