Higinio Maldonado Cuenca

Expediente 300/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
300/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
19/04/2021

Partes del expediente

  • Higinio Maldonado Cuenca

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL 300/2021-6 San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. 1. Firmeza de resolución. Como se hizo constar en la certificación de cuenta, ha fenecido el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso Higinio Maldonado Cuenca, interpusiera recurso de queja contra la resolución de treinta de marzo de este año, por la cual se desechó su demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del precepto 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicha determinación. 2. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 68, 117, 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la resolución estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que la parte no ejerciera tal derecho, se ordena la publicación de la resolución relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 3. Archivo. Considerando que en proveído de treinta de marzo de este año se desechó la demanda de amparo, y toda vez que en esta fecha queda firme tal determinación, sin que exista asunto pendiente por diligenciar; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado en contrario sensu) y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte y con vigor a partir del día siguiente, archívese este expediente como definitivamente concluido. 3.1 Relevancia documental. Se estima que este asunto no es de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 3.2 Destino y archivo reciente. Conforme al artículo 21, inciso b), y 24 del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente es DESTRUIBLE; por lo que será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años y, una vez cumplido ese plazo, dentro de los treinta días siguientes será destruido, remitiendo el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Anotaciones. Háganse las anotaciones que correspondan en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el libro de gobierno respectivo y en la carátula del expediente. 7. Se encomienda al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente verifique que, en su momento, en la carátula del expediente consten las leyendas referidas en los apartados que anteceden (relevancia documental, conservable, depurable o destruible, según corresponda). 7.1. Instrucción (certificación). Se instruye al (a la) secretario (a) que lleva el trámite de este expediente para que verifique que, previo al archivo del mismo, haga la revisión y verifique que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso se haya incorporada (o) cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad; hecho lo cual, realice la certificación correspondiente. Lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 35, último párrafo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL 300/2021-6* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de abril de dos mil veintiuno. 1. Razón actuarial. Vista la razón actuarial de seis de abril del año en curso, se advierte que al actuario adscrito a este Juzgado no le fue posible notificar a la parte quejosa el acuerdo de treinta de marzo de este año, por el que se desechó la demanda de amparo, toda vez que el domicilio para recibir notificaciones que proporcionó la parte quejosa en su escrito de demanda, no se localizó el número 904 de la Calle Antonio de León, de la Colonia Candiani, Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 1.1 Notificación por lista. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena realizar la notificación del acuerdo de treinta de marzo de este año, así como las subsecuentes que correspondan a la parte quejosa, por lista de acuerdos, hasta en tanto no designe nuevo domicilio para ello. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Notificación a los terceros interesados 1) Carlos Hernández Domínguez,2) Miguel Alonso Guzmán Sandoval, 3) Jaime Trinidad Espinoza, 4) María Antonieta Enríquez Vargas, 5) Juvenal Ventura López y 6) Jesús Borja Sánchez.- PRAL 305/2019-8* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de marzo de dos mil veintiuno. 1° Correos de México informa. Agréguese el comunicado CAP/365/2021, signado por el jefe del Centro de Atención al Público de la Gerencia Postal Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, mediante el cual remite copia certificada del acuse de recibo de la pieza postal MN6801026444MX; de lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales que haya lugar. 2° Únicamente para que obre. Glósese únicamente para que obre la copia del comunicado /365/2021, suscrito por el jefe del Centro de Atención al Público de la Gerencia Postal Oaxaca, con residencia en Oaxaca de Juárez, del que se advierte solicitó a su homólogo en San Ángel, Ciudad de México, la remisión del acuse de recibo, relativo al registro MN6801026444MX; lo anterior, toda vez que, como se advierte del párrafo que precedente, ya fue remitido dicho acuse. 3° Estado de autos. Por otra parte, visto el estado de autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que, dentro del término concedido en proveído de diez de febrero de este año, las partes no realizaron manifestación alguna respecto del cumplimiento otorgado por la autoridad responsable Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en este municipio, a la sentencia concesoria de amparo. Por tanto, procede resolver si, de acuerdo con las constancias que obran en el expediente, particularmente con el oficio 2516/2021 y anexo remitido por la autoridad responsable Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en este municipio, el fallo protector se encuentra cumplido. 2° Antecedentes. 2.1 En este juicio el quejoso Pedro Santiago Ramírez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la orden de aprehensión de cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y seis, librada por el juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Santa Cruz Huatulco, Pochutla, Oaxaca, en autos de la causa penal 39/1996, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca 2.2 En sentencia engrosada el treinta de noviembre de dos mil veinte se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los efectos siguientes: ".OCTAVO. Efectos de la concesión. Bajo la anterior premisa, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para efectos de que la autoridad responsable, juez Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca: Deje insubsistente la orden de aprehensión dictada el cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y seis, en la causa penal 39/1996, únicamente por lo que hace al aquí quejoso. Emita otra en la que establezca: Por una parte, que ha operado la prescripción en cuanto a la acción persecutoria por los delitos de 1) lesiones calificadas; 2) daño en propiedad ajena; 3) privación ilegal de la libertad; 4) robo; 5) robo de uso; 6) sabotaje; 7) conspiración; 8) asociación delictuosa y 9) acopio de armas, únicamente a favor del aquí quejoso. Y, por otra, con libertad de jurisdicción, realice la correcta motivación y fundamentación de los elementos para determinar, en su caso, la acreditación de los delitos de 10) homicidio calificado, 11) tentativa de homicidio y 12) terrorismo, así como la participación del aquí quejoso." 2.3 En auto de diez de febrero de dos mil veintiuno la referida sentencia causó ejecutoria y se requirió a las autoridades responsables cumplieran con la misma. 2.4 Mediante oficio número 1650, por la secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en este municipio, transcribió el proveído de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal 39/1996, de su control, del que se advierte, por una parte, dejó insubsistente la orden de aprehensión dictada el cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y seis en dicho proceso penal, por lo que hace al aquí quejoso Pedro Santiago Ramírez y, por otra, ordenó dar cumplimiento a la resolución concesoria dictada en este juicio de amparo, precisando que, en su oportunidad, remitiría copia autorizada de la resolución que en el caso emitiera. 2.5 Al oficio número 2516/2021, la secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en este municipio, insertó la resolución de ocho de febrero de dos mil veintiuno, dictada en la citada causa penal. Con dicha documental se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo procedente. 3° Análisis del cumplimiento. 3.1 Efectos de la concesión. Ahora, la protección de la Justicia Federal se otorgó a la parte quejosa para los efectos siguientes: Deje insubsistente la orden de aprehensión dictada el cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y seis, en la causa penal 39/1996, únicamente por lo que hace al aquí quejoso. Emita otra en la que establezca: 2.1 Por una parte, que ha operado la prescripción en cuanto a la acción persecutoria por los delitos de 1) lesiones calificadas; 2) daño en propiedad ajena; 3) privación ilegal de la libertad; 4) robo; 5) robo de uso; 6) sabotaje; 7) conspiración; 8) asociación delictuosa y 9) acopio de armas, únicamente a favor del aquí quejoso. 2.2 Y, por otra, con libertad de jurisdicción, realice la correcta motivación y fundamentación de los elementos para determinar, en su caso, la acreditación de los delitos de 10) homicidio calificado, 11) tentativa de homicidio y 12) terrorismo, así como la participación del aquí quejoso." 3.2 Constancias remitidas. En cumplimiento a la resolución concesoria, el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado remitió: Auto de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal 39/1996; y; Resolución de ocho de febrero de dos mil veintiuno, dictada en la referida causa penal. Documentales a las cuales se concede valor probatorio pleno en su calidad de documental pública, en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 2, por haber sido expedido por funcionario público en ejercicio de sus funciones. 3.3 Primer efecto. De la primer documental remitida se advierte que en proveído de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal 39/1996, el Juzgado responsable dejó insubsistente la orden de aprehensión dictada el cuatro de septiembre de mil novecientos noventa y seis en dicho proceso penal, por lo que hace al aquí quejoso Pedro Santiago Ramírez; por ende, se tiene por cumplido el primer efecto concesorio de la sentencia dictada en este juicio. 3.4 Segundo efecto. Por lo que hace al segundo de los efectos concesorios de la sentencia, el órgano jurisdiccional responsable en la nueva resolución dictada se pronunció en los términos siguientes: 3.4.1 Prescripción. Por lo que hace al punto 2.1, de la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, consistente en: "2. Emita otra en la que establezca: 2.1 Por una parte, que ha operado la prescripción en cuanto a la acción persecutoria por los delitos de 1) lesiones calificadas; 2) daño en propiedad ajena; 3) privación ilegal de la libertad; 4) robo; 5) robo de uso; 6) sabotaje; 7) conspiración; 8) asociación delictuosa y 9) acopio de armas, únicamente a favor del aquí quejoso. La autoridad responsable, al dictar la nueva resolución, en el considerando quinto, estableció que: De las imágenes transcritas se advierte que el Juzgado responsable declaró la prescripción de los delitos de 1) lesiones calificadas; 2) daño en propiedad ajena; 3) privación ilegal de la libertad; 4) robo; 5) robo de uso; 6) sabotaje; 7) conspiración; 8) asociación delictuosa y 9) acopio de armas; con lo cual se da por cumplido el punto 2.1 de la resolución concesoria de amparo. 3.4.2 Correcta motivación y fundamentación. Por lo que hace al punto 2.2, de la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, consistente en: "2. Emita otra en la que establezca: (.) 2.2 Y, por otra, con libertad de jurisdicción, realice la correcta motivación y fundamentación de los elementos para determinar, en su caso, la acreditación de los delitos de 10) homicidio calificado, 11) tentativa de homicidio y 12) terrorismo, así como la participación del aquí quejoso. En la nueva determinación dictada, el Juzgado responsable, en los considerandos sexto, séptimo, octavo y noveno de la resolución dictada, realizó la valoración lógica-jurídica de los elementos probatorios a fin de determinar si, en el caso, se acreditaba o no el cuerpo del delito respecto de los ilícitos de 10) homicidio calificado, 11) tentativa de homicidio y 12) terrorismo, así como la participación del quejoso en su comisión, resolviendo en los siguientes términos: Lo antes expuesto evidencia que, en la nueva resolución dictada, se cumplieron los parámetros establecidos por este órgano jurisdiccional, a saber, a) analizar y valorar cada uno de los elementos probatorios que obraban en la averiguación previa y b) determinar con libertad de jurisdicción si con los mismos se encontraban acreditados los elementos del delito así como la probable participación del aquí quejoso en los ilícitos de referencia; por tanto, se tiene por cumplido el segundo de los efectos de la sentencia concesoria de amparo dictada por este órgano jurisdiccional. 4° Declaratoria de cumplimiento. De ahí que, sin existir defecto o exceso en la ejecución, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Miriam Carolina Ramos León, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA, PREVIO ACUERDO DE SEIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO.- PRAL 300/2021-6* San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de marzo de dos mil veintiuno. 1. Demanda de amparo y registro. Vista la demanda de amparo presentada el veintiséis de este mes y año en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y turnada a este órgano jurisdiccional el veintinueve siguiente, promovida por el quejoso Higinio Maldonado Cuenca, por propio derecho, contra actos del Superintendente General de la Zona Sur, de la Comisión Federal de Electricidad; fórmese expediente impreso y electrónico, anótese su ingreso en el libro de gobierno con el registro 300/2021. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Desechamiento de la demanda de amparo. Marco legal. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece la obligación de examinar, previo a la admisión de la demanda, si se actualiza una causa de improcedencia, en virtud de que tal figura es una institución procesal que impide analizar la constitucionalidad del acto reclamado; por ende, su estudio es de oficio, preferente y de orden público en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, debe desecharse la demanda de amparo cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es decir, que se advierta en forma patente, notoria y clara; y se tenga la certeza y convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que se actualiza la causa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la citada ley, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". La causa de improcedencia prevista en ese precepto no establece un motivo concreto, pues requiere complementarse con otra norma jurídica o, en su caso, con la jurisprudencia del Pleno, de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito. En ese sentido, los artículos 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo establecen: "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. ...." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. ." Como se advierte del análisis conjunto de los preceptos transcritos, el objeto de estudio del juicio de amparo son las leyes o actos de autoridad que vulneren derechos humanos, en el entendido que, para efectos del juicio, es autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado en forma unilateral y obligatoria, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha concebido como autoridad responsable para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, al ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado; esto es, todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De donde se sigue que el juicio de amparo sólo procede contra actos u omisiones de los poderes públicos o de particulares que emitan actos de autoridad en los términos relatados y, en ese sentido, para distinguir un acto de otro, se debe atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supra ordinación. De acuerdo con ello, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se haga justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Federal establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. 3.2 Caso concreto. Precisado lo anterior, destaca del análisis de la demanda de amparo que el quejoso Higinio Maldonado Cuenca reclama del Superintendente General de la Zona Sur, de la Comisión Federal de Electricidad: ( La orden verbal para realizar el corte de suministro eléctrico en su domicilio, sito en la calle Buganvilias (sic), 715 (setecientos quince), Colonia Reforma. Al respecto, el referido quejoso, bajo protesta de decir verdad, refirió que el veintidós de marzo del año en curso se presentó personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a realizar el corte de suministro de luz en su domicilio, en caso de no pagar cierta cantidad por concepto de servicio de suministro. Lo anterior no constituye una actuación de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, debido a que el acto reclamado no tiene su origen en una relación de supra a subordinación, sino en una relación de coordinación, donde ambos actúan en un plano igualitario, esto es, el organismo descentralizado de la administración pública federal denominado Comisión Federal de Electricidad, como prestador del servicio de energía eléctrica, y la quejosa, como usuaria; relación que deriva del contrato de suministro de electricidad celebrado entre ellos. Por tanto, no debe considerarse autoridad para efectos del juicio de amparo al Superintendente General de la Zona Sur, de la Comisión Federal de Electricidad. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 30/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 532, libro 53, abril de 2018, tomo I, Décima Época, Registro 2016656, de rubro y texto: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 44/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el libro 6, mayo de 2014, tomo II, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro 2006544, de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O LA SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)" En consecuencia, se reitera, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5, fracción II, del mismo ordenamiento legal. Con la precisión que no se desatiende la jurisprudencia 2ª./J.54/2012 (10ª), de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 297/2011; ya que dicha jurisprudencia fue materia de la solicitud de sustitución de jurisprudencia 9/2015, en la cual la Segunda Sala precisó que el citado criterio se actualiza en el supuesto de que el acto reclamado sea el "acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas". En ese orden de ideas, cuando el acto reclamado está relacionado con la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica -cuestión diversa a la reestructuración de tarifas y venta de energía referida-, como en el caso, se debe estar a la aplicación de la diversa jurisprudencia de carácter obligatorio 2a./J. 30/2018 (10a.), que determina que la Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para efectos del juicio de amparo. 3.3. Actualización de diversa causa de improcedencia. Aunado a lo expuesto, en caso de que existiera la orden de corte de suministro de energía eléctrica reclamada emitida por la autoridad señalada como responsable -y se le considerara como tal-, se actualizaría también la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XX de la Ley de Amparo, dado que la quejosa no agotó el principio de definitividad que aquélla exige para la procedencia del juicio constitucional; numeral que, en lo conducente, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." El artículo transcrito revela que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa legal por medio del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre y cuando conforme a las mismas leyes, de oficio, o con la sola interposición del recurso, se suspendan los efectos del acto. En ese sentido, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa, de carácter constitucional, la parte quejosa debe previamente a su promoción, acudir a las instancias ordinarias, que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Al respecto, los artículos 1 y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y 14, fracción XI, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, disponen: LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO "Artículo 1.- Las disposiciones de esta ley son de orden e interés públicos, y se aplicarán a los actos, procedimientos y resoluciones de la Administración Pública Federal centralizada, sin perjuicio de lo dispuesto en los Tratados Internacionales de los que México sea parte. El presente ordenamiento también se aplicará a los organismos descentralizados de la administración pública federal paraestatal respecto a sus actos de autoridad, a los servicios que el estado preste de manera exclusiva, y a los contratos que los particulares sólo puedan celebrar con el mismo. Este ordenamiento no será aplicable a las materias de carácter fiscal, responsabilidades de los servidores públicos, justicia agraria y laboral, ni al ministerio público en ejercicio de sus funciones constitucionales. En relación con las materias de competencia económica, prácticas desleales de comercio internacional y financiera, únicamente les será aplicable el título tercero A. Para los efectos de esta Ley sólo queda excluida la materia fiscal tratándose de las contribuciones y los accesorios que deriven directamente de aquéllas." "Artículo 83.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer el recurso de revisión o, cuando proceda, intentar la vía jurisdiccional que corresponda. En los casos de actos de autoridad de los organismos descentralizados federales, de los servicios que el Estado presta de manera exclusiva a través de dichos organismos y de los contratos que los particulares sólo pueden celebrar con aquéllos, que no se refieran a las materias excluidas de la aplicación de esta Ley, el recurso de revisión previsto en el párrafo anterior también podrá interponerse en contra de actos y resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente." LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. "Artículo 14.- El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] XI. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo;." Los artículos transcritos revelan que contra las resoluciones dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, procede el recurso de revisión o, en su caso, el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el cual puede confirmar, revocar o modificar la determinación respectiva. Por ello, en caso de existir el acto reclamado por la parte quejosa, consistente en la orden de corte de suministro de energía eléctrica en su domicilio, previamente al juicio de amparo, debe promover el medio de impugnación que prevé la ley ordinaria, esto es, el recurso de revisión, en términos de los artículos 1 y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al haber emitido el acto un organismo descentralizado; o en su caso, promover el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme al numeral 14, fracción XI, de su Ley Orgánica. Lo anterior, resulta obligatorio en acato al principio de definitividad previsto en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; porque los artículos 87 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo -tratándose del recurso de revisión- y 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo -relativo al juicio de nulidad-, no establecen mayores requisitos que la Ley de Amparo para otorgar la suspensión definitiva del acto reclamado; con independencia de que el acto en sí mismo, sea o no suspendible. En ese contexto, resulta evidente que, de existir la resolución que ordena el corte de suministro de energía eléctrica en el domicilio de la quejosa, se debe agotar el recurso de revisión o, en su caso, el juicio de nulidad, previamente a la promoción del juicio de amparo. Sirve de apoyo la tesis con registro 2007678 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITE EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE OTORGA EN EXCLUSIVA, PROCEDE EL RECURSO DE REVISIÓN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO O EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, SIN PERJUICIO DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMEN NORMAS GENERALES [INTERRUPCIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 167/2011 (9a.), 2a./J. 168/2011 (9a.), 2a./J. 43/2014 (10a.) Y 2a./J. 44/2014 (10a.) (*)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interrumpe las tesis de jurisprudencia aludidas en las que estableció, en esencia, que la relación entre la Comisión Federal de Electricidad y los particulares en lo relativo al suministro de energía eléctrica es de coordinación, originada por un acuerdo de voluntades donde ambas partes adquieren derechos y obligaciones recíprocos dentro de un ámbito privado. Lo anterior en razón de que, en términos del artículo 1o. del Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, esta última es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica y patrimonio propio, es decir, constituye un ente del Estado que tiene como objeto fundamental y principal, conforme a los numerales 25, párrafo cuarto, 27, párrafo sexto y 28, párrafos cuarto y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, así como la generación, conducción, transformación, distribución y venta de energía eléctrica para la prestación del servicio público, lo que constituye un área estratégica que el Estado realiza en exclusiva y que se encuentra regulada por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica abrogada. En ese tenor, todos los actos efectuados por la Comisión Federal de Electricidad relacionados con su obligación constitucional de prestar el servicio público de energía eléctrica son de orden público y se entienden desplegados por el Estado, debido a que éste presta en exclusiva ese servicio, a través del indicado organismo descentralizado, por lo que contra tales actos procede el recurso de revisión, en términos de los artículos 1 y 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, al haberlos emitido un organismo descentralizado, o el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme al numeral 14, fracción XI, de su Ley Orgánica, que prevé su procedencia contra actos o resoluciones que emitan autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; sin perjuicio de la procedencia del juicio de amparo cuando se reclamen normas generales." 3.4 Determinación. Por lo expuesto, al actualizarse las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XXII y XXIII, en relación con el numeral 1, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, se desecha, de plano, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por el quejoso Higinio Maldonado Cuenca, por derecho propio. 3.5 Acceso a la justicia. La actualización de las causales de improcedencia en estudio no implica negar acceso a la justicia, ya que se interpretaron de manera estricta, sin que implique vulnerar derechos humanos de acceso a la justicia consagrados en ordenamientos internacionales; pues no debe perderse de vista que el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual de ninguna manera implica que se le esté negando el derecho fundamental de acceso a la justicia, pues el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; ello, conforme a la tesis 2a. CLVII/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, enero de 2010, página 324, registro 165538, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LAS CAUSALES QUE LA PREVÉN DEBEN INTERPRETARSE DE MANERA ESTRICTA, A FIN DE EVITAR OBSTACULIZAR INJUSTIFICADAMENTE EL ACCESO DE LOS INDIVIDUOS A DICHO MEDIO DE DEFENSA". 4. Domicilio y personas autorizadas. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que indica en su demanda. Se autoriza únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, sin las facultades amplias previstas en el numeral 12 de la Ley de Amparo, a 1) Eduardo Vargas Torres; debido a que, como se hizo constar en la certificación de cuenta, no se encontró cédula profesional a su favor que lo faculte a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho. Aunado a que en la demanda tampoco se señalaron datos con los que tal persona acredite su profesión de licenciado en derecho o abogado; sin embargo, una vez que acredite tal carácter con la información o documental idónea, si es que a sus intereses así conviene, se le tendrá por autorizado en los términos amplios que establece el numeral indicado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. VIII/2020 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 77, agosto de 2020, tomo V, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, con registro 2021840, de rubro: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO." 5. Precisión. Hágase del conocimiento de la parte promovente que respecto a las cuestiones relativas a la a) atención al público, b) funcionamiento de buzones judiciales, c) publicación de lista de acuerdos, d) tramitación de asuntos promovidos físicamente y e) desahogo de actuaciones presenciales, deberá estarse a lo indicado en el acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reformado en su periodo de vigencia por su similar 25/2020. 6. Exhortación para continuar la tramitación del juicio en línea mediante el uso de Firel o e.firma (antes Fiel). Independientemente del sentido de esta resolución, con fundamento en los artículos 22 y 29 del acuerdo general 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a la parte quejosa para que, de convenir a sus intereses, continúe con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL) u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal; lo que podrá llevar a cabo en cualquier momento. 7. Publicación de datos personales. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, apartado A, de la Constitución Federal; 113, fracción I, 116 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de la parte quejosa que los documentos y resoluciones que se encuentren en este expediente, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite y conforme al procedimiento de acceso a la información previsto en dicha ley; que puede manifestar expresamente su consentimiento para permitir o no permitir el acceso a información confidencial que en su caso exista, salvo excepción prevista en el numeral 120 de la ley invocada; pero tratándose de esta resolución, se elaborará la versión pública a que se refiere la legislación respectiva, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Dada la situación de contingencia sanitaria ocasionada en el país por el virus covid-19, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en este juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). 9. Integración del expediente físico. Se instruye a los (as) secretarios (as) y actuarios (as) para que, de acuerdo a sus propias funciones, supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos. 10. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

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