Heron Gallegos Romero
Expediente 644/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 644/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 13/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Heron Gallegos Romero
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, trece de julio de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (ARCHIVO). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Se pone documento a disposición del quejoso. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que el quejoso adjuntó a su demanda un escrito con firma original. Por tanto, se pone a su disposición y de sus autorizados, ese documento, para que cualquiera lo recoja dentro del plazo de noventa días, contados a partir del día siguiente al cual surta efectos la notificación de este proveído. Para ello, alguno deberá obtener una cita en la agenda del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. Así podrá cualquiera recoger el mencionado documento, con credencial oficial vigente con fotografía y una copia simple de la misma; de todo lo cual se dejará razón de recibo en autos para constancia. Se le apercibe al quejoso, que de no comparecer en el plazo señalado, el documento que aportó a este expediente será destruido. Lo anterior, con fundamento en el artículo 20 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Debido a que en párrafos anteriores se puso un documento original a disposición del quejoso, con apercibimiento de destruirlo, este proveído habrá de notificarse por lista y de manera personal a aquél. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese; en forma personal al quejoso (en su domicilio procesal con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase.
- Principal
SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE PROMOVENTE. Puebla, Puebla, trece de julio de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Por lo que habrá de ordenarse en párrafos posteriores, el archivo del presente juicio como asunto concluido. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente (ARCHIVO). Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Lo anterior implica que en este acuerdo, se ordena el archivo del presente juicio como asunto concluido. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Se pone documento a disposición del quejoso. La revisión efectuada a las actuaciones de este juicio, permitió visualizar que el quejoso adjuntó a su demanda un escrito con firma original. Por tanto, se pone a su disposición y de sus autorizados, ese documento, para que cualquiera lo recoja dentro del plazo de noventa días, contados a partir del día siguiente al cual surta efectos la notificación de este proveído. Para ello, alguno deberá obtener una cita en la agenda del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. Así podrá cualquiera recoger el mencionado documento, con credencial oficial vigente con fotografía y una copia simple de la misma; de todo lo cual se dejará razón de recibo en autos para constancia. Se le apercibe al quejoso, que de no comparecer en el plazo señalado, el documento que aportó a este expediente será destruido. Lo anterior, con fundamento en el artículo 20 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Inexistencia de anexos. En este juicio no se recibieron constancias originales de procesos, expedientes, averiguaciones, carpetas, entre otras, que deban devolverse a alguna responsable o autoridad diversa, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Notificación del presente proveído. Debido a que en párrafos anteriores se puso un documento original a disposición del quejoso, con apercibimiento de destruirlo, este proveído habrá de notificarse por lista y de manera personal a aquél. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Sin cuadernos incidentales. No existe incidente de suspensión derivado de este juicio, porque la demanda de amparo fue desechada en el proveído inicial, motivo por el cual es improcedente emitir pronunciamiento al respecto. Notifíquese; en forma personal al quejoso (en su domicilio procesal con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase.
- Principal
SE DEJO AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA; POR TANTO SE NOTIFICA POR LISTA EL AUTO DE VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO.- Puebla, Puebla, veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, presentada por el quejoso *** por derecho propio, contra actos del Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República con sede en Puebla, Puebla (sic), y otras autoridades responsables. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número correspondiente, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Exhortación para el seguimiento del juicio en línea. Debido al fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, ante la presencia del virus SARS-CoV-2, y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarlo, se exhorta al quejoso a que continúe la tramitación del presente asunto en el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad, le permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). Es necesario destacar, que de conformidad con el artículo 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos, no implica el permiso para notificar resoluciones judiciales de manera electrónica. De ahí que para tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico, pues para ello, es indispensable que en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del referido acuerdo general, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el presente caso, se observa que la demanda presentada por el quejoso debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, se hace notar que el acto reclamado pareciera ser el delimitado en el capítulo respectivo de su demanda, como sigue: ".la falta de acceso a la carpeta de investigación *** radicada en la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la Republica (sic) con sede en Puebla, Puebla, para saber si el suscrito tiene el carácter de probable responsable o sujeto a investigación.". Sin embargo, la lectura integral que se efectuó a la demanda de amparo, permitió detectar que el reclamo del quejoso en realidad se dirige contra la negativa de las responsables, a permitirle consultar la mencionada carpeta y obtener datos de la investigación. Ello se desprende de los antecedentes relatados bajo protesta de decir verdad, porque revelan en conjunto que se le negó el acceso a la referida carpeta dado que hasta la fecha no tiene el carácter de imputado y tampoco ha sido objeto de actos de molestia, previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme a los cuales quedaran obligadas las responsables a brindarle datos de la investigación. Sobre todo porque el quejoso únicamente ha tenido conocimiento de que existe la referida carpeta de investigación, razón por la cual es válido deducir que no tiene el carácter de imputado y tampoco ha recibido actos de molestia, en los términos del código invocado. De ahí que su reclamo converja, en realidad, a la negativa de las responsables de permitirle consultar la mencionada carpeta y obtener datos de la investigación. Empero, la negativa de las autoridades ministeriales señaladas como responsables, encuentra una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en particular la que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo -con la tesis jurisprudencial que se invoca enseguida-, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Esa causal de improcedencia se actualiza al relacionarla con la tesis jurisprudencial 1a./J. 72/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -que derivó de la contradicción de tesis 149/2019-, con registro digital 2020891 y del tenor siguiente: "DEFENSA ADECUADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL INDICIADO Y SU DEFENSOR TIENEN DERECHO A OBTENER COPIAS O REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL IMPUTADO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Una interpretación sistemática de los artículos 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite concluir que el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de la investigación cuando aquél se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Sin embargo, para el goce efectivo del derecho fundamental de defensa adecuada, debe permitirse que puedan obtener una reproducción de dichos registros, ya sea en copia fotostática o como registro fotográfico cuando el imputado se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 218, párrafo tercero, del Código aludido lo que es acorde con los principios del sistema procesal penal acusatorio, relativos a la igualdad y equilibrio entre las partes. Sin que obste a lo anterior el hecho de que el artículo 219 del Código aludido establezca que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tendrán derecho a consultar los registros de investigación y a obtener copia con la oportunidad debida para preparar la defensa, pues dicha disposición legal no debe interpretarse como una regla restrictiva ni considerar que sólo a partir de ese momento procesal pueden obtener copias, ya que de la redacción de dicho precepto deriva la obligación del Ministerio Público de respetar el derecho a una defensa adecuada y de igualdad entre las partes, permitiendo el acceso a los registros de investigación y la obtención de copias o reproducciones fotográficas de los datos que obran en la carpeta de investigación, de manera que no prohíbe que éstas se obtengan con anterioridad, pues lo que debe privilegiarse es que llegada la audiencia inicial, quien habrá de ser imputado cuente ya con los datos y registros necesarios que le permitan desarrollar una defensa adecuada, por lo que al actualizarse el supuesto en que el imputado pueda tener acceso a la carpeta de investigación, ello implica también su derecho a obtener copia de su contenido". De la tesis jurisprudencial transcrita y el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se obtiene una causal de improcedencia específica para el supuesto en que un gobernado reclama la negativa de autoridades ministeriales de permitirle el acceso a los datos de prueba, cuando no tiene el carácter de imputado en la carpeta de investigación. Lo anterior obedece a la interpretación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la invocada tesis jurisprudencial 1a./J. 72/2019 (10a.), dado que esta determina que la persona imputada en una carpeta de investigación, tiene derecho a acceder a su contenido y obtener copias o reproducciones de los datos de prueba que obren en esa carpeta, cuando aquella se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 218, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esos supuestos comprenden que la persona imputada se encuentre detenida, sea citada a la investigación para comparecer con ese carácter (imputada), o bien sea sujeta de un acto de molestia en términos del artículo 266, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de recabar su entrevista (como imputada). Por lo que a la luz de la interpretación realizada por la mencionada sala, es válido desprender la premisa siguiente: si una persona no tiene el carácter de imputada en una carpeta de investigación, resultará improcedente la acción de tutela constitucional que ejerza contra las autoridades ministeriales que le nieguen el acceso a esa carpeta y obtener datos de la investigación. Sobre todo porque el supuesto indispensable para que un agente del Ministerio Público, otorgue a una persona el acceso a los datos de prueba, estriba en que esta se ubique en la hipótesis de imputada dentro de la carpeta de investigación. De modo que si una persona reclama la negativa de que se le otorgue acceso para consultar los datos de prueba, en una carpeta de investigación donde no tiene el carácter de imputada, se actualizará la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, relacionada con la interpretación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 1a./J. 72/2019 (10a.). Ello, por la inexistencia del supuesto que justificaría la promoción del juicio de amparo indirecto: el quejoso tenga el carácter de imputado, en la carpeta de investigación donde el agente del Ministerio Público señalado como responsable, se negó a permitirle el acceso y por ende, a que recabe copias de los datos de prueba. Lo cual se comprende frente a las condiciones delimitadas en la invocada tesis jurisprudencial: la persona imputada se encuentre detenida, haya sido citada a la investigación con ese carácter (imputada), o bien sea sujeta de un acto de molestia en términos del artículo 266, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de recabar su entrevista (como imputada). De soslayar lo anterior, se llegaría al extremo de admitir demandas de amparo por la mera existencia de una carpeta de investigación, es decir, tramitar un juicio de tutela constitucional a pesar de que el quejoso no tenga el carácter de imputado en esa carpeta y, por ende, sea ajeno al supuesto que justificaría recabarle su entrevista y permitirle ofrecer datos de prueba. En el presente caso, tenemos una demanda signada por el quejoso ***, quien pretende reclamar a autoridades ministeriales la negativa para que este acceda a una carpeta y obtenga datos de la investigación. Negativa que sobrevino por una diligencia realizada en un domicilio particular, y que llevó al quejoso a intentar presentar un escrito para acceder a la carpeta de investigación precisada en la demanda -el cual exhibió como anexo-. Sin embargo, los antecedentes relatados en la demanda bajo protesta de decir verdad, exponen la razón específica por la cual fue emitida esa negativa al quejoso: no tiene el carácter de imputado en la mencionada carpeta. Entonces, si el quejoso no tiene el carácter de imputado en la carpeta mencionada y tampoco ha sido objeto de actos de molestia previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como se desprende de los antecedentes que narró bajo protesta de decir verdad, debe estimarse la ausencia del supuesto jurisprudencial que permitiría la instauración del juicio de amparo. Dicho de otro modo, los términos de la contestación dada al quejoso por las autoridades señaladas como responsables, determinan la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la interpretación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 1a./J. 72/2019 (10a.). Máxime que no existe el supuesto que permitiría al quejoso instaurar el juicio de amparo indirecto: tener el carácter de imputado en la referida carpeta. De modo que si el quejoso no es imputado en la carpeta de investigación, es válido afirmar que tampoco encuadra en el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto, para reclamar la negativa que afirma haber ocurrido cuando intentó presentar un escrito en la carpeta de investigación precisada en la demanda. Máxime que a la fecha sólo existe la referida carpeta de investigación; y el hecho de que un agente del Ministerio Público tramite esa carpeta, es insuficiente para el ejercicio de la acción de tutela constitucional porque esta depende de que la negativa a permitir el acceso y consultar los datos de prueba, sea reclamada por un gobernado que tenga el carácter de imputado. Supuesto en el cual no se encuentra el quejoso, conforme a los antecedentes que narró en su demanda bajo protesta de decir verdad; los cuales por cierto, se ajustan a la finalidad que tiene la protesta de ley, porque si aquél hubiera afirmado tener el carácter de imputado y esto resultara falso conforme a la mencionada carpeta, habría incurrido en la probable comisión del delito especial previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. Es más, los antecedentes de la demanda también reflejan que el quejoso no ha sido requerido para ser entrevistado en la referida carpeta de investigación, tampoco ha sido detenido en algún momento por el trámite realizado en esa carpeta, y ni siquiera ha sido objeto del acto de molestia previsto en el artículo 266, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bajo este contexto, se arriba a la convicción de que a la fecha no existe el supuesto ni las condiciones que permitirían al quejoso, reclamar actos relacionados con la carpeta de investigación que tramitan las autoridades responsables, motivo por el cual debe estimarse actualizada la causal invocada en párrafos anteriores, porque resulta manifiesta e indudable frente a la negativa que pretende combatir en su demanda. Sólo resta decir que si fuera admitida su demanda de amparo, pese a que no tiene el carácter de imputado en la referida carpeta, se llegaría al extremo de tramitar un juicio de amparo que puede entorpecer el deber de investigación que tienen las autoridades ministeriales señaladas como responsables, en términos del artículo 21 de la constitución federal, porque el requerimiento de informe justificado las obligaría a que aportaran constancias de la referida carpeta, y estas fueran expuestas a personas como el quejoso sin tener la calidad de imputado, en detrimento de la reserva que debe mantenerse en las investigaciones criminales para quienes son ajenos a las mismas. Aunado a que se crearían falsas expectativas para el quejoso, aun cuando el escenario actual orienta a visualizar que habría de resolverse el sobreseimiento en la sentencia de la audiencia constitucional, por falta del supuesto y condiciones establecidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial invocada. Por tanto, se declara que la negativa reclamada por el quejoso, encuentra la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la interpretación de la tesis jurisprudencial 1a./J. 72/2019 (10a.), motivo por el cual debe subsumirse su demanda en la hipótesis normativa del desechamiento de plano. Causal que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Al margen de lo anterior, es conveniente indicar que si el quejoso llegara a alcanzar en el futuro la hipótesis de imputado, dentro de la carpeta de investigación que citó en su demanda, estará en condiciones de solicitar el acceso a la misma, ser entrevistado y obtener copias de los datos de prueba, todo ello al agente del Ministerio Público que lleve el trámite de la carpeta -incluso podría instaurar un nuevo juicio de amparo indirecto si le fuera negada alguna de esas peticiones (acceso, ser entrevistado u obtener copias de los datos de prueba)-. Pero de momento no tiene el carácter de imputado en la referida carpeta, y esto determina la improcedencia del presente juicio de amparo indirecto, por las razones expuestas con antelación. En tales condiciones, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por el quejoso ***, porque la negativa que constituye en realidad el acto reclamado, encontró la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la interpretación de la tesis jurisprudencial 1a./J. 72/2019 (10a.). Desechamiento que se apoya en los numerales 112 y 113, todos de la Ley de Amparo. Se hace saber al quejoso, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, que podrá registrar en la agenda del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programada para el día en que venza dicho plazo-. Sin embargo, en el caso de las diligencias y audiencias, las partes podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa al quejoso el derecho que tiene para oponerse a la publicación de sus datos personales. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio procesal del quejoso, el inmueble que señaló para ese propósito en el primer acápite de la demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). Por otro lado, queda autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, el profesionista de nombre ***, porque aquél decidió otorgarle facultades amplias y fue encontrada la cédula del nombrado, en el sistema electrónico de profesionistas del Poder Judicial de la Federación. Comunicación con el quejoso. Con independencia de lo acordado en el apartado precedente y a fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene el correo electrónico y el número de teléfono proporcionados por el quejoso, como medios para contactarlo. Se hace la precisión que esos medios electrónicos de comunicación, sólo servirán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran. Pero las notificaciones que en derecho le correspondan al quejoso, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Notifíquese; en forma personal al quejoso (en su domicilio procesal con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase.
- Principal
Puebla, Puebla, veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de protección de derechos fundamentales, presentada por el quejoso *** por derecho propio, contra actos del Delegado Estatal de la Fiscalía General de la República con sede en Puebla, Puebla (sic), y otras autoridades responsables. En consecuencia, se ordena formar el expediente de tutela constitucional, registrarlo en el libro de gobierno con el número correspondiente, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Exhortación para el seguimiento del juicio en línea. Debido al fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, ante la presencia del virus SARS-CoV-2, y las acciones extraordinarias tendentes a afrontarlo, se exhorta al quejoso a que continúe la tramitación del presente asunto en el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Sobre todo porque la tramitación del juicio bajo dicha modalidad, le permitirá la consulta del expediente electrónico, la presentación de escritos y la recepción de notificaciones por la misma vía (electrónica). Es necesario destacar, que de conformidad con el artículo 39 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el acceso otorgado a las partes o sus representantes y autorizados en los juicios para consultar los expedientes electrónicos, no implica el permiso para notificar resoluciones judiciales de manera electrónica. De ahí que para tramitar el presente juicio bajo el esquema de "juicio en línea", no basta que se solicite la consulta del expediente electrónico, pues para ello, es indispensable que en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del referido acuerdo general, se solicite expresamente la autorización para recibir notificaciones electrónicas a través del "nombre de usuario" creado para acceder al portal. Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo , establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis jurisprudencial de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". En el presente caso, se observa que la demanda presentada por el quejoso debe subsumirse en la hipótesis normativa del artículo 113 de la Ley de Amparo, esto es, el desechamiento de plano por una causa de improcedencia. Para demostrarlo, se hace notar que el acto reclamado pareciera ser el delimitado en el capítulo respectivo de su demanda, como sigue: ".la falta de acceso a la carpeta de investigación *** radicada en la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la Republica (sic) con sede en Puebla, Puebla, para saber si el suscrito tiene el carácter de probable responsable o sujeto a investigación.". Sin embargo, la lectura integral que se efectuó a la demanda de amparo, permitió detectar que el reclamo del quejoso en realidad se dirige contra la negativa de las responsables, a permitirle consultar la mencionada carpeta y obtener datos de la investigación. Ello se desprende de los antecedentes relatados bajo protesta de decir verdad, porque revelan en conjunto que se le negó el acceso a la referida carpeta dado que hasta la fecha no tiene el carácter de imputado y tampoco ha sido objeto de actos de molestia, previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme a los cuales quedaran obligadas las responsables a brindarle datos de la investigación. Sobre todo porque el quejoso únicamente ha tenido conocimiento de que existe la referida carpeta de investigación, razón por la cual es válido deducir que no tiene el carácter de imputado y tampoco ha recibido actos de molestia, en los términos del código invocado. De ahí que su reclamo converja, en realidad, a la negativa de las responsables de permitirle consultar la mencionada carpeta y obtener datos de la investigación. Empero, la negativa de las autoridades ministeriales señaladas como responsables, encuentra una causa manifiesta e indudable de improcedencia, en particular la que resulta de la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo -con la tesis jurisprudencial que se invoca enseguida-, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Esa causal de improcedencia se actualiza al relacionarla con la tesis jurisprudencial 1a./J. 72/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -que derivó de la contradicción de tesis 149/2019-, con registro digital 2020891 y del tenor siguiente: "DEFENSA ADECUADA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. EL INDICIADO Y SU DEFENSOR TIENEN DERECHO A OBTENER COPIAS O REPRODUCCIONES FOTOGRÁFICAS DE LOS DATOS DE PRUEBA QUE OBRAN EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, CUANDO EL IMPUTADO SE UBICA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 218, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Una interpretación sistemática de los artículos 113 y 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales permite concluir que el imputado y su defensor podrán tener acceso a los registros de la investigación cuando aquél se encuentre detenido, sea citado para comparecer con tal carácter, o bien, sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. Sin embargo, para el goce efectivo del derecho fundamental de defensa adecuada, debe permitirse que puedan obtener una reproducción de dichos registros, ya sea en copia fotostática o como registro fotográfico cuando el imputado se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 218, párrafo tercero, del Código aludido lo que es acorde con los principios del sistema procesal penal acusatorio, relativos a la igualdad y equilibrio entre las partes. Sin que obste a lo anterior el hecho de que el artículo 219 del Código aludido establezca que una vez convocados a la audiencia inicial, el imputado y su defensor tendrán derecho a consultar los registros de investigación y a obtener copia con la oportunidad debida para preparar la defensa, pues dicha disposición legal no debe interpretarse como una regla restrictiva ni considerar que sólo a partir de ese momento procesal pueden obtener copias, ya que de la redacción de dicho precepto deriva la obligación del Ministerio Público de respetar el derecho a una defensa adecuada y de igualdad entre las partes, permitiendo el acceso a los registros de investigación y la obtención de copias o reproducciones fotográficas de los datos que obran en la carpeta de investigación, de manera que no prohíbe que éstas se obtengan con anterioridad, pues lo que debe privilegiarse es que llegada la audiencia inicial, quien habrá de ser imputado cuente ya con los datos y registros necesarios que le permitan desarrollar una defensa adecuada, por lo que al actualizarse el supuesto en que el imputado pueda tener acceso a la carpeta de investigación, ello implica también su derecho a obtener copia de su contenido". De la tesis jurisprudencial transcrita y el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, se obtiene una causal de improcedencia específica para el supuesto en que un gobernado reclama la negativa de autoridades ministeriales de permitirle el acceso a los datos de prueba, cuando no tiene el carácter de imputado en la carpeta de investigación. Lo anterior obedece a la interpretación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la invocada tesis jurisprudencial 1a./J. 72/2019 (10a.), dado que esta determina que la persona imputada en una carpeta de investigación, tiene derecho a acceder a su contenido y obtener copias o reproducciones de los datos de prueba que obren en esa carpeta, cuando aquella se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 218, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esos supuestos comprenden que la persona imputada se encuentre detenida, sea citada a la investigación para comparecer con ese carácter (imputada), o bien sea sujeta de un acto de molestia en términos del artículo 266, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de recabar su entrevista (como imputada). Por lo que a la luz de la interpretación realizada por la mencionada sala, es válido desprender la premisa siguiente: si una persona no tiene el carácter de imputada en una carpeta de investigación, resultará improcedente la acción de tutela constitucional que ejerza contra las autoridades ministeriales que le nieguen el acceso a esa carpeta y obtener datos de la investigación. Sobre todo porque el supuesto indispensable para que un agente del Ministerio Público, otorgue a una persona el acceso a los datos de prueba, estriba en que esta se ubique en la hipótesis de imputada dentro de la carpeta de investigación. De modo que si una persona reclama la negativa de que se le otorgue acceso para consultar los datos de prueba, en una carpeta de investigación donde no tiene el carácter de imputada, se actualizará la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, relacionada con la interpretación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 1a./J. 72/2019 (10a.). Ello, por la inexistencia del supuesto que justificaría la promoción del juicio de amparo indirecto: el quejoso tenga el carácter de imputado, en la carpeta de investigación donde el agente del Ministerio Público señalado como responsable, se negó a permitirle el acceso y por ende, a que recabe copias de los datos de prueba. Lo cual se comprende frente a las condiciones delimitadas en la invocada tesis jurisprudencial: la persona imputada se encuentre detenida, haya sido citada a la investigación con ese carácter (imputada), o bien sea sujeta de un acto de molestia en términos del artículo 266, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de recabar su entrevista (como imputada). De soslayar lo anterior, se llegaría al extremo de admitir demandas de amparo por la mera existencia de una carpeta de investigación, es decir, tramitar un juicio de tutela constitucional a pesar de que el quejoso no tenga el carácter de imputado en esa carpeta y, por ende, sea ajeno al supuesto que justificaría recabarle su entrevista y permitirle ofrecer datos de prueba. En el presente caso, tenemos una demanda signada por el quejoso ***, quien pretende reclamar a autoridades ministeriales la negativa para que este acceda a una carpeta y obtenga datos de la investigación. Negativa que sobrevino por una diligencia realizada en un domicilio particular, y que llevó al quejoso a intentar presentar un escrito para acceder a la carpeta de investigación precisada en la demanda -el cual exhibió como anexo-. Sin embargo, los antecedentes relatados en la demanda bajo protesta de decir verdad, exponen la razón específica por la cual fue emitida esa negativa al quejoso: no tiene el carácter de imputado en la mencionada carpeta. Entonces, si el quejoso no tiene el carácter de imputado en la carpeta mencionada y tampoco ha sido objeto de actos de molestia previstos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como se desprende de los antecedentes que narró bajo protesta de decir verdad, debe estimarse la ausencia del supuesto jurisprudencial que permitiría la instauración del juicio de amparo. Dicho de otro modo, los términos de la contestación dada al quejoso por las autoridades señaladas como responsables, determinan la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la interpretación de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 1a./J. 72/2019 (10a.). Máxime que no existe el supuesto que permitiría al quejoso instaurar el juicio de amparo indirecto: tener el carácter de imputado en la referida carpeta. De modo que si el quejoso no es imputado en la carpeta de investigación, es válido afirmar que tampoco encuadra en el supuesto de procedencia del juicio de amparo indirecto, para reclamar la negativa que afirma haber ocurrido cuando intentó presentar un escrito en la carpeta de investigación precisada en la demanda. Máxime que a la fecha sólo existe la referida carpeta de investigación; y el hecho de que un agente del Ministerio Público tramite esa carpeta, es insuficiente para el ejercicio de la acción de tutela constitucional porque esta depende de que la negativa a permitir el acceso y consultar los datos de prueba, sea reclamada por un gobernado que tenga el carácter de imputado. Supuesto en el cual no se encuentra el quejoso, conforme a los antecedentes que narró en su demanda bajo protesta de decir verdad; los cuales por cierto, se ajustan a la finalidad que tiene la protesta de ley, porque si aquél hubiera afirmado tener el carácter de imputado y esto resultara falso conforme a la mencionada carpeta, habría incurrido en la probable comisión del delito especial previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. Es más, los antecedentes de la demanda también reflejan que el quejoso no ha sido requerido para ser entrevistado en la referida carpeta de investigación, tampoco ha sido detenido en algún momento por el trámite realizado en esa carpeta, y ni siquiera ha sido objeto del acto de molestia previsto en el artículo 266, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bajo este contexto, se arriba a la convicción de que a la fecha no existe el supuesto ni las condiciones que permitirían al quejoso, reclamar actos relacionados con la carpeta de investigación que tramitan las autoridades responsables, motivo por el cual debe estimarse actualizada la causal invocada en párrafos anteriores, porque resulta manifiesta e indudable frente a la negativa que pretende combatir en su demanda. Sólo resta decir que si fuera admitida su demanda de amparo, pese a que no tiene el carácter de imputado en la referida carpeta, se llegaría al extremo de tramitar un juicio de amparo que puede entorpecer el deber de investigación que tienen las autoridades ministeriales señaladas como responsables, en términos del artículo 21 de la constitución federal, porque el requerimiento de informe justificado las obligaría a que aportaran constancias de la referida carpeta, y estas fueran expuestas a personas como el quejoso sin tener la calidad de imputado, en detrimento de la reserva que debe mantenerse en las investigaciones criminales para quienes son ajenos a las mismas. Aunado a que se crearían falsas expectativas para el quejoso, aun cuando el escenario actual orienta a visualizar que habría de resolverse el sobreseimiento en la sentencia de la audiencia constitucional, por falta del supuesto y condiciones establecidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial invocada. Por tanto, se declara que la negativa reclamada por el quejoso, encuentra la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la interpretación de la tesis jurisprudencial 1a./J. 72/2019 (10a.), motivo por el cual debe subsumirse su demanda en la hipótesis normativa del desechamiento de plano. Causal que de ninguna forma contraviene los derechos contemplados en el artículo 25.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que al respecto existe la tesis del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA LEY DE LA MATERIA, RESPECTIVAMENTE, NO SON INCOMPATIBLES CON EL ARTÍCULO 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS". Al margen de lo anterior, es conveniente indicar que si el quejoso llegara a alcanzar en el futuro la hipótesis de imputado, dentro de la carpeta de investigación que citó en su demanda, estará en condiciones de solicitar el acceso a la misma, ser entrevistado y obtener copias de los datos de prueba, todo ello al agente del Ministerio Público que lleve el trámite de la carpeta -incluso podría instaurar un nuevo juicio de amparo indirecto si le fuera negada alguna de esas peticiones (acceso, ser entrevistado u obtener copias de los datos de prueba)-. Pero de momento no tiene el carácter de imputado en la referida carpeta, y esto determina la improcedencia del presente juicio de amparo indirecto, por las razones expuestas con antelación. En tales condiciones, se desecha de plano la demanda de amparo presentada por el quejoso ***, porque la negativa que constituye en realidad el acto reclamado, encontró la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con la interpretación de la tesis jurisprudencial 1a./J. 72/2019 (10a.). Desechamiento que se apoya en los numerales 112 y 113, todos de la Ley de Amparo. Se hace saber al quejoso, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, que podrá registrar en la agenda del portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. De manera excepcional, esta autoridad generará la cita correspondiente cuando se requiera la presencia física de alguna de las partes o de persona diversa, para el desahogo de un requerimiento o para participar en una diligencia o audiencia, así como para el cumplimiento de requerimientos sujetos a un plazo -en cuyo caso la cita será programada para el día en que venza dicho plazo-. Sin embargo, en el caso de las diligencias y audiencias, las partes podrán solicitar que su comparecencia se lleve a cabo por videoconferencia. Datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se informa al quejoso el derecho que tiene para oponerse a la publicación de sus datos personales. Domicilio procesal y autorizados. Se tiene como domicilio procesal del quejoso, el inmueble que señaló para ese propósito en el primer acápite de la demanda (ubicado en la ciudad de Puebla). Por otro lado, queda autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, el profesionista de nombre ***, porque aquél decidió otorgarle facultades amplias y fue encontrada la cédula del nombrado, en el sistema electrónico de profesionistas del Poder Judicial de la Federación. Comunicación con el quejoso. Con independencia de lo acordado en el apartado precedente y a fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, facción II, del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene el correo electrónico y el número de teléfono proporcionados por el quejoso, como medios para contactarlo. Se hace la precisión que esos medios electrónicos de comunicación, sólo servirán para establecer contacto cuando las circunstancias así lo requieran. Pero las notificaciones que en derecho le correspondan al quejoso, siempre serán realizadas conforme lo establece la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. Notifíquese; en forma personal al quejoso (en su domicilio procesal con las medidas de protección sanitarias); y cúmplase.
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