Hilario López Guerra
Expediente 334/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 334/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Hilario López Guerra
Actuaciones
- Principal
Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el quince de abril de dos mil diecinueve, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta que en el presente juicio de amparo no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa destruible.
- Principal
Vista, la demanda de amparo promovida por Hilario López Guerra, por propio derecho, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, el secretario en funciones de Juez acuerda: Regístrese su ingreso en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) bajo el número que legalmente le corresponda y fórmese el expediente correspondiente. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, al actualizarse la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el numeral 107, fracción V este último aplicado en sentido contrario ambos de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten de materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano se parte;" La parte quejosa reclama en este juicio de amparo: ". La resolución incidental de corrección de nombre y nulidad de notificaciones, dictada dentro de juicio laboral marcado con el número 4226/IV/2018." De lo antes transcrito, puede concluirse que el acto que reclama la parte quejosa, no tiene una ejecución de imposible reparación, porque los efectos del mismo no son susceptibles de producir afectación de manera directa e inmediata a alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución General de la República. Se afirma lo anterior, toda vez que de los antecedentes de la demanda de garantías, se advierte que: 1. El veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, Hilario López Guerra, quien por error asentó en la demanda el nombre de Hilario López Higuera, promovió juicio laboral por diversas prestaciones laborales, con motivo del despido injustificado de que fue objeto, contra "Obras Mineras y Tiros del Centro", Sociedad Anónima de Capital Variable, ante la Junta Especial número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado. 2. La Junta Especial número 53 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda promovida por Hilario López Guerra; turnando el expediente a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado. 3. El veinte de marzo de dos mil dieciocho, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, admitió la demanda, reconoció la personalidad de los apoderados de la actora, ordenó emplazar al demandado y citó a las partes a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, para el seis de junio de dos mil dieciocho. 4. No obstante, el seis de mayo de dos mil dieciocho, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, llevó a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, a la que compareció como representante del actor José Roberto Castillo Baltazar, para lo cual presentó la carta poder firmada por Hilario López Guerra. 5. La Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, negó la personalidad jurídica del compareciente al señalar que la carta poder se encontraba suscrita por Hilario López Guerra, y la demanda inicial se encontraba firmada por Hilario López Higuera. 6. Ante ello, Hilario López Guerra, el diecinueve de junio de dos mil dieciocho, promovió incidente de corrección de nombre y a la vez incidente de nulidad de notificaciones, mismo que fue admitido por la Junta responsable el tres de julio de dos mil dieciocho. 7. El cinco de diciembre de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia incidental, en la cual la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, desahogo las pruebas que fueron ofrecidas en el mismo, reservando el dictado de la resolución correspondiente. 8. El catorce de marzo de dos mil diecinueve, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, dictó resolución en la que declaró improcedente el incidente promovido por Hilario López Guerra; lo que constituye el acto reclamado. De lo anterior se corrobora que, la determinación que declaró improcedente el incidente de corrección de nombre y a la vez incidente de nulidad de notificaciones, que constituye el acto reclamado no es una determinación que vulnere los derechos fundamentales previstos en las garantías individuales, dado que se trata de un acto de aquéllos que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues no constituye un acto de ejecución irreparable, ya que no afecta de manera directa e inmediata, los derechos sustantivos, de la parte quejosa, tutelados por la Constitución General de la República, a través de las garantías individuales, ello en atención a que el único efecto que produce tal determinación, es, negar al actor la personalidad de los apoderados en la forma en que lo propone, por la disparidad en el según apellidos del actor y por tanto su intervención al juicio, lo que no resulta ser de imposible reparación. En efecto, la afectación que dice sufrir el quejoso, con el acto reclamado, constituye un acto que no causa un gravamen irreparable, en los términos de la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, ya que ello sucede sólo cuando se afecta de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de modo tal que esa violación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una determinación favorable en el juicio del que emana, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia una afectación de derechos de naturaleza adjetiva o procesal, como es el hecho de que la responsable, declare improcedente el incidente de corrección de nombre de la actora, y por tanto, de nulidad de notificaciones; pues resulta claro, que éste constituye una violación procesal que podría no trascender en el sentido de la resolución, pues por su naturaleza jurídica sólo produce efectos intraprocesales, los cuales pueden ser reparados si se obtiene resolución favorable y en el supuesto de que no lo fuera, estaría la parte aquí quejosa en aptitud acudir al juicio de amparo, donde podría delatar las violaciones procesales, por lo que con la determinación reclamada, no hay duda de que no se está en presencia de actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. Es aplicable al respecto, la tesis de jurisprudencia publicada en la página once de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación número cincuenta y seis, correspondiente al mes de agosto de mil novecientos noventa y dos, que dice: "EJECUCION IRREPARABLE SE PRESENTA, PARA LOS EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo, ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, solo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos que solo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". En estas condiciones, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en análisis, ha lugar a desechar de plano la demanda de amparo promovida por Hilario López Guerra, por propio derecho, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con fundamento en el artículo 113 de la ley reglamentaria en consulta. Como lo solicita el quejoso ténganse por autorizados para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Gustavo Castillo Vera e Iván Navarro Solís; y, como domicilio para tal efecto el ubicado en callejón de Guadalajarita número ciento nueve (109) centro en la ciudad de Zacatecas.
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