Hilario Merino Mendez
Expediente 1078/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1078/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Hilario Merino Mendez
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, tres de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de esta fecha y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el término de cinco días que prevé el artículo 98, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa impugnara mediante la queja el proveído de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 21 a 24), en el que se desechó de plano su demanda de amparo, ha transcurrido, sin que hubiere interpuesto tal recurso, toda vez que el citado acuerdo se le notificó personalmente el veintidós de noviembre del presente año, surtió efectos el veintitrés de noviembre siguiente y, transcurrió del veintiséis al treinta de noviembre del año en curso, sin que hicieran uso de tal derecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este de un expediente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho. FORMACIÓN. Visto lo de cuenta, fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo con el número 1078/2018-D, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este Juzgado. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados por los promoventes Hilario Merino Méndez y Ricardo Raúl Moreno Moreno, a la 1. Jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla (Joanna Karina Perea Cano) y otras autoridades; es el siguiente: (.) IV.- ACTOS RECLAMADOS: Son los siguientes: De la autoridad señalada como responsable ordenadora, del inciso a) reclamo la ilegal e infundada ejecución DE UN CATEO 105/2018, cateo de fecha 22 de octubre de 2018 y que ejecutaran en fecha 24 del mismo mes y año que a sabiendas que no se cumplió con los requisitos señalados por la ley al ejecutarlo conforme al marco normativo, dio por cumplido el CATEO. De la autoridad señalada como ordenadora en el inciso b) le reclamo de la orden de CATEO por en cuanto a la incorrecta conducción y mando de la investigación, Ministerio Público a quien se le concedió ORDEN DE CATEO 105/2018 de fecha 22 de octubre de 2018 quien al ordenar cumplir el mismo no cumplió con los requisitos señalados por la ley al ejecutarlo y conforme a los lineamientos ordenados por el Juez de Control, y haber permitido la ejecución de un cateo y aseguramiento que no cumple con las formalidades contenidas en la CONSTITUCION POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS así como en el CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Autoridad que tiene el carácter de rector de los actos de molestia que requieren autorización judicial. De las autoridades ejecutoras señaladas en los incisos a) y b) les reclamo por en cuanto a su ejecución de la ORDEN DE CATEO 105/2018 de fecha 22 de octubre de 2018, Ya que no tienen autorización para ingresar al domicilio objeto del cateo. Quienes al mismo tiempo no cumplieron con los requisitos señalados por la ley al ejecutarlo y conforme a los lineamientos ordenados por el Juez de Control, su actuación no cumple con las formalidades contenidas en la CONSTITUCION POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS así como en el CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Ya que es violatoria de derechos fundamentales su intervención y los actos de investigación derivados del mismo carecen existencia legal, eficacia y valor probatorio, ya que existe efecto corruptor con relación a la obtención de pruebas ilícitas. Así mismo reclamo de todas las autoridades que he señalado como responsables todas y cada una de las consecuencias que en forma lógica natural y legal y que se traduzcan en molestias a mi persona, posesiones, propiedades o derechos, debido a los actos reclamados en este juicio de garantías. (...)" Al respecto, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, debido a que el acto reclamado quedó consumado de modo irreparable. Para evidenciar lo anterior, resulta prudente transcribir la fracción y norma de la Ley de Amparo antes invocadas, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable;" Lo anterior permite establecer que el juicio de garantías es improcedente cuando los actos reclamados deban considerarse consumados de modo irreparable. Así, por actos consumados de modo irreparable debe entenderse aquellos que han producido todos sus efectos, de manera tal que no es posible restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo, dado que para el caso en que se otorgara la protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trate. Luego, es dable afirmar que la consumación irreparable del acto reclamado es de naturaleza material o física, esto es, aquella que por haber producido todas sus consecuencias materiales hace que la restitución del derecho sustantivo tutelado quede fuera del alcance de los instrumentos jurídicos. En la especie, se reclama la orden de cateo 105/2018 de veintidós de octubre del año en curso, la cual fue ejecutada el veinticuatro del mismo mes y año, por las autoridades responsables, por lo que es incuestionable que la ejecución de la citada orden de cateo se consumó y cumplió con sus efectos jurídicos, lo cual es suficiente para considerar irreparablemente consumadas las violaciones que pudieran haber existido en el procedimiento respectivo. En esas condiciones, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, 61, fracción XVI, así como el diverso 113, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías que se examina. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada sustenta da por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto es: "CATEO EJECUTADO. AMPARO IMPROCEDENTE. Cuando el acto reclamado lo constituye la orden de cateo, misma que según consta en autos ya fue ejecutada sin que se hubiese constituido el depósito de los bienes embargados, es incuestionable que tal acto quedó consumado de un modo irreparable, por lo que se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción IX de la Ley de Amparo" DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la ley de Amparo, se tiene como domicilio de los quejosos para oír y recibir notificaciones personales el lugar en donde se encuentran recluidos, esto es, en el Centro de Reinserción Social de Puebla. Sin que haya lugar a tener el correo electrónico y el número telefónico que proporcionan para oír y recibir notificaciones, toda vez que la Ley de Amparo, no los prevé como medios para tal fin. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la Materia, a Otymarxiodet Salas Castelán, atento a que del dato proporcionado acredita encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Y, se tiene por autorizado con las facultades restringidas previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Lombardo Carlos Ramírez, por así haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS. Finalmente, respecto a la petición de la parte quejosa de utilizar cámaras fotográficas y de video, así como escáner y cualquier otro medio electrónico para obtener imágenes y/o fotografías de las actuaciones y documentos que obren en el presente juicio, resérvese acordar lo que en derecho resulte procedente, hasta en tanto, en caso de admitir su demanda de amparo, se advierta la existencia del acto reclamado y si las constancias que remitan las autoridades responsables como justificación a sus informes, contienen información clasificada como reservada o confidencial; ello, a efecto de evitar que se use de manera incorrecta y este Juzgado adopte las medidas de seguridad pertinentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 26/2015 siguiente sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo." REPRESENTANTE COMÚN. Téngase como representante común de los quejosos a Hilario Merino Méndez, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo, sin perjuicio que con posterioridad, aquéllos lo sustituyan por otro. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atenta la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. INTERCONEXIÓN ENTRE AUTORIDADES. Por otro lado, infórmese a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se realizará mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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