Herminda Espinoza Albarrán
Expediente 73/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 73/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/03/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Herminda Espinoza Albarrán
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de marzo de dos mil diecinueve. VISTO ESTADO DE AUTOS; CAUSA ESTADO. Vista la certificación que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de veintiuno de febrero del año en curso, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por ********************, quien se ostentó defensora de la quejosa ********************; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectdesecos legales correspondientes. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el cuaderno de antecedentes de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ARTÍCULO 1/2009 En consideración a lo anterior y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, relacionado con el mismo, aunado a que el presente cuaderno de antecedentes de amparo no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve, se estima que el presente cuaderno de antecedentes de amparo, encuadra en la hipótesis contenida en el punto vigésimo primero, fracción I, del capítulo quinto del aludido acuerdo, por lo que se estima que el mismo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, ante Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.Dva
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE PROMOVENTE EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. SE RECIBE ESCRITO ACLARATORIO. Visto el escrito de cuenta, mediante el cual se pretende dar cumplimiento al requerimiento formulado en auto de trece de febrero actual, se provee lo siguiente. No resulta factible considerar solventado el requerimiento aludido supralíneas, debido a que, si bien en el escrito se asentó que la persona que lo firmó es quien fue señalada como quejosa directa en el presente juicio, es decir, Arminda y/o Herminda Espinoza Albarrán, la realidad es que no existe certeza de que fuera ella quien personalmente signó el ocurso de mérito, precisamente por esa razón se le requirió para que compareciera a ratificar el anterior escrito. Además, aun cuando en el ocurso referido se anotó que la peticionaria del amparo firmó con anterioridad múltiples documentos para que fueran presentados en su representación por sus familiares, lo cierto es que no se obtiene certeza respecto de cuáles fueron esos documentos, mucho menos cuál fue su contenido. Aún más, el hecho de que el escrito que se acuerda se encuentre fechado con el mismo día en que se notificó el último requerimiento; y que se haya indicado que la quejosa se encuentra detenida en Estados Unidos de América, provoca que no se tenga certeza que fuera dicha persona quien firmó el ocurso que se atiende, esencialmente porque fue presentado en la misma fecha de su notificación, a pesar de la distancia existente entre la residencia de este órgano de control constitucional y la supuesta ubicación de la solicitante del amparo. En ese tenor, en el diverso caso de que se llegara a considerar que la firma fue plasmada en forma autógrafa por la quejosa en fecha anterior, necesariamente tendría que establecerse también que ese documento fue firmado en blanco, esto es, sin que la amparista tuviera conocimiento de su contenido, dado que no podría haber sabido la prevención futura que este juzgado formularía, por tanto, tampoco podría estimarse que en realidad fuera su voluntad expresar lo manifestado en ese ocurso. Es así, porque se estima que de ningún modo podría haber intentado solventar el requerimiento realizado el trece de febrero actual, se insiste, en atención a que no pudo conocer su contenido sino hasta el veinte siguiente, en que le fue notificado. No es óbice, que en él se reiteró que actualmente la quejosa se encuentra detenida en Estados Unidos de América, a la espera de ser deportada a este país; empero, no existe ningún medio de prueba que acredite plenamente dicha circunstancia. Se establece lo anterior, porque si bien al libelo que se acuerda se adjuntaron diversas documentales, lo cierto es que no resulta posible otorgarles algún valor probatorio debido a que son meras copias simples. Se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "Tesis: VI. 2o. J/216 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 218041 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 58, Octubre de 1992 Página 55 Jurisprudencia (Común) COPIAS FOTOSTATICAS SIN CERTIFICAR, CARECEN DE VALOR. Las copias fotostáticas sin certificar resultan insuficientes para acreditar cuando menos en forma presuntiva el interés jurídico, ya que tales documentos carecen de valor legal alguno, por ser necesario que se encuentren autorizados por el funcionario respectivo. Amparo en revisión 204/88. Gilberto López Zamora. 13 de julio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Guillermo Báez Pérez. Amparo en revisión 114/91. Consuelo Rull Cruz. 19 de abril de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Guillermo Báez Pérez. Amparo directo 174/91. Murko, S.A., Almacenes Anfora. 3 de mayo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. Amparo en revisión 82/91. Joel Viveros Rodríguez. 5 de julio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo en revisión 286/92. Elodia Márquez Cabrera. 25 de agosto de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Tarcicio Obregón Lemus. Secretario: Guillermo Báez Pérez". Aunado a lo anterior, algunos de los documentos referidos, cuentan con contenido en idioma inglés; sin embargo, no se acompañó la traducción profesional correspondiente, de manera que tampoco se podría tener certeza respecto a su contenido. Entonces, por las relatadas circunstancias, se hace efectivo el apercibimiento enunciado en la actuación de trece de los corrientes, y se tiene por no presentado el ocurso que se atendió en la misma. SE TIENE POR NO PRESENTADA DEMANDA. Consecuentemente, dado que Alejandra Villegas Rodríguez tampoco acudió a ratificar la demanda, así como a indicar si tiene el carácter de defensora de la quejosa directa en la causa de origen, aunado a que de la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos, se obtiene que a la fecha ha fenecido el plazo de cinco días que se concedió a la parte promovente, para que cumpliera con la prevención formulada mediante acuerdo de treinta y uno de enero pasado, sin que lo hubiere hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído de mérito y con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Alejandra Villegas Rodríguez, quien se ostenta defensora de la quejosa Arminda y/o Herminda Espinoza Albarrán, contra actos de la Jueza Primero de Primera Instancia en Materia Penal de Zitácuaro, Michoacán, y otra autoridad. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en su oportunidad archívese el presente cuaderno de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza y da fe.Dva
- Principal
POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE PROMOVENTE EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, trece de febrero de dos mil diecinueve. SE RECIBE ESCRITO ACLARATORIO. Visto el escrito de cuenta aparentemente suscrito por la quejosa directa Arminda y/o Herminda Espinoza Albarrán, mediante el cual, pretende dar cumplimiento a la prevención formulada en auto de treinta y uno de enero pasado, sin embargo, resulta válido afirmar que dicho libelo es ineficaz para conseguir el fin propuesto. Para arribar a esa conclusión, conviene destacar que del aludido ocurso se desprende que la quejosa refiere estar detenida en el estado de Arizona, en Estados Unidos de América, sin que acredite tal situación; además, que en el segundo punto del escrito se asentó: "Que bajo protesta de decir verdad manifiesto que la Licenciada Alejandra Villegas Rodríguez he comparecido a dentro (sic) de la causa penal 146/2004 con fecha veinticuatro, veintisiete y veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho [.]", lo que genera incertidumbre respecto a quién firmó el referido escrito, es decir, si la quejosa Arminda y/o Herminda Espinoza Albarrán, o bien, si Alejandra Villegas Rodríguez, quien se ostenta defensora de la agraviada. Aunado a lo anterior, del escrito inicial de demanda, se desprende que Alejandra Villegas Rodríguez, no manifestó, bajo protesta de decir verdad, tener la calidad con la que se ostentó, al tenor del artículo 14 de la Ley de Amparo; pues únicamente lo adujo pero sin dicha protesta, por lo tanto, se acuerda lo siguiente. Requiérase a la quejosa Arminda y/o Herminda Espinoza Albarrán, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede debidamente notificada de este proveído, comparezca ante el personal de este juzgado en hora y día hábil, con identificación oficial para que manifieste si ratifica en todas y cada una de sus partes el escrito de cuenta y si reconoce como suya la firma que lo calza. En la inteligencia de que en caso de tener algún impedimento legal o material para ello, deberá presentarse entonces en este órgano jurisdiccional Alejandra Villegas Rodríguez, con identificación oficial, a fin de que manifieste, bajo protesta de decir verdad, si efectivamente ostenta el carácter de defensora de la quejosa directa en la causa penal 146/2004, de la estadística del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal de Zitácuaro, Michoacán. Una vez que se dé cumplimiento a lo anotado, se acordará lo conducente en cuanto al fondo del escrito de cuenta. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentado el ocurso con el que se da cuenta; y como consecuencia, por no presentada la demanda, con apoyo en el artículo 114 de la Ley de Amparo. Es pertinente hacer saber a la parte quejosa que, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda y aclaratorio afirmen hechos falsos u omitan los que les consten en relación con el acto reclamado, como los datos que se les solicitan con antelación, esa conducta se encuentra tipificada como delito por el artículo 261, fracciones I y II, de la Ley de Amparo. "Capítulo III Delitos Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. [.]" Se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido literal siguiente: "Tesis: 3a. 24 Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 207437 Tercera Sala Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989 Página 385 Jurisprudencia (Común) FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS, DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presente una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiendo al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictará el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas. Contradicción de tesis 9/88. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 8 de marzo de 1989. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: Julio César Vázquez Mellado G". El criterio jurisprudencial que aparece citado, se invoca aún y cuando hubiere sido integrado conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido del mismo, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que trata; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. En el entendido de que, en caso de ser ratificado el escrito de cuenta, este juzgado estará en aptitud de ordenar de oficio la práctica y desahogo de la prueba pericial en grafoscopía y caligrafía, a fin de verificar si la firma que calza el referido escrito corresponde a la firma de la quejosa directa, ello en atención a que constituye una práctica reiterada que los abogados o terceras personas signen los escritos falsificando la firma de los directos quejosos. Sirve de apoyo a los anterior, la jurisprudencia 2ª./J. 59/2017 (10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del texto y rubro siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2014436 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 09 de junio de 2017 10:15 h Materia(s): (Constitucional, Común) Tesis: 2a./J. 59/2017 (10a.) PERICIAL EN MATERIA DE CALIGRAFÍA Y GRAFOSCOPIA. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA ORDENAR OFICIOSAMENTE SU PRÁCTICA Y DESAHOGO, A FIN DE VERIFICAR LA AUTENTICIDAD DE LA FIRMA QUE CALZA LA DEMANDA DE AMPARO, RECONOCIDA POR QUIEN APARECE COMO PROMOVENTE EN ELLA, ÚNICAMENTE CUANDO ADVIERTA QUE LA FIRMA RATIFICADA Y LAS PLASMADAS DURANTE LA DILIGENCIA DE RATIFICACIÓN SON NOTORIAMENTE DIFERENTES. Únicamente en el caso referido, esto es, cuando aprecie una diferencia notoria entre la firma ratificada y las plasmadas durante la diligencia de ratificación, el Juez de Distrito estará facultado para ordenar oficiosamente la práctica y desahogo de una prueba pericial en materia de caligrafía y grafoscopia, a fin de corroborar su autenticidad pues, por un lado, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente e independiente de la actuación de las partes y, por otro, dicha pericial no sólo es un elemento probatorio admisible en el juicio, sino que resulta idóneo para comprobar la veracidad de la firma mencionada. Contradicción de tesis 338/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito y Primero en Materia Civil del Sexto Circuito. 19 de abril de 2017. Mayoría de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Eduardo Medina Mora I. Disidente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez". Es necesario hacerle del conocimiento a la promovente, que en términos de los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la ley de materia, facultan a este órgano jurisdiccional que en cualquier etapa del procedimiento de amparo se le debe dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos que podrían ser constitutivos de alguno de los delitos previstos en la Ley de Amparo, como podría ser el caso de que se conduzca con falsedad ante el presente juicio de amparo, y ratifique como suya una firma que no fue emitida de su puño y letra. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis derivada de la contradicción 204/2016, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "Tesis: P./J. 13/2017 (10a.) Semanario Judicial de la Federación Décima Época Número de identificación 2014917 Pleno Publicación: viernes 18 de agosto de 2017 10:26 h Ubicada en publicación semanal Contradicción de tesis (Jurisprudencia (Común)) VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Contradicción de tesis 204/2016. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto del Décimo Quinto Circuito y Tercero en Materia Civil del Primer Circuito. 9 de febrero de 2017. Unanimidad de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales. Ausente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: Luis Mauricio Rangel Argüelles". Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.Dva
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