Hilaria Lazaro Camacho
Expediente 969/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 969/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 11/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Hilaria Lazaro Camacho
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, once de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar el escrito signado por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, a través del cual revoca la designación como delegada a *************************, así como la baja del usuario "AlejandraMG02" para la consulta del expediente electrónico. De lo anterior se toma conocimiento y, tomando en consideración que las responsables designaron diversos delegados, se tiene por hecha la revocación. Por otra parte, se instruye al oficial judicial "A" a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado que autorice el acceso a los usuarios "********************y********************, la consulta del Expediente Electrónico del presente juicio. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar el escrito signado por la quejosa ******************, a través del cual informa la hora y fecha que le fue generada para acceder a este órgano jurisdiccional a fin de llevarse a cabo la devolución autorizada en autos. En su atención, se toma nota de la cita que le fue generada por el sistema "Agenda OJ", disponible en el Portal del Servicios en Línea, para las nueve horas del ocho de junio de dos mil veintidós. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria María Elena González Blas, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos del juicio de amparo 969/2021-I, promovido por Hilaria Lázaro Camacho; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida ese mismo día, en este órgano jurisdiccional, Hilaria Lázaro Camacho solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos y otras autoridades. SEGUNDO. Trámite. Por auto de diez de agosto de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional; se solicitaron los informes justificados y se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, por reclamarse las conductas omisivas de autoridades que ejercen sus funciones dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y del análisis integral de la demanda, se precisa que el acto reclamado consiste en: La omisión de dar respuesta al escrito presentado por la parte quejosa el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, por el cual solicitó pensión por viudez y pago de gastos funerarios. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Presidente Municipal, Síndica Municipal, Ayuntamiento, así como los integrantes de cabildo del Ayuntamiento, todos de Yautepec, Morelos al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto reclamado y sostuvieron que en sus archivos no obra solicitud de pensión por viudez y pago de gastos funerarios por la parte quejosa. Asimismo, refirieron que de la documental anexa al escrito de demanda se advierte sello fechador de autoridad diversa, por lo que no existe el acto que se le atribuye. La parte quejosa no aportó prueba suficiente a efecto de desvirtuarlas, ni objetó la autenticidad de los informes rendidos por las autoridades responsables. Incluso, de la documental anexa a la demanda, se desprende que el escrito de la parte quejosa, fue presentado el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, ante la Comisión Dictaminadora de Pensiones del Municipio de Yautepec, Morelos y dirigido a su Secretaría Técnica. De ahí que, al no encontrase obligadas legalmente a actuar como lo pretende la peticionaria de amparo no puede tenerse por cierto el acto que aquí se les reclama a las citadas autoridades responsables. Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis 1a. XXIV/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO." En consecuencia, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo procede sobreseer en el presente juicio, respecto del acto y autoridades citadas. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Secretaría Técnica de la Comisión Dictaminadora de Pensiones del Municipio de Yautepec, Morelos, pues no obstante haber negado su existencia, dicha negativa se desvirtúa con lo expresado en su informe justificado, al admitir está tramitando la pensión solicitada. Aunado a ello, la parte quejosa ofreció como prueba documental el acuse de recibo con el cual se acredita que sí presentó ante la Secretaría Técnica de la Comisión Dictaminadora de Pensiones del Municipio de Yautepec, Morelos el escrito cuya omisión de dar respuesta reclama. Dicha documental amerita valor probatorio, ya que si bien se trata de una copia simple con sello de recibo, también lo es que su valor probatorio queda al prudente arbitrio de la suscrita juzgadora, como indicio, al ser un documento que carece de certificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, debe estimarse que el hecho que se pretende probar, luego del análisis integral efectuado, queda probado; esto es, que el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, la parte quejosa formuló una solicitud de pensión a la autoridad responsable, lo cual permite arribar a la convicción de su autenticidad, al no haber sido objetada por la responsable; en consecuencia, debe concedérsele valor probatorio en términos del dispositivo antes citado. Se invoca como apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 32/2000, de rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO.". Por consiguiente, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, no se desprende que haya dado respuesta al escrito presentado por la parte quejosa el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, por el cual solicitó pensión por viudez y el pago de gastos funerarios; de ahí, que sea cierto el acto reclamado. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, debe verificarse la procedencia de este juicio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Esta Juzgadora de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción, XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por tratados internacionales e los que el Estado mexicano sea parte. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía. Modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Lo anterior, debe relacionarse con la jurisprudencia PC.XVIII.L. J/3 L (10a.), de rubro: "PENSIONES POR JUBILACIÓN, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VIUDEZ. EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS ES COMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES RELACIONADOS CON AQUÉLLAS, SUSCITADOS ENTRE UN MUNICIPIO DE LA ENTIDAD Y SUS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS.". En ese tenor, el Pleno en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, en las consideraciones vertidas al resolver la contradicción de tesis 2/2016, señaló que el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal, garantiza, como una de las bases fundamentales que deben regir las relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores, la seguridad social, otorgándole a ésta el carácter de derecho sustantivo derivado del vínculo entre patrón y empleado, dentro de la cual, se encuentran las prerrogativas a obtener una pensión por jubilación, por vejez y por muerte del trabajador; supuestos en los que el patrón debe cubrir las prestaciones que permitan la subsistencia y desarrollo personal del trabajador o de sus beneficiarios. En ese sentido, estableció, que en el Estado de Morelos, esa prerrogativa se encuentra reglamentada en la Ley del Servicio Civil, cuyos artículos 54, fracción VII, 57, 58, 59, 64, 66, disponen que los empleados públicos, en materia de seguridad social, tendrán derecho a gozar de una pensión por jubilación, por cesantía en edad avanzada, por viudez y a favor de sus beneficiarios por orfandad, entre otras; que tal ordenamiento establece los requisitos, formalidades y el trámite de las pensiones respectivas, así como la manera en que éstas deben ser calculadas, su integración y el incremento del monto correspondiente, entre otras particularidades. Razonó, que acorde con el artículo 123, apartado B, fracción XII, de la Constitución Federal, en relación con el 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, los conflictos individuales que se susciten entre un municipio y sus trabajadores deben ser resueltos por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; de ahí que si se pretende el reconocimiento de un derecho incorporado en la esfera jurídica del accionante como consecuencia directa o indirecta de la relación de trabajo -cualidad que revisten las pensiones por jubilación, cesantía en edad avanzada, viudez y a favor de sus beneficiarios por orfandad- se deduce la competencia de dicho tribunal para su conocimiento. Expuso, que las pensiones por jubilación, cesantía en edad avanzada, viudez y a favor de sus beneficiarios por orfandad constituyen un derecho de los trabajadores burocráticos, que se incorpora a su esfera jurídica como consecuencia de la relación laboral existente entre éstos y el Ayuntamiento para el que prestan o prestaron sus servicios de manera personal y subordinada; entonces, el conflicto que se genera con motivo de esa pensión, corresponde al ámbito de competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos, ante quien el trabajador o sus beneficiarios (como acontece en el caso), han de hacer valer la pretensión, en contra del patrón, consistente en el otorgamiento de una de las pensiones citadas. Consideró, que en el ejercicio del derecho a obtener una pensión, los trabajadores o sus beneficiarios pueden enfrentarse a que el Ayuntamiento: I. Se niegue a recibir la solicitud respectiva; II. No emita el acuerdo correspondiente en el plazo de treinta días, contado a partir de la fecha en que se tenga por recibida; III. Emita en sentido negativo el acuerdo de pensión. Estableció, que cualquiera de las referidas hipótesis, configurará un conflicto entre el trabajador o sus beneficiarios, solicitantes de la pensión, y el Ayuntamiento patrón, a quien se haya presentado o intentado presentar la solicitud respectiva, dado que surgirá una postura antagónica entre las partes involucradas, actualizándose, por ende, el supuesto que otorga competencia al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos para dirimir dicha contienda. Determinó que los requisitos y obligaciones que la ley impone a las partes (patrón y empleado), tratándose de pensiones, constituyen el presupuesto de la eventual generación de un conflicto, el cual debe ser dilucidado en atención al derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, en respeto al derecho fundamental de los gobernados de contar con un recurso eficaz y sencillo. Razonó, que no deben confundirse las facultades y obligación de los Ayuntamientos para otorgar o negar las pensiones por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez, con la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para conocer y resolver los conflictos que se susciten entre los Ayuntamientos y sus trabajadores o beneficiarios de éstos, relacionados con las pensiones, pues la determinación que deben emitir los Ayuntamientos cuando reciban la solicitud de pensión se ubica en un plano de coordinación entre el patrón y el empleado o sus beneficiarios sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos establecidos en la ley para ambas partes en cambio, la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos para dirimir los conflictos relacionados con dichas pensiones, obedece al mandato constitucional y legal de resolver las controversias laborales entre los patrones y sus trabajadores o beneficiarios y tiene por objeto el análisis de los mencionados requisitos a fin de establecer si las determinaciones de los Ayuntamientos se ajustan o no a las normas legales aplicables o, incluso si una omisión o retardo se encuentran debidamente justificados. De ahí que, determinó, al constituir el otorgamiento de las pensiones por jubilación, cesantía en edad avanzada, viudez y orfandad, un derecho que se incorpora a la esfera jurídica de los trabajadores burocráticos o sus beneficiarios como consecuencia de la relación laboral; el conflicto suscitado entre un municipio del Estado de Morelos y sus trabajadores o sus beneficiarios, ya sea por la negativa del Ayuntamiento patrón de otorgar la pensión solicitada, de recibir la solicitud respectiva, o bien, de emitir el acuerdo correspondiente dentro del plazo legal, debe conocerlo y resolverlo el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad federativa, en términos de los artículos 123, apartado B, fracción XII, constitucional y 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Establecido lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte con claridad que el juicio de amparo procede solamente en contra de "actos de autoridad", concepto éste que, precisamente, es el que, en la especie, no se estima que pueda recaerle al acto impugnado en este juicio de amparo. Ello es así, pues de lo expuesto por la parte quejosa en su escrito de demanda se desprende que entre Aureo Aldana Gutiérrez, esposo finado de la quejosa y el Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, existió una relación laboral, motivo por el cual, la parte quejosa solicitó el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, la tramitación de la pensión por viudez y el pago de gastos funerarios. Luego, es evidente que entre el trabajador o su beneficiaria y la autoridad responsable subyace un vínculo empleado-patrón, atendiendo a la relación laboral que existía entre el citado trabajador y el ayuntamiento en cita. Por consiguiente, nos encontramos ante una relación de coordinación -no subordinación (gobierno-gobernado)-, cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción de las instituciones laborales acorde al contenido del artículo 123 Constitucional. Ante ello, al emanar el acto reclamado de un organismo público actuando como patrón, la parte quejosa tiene expedito su derecho para hacerlo valer ante los tribunales correspondientes (Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje) pues el acto reclamado, no puede ser objeto de examen constitucional. Por ende, ello es propio de una controversia ante las autoridades del trabajo y no del juicio de amparo, pues como se dijo, entre ellos existe una relación de coordinación, obrero-patrón, la cual debe ventilarse ante las instancias correspondientes, ya que el juicio de amparo tiene entre otros objetos, resolver las controversias que se susciten por actos u omisiones de autoridad, sin que puedan considerarse actos de autoridad las diferencias de carácter laboral, suscitadas entre aquéllas y sus empleados. Lo anterior, ya que la determinación que se debe emitir cuando se recibe una solicitud de pensión se ubica en un plano de coordinación entre el patrón y el empleado o sus beneficiarios; de ahí que no sea impugnable en la vía que aquí se propone. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN." En ese orden de ideas, el acto que aquí se reclama no constituye, de acuerdo a su naturaleza, un acto de persona de derecho público o de autoridad, pues la autoridad responsable no obró con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, por lo que es incuestionable que el juicio de amparo en el que se reclaman actos de esta especie resulta improcedente, por actualizarse la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, estos últimos interpretados en sentido contrario, de la Ley de Amparo. En efecto, se reitera, el acto combatido, atendiendo a las razones por las cuales está inconforme la parte quejosa, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, en razón de que corresponden al vínculo entre patrón y trabajador; caso en el cual se insiste, actúan en un plano de igualdad. Por tanto, tampoco se está en el supuesto señalado por el artículo 5° fracción II, de la Ley de Amparo, que al respecto señala que un particular tendrá el carácter de autoridad responsable cuando realice actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos, y cuyas funciones estén determinadas por una noma general. En esa tesitura, el acto reclamado en el juicio de amparo, tiene una naturaleza eminentemente laboral, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; por tanto, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado, también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular, congruentemente con la doble personalidad del Estado. Por ende, el acto de que se duele la peticionaria de derechos humanos no puede ser considerado como de autoridad para los efectos del juicio de amparo. En consecuencia, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1° fracción I y 5° fracción II estos últimos interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, por tanto, se sobresee en el juicio de acuerdo a lo dispuesto por el arábigo 63, fracción V, de la ley de la materia. Se estima oportuno señalar que si bien el acto reclamado que nos ocupa, no es susceptible de analizarse a través del juicio de amparo, ello no significa que se deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que tiene expedito el derecho de acudir ante la autoridad correspondiente para deducir lo que a través de esta vía pretende. Finalmente, no pasan inadvertidas las manifestaciones realizadas por la quejosa en su demanda, relativas a que es una persona de la tercera edad, se encuentra enferma y con problemas en su condición física; sin embargo, esta juzgadora se encuentra impedida para suplir la deficiencia de la queja, dado que si bien, la peticionaria pertenece a un grupo vulnerable, lo cierto es que es necesario satisfacer los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo, en los cuales no es aplicable la suplencia referida. Orienta a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA." Así, como la tesis aislada XXIV.1o.3 K (11a.), de rubro: "ADULTO MAYOR. SU SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD NO JUSTIFICA QUE DEJEN DE OBSERVARSE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES DE LA ACCIÓN Y LOS REQUISITOS LEGALES MÍNIMOS PARA EL ACCESO A LA JURISDICCIÓN, COMO ES LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD." SEXTO. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Hilaria Lázaro Camacho respecto a los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Fernando Cobos González, Secretario que autoriza y da fe, hoy veintinueve de abril de dos mil veintidós, en que las labores de este juzgado así lo permitieron.Vistos los autos del juicio de amparo 969/2021-I, promovido por Hilaria Lázaro Camacho; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida ese mismo día, en este órgano jurisdiccional, Hilaria Lázaro Camacho solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos y otras autoridades. SEGUNDO. Trámite. Por auto de diez de agosto de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional; se solicitaron los informes justificados y se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, por reclamarse las conductas omisivas de autoridades que ejercen sus funciones dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y del análisis integral de la demanda, se precisa que el acto reclamado consiste en: La omisión de dar respuesta al escrito presentado por la parte quejosa el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, por el cual solicitó pensión por viudez y pago de gastos funerarios. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Presidente Municipal, Síndica Municipal, Ayuntamiento, así como los integrantes de cabildo del Ayuntamiento, todos de Yautepec, Morelos al rendir su informe justificado negaron la existencia del acto reclamado y sostuvieron que en sus archivos no obra solicitud de pensión por viudez y pago de gastos funerarios por la parte quejosa. Asimismo, refirieron que de la documental anexa al escrito de demanda se advierte sello fechador de autoridad diversa, por lo que no existe el acto que se le atribuye. La parte quejosa no aportó prueba suficiente a efecto de desvirtuarlas, ni objetó la autenticidad de los informes rendidos por las autoridades responsables. Incluso, de la documental anexa a la demanda, se desprende que el escrito de la parte quejosa, fue presentado el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, ante la Comisión Dictaminadora de Pensiones del Municipio de Yautepec, Morelos y dirigido a su Secretaría Técnica. De ahí que, al no encontrase obligadas legalmente a actuar como lo pretende la peticionaria de amparo no puede tenerse por cierto el acto que aquí se les reclama a las citadas autoridades responsables. Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis 1a. XXIV/98, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO." En consecuencia, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo procede sobreseer en el presente juicio, respecto del acto y autoridades citadas. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Secretaría Técnica de la Comisión Dictaminadora de Pensiones del Municipio de Yautepec, Morelos, pues no obstante haber negado su existencia, dicha negativa se desvirtúa con lo expresado en su informe justificado, al admitir está tramitando la pensión solicitada. Aunado a ello, la parte quejosa ofreció como prueba documental el acuse de recibo con el cual se acredita que sí presentó ante la Secretaría Técnica de la Comisión Dictaminadora de Pensiones del Municipio de Yautepec, Morelos el escrito cuya omisión de dar respuesta reclama. Dicha documental amerita valor probatorio, ya que si bien se trata de una copia simple con sello de recibo, también lo es que su valor probatorio queda al prudente arbitrio de la suscrita juzgadora, como indicio, al ser un documento que carece de certificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, debe estimarse que el hecho que se pretende probar, luego del análisis integral efectuado, queda probado; esto es, que el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, la parte quejosa formuló una solicitud de pensión a la autoridad responsable, lo cual permite arribar a la convicción de su autenticidad, al no haber sido objetada por la responsable; en consecuencia, debe concedérsele valor probatorio en términos del dispositivo antes citado. Se invoca como apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 32/2000, de rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO.". Por consiguiente, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, no se desprende que haya dado respuesta al escrito presentado por la parte quejosa el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, por el cual solicitó pensión por viudez y el pago de gastos funerarios; de ahí, que sea cierto el acto reclamado. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, debe verificarse la procedencia de este juicio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Esta Juzgadora de oficio advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción, XXIII del artículo 61, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por tratados internacionales e los que el Estado mexicano sea parte. Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía. Modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." Lo anterior, debe relacionarse con la jurisprudencia PC.XVIII.L. J/3 L (10a.), de rubro: "PENSIONES POR JUBILACIÓN, CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VIUDEZ. EL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS ES COMPETENTE PARA CONOCER Y RESOLVER LOS CONFLICTOS INDIVIDUALES RELACIONADOS CON AQUÉLLAS, SUSCITADOS ENTRE UN MUNICIPIO DE LA ENTIDAD Y SUS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS.". En ese tenor, el Pleno en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, en las consideraciones vertidas al resolver la contradicción de tesis 2/2016, señaló que el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Federal, garantiza, como una de las bases fundamentales que deben regir las relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores, la seguridad social, otorgándole a ésta el carácter de derecho sustantivo derivado del vínculo entre patrón y empleado, dentro de la cual, se encuentran las prerrogativas a obtener una pensión por jubilación, por vejez y por muerte del trabajador; supuestos en los que el patrón debe cubrir las prestaciones que permitan la subsistencia y desarrollo personal del trabajador o de sus beneficiarios. En ese sentido, estableció, que en el Estado de Morelos, esa prerrogativa se encuentra reglamentada en la Ley del Servicio Civil, cuyos artículos 54, fracción VII, 57, 58, 59, 64, 66, disponen que los empleados públicos, en materia de seguridad social, tendrán derecho a gozar de una pensión por jubilación, por cesantía en edad avanzada, por viudez y a favor de sus beneficiarios por orfandad, entre otras; que tal ordenamiento establece los requisitos, formalidades y el trámite de las pensiones respectivas, así como la manera en que éstas deben ser calculadas, su integración y el incremento del monto correspondiente, entre otras particularidades. Razonó, que acorde con el artículo 123, apartado B, fracción XII, de la Constitución Federal, en relación con el 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, los conflictos individuales que se susciten entre un municipio y sus trabajadores deben ser resueltos por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje; de ahí que si se pretende el reconocimiento de un derecho incorporado en la esfera jurídica del accionante como consecuencia directa o indirecta de la relación de trabajo -cualidad que revisten las pensiones por jubilación, cesantía en edad avanzada, viudez y a favor de sus beneficiarios por orfandad- se deduce la competencia de dicho tribunal para su conocimiento. Expuso, que las pensiones por jubilación, cesantía en edad avanzada, viudez y a favor de sus beneficiarios por orfandad constituyen un derecho de los trabajadores burocráticos, que se incorpora a su esfera jurídica como consecuencia de la relación laboral existente entre éstos y el Ayuntamiento para el que prestan o prestaron sus servicios de manera personal y subordinada; entonces, el conflicto que se genera con motivo de esa pensión, corresponde al ámbito de competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos, ante quien el trabajador o sus beneficiarios (como acontece en el caso), han de hacer valer la pretensión, en contra del patrón, consistente en el otorgamiento de una de las pensiones citadas. Consideró, que en el ejercicio del derecho a obtener una pensión, los trabajadores o sus beneficiarios pueden enfrentarse a que el Ayuntamiento: I. Se niegue a recibir la solicitud respectiva; II. No emita el acuerdo correspondiente en el plazo de treinta días, contado a partir de la fecha en que se tenga por recibida; III. Emita en sentido negativo el acuerdo de pensión. Estableció, que cualquiera de las referidas hipótesis, configurará un conflicto entre el trabajador o sus beneficiarios, solicitantes de la pensión, y el Ayuntamiento patrón, a quien se haya presentado o intentado presentar la solicitud respectiva, dado que surgirá una postura antagónica entre las partes involucradas, actualizándose, por ende, el supuesto que otorga competencia al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos para dirimir dicha contienda. Determinó que los requisitos y obligaciones que la ley impone a las partes (patrón y empleado), tratándose de pensiones, constituyen el presupuesto de la eventual generación de un conflicto, el cual debe ser dilucidado en atención al derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, en respeto al derecho fundamental de los gobernados de contar con un recurso eficaz y sencillo. Razonó, que no deben confundirse las facultades y obligación de los Ayuntamientos para otorgar o negar las pensiones por jubilación, cesantía en edad avanzada y viudez, con la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje para conocer y resolver los conflictos que se susciten entre los Ayuntamientos y sus trabajadores o beneficiarios de éstos, relacionados con las pensiones, pues la determinación que deben emitir los Ayuntamientos cuando reciban la solicitud de pensión se ubica en un plano de coordinación entre el patrón y el empleado o sus beneficiarios sujeta al cumplimiento de ciertos requisitos establecidos en la ley para ambas partes en cambio, la competencia del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de Morelos para dirimir los conflictos relacionados con dichas pensiones, obedece al mandato constitucional y legal de resolver las controversias laborales entre los patrones y sus trabajadores o beneficiarios y tiene por objeto el análisis de los mencionados requisitos a fin de establecer si las determinaciones de los Ayuntamientos se ajustan o no a las normas legales aplicables o, incluso si una omisión o retardo se encuentran debidamente justificados. De ahí que, determinó, al constituir el otorgamiento de las pensiones por jubilación, cesantía en edad avanzada, viudez y orfandad, un derecho que se incorpora a la esfera jurídica de los trabajadores burocráticos o sus beneficiarios como consecuencia de la relación laboral; el conflicto suscitado entre un municipio del Estado de Morelos y sus trabajadores o sus beneficiarios, ya sea por la negativa del Ayuntamiento patrón de otorgar la pensión solicitada, de recibir la solicitud respectiva, o bien, de emitir el acuerdo correspondiente dentro del plazo legal, debe conocerlo y resolverlo el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje de dicha entidad federativa, en términos de los artículos 123, apartado B, fracción XII, constitucional y 114 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos. Establecido lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 1°, fracción I y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte con claridad que el juicio de amparo procede solamente en contra de "actos de autoridad", concepto éste que, precisamente, es el que, en la especie, no se estima que pueda recaerle al acto impugnado en este juicio de amparo. Ello es así, pues de lo expuesto por la parte quejosa en su escrito de demanda se desprende que entre Aureo Aldana Gutiérrez, esposo finado de la quejosa y el Ayuntamiento de Yautepec, Morelos, existió una relación laboral, motivo por el cual, la parte quejosa solicitó el diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, la tramitación de la pensión por viudez y el pago de gastos funerarios. Luego, es evidente que entre el trabajador o su beneficiaria y la autoridad responsable subyace un vínculo empleado-patrón, atendiendo a la relación laboral que existía entre el citado trabajador y el ayuntamiento en cita. Por consiguiente, nos encontramos ante una relación de coordinación -no subordinación (gobierno-gobernado)-, cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción de las instituciones laborales acorde al contenido del artículo 123 Constitucional. Ante ello, al emanar el acto reclamado de un organismo público actuando como patrón, la parte quejosa tiene expedito su derecho para hacerlo valer ante los tribunales correspondientes (Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje) pues el acto reclamado, no puede ser objeto de examen constitucional. Por ende, ello es propio de una controversia ante las autoridades del trabajo y no del juicio de amparo, pues como se dijo, entre ellos existe una relación de coordinación, obrero-patrón, la cual debe ventilarse ante las instancias correspondientes, ya que el juicio de amparo tiene entre otros objetos, resolver las controversias que se susciten por actos u omisiones de autoridad, sin que puedan considerarse actos de autoridad las diferencias de carácter laboral, suscitadas entre aquéllas y sus empleados. Lo anterior, ya que la determinación que se debe emitir cuando se recibe una solicitud de pensión se ubica en un plano de coordinación entre el patrón y el empleado o sus beneficiarios; de ahí que no sea impugnable en la vía que aquí se propone. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN." En ese orden de ideas, el acto que aquí se reclama no constituye, de acuerdo a su naturaleza, un acto de persona de derecho público o de autoridad, pues la autoridad responsable no obró con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, por lo que es incuestionable que el juicio de amparo en el que se reclaman actos de esta especie resulta improcedente, por actualizarse la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, estos últimos interpretados en sentido contrario, de la Ley de Amparo. En efecto, se reitera, el acto combatido, atendiendo a las razones por las cuales está inconforme la parte quejosa, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, en razón de que corresponden al vínculo entre patrón y trabajador; caso en el cual se insiste, actúan en un plano de igualdad. Por tanto, tampoco se está en el supuesto señalado por el artículo 5° fracción II, de la Ley de Amparo, que al respecto señala que un particular tendrá el carácter de autoridad responsable cuando realice actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos, y cuyas funciones estén determinadas por una noma general. En esa tesitura, el acto reclamado en el juicio de amparo, tiene una naturaleza eminentemente laboral, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; por tanto, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado, también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular, congruentemente con la doble personalidad del Estado. Por ende, el acto de que se duele la peticionaria de derechos humanos no puede ser considerado como de autoridad para los efectos del juicio de amparo. En consecuencia, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1° fracción I y 5° fracción II estos últimos interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, por tanto, se sobresee en el juicio de acuerdo a lo dispuesto por el arábigo 63, fracción V, de la ley de la materia. Se estima oportuno señalar que si bien el acto reclamado que nos ocupa, no es susceptible de analizarse a través del juicio de amparo, ello no significa que se deje a la parte quejosa en estado de indefensión, ya que tiene expedito el derecho de acudir ante la autoridad correspondiente para deducir lo que a través de esta vía pretende. Finalmente, no pasan inadvertidas las manifestaciones realizadas por la quejosa en su demanda, relativas a que es una persona de la tercera edad, se encuentra enferma y con problemas en su condición física; sin embargo, esta juzgadora se encuentra impedida para suplir la deficiencia de la queja, dado que si bien, la peticionaria pertenece a un grupo vulnerable, lo cierto es que es necesario satisfacer los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo, en los cuales no es aplicable la suplencia referida. Orienta a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA." Así, como la tesis aislada XXIV.1o.3 K (11a.), de rubro: "ADULTO MAYOR. SU SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD NO JUSTIFICA QUE DEJEN DE OBSERVARSE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES DE LA ACCIÓN Y LOS REQUISITOS LEGALES MÍNIMOS PARA EL ACCESO A LA JURISDICCIÓN, COMO ES LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD." SEXTO. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio promovido por Hilaria Lázaro Camacho respecto a los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Fernando Cobos González, Secretario que autoriza y da fe, hoy veintinueve de abril de dos mil veintidós, en que las labores de este juzgado así lo permitieron.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, once de noviembre de dos mil veintiuno. INFORME JUSTIFICADO Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a las autoridades responsables rindiendo su informe justificado, con el mismo y con las constancias que a él se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, asimismo, téngase por hechas las designaciones que refiere. De igual forma, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo se faculta al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado Federal, a efecto de que autorice a los usuarios "AnahiBa, AlejandraMG02, Humberto_angel y CERVANTES7", la consulta del Expediente Electrónico del presente juicio. DIFERIMIENTO AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Por otra parte, tomando en cuenta que con esta fecha se está dando vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable, a efecto de que las partes tengan debido conocimiento del mismo, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL ONCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151, del rubro "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO." Data que se señala en razón de la alta carga de trabajo generada con motivo de la suspensión de labores de los órganos jurisdiccionales en virtud del fenómeno de salud pública generado por el COVID-19, así como su reanudación en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En caso de que alguna de las partes manifieste que requiere estar presente en el desahogo de dicha diligencia como lo establece el mencionado Acuerdo General 21/2020, se utilizará la videoconferencia como regla general para su desahogo, sin la presencia física de las personas en este recinto judicial; y de ser así, deberán hacerlo del conocimiento a este juzgado de manera expresa dentro del término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proporcionando un correo electrónico, para realizar las gestiones necesarias ante Dirección General de Tecnologías de la Información del Consejo de la Judicatura Federal, a través del Coordinador Técnico Administrativo de la adscripción, para que proporcione los elementos técnicos necesarios para establecer el enlace simultáneo de imágenes y sonidos y sean citadas las partes para su debido desahogo. Apercibido que de no realizar manifestación alguna se celebrará la audiencia de ley en la fecha y hora indicada, privilegiando en todo momento el trabajo a distancia. Finalmente, se hace del conocimiento a las partes que mediante oficio SEADS/1114/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que en sesión ordinaria de veinte de octubre del presente año, el Pleno del citado órgano determinó la adscripción de la Jueza Ana Columba Contreras Martínez, designándola como titular de este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar y en particular los previstos en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe.
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