Higinio Melgoza Clemente
Expediente 246/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 246/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/04/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Higinio Melgoza Clemente
- Sergio Melgoza Ventura
Actuaciones
- Principal
Vistos los presentes autos, y tomando en consideración que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del auto de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, por el que se desechó la demanda de amparo; por lo tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, hágase del conocimiento de la parte quejosa tal circunstancia.
- Principal
Notifico mediante lista a la parte quejosa, el contenido de la resolución de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, cuya síntesis dice: Vista, la demanda de amparo que promueve Higinio Melgoza Clemente y Sergio Melgoza Ventura, contra actos del Comisionado de Seguridad Pública y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 246/2017-VII. Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos fundamentales por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ... Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo, obedece a que los actos reclamados son los siguientes: Del Comisionado de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala, su intervención a través de los elementos de Policía Estatal en el área de vialidad, la actitud omisiva al dejar en libertad a sus presuntos agresores sin proceder en forma y vía legal y; Del Director de Seguridad Pública y Vialidad del municipio de Panotla, su falta de intervención en el lugar de los hechos. Al respecto, se actualiza la causa de improcedencia en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con numeral 77, ambos de la Ley de Amparo, aplicados en sentido contrario; como a continuación se expondrá. Los normativos invocados disponen: ... De la recta interpretación de las disposiciones legales transcritas se colige que el juicio de amparo será improcedente en los casos en que resulte alguna disposición de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora, como es sabido, el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones a los derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de esos derechos. De ese modo, siempre que exista un agravio personal y directo respecto a la parte quejosa, el efecto de la sentencia amparadora será restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación, cuando subsistiendo el acto reclamado sea jurídica y materialmente posible, por lo que, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia, la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. Por ende, la causa de improcedencia en estudio se actualiza cuando exista imposibilidad jurídica para que la sentencia de amparo produzca efectos restitutorios de los derechos fundamentales que la parte quejosa estima violados en su perjuicio. Pues bien, en el caso particular el impetrante de garantías señala, esencialmente, como acto reclamado la actitud omisiva al dejar en libertad a sus presuntos agresores sin proceder en forma y vía legal y la falta de intervención en el lugar de los hechos, donde resultaron agredidos los aquí quejosos; por ende, resulta indudable que lo que los demandantes del amparo pretenden es que se realice una investigación de índole penal para acreditar una conducta delictiva cometida en su agravio; empero, la sentencia que pudiera emitirse en el juicio de amparo en modo alguno podría tener esos efectos. Lo anterior es así, pues en principio se debe reiterar que el juicio de amparo es un medio de defensa procesal constitucional, el cual tiene por objeto proteger los derechos fundamentales y garantías individuales establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los Tratados Internacionales de los que México sea parte, cuando éstos son violados por normas generales, actos de autoridad o de particulares señalados en la ley. El juicio de amparo se basa en la idea de limitación del poder de las autoridades gubernamentales, y más recientemente de los particulares cuando sus actos se equiparen a los de la autoridad, protegiendo así los derechos humanos, garantizando, por ende, la libertad de éstas frente al actuar arbitrario. Bajo ese contexto, el juicio constitucional no tiene como objeto o finalidad realizar investigaciones de índole penal para indagar hechos posiblemente delictuosos contra los quejosos. Por ende, si en el caso: Los quejosos promueven demanda de amparo para efecto de denunciar la actitud omisiva al dejar en libertad a sus presuntos agresores sin proceder en forma y vía legal y la falta de intervención en el lugar de los hechos, donde resultaron agredidos los aquí quejosos. En consecuencia, se colige que atendiendo a la naturaleza de la acción que intentan los quejosos en el presente juicio de amparo, se está frente a un acto cuya competencia no corresponde a este órgano de control constitucional, pues la acción se apareja a la de solicitar una especie de investigación de índole penal para acreditar un delito. Aun cuando los quejosos en esta instancia acreditaran los actos que refieren, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales que se estiman violados. Lo anterior tomando en consideración que si la naturaleza del acto reclamado es de carácter positivo, el efecto del amparo, en caso de resultar fundado algún concepto de violación, en términos de lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, sería restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación cometida, dejando insubsistente el acto reclamado, o si el acto fuera negativa u omisivo, sería obligar a la autoridad a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija; sin embargo, en el caso a estudio, no es posible concretar en favor de la parte quejosa los efectos de la protección federal en los términos del citado precepto; toda vez que esta instancia, no es la vía idónea para que se investiguen conductas que puedan constituir delito. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 77, ambos de la Ley de Amparo, aplicados en sentido contrario, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 del mismo ordenamiento, PROCEDE DESECHAR LA DEMANDA promovido por los quejosos.
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