Hilario Flores Dominguez

Expediente 207/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
207/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
28/03/2019

Partes del expediente

  • Hilario Flores Dominguez
  • Leobardo Flores Dominguez

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación de cuenta y del estado procesal del expediente, se advierte los quejos omitieron recurrir el auto de once de marzo de dos mil diecinueve, dictado en este juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, se declara que el referido auto ha causado estado; por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y se ordena archivar este expediente como asunto definitivamente concluido. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, en atención al sentido de la resolución pronunciada en el mismo, así como a que carece de relevancia documental. Se instruye al secretario haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar la coincidencia del expediente físico con electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente.

  2. Principal

    Se recibe la demanda de protección signada por ** todos de apellidos ** por propio derecho, contra actos de la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar la demanda, y si se encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano. De la lectura integral de la demanda, se advierte que los quejosos ejercen la acción de derechos fundamentales contra un acto dentro de procedimiento, consistente en la radicación del recurso de apelación para su sustanciación por parte de la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, con motivo de la sentencia condenatoria dictada en el proceso ** del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla. Empero, el referido juez penal remitió el recurso de apelación interpuesto por los aquí quejosos a la aludida sala penal por existir un antecedente del mismo recurso, radicado como toca ** Esta acción por parte del juez y la sala penal, dicen los quejosos, les causa agravio porque hacen presumir un contubernio entre ambas autoridades, pues no fue remitido el recurso a la Oficialía Común de Partes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. De esta forma es posible advertir que el acto reclamado, en realidad, carece de efectos irreparables, pues ninguna afectación produce, en este momento, a algún derecho sustantivo en perjuicio de ** todos de apellidos ** Por lo anterior, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con la V del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo. Para demostrarlo se explica el parámetro actual de imposible reparación: Este derivó de los problemas que se detectaron en los trabajos legislativos para la reforma de junio de dos mil once, al artículo 107 de la constitución federal, en especial la demora que en algunos expedientes de particulares generaba la promoción del juicio de amparo indirecto. De ahí se visualizó la necesidad de abreviar los procesos de instancia en beneficio de un derecho fundamental de los gobernados: la pronta impartición de justicia. Lo cual sólo se advirtió posible con una mayor concentración del juicio de amparo directo, pues al incorporar en este las violaciones al procedimiento y las relativas al fondo de la controversia, se obtendría una resolución definitiva y completa desde las cuestiones procedimentales, al extremo de cancelar numerosos escenarios de dilación procesal. Tales cuestiones ya fueron analizadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, determinó que la interpretación más viable al propósito de acortar la tramitación de una controversia por el derecho fundamental de justicia pronta se obtiene de un régimen excepcional para el amparo indirecto a fin de que las presuntas violaciones al procedimiento se expongan en forma simultánea con las infracciones de la sentencia de fondo, hasta promover el juicio de protección en la vía directa. Régimen excepcional que visualizó el pleno de la corte en la fracción V del artículo 107 de la legislación, porque esta disposición sujeta los actos de imposible reparación a un parámetro específico: afectación material a derechos sustantivos tutelados en la constitución y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. De modo que todas las lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva, quedaron fuera del supuesto de procedencia establecido para el juicio de amparo indirecto, en específico los actos vinculados a derechos procesales y que sucedan en el trámite de un expediente de particulares (fracción V del artículo 107 de la legislación). Bajo este contexto resulta el parámetro actual de imposible reparación: afectación material a derechos sustantivos y en el cual nunca podrán incluirse violaciones relativas a cuestiones procesales tal y como se advierte del acto reclamado por los quejosos, porque a pesar del proceder de las aquerides señaladas como responsables, en el cual dan seguimiento a un recurso de apelación, la interlocutoria que se llegue a dictar en segunda instancia puede resultarles favorable pese a que dicha sala conozca del recurso. Además, el espectro actual de imposible reparación contra actos dentro de juicio, tiene un objetivo legítimo conforme al derecho fundamental utilizado para el diseño de la fracción V del artículo 107 de la legislación. En particular frente a los alcances del principio de progresividad tutelado en el artículo 1 de la constitución, pues al realizar una interpretación en el escenario de derechos fundamentales, se observa que la limitación de los actos de imposible reparación a la afectación material de derechos sustantivos, en realidad incrementa la tutela de justicia pronta. Lo anterior se comprende al visualizar los expedientes criminales porque estos involucran por lo general a víctimas y probables responsables, cada uno con derechos sustantivos que habrán de dilucidarse conforme a las reglas procedimentales, hasta la emisión de una sentencia de parte del juzgador. Entonces, frente al particular que ve limitada su posibilidad de impugnar actos de naturaleza adjetiva -por el nuevo parámetro de imposible reparación- está la finalidad de asegurarle una tutela pronta en la controversia, y ello favorece a todas las partes dado que las causas penales están dispuestas para esclarecer derechos sustantivos, nunca los procesales. Por ello es que la interpretación de derechos fundamentales en el nuevo parámetro de imposible reparación, permite visualizar que este busca la celeridad en la tramitación de los juicios para llegar con mayor prontitud a la sentencia definitiva, lo cual justifica impedir a las partes estrategias dilatorias como la promoción del amparo indirecto contra violaciones adjetivas en aras de fortalecer el derecho de justicia pronta tutelado en el artículo 17 de la constitución. Es más, la decisión final sobre el hecho delictivo se emitirá en el futuro y todavía está sujeta al estudio de las constancias del proceso penal, con la posibilidad de que estas puedan valorarse de manera favorable a los aquí quejosos. Situación que determina la improcedencia de este amparo indirecto conforme al parámetro actual de imposible reparación, pues al tratarse de un proveído dictado dentro del juicio con efectos puramente intraprocesales, no vulnera ni restringe de manera directa derecho subjetivo público alguno; pues, como ya expliqué, tal perjuicio se causará solo si dicho medio de impugnación resulta contrario a los intereses de los quejosos Bajo este contexto, se deduce que el acto reclamado carece de los atributos necesarios al parámetro actual de imposible reparación (afectación material a derechos sustantivos) los cuales resultan indispensables para la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos de la nueva técnica establecida para los actos dictados en el trámite del procedimiento de instancia. Por consiguiente, los quejosos deben esperar la resolución del recurso de apelación, para después acudir al juicio de amparo directo conforme las reglas dispuestas en el artículo 171 de la legislación . Cabe agregar que la improcedencia advertida en este sumario también puede comprenderse en los alcances del derecho a la protección judicial, tutelado por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la demora en la tramitación de los procedimientos, implica una denegación del acceso a la justicia que se relaciona con la efectividad de los recursos. Por ello determinó que el derecho a la tutela judicial efectiva obliga a los jueces encargados de los procesos, a evitar dilaciones y entorpecimientos que conduzcan a la impunidad y frustren la debida protección de los derechos humanos. Es más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó la pertinencia del amparo frente al derecho a la protección judicial, hasta puntualizar que debe evitarse el uso indebido de ese recurso (sic) para cancelar la posibilidad de que se transforme en un medio de dilatación y entorpecimiento del proceso judicial. Premisas que robustecen la aplicación de la improcedencia relativa al parámetro de imposible reparación, en el acto reclamado, pues de analizarse el contenido de esta habrá de prolongarse la tramitación de la causa penal, en detrimento de la tutela judicial efectiva que requieren las partes hasta llegar a la sentencia definitiva. En consecuencia, debe privilegiarse la continuidad de la causa penal a través de la improcedencia decretada conforme al parámetro de imposible reparación para que las partes logren llegar a la sentencia final y con esto obtengan una tutela judicial efectiva en los derechos sustantivos a discusión. Por tanto, se concluye que la tramitación dada al recurso de apelación hecho valer por los aquí quejosos, en contra de la sentencia dictada por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla; y del cual conocerá la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, encuentra la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con la V del diverso 107, ambos de la legislación. Entonces, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XXIII del diverso 61, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, porque se encontró una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada, cuyo texto y rubro son del tenor siguiente: ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. Se tiene como domicilio de los quejosos para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito inicial de demanda y como autorizados para tales efectos a ** por así solicitarlo los promoventes. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en específico en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental) a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Con fundamento en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a los quejosos el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitiera manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información

  3. Principal

    SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA SIN QUE COMPARECIERA A NOTICARSE DE FORMA PERSONAL DE LA RESOLUCIÓN DE ONCE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA: Se recibe la demanda de protección signada por ** todos de apellidos ** por propio derecho, contra actos de la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar la demanda, y si se encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia se desechará de plano. De la lectura integral de la demanda, se advierte que los quejosos ejercen la acción de derechos fundamentales contra un acto dentro de procedimiento, consistente en la radicación del recurso de apelación para su sustanciación por parte de la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, con motivo de la sentencia condenatoria dictada en el proceso ** del índice del Juzgado de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla. Empero, el referido juez penal remitió el recurso de apelación interpuesto por los aquí quejosos a la aludida sala penal por existir un antecedente del mismo recurso, radicado como toca ** Esta acción por parte del juez y la sala penal, dicen los quejosos, les causa agravio porque hacen presumir un contubernio entre ambas autoridades, pues no fue remitido el recurso a la Oficialía Común de Partes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. De esta forma es posible advertir que el acto reclamado, en realidad, carece de efectos irreparables, pues ninguna afectación produce, en este momento, a algún derecho sustantivo en perjuicio de ** todos de apellidos ** Por lo anterior, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con la V del diverso 107, ambos de la Ley de Amparo. Para demostrarlo se explica el parámetro actual de imposible reparación: Este derivó de los problemas que se detectaron en los trabajos legislativos para la reforma de junio de dos mil once, al artículo 107 de la constitución federal, en especial la demora que en algunos expedientes de particulares generaba la promoción del juicio de amparo indirecto. De ahí se visualizó la necesidad de abreviar los procesos de instancia en beneficio de un derecho fundamental de los gobernados: la pronta impartición de justicia. Lo cual sólo se advirtió posible con una mayor concentración del juicio de amparo directo, pues al incorporar en este las violaciones al procedimiento y las relativas al fondo de la controversia, se obtendría una resolución definitiva y completa desde las cuestiones procedimentales, al extremo de cancelar numerosos escenarios de dilación procesal. Tales cuestiones ya fueron analizadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, determinó que la interpretación más viable al propósito de acortar la tramitación de una controversia por el derecho fundamental de justicia pronta se obtiene de un régimen excepcional para el amparo indirecto a fin de que las presuntas violaciones al procedimiento se expongan en forma simultánea con las infracciones de la sentencia de fondo, hasta promover el juicio de protección en la vía directa. Régimen excepcional que visualizó el pleno de la corte en la fracción V del artículo 107 de la legislación, porque esta disposición sujeta los actos de imposible reparación a un parámetro específico: afectación material a derechos sustantivos tutelados en la constitución y en los tratados internacionales ratificados por nuestro país. De modo que todas las lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva, quedaron fuera del supuesto de procedencia establecido para el juicio de amparo indirecto, en específico los actos vinculados a derechos procesales y que sucedan en el trámite de un expediente de particulares (fracción V del artículo 107 de la legislación). Bajo este contexto resulta el parámetro actual de imposible reparación: afectación material a derechos sustantivos y en el cual nunca podrán incluirse violaciones relativas a cuestiones procesales tal y como se advierte del acto reclamado por los quejosos, porque a pesar del proceder de las aquerides señaladas como responsables, en el cual dan seguimiento a un recurso de apelación, la interlocutoria que se llegue a dictar en segunda instancia puede resultarles favorable pese a que dicha sala conozca del recurso. Además, el espectro actual de imposible reparación contra actos dentro de juicio, tiene un objetivo legítimo conforme al derecho fundamental utilizado para el diseño de la fracción V del artículo 107 de la legislación. En particular frente a los alcances del principio de progresividad tutelado en el artículo 1 de la constitución, pues al realizar una interpretación en el escenario de derechos fundamentales, se observa que la limitación de los actos de imposible reparación a la afectación material de derechos sustantivos, en realidad incrementa la tutela de justicia pronta. Lo anterior se comprende al visualizar los expedientes criminales porque estos involucran por lo general a víctimas y probables responsables, cada uno con derechos sustantivos que habrán de dilucidarse conforme a las reglas procedimentales, hasta la emisión de una sentencia de parte del juzgador. Entonces, frente al particular que ve limitada su posibilidad de impugnar actos de naturaleza adjetiva -por el nuevo parámetro de imposible reparación- está la finalidad de asegurarle una tutela pronta en la controversia, y ello favorece a todas las partes dado que las causas penales están dispuestas para esclarecer derechos sustantivos, nunca los procesales. Por ello es que la interpretación de derechos fundamentales en el nuevo parámetro de imposible reparación, permite visualizar que este busca la celeridad en la tramitación de los juicios para llegar con mayor prontitud a la sentencia definitiva, lo cual justifica impedir a las partes estrategias dilatorias como la promoción del amparo indirecto contra violaciones adjetivas en aras de fortalecer el derecho de justicia pronta tutelado en el artículo 17 de la constitución. Es más, la decisión final sobre el hecho delictivo se emitirá en el futuro y todavía está sujeta al estudio de las constancias del proceso penal, con la posibilidad de que estas puedan valorarse de manera favorable a los aquí quejosos. Situación que determina la improcedencia de este amparo indirecto conforme al parámetro actual de imposible reparación, pues al tratarse de un proveído dictado dentro del juicio con efectos puramente intraprocesales, no vulnera ni restringe de manera directa derecho subjetivo público alguno; pues, como ya expliqué, tal perjuicio se causará solo si dicho medio de impugnación resulta contrario a los intereses de los quejosos Bajo este contexto, se deduce que el acto reclamado carece de los atributos necesarios al parámetro actual de imposible reparación (afectación material a derechos sustantivos) los cuales resultan indispensables para la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos de la nueva técnica establecida para los actos dictados en el trámite del procedimiento de instancia. Por consiguiente, los quejosos deben esperar la resolución del recurso de apelación, para después acudir al juicio de amparo directo conforme las reglas dispuestas en el artículo 171 de la legislación . Cabe agregar que la improcedencia advertida en este sumario también puede comprenderse en los alcances del derecho a la protección judicial, tutelado por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que la demora en la tramitación de los procedimientos, implica una denegación del acceso a la justicia que se relaciona con la efectividad de los recursos. Por ello determinó que el derecho a la tutela judicial efectiva obliga a los jueces encargados de los procesos, a evitar dilaciones y entorpecimientos que conduzcan a la impunidad y frustren la debida protección de los derechos humanos. Es más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó la pertinencia del amparo frente al derecho a la protección judicial, hasta puntualizar que debe evitarse el uso indebido de ese recurso (sic) para cancelar la posibilidad de que se transforme en un medio de dilatación y entorpecimiento del proceso judicial. Premisas que robustecen la aplicación de la improcedencia relativa al parámetro de imposible reparación, en el acto reclamado, pues de analizarse el contenido de esta habrá de prolongarse la tramitación de la causa penal, en detrimento de la tutela judicial efectiva que requieren las partes hasta llegar a la sentencia definitiva. En consecuencia, debe privilegiarse la continuidad de la causa penal a través de la improcedencia decretada conforme al parámetro de imposible reparación para que las partes logren llegar a la sentencia final y con esto obtengan una tutela judicial efectiva en los derechos sustantivos a discusión. Por tanto, se concluye que la tramitación dada al recurso de apelación hecho valer por los aquí quejosos, en contra de la sentencia dictada por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla; y del cual conocerá la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, encuentra la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con la V del diverso 107, ambos de la legislación. Entonces, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XXIII del diverso 61, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que originó este juicio, porque se encontró una causa de improcedencia manifiesta e indudable. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada, cuyo texto y rubro son del tenor siguiente: ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. Se tiene como domicilio de los quejosos para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito inicial de demanda y como autorizados para tales efectos a ** por así solicitarlo los promoventes. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, en específico en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes procédase en su momento a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental) a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Con fundamento en el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se hace saber a los quejosos el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitiera manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información

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