Hilaria Conejo Victoria
Expediente 1088/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 10 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1088/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 16/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Hilaria Conejo Victoria
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciséis de julio de dos mil veintiuno. ARCHIVO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 18, incisos b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLE DE DEPURARSE, en razón de haberse sobreseído y negado el amparo y protección de la justicia federal; por lo tanto, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto a los incidentes de suspensión, toda vez que los mismos no fueron formados. TRANSFERENCIA DEL EXPEDIENTE Una vez que transcurra el tiempo otorgado para la depuración, como lo establecen los artículos 18, penúltimo párrafo, 27 y 28 del multicitado Acuerdo, transfiérase el expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, previa generación de la documentación a que se refieren los aludidos artículos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.svm
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Morelia, Michoacán, dos de agosto de dos mil dieciocho. CUMPLE CON REQUERIMIENTO. Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, a través del cual los autorizados de la parte quejosa, cumplen con el requerimiento formulado en autos y al efecto exhiben las copias de traslado relativas al escrito de agravios por medio del cual se interpone recurso de revisión en contra de la resolución dictada en el juicio de amparo en que se actúa. SE TIENE INTERPUESTO RECURSO En consecuencia, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión de mérito, por lo tanto distribúyanse entre las partes las copias del escrito de agravios relativo, y en su oportunidad remítase el original del juicio de amparo, el escrito original de agravios y la copia para el Fiscal Federal de su adscripción, al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito en turno, con sede en esta ciudad, para lo que a bien tenga determinar. Notifíquese y personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/3470/2018, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 1088/2017-VII, promovido por Hilaria Conejo Victoria, contra actos que reclama del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, y otras autoridades; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en Morelia, Michoacán, turnado a éste órgano jurisdiccional, al día siguiente; Hilaria Conejo Victoria, acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclama del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, y otras autoridades: "IV.- ACTOS RECLAMADOS. i) Del Congreso de la Unión, le reclamo la discusión, aprobación y expedición del artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio en su texto vigente. ii) Del c. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, reclamo la sanción, aprobación, promulgación, firma de aceptación o autorización y orden de publicación en su texto vigente. iii) Del secretario de gobernación, reclamo la firma de autorización, aprobación y expedición del artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio. iv) Del director del Diario Oficial de la Federación, se reclama la publicación del decreto, por el que se reformó el artículo 1079, del Código de Comercio. v) De la Juez Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de Morelia, Michoacán, le reclamo la aplicación del artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio, en su texto vigente; a través de la sentencia interlocutoria de fecha 16 dieciséis de octubre del 2017 dos mil diecisiete, dictada dentro del incidente de prescripción negativa de ejecución de sentencia planteado por la ahora tercero con interés en contra de la suscrita, dentro del expediente 969/2012, relativo al juicio ejecutivo mercantil que sobre pago de pesos y otras cuestiones entablé en ejercicio de la acción cambiaria directa, en cuanto parte actora directa frente a MA. JUANA DE JESÚS LÁZARO CHIQUITO también conocida como MA. JESÚS LÁZARO CHUIQUITO y/o MA. JUANA DE JESÚS LÁZARO CHUIQUITO, y mediante la cual se decretó en sus resolutivos: PRIMERO. Resultó procedente el incidente de prescripción de ejecución de la sentencia formulado por la licenciada Aurea Orozco López, en cuanto autorizada de la parte demandada Ma. Juana de Jesús Lázaro Chiquito; en consecuencia, SEGUNDO. Se declara que ha operado la prescripción de la ejecución de la sentencia definitiva pronunciada en este juicio para los efectos legales a que haya lugar". En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados, los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, por lo que en auto de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, previa prevención, la admitió a trámite; se formó el expediente y lo registró bajo el número 1088/2017; se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación, y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados consisten en: La discusión, aprobación, expedición, sanción, y promulgación, del decreto por el que se reformó el artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio; y, La aplicación del artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio, en su texto vigente, a través de la sentencia interlocutoria de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, dictada dentro del incidente de prescripción negativa de ejecución de sentencia planteado dentro del expediente 969/2012, relativo al juicio ejecutivo mercantil que sobre pago de pesos y otras cuestiones entabló la ahora quejosa en ejercicio de la acción cambiaria directa, frente a la tercero Ma. Juana de Jesús Lázaro Chiquito, Ma Jesús Lázaro Chiquito o Ma. Juana De Jesús Lázaro Chiquito. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, toda vez que al rendir su respectivo informe con justificación, aceptaron la existencia del acto que se les reclama. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.-Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278". Por otro lado, la Supervisora "A", homologada a Jefa de Departamento de la Subdirección de Amparos, de la Cámara de Diputados, negó al acto reclamado. No obstante lo anterior, esa negativa se tiene por desvirtuada, en razón de que de la publicación de las reformas al Código de Comercio, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, se advierte la participación de dicha autoridad responsable en la emisión del acto reclamado, lo cual constituye un hecho notorio para este juzgador, de conformidad con lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Además de que la notoria existencia de los actos legislativos no está sujeta a prueba de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresa: Época: Novena Época Registro: 191452 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Agosto de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 65/2000 Página: 260 "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. Contradicción de tesis 23/2000-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito. 16 de junio del año 2000. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Francisco Cilia López. Tesis de jurisprudencia 65/2000. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión pública del dieciséis de junio del año dos mil." También apoya la tesis pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: Época: Séptima Época Registro: 233090 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 65, Primera Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 15 "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba. Amparo en revisión 2529/73. David Garza Garza y otros. 7 de mayo de 1974. Unanimidad de quince votos. Ponente: Ernesto Solís López. Secretario: Raúl Solís Solís." Además, la existencia del acto reclamado que se hace consistir en la resolución de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, dictada dentro del incidente de prescripción negativa de ejecución de sentencia planteado dentro del expediente 969/2012, relativo al juicio ejecutivo mercantil que sobre pago de pesos y otras cuestiones entabló la ahora quejosa en ejercicio de la acción cambiaria directa, frente a la tercero Ma. Juana de Jesús Lázaro Chiquito, Ma Jesús Lázaro Chiquito o Ma. Juana De Jesús Lázaro Chiquito, se corrobora con las constancias que el juez responsable exhibió en apoyo a su informe justificado, derivadas de ese juicio. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia del acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Época: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. El juicio de amparo de que se trata se encuentra promovido en tiempo, pues la parte quejosa fue notificada el veintitrés de octubre de dos mil diecisiete, tal como se aprecia de la constancia que obra a foja 359 del cuaderno de antecedentes; por tanto, la notificación surtió efectos al día siguiente, esto es, el veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, en términos de lo dispuesto por el artículo 1075 del Código de Comercio; de ahí que el término para la promoción del juicio de amparo inició el veinticinco de ese mes y año y concluyó el diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Por otro lado, la demanda de amparo se presentó el dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete; en consecuencia, es de concluirse que la acción constitucional se ejerció dentro de los quince días a que alude el artículo 17 de la ley de la materia, esto es, dentro del término con que se contaba para la interposición de la demanda. QUNTO. Antecedentes. Previo al estudio del análisis de fondo, se estima necesario realizar una breve reseña de lo acontecido en el juicio de origen, para una mejor comprensión del asunto. 1. Por escrito presentado el seis de diciembre de dos mil doce, Hilaria Conejo Victoria, demandó en la vía ejecutiva mercantil, a Ma. Juana de Jesús Lázaro Chiquito y/o Juana Lázaro Chiquito, la cual fue turnada al Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil, quien admitió a trámite dicha demanda, registrando el juicio bajo el número 969/2012. 2. En catorce de diciembre de dos mil doce, se llevó a cabo el emplazamiento de la parte demandada, la cual contestó por escrito presentado el catorce de enero de dos mil trece. 3. Seguido el juicio por sus trámites legales, el diecisiete de julio de dos mil trece, se dictó sentencia definitiva, en la que se declaró procedente la acción cambiaria directa en la vía ejecutiva mercantil, condenando a la parte reo al pago de la cantidad que ampara el documento accionario por concepto de suerte principal, pago de intereses moratorios pactados y pago de gastos y costas. 4. En diligencias de dieciocho y diecinueve de julio de dos mil trece, se notificó a las partes en forma personal el contenido de la sentencia. 5. En acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil quince, se ordenó remitir al archivo el juicio de origen, por tratarse de un asunto concluido en el que solo quedaba pendiente la ejecución. 6. Por escrito presentado el veintisiete de junio de dos mil diecisiete la parte actora solicitó la extracción del archivo del expediente para la continuación del juicio, lo que se proveyó el treinta de junio de dos mil diecisiete. 7. Por escrito presentado el ocho de agosto de dos mil diecisiete, los autorizados de la parte actora solicitaron se declarara ejecutoriada la sentencia, y en atención a esa petición, el diez de agosto de dos mil diecisiete se proveyó que era innecesario realizar ese pronunciamiento, toda vez que contra dicho fallo no procedía recurso ordinario alguno, dada la cuantía del negocio, por lo que esa sentencia quedaba firma por Ministerio de Ley. 8. En escrito presentado el veintidós de agosto de dos mil diecisiete, la parte demandada promovió incidente no especificado sobre prescripción negativa con relación a la ejecución de la sentencia, incidente que se admitió el veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete. 9. Por escrito presentado el uno de septiembre de dos mil diecisiete, los autorizados de la parte actora dieron contestación a la incidencia planteada. 10. En ocurso signado y exhibido el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, los autorizados de la parte actora promovieron incidente de liquidación de sentencia, la que se admitió el veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete. 11. En dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, se dictó sentencia interlocutoria, en la que se declaró procedente el incidente de prescripción de ejecución de sentencia, en razón de haber operado la prescripción de la ejecución de la sentencia pronunciada en el juicio de origen. Determinación la anterior que se reclama en esta instancia constitucional. SEXTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando segundo, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Octava Época: Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de Tepatepec, Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Recurso de revisión 7/89. María Antonieta Puertas Ibarra y otra. 23 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 205/89. María Esther Reyes Valdez. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 281/89. Ofelia Serrano de Hernández. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 531/89. Jorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis II.1o.J/5, Gaceta número 41, pág. 81; Semanario Judicial de la Federación, tomo VII-Mayo, pág. 95". Previo al estudio de fondo del asunto, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se deben examinar las causas de improcedencia, ya sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente. En ese contexto, este Juzgado de Distrito considera que en la especie se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción I de la Ley de Amparo, en atención a lo siguiente: Los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. [.]" El segundo de los preceptos establece la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando se reclamen normas generales que por su sola entrada en vigor o que con motivo del primer acto de aplicación causen un perjuicio al quejoso. Al respecto, se precisa que tratándose del amparo contra leyes, éstas pueden impugnarse, cuando son autoaplicativas, es decir, en los casos que por su sola expedición causan perjuicio a los quejosos, dentro del término de treinta días contados a partir de la fecha en que inicie su vigencia la ley impugnada (artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo); sin embargo, cuando se actualice el perjuicio con motivo del primer acto de aplicación de la ley, esto es, cuando es heteroaplicativa, la demanda debe promoverse con motivo del primer acto de aplicación de la norma que se reclame. En esos términos, en el caso concreto la quejosa reclama la discusión, aprobación, expedición, sanción, promulgación, firma de aceptación o autorización y orden de publicación del decreto por el que se reformó el artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio. Artículo que reclama con motivo del primer acto de aplicación que se le realizó, el cual según refiere se actualizó al emitir el juez responsable la sentencia interlocutoria de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, dentro del incidente de prescripción negativa de ejecución de sentencia planteado dentro del expediente 969/2012, relativo al juicio ejecutivo mercantil que sobre pago de pesos y otras cuestiones entabló la ahora quejosa en ejercicio de la acción cambiaria directa, frente a la tercero Ma. Juana de Jesús Lázaro Chiquito, Ma Jesús Lázaro Chiquito o Ma. Juana De Jesús Lázaro Chiquito. Sin embargo, de las constancias recabadas por este órgano de control constitucional, se desprende que a fojas 168 a 200 del cuaderno de amparo, obra copia fotostática certificada de diversa demanda de amparo promovida por la ahora quejosa, de la cual correspondió conocer al Juez Séptimo de Distrito en el Estado, en esta ciudad, registrada bajo el número 982/2017, en la que reclamó la discusión, aprobación, expedición y promulgación del decreto por el cual se reformó el artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio. Ello con motivo del primer acto de aplicación del referido decreto a través de la interlocutoria de quince de septiembre de dos mil diecisiete, emitida dentro del incidente de prescripción negativa de ejecución de sentencia planteado por la ahora tercero interesada en el juicio ejecutivo mercantil de origen 973/2012, frente a la aquí quejosa. Ahora, de la consulta realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), se obtiene que en el juicio de amparo 982/2017, del índice del referido Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, en esta ciudad, se advierte que en el referido juicio, el veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se dictó sentencia en la que por una parte se sobreseyó en el juicio de amparo y por otra se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra los actos y autoridades precisadas en la referida demanda, y se determinó que el primer acto de aplicación del precepto constitucional tildado de inconstitucional, consistió en la resolución de quince se septiembre de dos mil diecisiete. La anterior circunstancia constituye, un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. En esos términos, es dable establecer que el primer acto de aplicación del precepto tildado de inconstitucional, se actualizó en la referida resolución de quince de septiembre de dos mil diecisiete, dentro del juicio ejecutivo mercantil 973/2012 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, en esta ciudad. Por lo que se considera existe plena evidencia de que los actos que fueron materia del juicio que resolvió el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, constituyen el primer acto de aplicación por su fecha de emisión, en el que se actualizaron las hipótesis normativas relativas en perjuicio y con conocimiento del quejoso. Por lo que se considera que debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto del precepto legal tildado de inconstitucionalidad, puesto que en éste se impugna el artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio con motivo de un ulterior acto de aplicación, atendiendo a la fecha en que se actualizó las hipótesis normativas en perjuicio del quejoso. Por lo que al no reclamarse la ley impugnada con motivo del primer acto de aplicación se actualiza la hipótesis prevista en el numeral 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, en relación con el diverso 107, fracción I de la legislación en cita. En vía de orientación es aplicable el criterio del siguiente contenido y datos de localización: Época: Novena Época Registro: 186675 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XVI, Julio de 2002 Materia(s): Común Tesis: 2a. LXX/2002 Página: 445 "AMPARO CONTRA LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS ES AQUEL EN QUE POR PRIMERA VEZ SE ACTUALIZARON LAS HIPÓTESIS NORMATIVAS CORRESPONDIENTES EN PERJUICIO DEL QUEJOSO. Para determinar si se está en presencia del primer acto de aplicación de una ley, no es suficiente que de las constancias anexas a la demanda de amparo o de la propia manifestación de la parte quejosa, el Juez de Distrito conozca de la existencia de juicios de amparo anteriores o contemporáneos, sino que debe existir plena evidencia de que se trata del primer acto por su fecha de emisión, en el que se actualizaron las hipótesis normativas relativas en perjuicio y con conocimiento del quejoso, cuando se han promovido dos o más juicios de garantías contra la misma norma, y en cada uno de ellos se reclaman actos de aplicación diversos, debe decretarse el sobreseimiento respecto de la ley, pero no en el juicio cuya demanda fue presentada en segundo lugar, sino en aquel donde se venga impugnando el segundo o ulteriores actos de aplicación, distinguidos estos por la fecha en que se actualizaron las hipótesis normativas en perjuicio del quejoso, ya que de no proceder de esta manera, podría estimarse improcedente el juicio donde se reclamó el primer acto de aplicación por haberse presentado la demanda con posterioridad y también decretarse el sobreseimiento en el asunto presentado en primer término, en atención a que no fue el primer acto de aplicación de la disposición combatida, lo que se traduciría en un estado de indefensión para el quejoso. Contradicción de tesis 4/2002-PL. Entre las sustentadas por el Primero y el Décimo Segundo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 24 de mayo de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el asunto Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco. Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia ya que no resuelve el tema de la contradicción planteada". Asimismo es aplicable la tesis del siguiente contenido: Época: Séptima Época Registro: 239619 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 217-228, Cuarta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 184 "LEYES, AMPARO CONTRA. TÉRMINO PARA INTERPONER LA DEMANDA. COMIENZA A CORRER A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL QUEJOSO CONOCE EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. Cuando se pretende el examen de la inconstitucionalidad de la ley que se reclama en la demanda, basta que el quejoso conozca, por cualquier medio, del primer acto de aplicación de esa ley, para que esté en aptitud de acudir al amparo contra el ordenamiento relativo, aunque estime carente de validez la notificación que se le hizo del primer acto de aplicación de ese ordenamiento, porque tal cuestión sólo podrá ser preponderante en relación con los actos de aplicación de la ley, pero no para el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un ordenamiento, si este problema no se hace valer por el interesado con la debida oportunidad, de conformidad con lo que dispone la Ley de Amparo sobre este aspecto. Amparo en revisión 1899/84. Emilio Medina F. 18 de junio de 1987. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ernesto Díaz Infante. Secretario: José Antonio García Guillén. Véase: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Epoca, Primera Parte, Volumen 45, página 55; Volúmenes 115-120, página 116 y Volúmenes 127-132, página 205, tesis de rubro ´LEYES, AMPARO CONTRA. TERMINO PARA INTERPONER LA DEMANDA. COMIENZA A CORRER A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL QUEJOSO CONOCE, POR CUALQUIER MEDIO, DEL PRIMER ACTO DE APLICACION DE LA LEY´". En esa tesitura, dada la existencia de la causal de improcedencia invocada en el cuerpo de esta resolución, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio respecto al decreto que reforma el artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio, en términos del artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia. SÉPTIMO. Conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación que esgrime la parte impetrante en su demanda, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición. Es aplicable, la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez". OCTAVO. Estudio del fondo del asunto. Análisis de los argumentos sobre la legalidad y acto de aplicación del artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio. El segundo concepto de violación hecho valer por la parte quejosa resulta infundado. En la primera parte del concepto de violación que se analiza, la quejosa señala que la resolución carece de exhaustividad y congruencia, porque en primer término la responsable asentó que el plazo para la prescripción de la ejecución de la sentencia empezaría a correr a partir del siguiente al en que causara estado la notificación del proveído de trece de febrero de dos mil catorce, fecha en la que se comunicó a la responsable el sobreseimiento decretado dentro del amparo promovido por la parte allá demandada. Afirma la quejosa que no obstante lo anterior, la responsable cambió la fecha en que empezaría a computarse ese término, para después precisar que el término para la prescripción de la ejecución de la sentencia empezaría a contar a partir del diecisiete de julio de dos mil trece. La anterior porción del concepto de violación en análisis, resulta infundado, porque contrario a lo que sostiene la quejosa, del contenido de la resolución combatida no se advierte que el juez responsable haya precisado como fecha de cómputo para inicio de la prescripción de la ejecución de la sentencia a partir del trece de febrero de dos mil catorce, y si bien anotó esa fecha en la resolución, ello lo realizó como parte del argumento planteado por la parte incidentista en el juicio de origen. Lo anterior se corrobora de la lectura de la resolución combatida, porque en ella la responsable especificó en la foja 5, que la última actuación que dio impulso a la ejecución del juicio de origen lo fue la sentencia de diecisiete de julio de dos mil trece, la que a su vez dio inicio a la etapa de ejecución de la sentencia, puesto que no se requería de proveído expreso para declarar formalmente dicha etapa de ejecución, acorde a lo establecido en el artículo 1410 del Código de Comercio. En diversa porción del segundo concepto de violación aduce la quejosa que resulta incorrecto que la responsable haya determinado que la última actuación que dio impulso a la ejecución del juicio lo fue la sentencia definitiva emitida el diecisiete de julio del año dos mil trece, y con ello se dio inicio a la etapa de ejecución de sentencia, y no se requería de proveído expreso que declarara formalmente la etapa de ejecución. Que lo anterior era así, porque para dar inicio a la etapa de ejecución existe todo un capitulado, que incluso el artículo 1054 del Código de Comercio permite la supletoriedad en materia mercantil, a fin de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento, en atención a los principios de la tutela judicial efectiva, seguridad jurídica y firmeza del procedimiento como garantía de las partes. Agregó que al no existir un auto que declarara ejecutoriada la sentencia, no podía empezar a computarse el término para su ejecución, porque no se siguieron las formalidades del procedimiento, dado que no era posible llegar al avalúo de los bienes, venta y remate, si no se seguían las etapas y estadios procedimentales, los cuales eran irrenunciables, acorde a lo señalado por los preceptos 1076 y 1078 del Código de Comercio, en relación con el 101 al 105 y 108 del Código de Procedimientos Civiles (sic), aplicado en forma supletoria, los cuales no fueron observados por el juez responsable. Añadió que la responsable realizó un análisis deficiente de los argumentos realizados al dar contestación a la vista con la incidencia planteada, porque hizo notar al juez de origen que existen dos acciones en juicio una vez dictada la sentencia definitiva, una relativa a la petición de ésta y la otra a la etapa de ejecución de sentencia (en aquel escrito señaló que debía tomarse en consideración el término de diez años que señala el artículo 1047 del Código de Comercio). La porción destacada en líneas anteriores del segundo concepto de violación resulta infundada, porque al respecto la responsable precisó que acorde a lo establecido en el artículo 1079 fracción IV, del Código de Comercio, el término para la ejecución de sentencias en juicio ejecutivos es de tres años, que por tal motivo, al existir disposición al respecto, no procedía la aplicación de las reglas genéricas previstas en los artículos 1038 a 1049 del Código de Comercio, así como los términos que debían aplicarse respecto de los derechos derivados de distintos actos comerciales. Que por tal motivo, no tenía aplicación la regla genérica a que hace referencia el artículo 1047 de la codificación en cita, puesto que al existir respecto de los juicios ejecutivos mercantiles una regla especial en tratándose de la ejecución de la sentencia, esa norma excluye a la regla general, y por ello debía regir lo dispuesto por el artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio. De igual forma precisó que a partir de la sentencia dictada el diecisiete de julio de dos mil trece se inició la etapa de ejecución de sentencia, por ser la última actuación que dio impulso a la ejecución del juicio, que por lo tanto no se requería proveído expreso para declarar formalmente dicha etapa de ejecución. La anterior determinación se estima acertada, porque efectivamente el artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio prevé que en tratándose de juicios ejecutivos mercantiles el plazo para la ejecución de sentencias será de tres años; por lo tanto, acorde a lo precisado por la responsable, y al criterio de especialidad que debe aplicarse en el caso concreto, al existir una norma especial, esta excluye la aplicación de la regla general contenida en el precepto 1047, del Código de Comercio, así como de cualquier otra disposición. Sin que con ello el juez responsable haya infringido lo dispuesto en el artículo 1054 del Código de Comercio, puesto que contrario a ello, se apegó a su contenido, porque dicho precepto establece que los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de esa codificación, y sólo en su defecto se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, y en caso de que no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, se aplicará la ley de procedimientos local respectiva, lo que no era necesario al existir una regla al caso concreto. Bajo esa tesitura, la porción del segundo concepto de violación que se analiza resulta infundado. En relación a diverso motivo de disenso de la quejosa, en el sentido de que era necesario pronunciamiento expreso a fin de que procediera la ejecución de la sentencia, también resulta infundado. Se afirma lo anterior, porque contrario a lo que refiere, y atendiendo a lo que sostuvo la responsable, no era necesario que se declarara expresamente la etapa de ejecución, porque acorde a lo establecido en el artículo 1410 del Código de Comercio, para dar inicio a la ejecución bastaba la existencia de la sentencia de remate. Lo que en el caso concreto se actualizó, porque el diecisiete de julio de dos mil trece, se dictó sentencia definitiva, en cuyo considerando sexto se determinó que en razón de que el documento accionario traía aparejada ejecución, se ordenó que desde ese momento, en caso de que la parte reo no cumpliera con el pago de las prestaciones condenadas, se hiciera transe y remate de los bienes embargados en dicho juicio de origen, a efecto de lograr el pago al acreedor. En esos términos, dada la cuantía del negocio ($85,000.00 ochenta y cinco mil pesos) no era necesario que se declarara ejecutoriada la sentencia, tal como le hizo saber el juez de origen en auto de diez de agosto de dos mil diecisiete, puesto que causó ejecutoria por Ministerio de Ley, esto acorde a lo establecido en los artículos 356, fracción I, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al Código de Comercio, que señalan: "Articulo 356. Causan ejecutoria las siguientes sentencias. I.- Las que no admitan ningún recurso; II.- Las que, admitiendo algún recurso, no fueren recurridas, o, habiéndolo sido, se haya declarado desierto el interpuesto, o haya desistido el recurrente de él, y III.- Las consentidas expresamente por las partes, sus representantes legítimos o sus mandatarios con poder bastante". "Articulo 357. En los casos de las fracciones I y III del artículo anterior, las sentencias causan ejecutoria por ministerio de la ley; en los casos de la fracción II se requiere declaración judicial, la que será hecha a petición de parte. La declaración se hará por el tribunal de apelación, en la resolución que declare desierto el recurso. Si la sentencia no fuere recurrida, previa certificación de esta circunstancia por la Secretaría, la declaración la hará el tribunal que la haya pronunciado, y, en caso de desistimiento, será hecha por el tribunal ante el que se haya hecho valer". En esos términos, tratándose de la primera hipótesis, la sentencia causa ejecutoria por el simple transcurso del tiempo, sin que sea necesario que la autoridad jurisdiccional realice pronunciamiento al respecto; por lo tanto fue correcto que el juez determinara que la última actuación que dio impulso a la ejecución del juicio fue la sentencia de diecisiete de julio de dos mil trece. En vía de orientación es aplicable la tesis aislada del contenido siguiente: Época: Décima Época Registro: 2011760 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 30, Mayo de 2016, Tomo IV Materia(s): Civil Tesis: XVII.1o.C.T.17 C (10a.) Página: 2931 "SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. CAUSA EJECUTORIA SIN DECLARATORIA JUDICIAL CON LA SIMPLE ACTUALIZACIÓN DEL SUPUESTO DE LEY -FALTA DE IMPUGNABILIDAD-. Conforme a los artículos 354, 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al Código de Comercio, como regla general, causan ejecutoria las sentencias que admitiendo algún recurso no son recurridas, siendo necesaria la declaración judicial respectiva, la que deberá realizarse por el tribunal que la emitió, a petición de parte y previa certificación de esa circunstancia. Sin embargo, en el caso hipotético en que la autoridad judicial no declara ejecutoriada una sentencia -por falta de solicitud de las partes-, es claro que esa abstención no puede dar lugar a estimar que no adquirió la calidad de cosa juzgada, pues las sentencias causan ejecutoria cuando se actualiza el supuesto previsto en la ley, en el caso específico, cuando no se impugnan dentro del plazo legal respectivo, no así por la declaración emitida en tal sentido; por tanto, una vez transcurrido el plazo para su impugnación sin que se hubiese promovido el recurso pertinente, la sentencia es firme dotada de la calidad de cosa juzgada y a partir de este momento comienza el plazo de tres años para ejercer el derecho a solicitar la ejecución de una sentencia derivada de un juicio ejecutivo mercantil so pena de que, de no hacerlo, prescribirá conforme al artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio.(1) PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. Amparo en revisión 11/2016. Lorena Ivonne Rubio García. 17 de marzo de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Torres García. Secretario: Dante Orlando Delgado Carrizales. _____________ (1) Jurisprudencia 1a./J. 99/2010, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, febrero de 2011, página 292, del rubro siguiente: ´EJECUCIÓN DE SENTENCIA DERIVADA DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL DERECHO PARA SOLICITARLA PRESCRIBE EN EL TÉRMINO DE TRES AÑOS.´ Esta tesis se publicó el viernes 27 de mayo de 2016 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación". Señala la quejosa que la prescripción de la acción y de la ejecución de la sentencia guardan algunas características o puntos afines, tales como su naturaleza y efectos, pero la prescripción de la ejecución de la sentencia no puede equipararse a la de la acción, ya que ambas se refieren a cuestiones y plazos diferentes, por lo que lo interpretado respecto a una, no necesariamente es aplicable a la otra como lo pretende el juez responsable al invocar para fundamentar el acto reclamado la jurisprudencia del contenido siguiente: Época: Novena Época Registro: 162860 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Febrero de 2011 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 99/2010 Página: 292 "EJECUCIÓN DE SENTENCIA DERIVADA DE UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL DERECHO PARA SOLICITARLA PRESCRIBE EN EL TÉRMINO DE TRES AÑOS. El derecho para solicitar la ejecución de una sentencia firme y obtener lo reconocido en ésta es de naturaleza sustantiva, por lo cual se extingue mediante la figura de la prescripción. Así, el derecho a solicitar la ejecución de una sentencia derivada de un juicio ejecutivo mercantil prescribe en el término de tres años, conforme al artículo 1079, fracción IV, del Código de Comercio, que prevé una norma específica para tal supuesto frente al término genérico de diez años contenido en el artículo 1047 del mismo Código, el cual debe aplicarse en los casos en que no se señalen plazos más cortos para la prescripción. Contradicción de tesis 475/2009. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 27 de octubre de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretarias: Ana María Ibarra Olguín y Luisa Reyes Retana Esponda. Tesis de jurisprudencia 99/2010. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha tres de noviembre de dos mil diez". Que por lo tanto, el criterio anterior no resulta aplicable al caso concreto, además de que esa jurisprudencia por pertenecer a la novena época ya se encuentra superada. Los motivos de disenso realizados en ese sentido por la quejosa resultan infundados. Lo anterior es así, porque contrario a lo que afirma la quejosa, la jurisprudencia invocada por el juez de origen, sí resulta aplicable, dado que versa precisamente sobre el término que debe tomarse en consideración para la ejecución de sentencias en juicios ejecutivos, de cuya ejecutoria se desprende precisamente que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que en tratándose de juicios ejecutivos mercantiles, el término para la ejecución de sentencias es de tres años. Por lo tanto, ante la existencia de una norma especial, excluye la aplicación del plazo general contenido en el artículo 1047 del Código de Comercio. Sin que obste a lo anterior que la jurisprudencia haya sido emitida durante la Novena Época, puesto que ello de ninguna forma impide su aplicación como lo señala la quejosa; máxime que no ha sido superada, y tampoco se han modificado o derogado las normas que fueron interpretadas en el criterio y por lo tanto sigue vigente. De ahí lo infundado de lo sostenido por la quejosa. Ahora, en torno al argumento de la quejosa, en el sentido de que la responsable no examinó lo planteado por la ahora quejosa en escrito de contestación de incidente, porque le expuso que el plazo de la prescripción es un término judicial, y por ello debió computarse acorde al artículo 1076 del Código de Comercio, es decir en días hábiles y no naturales. La porción del concepto de violación anotado resulta fundado pero inoperante, por las siguientes razones: Los artículos 1040 y 1076 del Código de Comercio, señalan: "Artículo 1040.- En la prescripción mercantil negativa, los plazos comenzarán a contarse desde el día en que la acción pudo ser legalmente ejercitada en juicio". "Artículo 1076.- En ningún término se contarán los días en que no puedan tener lugar actuaciones judiciales, salvo los casos de excepción que se señalen por la ley. La caducidad de la instancia operará de pleno derecho, por lo cual es de orden público, irrenunciable y no puede ser materia de convenios entre las partes. Tal declaración podrá ser de oficio, o a petición de parte, cualquiera que sea el estado del juicio, desde el primer auto que se dicte en el mismo y hasta la citación para oír sentencia, en aquellos casos en que concurran las siguientes circunstancias: a).- Que hayan transcurrido 120 días contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la última resolución judicial dictada, y b).- Que no hubiere promoción de cualquiera de las partes, dando impulso al procedimiento para su trámite, solicitando la continuación para la conclusión del mismo. Los efectos de la caducidad serán los siguientes: I. Extingue la instancia pero no la acción, convirtiendo en ineficaces las actuaciones del juicio y volviendo las cosas al estado que tenían antes de la presentación de la demanda y se levantarán los embargos, mandándose cancelar su inscripción en los Registros Públicos correspondientes; II. Se exceptúa de la ineficacia señalada, las resoluciones firmes de las excepciones procesales que regirán en cualquier juicio que se promoviera. De igual manera las pruebas rendidas en el proceso que se haya declarado caduco podrán invocarse de oficio, o por las partes, en el nuevo proceso que se promueva; III. La caducidad de la segunda instancia surge si dentro del lapso de 60 días hábiles, contados a partir de la notificación de la última determinación judicial, ninguna de las partes impulsa el procedimiento. El efecto de tal caducidad es declarar firmes las resoluciones o determinaciones materia de apelación; IV. La caducidad de los incidentes sólo afectará las actuaciones del mismo, sin comprender la instancia principal, aunque haya quedado en suspenso por la resolución de aquél, si transcurren treinta días hábiles; V. No ha lugar a la caducidad en los juicios universales de concurso, pero si en aquéllos que se tramiten en forma independiente aunque estén relacionados o surjan de los primeros; VI. Tampoco opera la caducidad cuando el procedimiento está suspendido por causa de fuerza mayor y el juez y las partes no pueden actuar; así como en los casos en que es necesario esperar una resolución de cuestión previa o conexa por el mismo juez o por otras autoridades; y en los demás casos previstos por la ley; VII. La resolución que decrete la caducidad será apelable en ambos efectos, en caso de que el juicio admita la alzada. Si la declaratoria se hace en segunda instancia se admitirá reposición, y VIII. Las costas serán a cargo del actor, cuando se decrete la caducidad del juicio en primera instancia. En la segunda instancia serán a cargo del apelante, y en los incidentes las pagará el que lo haya interpuesto. Sin embargo, las costas serán compensables con las que corran a cargo del demandado cuando hubiera opuesto reconvención, compensación, nulidad y en general las excepciones o defensas que tiendan a variar la situación jurídica que privaba entre las partes antes de la presentación de la demanda". De la trascripción realizada se advierte que el primer artículo hace referencia a la prescripción mercantil negativa, en la cual los plazos empezarán a contarse desde el día en que la acción pudo ser legalmente ejercitada en juicio. Del segundo precepto se obtiene que en ningún término se contarán los días en que no puedan tener lugar actuaciones judiciales, salvo los casos de excepción que se señalen por la ley. Enseguida dispone que la caducidad de la instancia operará de pleno derecho, y es de orden público, irrenunciable y no puede ser materia de convenios entre las partes, y que esa declaración podrá ser de oficio, o a petición de parte, cualquiera que sea el estado del juicio, desde el primer auto que se dicte en el mismo y hasta la citación para oír sentencia. En esos términos, si bien es cierto que del contenido de la resolución combatida se advierte que la responsable no realizó pronunciamiento relativo a esas manifestaciones del quejoso, lo cierto es que a nada práctico conduciría otorgar la protección de la Justicia Federal para que el juez de origen realice contestación al respecto, porque del contenido de los preceptos trascritos, se advierte que por tratarse de un incidente de prescripción negativa, no resulta aplicable el artículo 1076 del Código de Comercio, puesto que hace referencia a la caducidad y no a la prescripción. Aunado a que como se dijo, por tratarse de un incidente de prescripción negativa, el cómputo que debe tomarse en consideración es el previsto por el artículo 1040 del Código de Comercio, por ser el que establece la figura de prescripción mercantil negativa. En torno a la última parte de su segundo concepto de violación, en el sentido de que la demandada debió de hacer valer la prescripción de ejecución de la sentencia desde el momento en que estimaba procedía y no hasta que su representada trató de proceder a la ejecución de la sentencia, puesto que los actos realizados con posterioridad al vencimiento de ese supuesto plazo o término de prescripción podrían haber quedado firmes, virtud al principio de preclusión de los actos procesales previstos en el artículo 1078 del Código de Comercio, puesto que en todo incidente además de extemporáneo resultaba improcedente. Dicha parte del concepto de violación resulta inoperante por novedoso, puesto que ello no fue planteado ante el juez de origen en la contestación a la vista que se otorgó respecto al incidente de prescripción de la ejecución de sentencia; de ahí que este órgano de control constitucional no está en aptitud de entrar a su análisis. Época: Novena Época Registro: 191047 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Octubre de 2000 Materia(s): Común Tesis: XXII.1o. J/16 Página: 1116 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. Un concepto de violación es inoperante, cuando la cuestión que aborda no fue materia de la litis del juicio natural, pues no se hizo valer al contestar la demanda en vía de excepción y por lo mismo, no es dable analizar su procedencia en el juicio constitucional. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO. Amparo directo 113/96. Delfina Islas Baños. 28 de marzo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez-Mellado García. Secretario: Arturo Rafael Segura Madueño. Amparo directo 361/96. José Antonio Nieto Rodríguez y otros. 23 de mayo de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Julio César Vázquez-Mellado García. Secretario: Arturo Rafael Segura Madueño. Amparo directo 133/2000. Centro Social y Deportivo de Querétaro, S.A. de C.V. 6 de julio de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Germán Briseño Sáinz. Amparo directo 259/2000. Maquitec Internacional, S.A. de C.V. 17 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Germán Briseño Sáinz. Amparo directo 414/2000. Óscar César Mandujano Piña e Imelda Vega Pérez. 21 de septiembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Augusto Benito Hernández Torres. Secretario: Germán Briseño Sáinz. Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, abril de 1996, página 392, tesis VI.2o.39 C, de rubro: ´EXCEPCIONES NO OPUESTAS. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES´". En consecuencia, al haberse desestimado los conceptos de violación expuestos por la quejosa, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal a Hilaria Conejo Victoria. La negativa del amparo debe hacerse extensiva respecto de los actos de ejecución reclamados, al no ser en sí mismos violatorios de garantías. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Hilaria Conejo Victoria, por el acto, autoridades y razones contenidas en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Hilaria Conejo Victoria, en contra de los actos reclamados y autoridades señaladas como responsables en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy nueve de julio de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, once de abril de dos mil dieciocho. REMITEN CONSTANCIAS. Agréguense a los presentes autos los oficios de cuenta signados por los Secretarios adscritos a los Juzgados Segundo y Séptimo de Distrito en el Estado, ambos con sede en esta ciudad, a través de los cuales en cumplimiento a lo solicitado en auto de cuatro de abril de dos mil dieciocho remiten copia certificada de las constancias que les fueron requeridas. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; las documentales que los Secretarios de los Juzgado antes señalados remiten consistentes en copia certificada de los juicios de amparo V-1055/2017-2 y 982/2017, de su índice respectivamente, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.svm
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