Higinio Cortes Bonilla

Expediente 505/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 10 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
505/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
29/10/2018

Partes del expediente

  • Higinio Cortes Bonilla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Cuernavaca Morelos veintinueve de octubre de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio signado por el Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con residencia en Cuautla, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 1007/2018-V; dese de baja en el libro de gobierno correspondiente y agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos jurídicos conducentes. Ahora bien, toda vez que por auto de nueve de octubre de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional requirió a la parte quejosa a fin de que al momento de que le fuera notificado el referido acuerdo, precisara que recurso era su voluntad interponer contra la sentencia dictada el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, bajo el apercibimiento de no desahogar dicho requerimiento no se daría trámite a su manifestaciones. De la comunicación oficial que antecede, se advierte que el actuario adscrito al Juzgado Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en su razón actuarial de diecinueve de octubre del año en curso, asentó lo siguiente: Establecido lo anterior, y tomando en consideración que la parte quejosa no desahogo el requerimiento efectuado por acuerdo de nueve de octubre de dos mil dieciocho; en consecuencia se hace efectivo el apercibimiento decretado en el dicho auto por lo que se le tienen únicamente como manifestaciones las vertidas en el despacho de veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Por otra parte, visto el estado de los autos en el juicio de amparo 505/2018-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Finalmente, toda vez que el aquí quejoso se encuentra recluido, en aras del principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal y, además, con apoyo en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, Cuautla, Morelos, para que tan pronto obre en su poder el presente despacho, en auxilio de las labores de este juzgado notifique el presente acuerdo, al quejoso Higinio Cortés Bonilla, quien está recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, ubicado en Ayala, Morelos, y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, remita las constancias que acrediten tal circunstancia. Se hace del conocimiento al Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, Cuautla, Morelos, que al momento de que el actuario de su adscripción notifiqué el presente auto, deberá asentar en la razón de notificación correspondiente las constancias con las que corre traslado al promovente, lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar. Hágase del conocimiento del juez requerido que el auxilio que se solicita es únicamente para notificar al quejoso de referencia la presente resolución y, en su caso, para que el actuario de su adscripción asiente las manifestaciones que haga el impetrante únicamente respecto de la notificación que se realiza; por lo tanto, si la persona que es notificada desea hacer peticiones adicionales, deberá hacerlas llegar por correo, mediante escrito dirigido a este juzgado. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar de su reclusión. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos del juicio de amparo 505/2018-V, promovido por Higinio Cortés Bonilla, por propio derecho; y RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México y turnado en esa data al Juzgado Tercero de Distrito de la citada especialidad, Higinio Cortés Bonilla, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclama del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad. En ese tenor, mediante proveído de veintitrés de marzo siguiente, el aludido órgano de control constitucional, declinó competencia por razón de territorio, en favor del Juez de Distrito en turno en esta entidad federativa, atendiendo a que el impetrante se encuentra recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial en Ciudad Ayala, Morelos. SEGUNDO. Admisión y trámite. En razón de lo anterior, el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el oficio y anexos remitidos por el juez declinante, siendo turnados en esa misma data, a este órgano jurisdiccional. En tal virtud, por auto de veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo, quedando registrada bajo el número de expediente 505/2018-V; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación y se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Sin embargo, derivado del contenido del informe justificado que rindió la responsable, mediante acuerdo de catorce de junio del año en curso, se tuvo por ampliada la demanda, por lo que nuevamente se solicitó al juez responsable el informe correspondiente; así, seguida la secuela procesal, se llevó a cabo la audiencia constitucional, la cual dio inicio en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; en virtud de que los actos que se reclaman tienen ejecución en el lugar en que se tramita este juicio. SEGUNDO. Fijación de la litis. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman. Así, de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que el impetrante reclama: - Los acuerdos de quince de enero, catorce de febrero y nueve de marzo, todos de dos mil dieciocho, dictados en la causa penal 98/1998, del índice de la autoridad responsable, que se instruyó contra el ahora quejoso. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados, pues así lo precisó el Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad (fojas 42 a 45 y 139 a 144). Lo que se corrobora con las constancias certificadas del juicio de origen, a las que se otorga pleno valor probatorio, con fundamento en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de los conceptos de violación, procede el análisis de las causales de improcedencia que se adviertan o hagan valer las partes, toda vez que éstas son de orden público y su estudio es oficioso, conforme a lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, no obstante que de las actuaciones que conforman el presente expediente, se advierte que la presentación de la demanda de amparo por lo que ve a dos de los actos reclamados resulta extemporánea, lo que sin lugar a dudas trae como consecuencia el sobreseimiento, en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, lo cierto es que al actualizarse la diversa causal que deriva de la inobservancia del principio de definitividad, a que alude la diversa fracción XVIII, del aludido precepto legal, ésta debe prevalecer respecto de la totalidad de los actos reclamados, al considerarse de estudio preferente. Lo anterior es así, pues aun cuando en el caso que ahora se analiza el quejoso hubiera presentado la demanda de amparo oportunamente, tal circunstancia no desvanece la relativa a que no observó el principio de definitividad previo a acudir a esta instancia constitucional; de ahí que pese a la existencia de alguna otra causal de improcedencia, debe considerarse actualizada la prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia; mismo que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. .XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;...". Del precepto legal transcrito, se colige que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. En el caso, como se anticipó se actualiza la aludida causal de improcedencia, pues las constancias remitidas por la autoridad responsable, permiten afirmar que contra los actos reclamados no se interpuso el medio de impugnación ordinario, por virtud del cual estas determinaciones pueden ser modificadas, revocadas o nulificadas. Por tanto, a efecto de sustentar lo anterior, se estima oportuno señalar los antecedentes de los actos reclamados. Así, de las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable, se desprende que en la causa penal 98/1998, de su índice, el once de enero de dos mil dieciocho, se recibió escrito del ahora quejoso, a través del cual solicitó copias certificadas de las actuaciones que obran en el expediente citado (foja 48). Con motivo de ello, la autoridad responsable dictó el proveído de quince de enero del año en curso, en el que substancialmente ordenó la expedición de las copias solicitadas, pero a costa del promovente, por lo que los autos quedaron a su disposición en las instalaciones del órgano jurisdiccional responsable para los trámites correspondientes (foja 49); determinación que le fue notificada al quejoso, por conducto del actuario adscrito al Juzgado Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial de esta entidad federativa, con sede en Ayala, el veinticuatro de enero de dos mil dieciocho (foja 50). Posteriormente, en diverso escrito recibido por la responsable el trece de febrero del año que transcurre, el impetrante solicitó copias de todo lo actuado en la causa penal instruida en su contra (foja 51); por lo que mediante auto de catorce de febrero de dos mil dieciocho, el órgano jurisdiccional responsable, determinó que en relación a las copias requeridas, el ocursante debía estarse a lo acordado en el proveído que se precisó en el párrafo que antecede, esto es, el diverso de quince de enero del año en curso (fojas 52 y 53); determinación que le fue notificada el veintiuno de febrero del año en curso (foja 54). Mediante ocurso recibido ante la responsable, el ocho de marzo de dos mil dieciocho, el quejoso insistió en la solicitud de copias autorizadas de la causa penal instruida en su contra (fojas 55 y 56); petición a la que recayó el auto de nueve de marzo de dos mil dieciocho, en el que el juez responsable reiteró al quejoso, que tal y como le ha indicado, la expedición de copias certificadas autorizadas deberá ser a su costa (fojas 57 a 58); siendo notificado el quejoso de la anterior determinación el veintidós de marzo del año en curso (foja 68). De este modo, atendiendo a que los actos reclamados corresponden a los proveídos de quince de enero, catorce de febrero y nueve de marzo, todos de dos mil dieciocho, dictados por el Juez responsable, en los que como se vio se autorizaron copias certificadas de diversas constancias existentes en la causa penal 98/1998, que se instruyó en su contra, previo pago de los derechos correspondientes, es decir, no se autorizó su expedición de forma gratuita; se colige que el quejoso debía hacer valer el medio de defensa ordinario que le otorga la ley común para inconformarse en contra de dichos proveídos, en el caso, como acontece de no estar de acuerdo con lo ordenado. Ello es así, en virtud de que las determinaciones señaladas antes de ser sometidas a control constitucional en amparo, deben combatirse a través del recurso de revocación previsto en el artículo 361 del Código Federal de Procedimientos Penales, por ser el medio de impugnación que procede en su contra. Al efecto, se estima pertinente señalar el contenido de los artículos 366 y 367, ambos del Código Federal de Procedimientos Penales, que disponen: "Artículo 366. Son apelables en ambos efectos solamente las sentencias definitivas en que se imponga alguna sanción.". "Artículo 367. Son apelables en el efecto devolutivo: I.- Las sentencias definitivas que absuelven al acusado, excepto las que se pronuncien en relación con delitos punibles con no más de seis meses de prisión o con pena no privativa de libertad, en los términos del primer párrafo del artículo 152; II.- Los autos en que se decrete el sobreseimiento en los casos de las fracciones III a VI del artículo 298 y aquéllos en que se niegue el sobreseimiento. III.- Los autos en que se niegue o conceda la suspensión del procedimiento judicial; los que concedan o nieguen la acumulación de autos; los que decreten o nieguen la separación de autos; los que concedan o nieguen la recusación; III bis.- Los autos que ratifiquen la constitucionalidad de una detención a que se refiere el párrafo sexto del artículo 16 constitucional; IV.- Los autos de formal prisión; los de sujeción a proceso; los de falta de elementos para procesar; y aquéllos que resuelvan situaciones concernientes a la prueba. V.- Los autos en que se conceda o niegue la libertad provisional bajo caución; los que concedan o nieguen la libertad por desvanecimiento de datos, y los que resuelvan algún incidente no especificado; VI.- Los autos en que se niegue la orden de aprehensión o se niegue la citación para preparatoria. Estos autos sólo son apelables por el Ministerio Público. VII.- Los autos que nieguen el cateo, las medidas precautorias de carácter patrimonial, el arraigo del indiciado o la prohibición de abandonar una demarcación geográfica; VIII.- Los autos en que un tribunal se niegue a declarar su incompetencia por declinatoria, o a librar el oficio inhibitorio a que se refiere el artículo 436, y IX.- Las demás resoluciones que señala la Ley.". Además, debe destacarse el contenido de los numerales 361 y 362 de la citada codificación procesal, que establecen: "Artículo 361.- Solamente los autos contra los cuales no se conceda por este Código el recurso de apelación, serán revocables por el tribunal que los dictó. También lo serán las resoluciones que se dicten en segunda instancia antes de la sentencia.". "Artículo 362.- El plazo para interponer el recurso de revocación y ofrecer pruebas será de cinco días, contados a partir de que surta efectos la notificación de la resolución que se impugna. El tribunal resolverá el recurso oyendo a las partes en una audiencia que se efectuará dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación que se haga a la parte que no interpuso el recurso, acerca de la admisión de éste. En la audiencia se desahogarán las pruebas ofrecidas, se escuchará a las partes y se dictará resolución, contra la que no procede recurso alguno. Si no es posible que en esa audiencia concluya el desahogo de pruebas, el juez podrá convocar, por una sola vez, a otra audiencia.". De los dispositivos transcritos, se desprende claramente que los actos que por esta vía constitucional se reclaman, no encuadran en las hipótesis de procedencia del recurso de apelación, ya que en ellos no se determinó ninguna de las actuaciones que casuísticamente contemplan los ordinales 366 y 367, del Código Federal de Procedimientos Penales; dado que en los reclamados solo se proveyó en torno a la expedición de copias solicitadas por el ahí enjuiciado; por tal motivo, contra éstos procede el diverso recurso de revocación, mismo debe presentarse ante la autoridad responsable, dentro del plazo de cinco días, a partir de que surta efectos la notificación de la resolución que se impugna, quien resolverá el recurso oyendo a las partes en una audiencia que se efectuará en el plazo establecido. De este modo, si la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra la improcedencia del juicio de amparo en el supuesto de cuando contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, éste no se haga valer previo al ejercicio del juicio de amparo, es evidente que el presente juicio constitucional resulta improcedente. Lo anterior, tiene relevancia pues debe partirse de la premisa que el principio de definitividad que rige al juicio de amparo encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos en dicho ordenamiento, que no se actualizan en el caso, dado que se trata de una determinación relacionada con la expedición de copias formulada por el quejoso. Motivo por el cual, si existe medio ordinario de defensa que previo a la interposición del juicio de amparo, es susceptible de revocar, nulificar o modificar los actos que por esta vía se combaten, como es el recurso de revocación, previsto en el numeral 361 del Código Federal de Procedimientos Penales, es inconcuso que al no hacerlo valer, se desatendió el principio de definitividad, y por consiguiente el juicio constitucional que se resuelve es improcedente. En el caso, surte aplicación por los principios jurídicos que en ella rigen la tesis VI.2o.50 P, con registro 203293, que sustentó el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, febrero de mil novecientos noventa y seis, visible en la página 475, con el epígrafe: "RECURSOS ORDINARIOS EN MATERIA PENAL, OBLIGACION DE AGOTARLOS CUANDO NO ATACAN LA LIBERTAD PERSONAL DE LA AGRAVIADA.". De igual forma, tiene aplicación la diversa tesis XIX.2o.13 K, con registro 203473, que sustentó el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, enero de mil novecientos noventa y seis, página 340, con el epígrafe y texto: "RECURSOS ORDINARIOS (INTERPRETACION DE LOS ARTICULOS 114, FRACCION IV Y 73, FRACCION XIII DE LA LEY DE AMPARO). La interpretación armónica de los artículos 114, fracción IV y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, llevan a concluir que tratándose de actos emanados de los tribunales judiciales, aun cuando su sentido de afectación pudiese tener la connotación de "irreparable" por aludir a derechos sustantivos, no excluye a los gobernados de la obligación de agotar los recursos ordinarios que establezcan las leyes procesales, siempre y cuando éstos tengan el alcance de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; pues la citada fracción XIII, del artículo 73, sólo prevé como excepciones: "Los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Máxime que con los actos que se reclaman, no se actualiza alguno de los casos de excepción a que se refiere el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, pues no se trata de un acto que importe privación de la vida, deportación, destierro o cualesquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna. Sirve de apoyo a lo anterior, por los principios jurídicos que en ella rigen, la tesis III.3o.T.22 K (10a.), con número de registro 2010946, que sustentó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 26, enero de dos mil dieciséis, tomo IV, visible en la página 3319, con el rubro: "EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO. LO DISPUESTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE LA MATERIA, NO COBRA VIGENCIA SI EXISTE JURISPRUDENCIA QUE RESUELVE SOBRE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO.". En conclusión, al actualizarse la causal de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se debe sobreseer en el juicio, con fundamento en el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Ahora bien, toda vez que el aquí quejoso se encuentra recluido, en aras del principio de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal y, además, con apoyo en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo y 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, Cuautla, Morelos, para que tan pronto obre en su poder el presente despacho, en auxilio de las labores de este juzgado notifique la presente resolución, al quejoso Higinio Cortés Bonilla, quien está recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, ubicado en Ayala, Morelos, y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, remita las constancias que acrediten tal circunstancia. Se hace del conocimiento a la Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado, Cuautla, Morelos, que al momento de que el actuario de su adscripción notifiqué el presente auto, deberá asentar en la razón de notificación correspondiente las constancias con las que corre traslado al promovente, lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar. Hágase del conocimiento del juez requerido que el auxilio que se solicita es únicamente para notificar al quejoso de referencia la presente resolución y, en su caso, para que el actuario de su adscripción asiente las manifestaciones que haga el impetrante únicamente respecto de la notificación que se realiza; por lo tanto, si la persona que es notificada desea hacer peticiones adicionales, deberá hacerlas llegar por correo, mediante escrito dirigido a este juzgado. Por lo expuesto y fundado, se; RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio promovido por Higinio Cortés Bonilla, en contra de los actos precisados en el considerando segundo que reclamó del Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, por los motivos expuestos en el último razonamiento de esta sentencia. Notifíquese y personalmente al quejoso. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy diecisiete de septiembre de dos mil dieciocho, que lo permitieron las labores de este juzgado, asistido del secretario Jadilson Alonso Navarro que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal de los autos, toda vez que no obra el exhorto librado por auto de veinte de junio de dos mil dieciocho, para notificar al quejoso del informe justificado sobre la ampliación de la demanda; se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y se fijan las once horas con treinta y cinco minutos del dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, para su desahogo. Finalmente, toda vez que el quejoso está recluido en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, ubicado en Ayala, Morelos, gírese despacho al Juez Penal de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, para que tan pronto obre en su poder el presente despacho, en auxilio de las labores de este juzgado, notifique al quejoso HIGINIO CORTES BONILLA, el presente acuerdo, así como el diverso de dieciocho de junio de dos mil dieciocho y, realizado esto, dentro de las veinticuatro horas siguientes remita las constancias que acrediten tal circunstancia, haciendo constar la recepción por el quejoso del tanto de copia simple. Hágase del conocimiento del juez requerido que el auxilio que se solicita es únicamente para notificar al quejoso de referencia el presente proveído, en su caso, para que el actuario de su adscripción asiente las manifestaciones que haga el impetrante únicamente respecto de la notificación que se realiza; por lo tanto, si la persona que es notificada desea hacer peticiones adicionales, deberá hacerlas llegar por correo, mediante escrito dirigido a este juzgado. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Adolfo Jiménez Gómez, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de junio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales procedentes, el escrito de alegatos que formula la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita al juzgado, sin perjuicio de hacer relación del mismo al momento de celebrar la audiencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. Ahora bien, como lo solicita la parte promovente, una vez que sea emitida sentencia en el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 3 de la Ley de Amparo 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la referida Ley, expídase a su costa copias certificadas de las constancias que solicita, previa toma de razón y recibo que quede en autos, una vez que las labores del juzgado lo permitan. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.AMARO

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