Hilario Alfredo Rodríguez Carreño
Expediente 1177/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1177/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 24/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Hilario Alfredo Rodríguez Carreño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Incidental
INC.1177/2022.MESA-5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. Archivo del incidente Como se hizo constar en la certificación de cuenta, mediante proveído dictado en esta fecha en el expediente principal del que deriva este incidente de suspensión, causó ejecutoria la sentencia dictada el veintiocho de octubre de este año, en la que se sobreseyó en el juicio, por lo que se ordenó el archivo del expediente como asunto concluido. En ese sentido, antes de establecer lo procedente sobre el archivo de este expediente, comuníquese a las partes que el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, no hace precisión respecto del archivo de los expedientes que se tramitan en los órganos del Poder Judicial de la Federación; por tanto, en relación con ese tópico, por el momento, se estará a lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. Precisado lo anterior, se destaca que en este incidente de suspensión y en la caja de valores no existe asunto pendiente por diligenciar ni documentos originales exhibidos por las partes; por ello, con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en sentido contrario), 18 y 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Destino del original (destruible) Comuníquese a las partes que, por haberse negado la suspensión definitiva respecto de los actos reclamados, independientemente de la concesión de la suspensión provisional, el original de este expediente será DESTRUIBLE una vez que transcurran tres años, en términos del artículo 21, inciso c), del mencionado acuerdo general, en relación con las especificaciones previstas en el "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal"; por lo cual, una vez cumplido ese término, dentro de los treinta días siguientes, se destruirá el expediente. Destino del duplicado (destruible) En tanto que, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a), del mismo acuerdo general, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que se dicta esta determinación, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión dentro de los treinta días siguientes. En el entendido que, en su oportunidad, deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Anotaciones Por ahora, realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico; hasta en tanto las áreas competentes del Consejo de la Judicatura Federal determinen la estrategia de transición exclusivamente a libros de control electrónicos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 99 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; reformado por el diverso Acuerdo General vigente a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, según lo dispone su transitorio decimocuarto. Instrucción a Secretaría Finalmente, se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente, que verifique que en la carátula obre la leyenda respectiva (destruible) y que en el expediente electrónico se haya incorporado cada promoción, documento, auto y resolución, hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Notifíquese. Así lo acordó Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho por licencia oficial del titular, en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Reglamenta la Carrera Judicial, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de catorce de noviembre de dos mil veintidós, comunicado por la secretaria técnica de Comisión Permanente mediante oficio CCJ/ST/5737/2022, de la misma fecha; y firma ante Soledad Méndez Cortés, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
PRAL.1177/2022.MESA-5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo, presentada de forma electrónica en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante firmado electrónico a las cero horas con un minuto de esta fecha, promovida por *********en representación de********, contra actos del titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Oaxaca, y de otras autoridades; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1354/2022. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifique que en el expediente electrónico sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. 3. Ratificación de la demanda. Ahora, el promovente manifiesta que la quejosa fue privada de su libertad de manera ilegal; hecho del cual se enteró por el dicho de sus familiares, pues la directa agraviada se encuentra retenida, sin tener acceso a documentos y objetos de su propiedad; y según lo expresado en el escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad, evidencia que se encuentra imposibilitada para promover la demanda de amparo por sí misma; en esas condiciones, con fundamento en el artículo 15, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a la directa quejosa**********, para que, en el acto de la notificación o dentro del término de tres días, manifieste si ratifica la demanda de amparo promovida en su favor por***********. Apercibimiento. Se apercibe a la quejosa que, de no ratificar la demanda de amparo, en términos de lo establecido por el tercer párrafo del precepto 15 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada y, en el acuerdo relativo, quedarán sin efecto las providencias decretadas en su favor. 4. Instrucción al actuario de la adscripción. Se comisiona al (la) actuario (a) adscrito (a) para que, de inmediato, se presente en las instalaciones que ocupa la Estación Migratoria de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, perteneciente al Instituto de Migración en el Estado de Oaxaca (lugar en el que se refiere se encuentra privada de su libertad), en busca de la directa quejosa **********o en algún otro u otros lugares de reclusión que tenga la autoridad responsable o, bien, en los lugares de reclusión donde pueda ser localizada; hecho lo cual, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo dé cumplimiento a lo ordenado en párrafos precedentes. 5. Suspensión de oficio y de plano. La parte quejosa señala como actos reclamados: (Imagen escaneada). Por ello, con fundamento en los artículos 22 de la Constitución Federal; 15 y 126 de la Ley de Amparo se concede de plano y de oficio la suspensión a la quejosa, en los términos siguientes: I. En relación a la deportación y/o destierro, se concede la suspensión de oficio y de plano, para el efecto que no se ejecute, en razón de que el promovente manifestó que la referida quejosa es de nacionalidad extranjera, a saber, cubana; sin embargo, no existen datos que conduzcan estimar que, en el caso, su estancia o situación migratoria en territorio mexicano sea de manera irregular, lo que de alguna forma resulta ser un delito, como lo señala el artículo 2, tercer párrafo, de la Ley de Migración . Y aunque es obligación la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, hasta en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional, con la finalidad de que se aloje temporalmente para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno a su país (artículo 99 de la Ley de Migración); sin embargo, hasta ahora no existe dato alguno que justifique que la quejosa se encuentre en esa hipótesis. Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 80/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quince, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo". Límites de la medida concedida. La citada medida cautelar no surtirá efectos en el supuesto de que, por las características personales de la quejosa (extranjera), se encuentre en algún supuesto distinto por el que no se haya concedido la suspensión de oficio de los actos reclamados, esto es, para el caso de que la quejosa se encuentre en una hipótesis diferente a lo planteado en la demanda de amparo; ello, respecto del acto consistente en la deportación y/o destierro. II. Por cuanto hace la privación de la libertad, se concede la suspensión de oficio y de plano, con fundamento en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15 y 126 de la Ley de Amparo, para el efecto de que cese dicha privación de la libertad o cualquier acto prohibido por el artículo 22 constitucional; es decir, para que la directa quejosa sea puesta en libertad por la autoridad que materialmente ejecutó dicha orden privativa o por la autoridad que la tenga a su disposición. Apoya lo anterior la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la federación, visible en la página 2928, tomo LVIII, Quinta Época, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. La suspensión de oficio únicamente debe decretarse en los casos previstos en el artículo 123 de la Ley de Amparo, es decir, cuando se trata de actos que importen el peligro de la privación de la vida, deportación o destierro, o cuando se trata de algún otro acto que, si llegara a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada y, por tanto, no procede la suspensión de oficio tratándose de cobrar multas e impuestos por infracciones a las leyes fiscales". En el entendido que, para el caso de que la privación de la libertad de la quejosa obedezca al incumplimiento de alguno de los requisitos previstos en la Ley de Migración , esto es, que aquélla se haya internado al país sin la documentación requerida o por un lugar no autorizado para el tránsito internacional de personas; habiendo sido deportada, se interne nuevamente al territorio nacional sin haber obtenido el acuerdo de readmisión, aún y cuando haya obtenido una condición de estancia; se ostente como mexicana ante el Instituto sin serlo; cuando derivado de sus antecedentes en México o en el extranjero se comprometa la seguridad nacional o la seguridad pública; proporcione información falsa o exhiba ante el Instituto documentación apócrifa, alterada o legítima, pero que haya sido obtenida de manera fraudulenta; haya incumplido con una orden de salida de territorio nacional expedida por el Instituto; la suspensión se concede para el efecto de que la autoridad migratoria responsable de acuerdo a lo dispuesto en su artículo 101, de dicha Ley, comunique a la directa quejosa que, hasta que no se dicte resolución sobre su situación migratoria en el país: I. Podrá quedar bajo custodia provisional de la representación diplomática del país del que sea nacional (*******); o bien, de persona moral (jurídica) o institución de reconocida solvencia, cuyo objeto esté vinculado con la protección a los derechos humanos. II. Tendrá la obligación de permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial, en donde se encuentre la estación migratoria, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio. III. Deberá comparecer ante la autoridad migratoria las veces que así se lo requiera. V. Deberá otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad, la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos cero centavos, moneda nacional), misma que se fija de manera discrecional por no contar con mayores datos, dadas las particularidades del caso. Garantía que podrá constituirse mediante póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley, para asegurar su presentación al procedimiento de origen. VI. En el entendido que procederá dicha medida, siempre y cuando no se actualicen los impedimentos establecidos en el artículo 214 del Reglamento de la Ley de Migración . Por otra parte, no se concede la suspensión de los diversos actos reclamados identificados en el apartado respectivo con los números 2), 4), 5), 6) y 7), al no estar comprendidos en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15 y 126 de la Ley de Amparo; aunado a que ya se le concedió la suspensión de oficio, a fin de que no fuera objeto de ninguno de los actos prohibidos por el citado artículo 22 constitucional, así como tampoco fuera deportada, detenida o asegurada, fuera de procedimiento, esto es, sin causa legal. No obstante, en caso de que sea ratificada dicha demanda, se proveerá lo conducente. 6. Informe relacionado con la suspensión de oficio. La(s) autoridad(es) señaladas como responsable(s) deberá(n) informar el acatamiento de la medida suspensional decretada a favor de la quejosa dentro del término de veinticuatro horas contado a partir de la fecha en que quede(n) notificada(s) de este auto, por el cual se le(s) envía el oficio con transcripción del mismo. Se le(s) hace saber que para el caso de no hacerlo, será(n) sancionada(s) en los términos que señala el Código Penal Federal para el delito de abuso de autoridad, por cuanto a la desobediencia cometida, con independencia de cualquier otro delito en el que incurran, como lo dispone el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s), para que su informe y, en su caso, constancias relativas, se remitan a) de forma digitalizada y a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con firma electrónica, si es que tienen celebrado convenio de interconexión; b) físicamente en la Oficialía de Partes de este Juzgado, en un horario de atención de nueve horas con treinta minutos a catorce horas con treinta minutos, de lunes a viernes; después de ese horario, en el c) buzón judicial instalado en el acceso al edificio sede este órgano jurisdiccional, inclusive, hasta las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos. 7. Precisión de denominación. A efecto de evitar dilaciones procesales, se puntualiza que constituye un hecho notorio que la denominación correcta de las autoridades que a continuación se indican, es la siguiente: Denominación señalada por la parte quejosa Denominación correcta Sub Representación Local en Oaxaca Sub Representación Federal en Oaxaca del Instituto Nacional de Migración Estación Migratoria de la Ciudad de Oaxaca del Instituto Nacional de Migración Encargado de la Estancia Provisional de la Sub representación local del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca (san Agustín de las Juntas) Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de Oaxaca Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Oaxaca En esas condiciones, tómese nota de la denominaciones correctas de las autoridades responsables para los oficios que se envíen y háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se expide copia. Como lo solicita la parte quejosa, expídasele copia certificada, en un tanto, de esta determinación, previa razón que de su entrega se deje en autos. 8. Reserva acordar. Se reserva acordar respecto a los autorizados, número telefónico, domicilio y forma de notificación, hasta en tanto se ratifique la demanda de amparo. 9. Publicación de versión pública de sentencia. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; pero tratándose de la resolución o sentencia que llegue a dictarse, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. En relación con lo anterior, se instruye a la secretaria encargada de este expediente, verifique que la versión pública de la sentencia haya sido integrada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y sea consultable a través de internet, eliminando u omitiendo todo dato confidencial o reservado, de acuerdo a los aspectos técnicos definidos en la Circular DGGJ/STG/17/2020 emitida el quince de octubre de dos mil veinte, por la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en cumplimiento a la reforma del artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el trece de agosto de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. 10. Medios tecnológicos y soluciones digitales aplicables a expedientes. Atendiendo los artículos 252, 253, 261 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, vigente, se comunica a las partes que a partir del siete de noviembre del dos mil veintidós este órgano jurisdiccional tramitará e integrará este asunto a través de medios tecnológicos y soluciones digitales; por tanto: 1º Cuando se inicie un asunto y se tramite a través de documentos físicos, sólo se imprimirán las actuaciones que resulten indispensables, como las constancias de notificación, y servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, pues los expedientes electrónicos son los que tendrán validez para la consulta de las partes; y, 2º La documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, y no se imprimirán ni agregarán al expediente impreso; que será aplicable a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós. 3º Ello, bajo ninguna circunstancia se obstaculiza la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. 4º Las partes podrán consultar este expediente mediante el uso de los dispositivos electrónicos respectivos. 5º Se privilegiará el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias. 6º En caso de que alguna de las partes acuda físicamente a este Juzgado o cuando deseen asistir personalmente a consultar los expedientes por no ser posible a través de los dispositivos electrónicos, sólo se llevará a cabo a través del uso del equipo de cómputo que se tiene destinado para el efecto. 7º Y la atención en este órgano jurisdiccional por parte del personal únicamente se realizará a través del teléfono colocado en el área de atención al público, en el que estarán a la vista las extensiones de los servidores públicos para el contacto relativo. 11. Anotaciones. Por ahora, realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico, hasta en tanto las áreas competentes del Consejo de la Judicatura Federal determinen la estrategia de transición exclusivamente a libros de control electrónicos, de acuerdo a lo previsto en el artículo 99 del citado Acuerdo General, y articulo décimo cuarto transitorio. Notifíquese personalmente a la directa quejosa. Así lo acordó Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, encargada del despacho por licencia oficial del titular, en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Reglamenta la Carrera Judicial, como lo acordó la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de catorce de noviembre de dos mil veintidós, comunicado por la secretaria técnica de Comisión Permanente mediante oficio CCJ/ST/5737/2022, de la misma fecha.
- Principal
PRAL. 1177/2022. MESA-5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Informe recibido previamente Incorpórese únicamente para que obre como corresponde, el informe justificado del **************; sin que sea necesario hacer mayor pronunciamiento, toda vez que por acuerdo de dieciocho de octubre de este año se proveyó lo correspondiente, al haberse recibido previamente el mismo informe. Máxime que el veintiocho del mismo mes se dictó sentencia en este asunto, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Incidental
INC. 1177/2022. MESA-5 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintidós. Informe recibido previamente Incorpórese únicamente para que obre como corresponde, el informe previo del *************; sin que sea necesario hacer mayor pronunciamiento, toda vez que en resolución interlocutoria de dieciocho de octubre de este año se proveyó lo correspondiente, al haberse recibido previamente el mismo informe; máxime que en esa fecha se resolvió en definitiva este incidente. Notifíquese. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Julissa Nohemí Pérez Salinas, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
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