Hernán Valverde Ramírez

Expediente 656/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
656/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
24/05/2022

Partes del expediente

  • Hernán Valverde Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el veintiocho de abril de dos mil veintidós, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, ya que en el presente juicio de amparo, sí existen documentos exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, y que se dio fe de que la versión electrónica del juicio de amparo en que se actúa, coincide en su totalidad con la versión impresa, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa destruible. Por otra parte, requiérase a la parte quejosa, para que se presente en el local de este Juzgado, debidamente identificada, a fin de recoger el documento que exhibió en el presente juicio de amparo, apercibida que en caso de no hacerlo dentro del término de noventa días, dichos documentos podrán ser destruidos. En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa, así como para diverso trámite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021

  2. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, ocho de abril de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Hernán Valverde Ramírez, por su propio derecho y ostentándose como representante legal de "Casas y Construcciones Alfa", Sociedad Anónima de Capital Variable, contra actos del Juez Tercero Civil de Primera Instancia del distrito judicial de Zacatecas y otra autoridad; se acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 656/2022 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes PREVENCIÓN. Ahora bien, toda vez que de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la misma presenta irregularidades, puesto que Hernán Valverde Ramírez, además de acudir al presente juicio por su propio derecho, también se ostenta como representante legal de "Casas y Construcciones Alfa", Sociedad Anónima de Capital Variable, y para acreditar su personería, exhibe copia simple del acta constitutiva contenida en el instrumento público ocho mil ochocientos setenta y cinco, volumen ciento noventa y siete, del Protocolo del Notario Público Treinta y dos, en ejercicio y con residencia en Fresnillo, Zacatecas; empero, al tratarse de un documento simple, adolece de valor probatorio para los efectos que se pretenden. Aunado a lo anterior, de la lectura íntegra de la demanda, se desprende, concretamente de los puntos diez a trece del capítulo relativo a los antecedentes del acto reclamado, que por auto de catorce de febrero de esta anualidad, el juez responsable concedió a la parte actora un plazo de tres días, para que nombrara perito de su parte para la prueba pericial en topografía admitida a la parte demandada; que el diecisiete de febrero citado, "se presenta" recurso de revocación contra el citado auto de catorce de febrero (sin indicar quién lo promovió ni lo que en el mismo se resolvió, en su caso), el cual se tuvo por presentado en tiempo y forma, en auto de veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Asimismo, señala que el cuatro de marzo de esta anualidad, el perito de la parte demandada aceptó nuevamente el cargo para rendir la prueba pericial en topografía, sin acreditar la calidad de perito en topografía, puesto que es Arquitecto; que por ende, la hoy parte quejosa, el nueve de marzo de dos mil veintidós, presentó recurso de revocación; recurso que no se tuvo por admitido en auto de catorce de marzo en cita, por considerar la responsable que con el mismo se pretende revocar una actuación, lo que no puede ser combatido mediante dicho recurso. De lo anterior, se desprende que la parte quejosa refiere a la existencia de dos recursos de revocación, uno de los cuales fue admitido en tiempo y forma, sin precisar qué parte lo hizo valer y, en su caso, lo que en el mismo se resolvió, en qué fecha y si es motivo o no de reclamo lo ahí resuelto. Por tanto, con fundamento en el artículo 114, fracciones I, II y IV, en relación con el artículo 108, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al día en que surta efectos la notificación de este proveído, con las copias necesarias a que se refiere el artículo 110 de la ley de la materia y bajo protesta de decir verdad: Acredite con documento idóneo, ya sea original o copia certificada, la personalidad que detenta como representante legal de "Casas y Construcciones Alfa", Sociedad Anónima de Capital Variable. Ello en virtud que la fracción I, del artículo 108 de la Ley de Amparo, es clara al establecer que en la demanda de amparo deberán expresarse el nombre y domicilio de la parte quejosa y de quien promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; lo mismo acontece respecto de lo dispuesto por el artículo 11 del ordenamiento legal en consulta, en virtud que es claro al establecer que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas; de lo que es factible concluir que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda o dentro del término concedido, al ser requeridos para ello, con apoyo en lo dispuesto por los preceptos legales en consulta, como es el caso, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a la materias penal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°, 11 y 14 de la Ley de Amparo. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de causarse perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato. Al respecto, resulta aplicable en lo conducente, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 23/2009, publicada en la página siete, del tomo XXIX, abril de dos mil nueve, materia común, Novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato.". Precise quién promovió el recurso de revocación el diecisiete de febrero de dos mil veintidós, contra el auto de catorce de los citados; Informe si dicho recurso ya se resolvió, de ser así, en qué fecha y si lo resuelto en ella, es motivo de reclamo por la parte quejosa. Atento a lo anterior, deberá completar la narración de los antecedentes, hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del nuevo acto reclamado que en su caso pretenda precisar, de manera cronológica, sucinta y en su totalidad, pues del contexto de la demanda se asume la insuficiencia de datos para dilucidar la naturaleza y consecuencias de los actos que reclama, ya que se abstuvo de narrarlos de manera cronológica, lo cual es de esencial importancia para determinar la procedencia del juicio en que se actúa. En ese sentido, se hace énfasis que la Ley de Amparo prevé consecuencias penales para quien se conduzca con falsedad, en términos del numeral 261 de la Ley de Amparo, que estipula que se impondrá sanción de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días de salario, al quejoso en un juicio de amparo que al formular su demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el amparo. APERCIBIMIENTO. Se apercibe al promovente que en caso de no dar cumplimiento con lo requerido, en el término indicado, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADOS. Ténganse por autorizados para oír y recibir notificaciones, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados Iván Arturo Casas Figueroa, Isaac Limas Ruiz, Adrián Yosef Arellano Regino, José Irving Arellano Regino, Rubí Castañeda Godina, Jorge Rodríguez Velázquez, María Guadalupe Aguayo González y Pedro de León Velázquez; asimismo, se autoriza únicamente para imponerse de autos, oír y recibir notificaciones, más no para promover, esto es, en términos de la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a Raúl Ángel Castellanos Sanchez, Edgar Omar del Río Aguilera y a Fátima Andrea Dávila Hernández, en virtud que no se proporcionan los datos del documento que los faculta a ejercer la profesión de licenciadas en Derecho o Abogados, tal como exige el mencionado precepto legal. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Como lo solicita, con fundamento en los artículos 3, 12, segundo párrafo y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, y artículos 55, 58 y 66 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del propio Consejo, se le autoriza para recibir notificaciones vía electrónica, con nombre de usuario isaaclimas; en consecuencia, se comisiona a la Analista Jurídico S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes), para que realice las gestiones necesarias para tales efectos. En el entendido que, con el objeto de brindar certeza a las partes y atendiendo a lo señalado en el diverso numeral 62, del citado Acuerdo General, debe señalarse que las notificaciones por vía electrónica tendrán lugar con motivo de la consulta de la resolución judicial correspondiente en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, lo que generará la constancia respectiva, o cuando sin haber revocado la referida solicitud, se ingrese un acuerdo al expediente electrónico para la consulta de las partes, dentro del plazo de dos días hábiles siguientes, por no haber realizado la consulta de la resolución respectiva, se genere la constancia que corresponda. Ahora bien, toda vez que la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones en calle Insurgentes, número trescientos treinta y cinco, guión "B" (335-B), Colonia Centro, en Zacatecas; asimismo, solicita que se le practiquen vía electrónica; a fin de evitar la duplicidad de notificaciones considerando que las notificaciones electrónicas sustituyen a cualquiera de las efectuadas por las vías tradicionales (personales, mediante oficio y por lista), deberá la promovente precisar cuál es la vía que elige para esos fines; por tanto, notifíquesele el presente auto y requiérasele para que en el término de tres días, a que se refiere la fracción VI, del artículo 1079 del Código de Comercio, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, precise cuál es la vía que elige; apercibida que de no hacerlo, se practicarán las subsecuentes únicamente por vía electrónica misma que fue autorizada en párrafo precedente. Es aplicable a lo anterior, por similitud jurídica, el criterio sustentado por l. en la tesis 1o.P.34 K, publicada en la página 2364, del libro 58, septiembre de dos mil dieciocho, tomo lll, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, materia común, con número de registro 2017924, de rubro y texto: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO. El artículo 26 de la Ley de Amparo prevé cuatro vías para notificar los autos o resoluciones emitidos en el juicio de control constitucional, a saber: a) en forma personal; b) por oficio; c) por lista; y, d) la electrónica; siendo que cada una de éstas se encuentra expedita para emplearse en situaciones jurídicas concretas, incluso, para partes procesales en particular. De ese modo, las notificaciones relativas a los incisos a), b) y c) son las vías "tradicionales" en las que éstas se practican en un juicio de amparo, pues se comprende que si el órgano jurisdiccional pretende notificar personalmente una determinación a alguna de las partes, ya sea por previsión de la ley o porque lo estima necesario, dependiendo de la parte procesal de que se trate, empleará alguna de las vías de notificación a) y b), es decir, en forma personal o por medio de oficio; pero si considera que es innecesario que la comunicación respectiva se haga así, el auto o resolución deberá notificarse como lo señala el inciso c), o sea, por medio de lista, pues no puede haber proveído alguno que carezca de publicidad. Por su parte, la notificación citada en el inciso d), es decir, la referente a la vía electrónica, constituye un medio "especial" por el cual, las partes que así lo soliciten, se hacen sabedoras de los acuerdos o resoluciones que se dicten en el controvertido constitucional, siendo que, salvo en situaciones específicas, la notificación electrónica sustituye a las indicadas como vías "tradicionales" (o sea, a la notificación personal, por oficio y por lista), debiendo practicar el órgano de amparo toda clase de comunicación con la parte que así lo designe, por ese medio. Esto es así, pues del artículo 30 de la ley de la materia, en el que se reglamenta cómo deben llevarse a cabo las notificaciones electrónicas, se advierte la carga procesal u obligación de la parte que elija dicho modo de notificación, de estar diariamente, o sea, de modo permanente, al pendiente del expediente digital, a fin de que oportunamente esté enterada de los pronunciamientos que se decreten en él, de donde se colige que cuando una de las partes elige que las actuaciones emanadas del juicio se le notifiquen electrónicamente, lo conducente es que se le practiquen todas sus notificaciones por esa vía, incluso, las de carácter no personal, salvo casos en los que el órgano de amparo, atento a la naturaleza del acto, estime que deban efectuarse por el actuario mediante otro método. Lo anterior, ya que ni la Ley de Amparo ni el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, prevén alguna disposición que indique que la notificación electrónica deba emplearse única y exclusivamente respecto de proveídos o determinaciones que deben hacerse del conocimiento personal de la parte procesal de que se trate, mientras que el resto (o sea, las de carácter no personal) deban efectuarse por otra vía, como por ejemplo, por medio de lista; ni tampoco en los ordenamientos jurídicos referidos existe dispositivo que señale que la notificación electrónica deba duplicarse o estar a la par de cualquiera de las vías "tradicionales", pues en congruencia con la exposición de motivos que dio origen a la Ley de Amparo vigente, la notificación electrónica es una vía adoptada libre y voluntariamente por las partes, para que puedan tener conocimiento y consultar de forma pronta, rápida, ágil e inmediata, todas y cada una de las determinaciones que en aquél lleguen a emitirse, sin soslayar que es una vía que representa la utilización de menos recursos humanos, materiales y hasta logísticos del órgano jurisdiccional para llevar a cabo la diligencia de notificación. Por tanto, en el sumario es ilegal que la misma parte procesal (como lo es la quejosa) tenga dos o más vías para que se le practiquen sus notificaciones, ya que ello genera incertidumbre en el adecuado trámite y sustanciación del juicio de control constitucional, por ejemplo, para el cómputo de los plazos y términos que se fijen en el expediente, pues al haber dos o más vías de notificación sin precisar cuál de ellas es la efectiva para esos fines, podría derivar en que tuvieran que hacerse dos o más cómputos de términos o plazos para una misma parte procesal, en la medida en que las notificaciones "tradicionales" y "especial" surten efectos de manera distinta, de conformidad con el artículo 31 de la ley citada, situación que, además de que se estima impropia desde un enfoque adjetivo, también podría utilizarse intencionalmente para obtener ventajas procedimentales inadecuadas, verbigracia, para la presentación de escritos, desahogo de vistas, ofrecimiento de pruebas o interposición de recursos, entre otros supuestos." Como lo solicita, téngase como medio de comunicación no procesal los correos electrónicos que proporciona, en términos de lo dispuesto por los artículos 5°, fracción I y 22, fracción II del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, a efecto de agilizar la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19). INGRESO A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO. En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa, así como para diverso trámite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021

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