Higinio Melgoza Clemente

Expediente 736/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
736/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
29/06/2022

Partes del expediente

  • Higinio Melgoza Clemente

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado auto de no presentada demanda de amparo. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de os cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de quince de junio de dos mil veintidós, en el que se tiene por desechada la demanda de amparo promovida por Higinio Melgoza Clemente; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se ordena archivo y destrucción. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo. Por otra parte, una vez cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a dieciséis de junio de dos mil veintidós. Estado de autos. Vistos los registros que integran el presente expediente, se advierte que en auto de desechamiento de quince de junio de dos mil veintidós se tuvo al quejoso manifestado como medio de comunicación con éste Juzgado un correo electrónico, mismo que es tomado en cuenta para una comunicación no procesal dentro del presente expediente. Por lo anterior, y toda vez que no fue proporcionado un domicilio para ser emplazado, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifíquesele a se ordena notificar al quejoso Higinio Melgoza Clemente por medio de lista que se fija en los estrados de este Órgano Jurisdiccional el proveído de quince de junio de dos mil veintidós, así como las subsecuentes notificaciones, aún aquellas que sean de carácter personal. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretario que autoriza y da fe. Apizaco, Tlaxcala, a quince de junio de dos mil veintidós. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Higinio Melgoza Clemente por propio derecho. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 736/2022-III. Cuestión previa. Del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que la quejosa señala como acto reclamado el siguiente: La resolución definitiva dictada, respecto del trámite del incidente de ejecución de laudo, promovido por el hoy quejoso, dentro del expediente administrativo 02/2022-C del índice de la Segunda Ponencia del Tribunal Administrativo del Estado de Tlaxcala, el que declara improcedente el incidente de ejecución de laudo. Desechamiento. Ahora, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado marcado en el inciso a), procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. Acto consentido. En el caso, se advierte de oficio, la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el numeral 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, en virtud de que operó el consentimiento tácito del acto reclamado al presentar la demanda fuera de los plazos establecidos para ello. A efecto de demostrar lo anterior, es indispensable mencionar que dicha causal establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. En relación a dichos plazos, los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, disponen que el plazo genérico para presentar la demanda es de quince días, computados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto que reclama, o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del mismo o de su ejecución. Como excepciones a este término, se encuentran los siguientes supuestos: Normas generales autoaplicativas y el procedimiento de extradición, en donde el plazo será de treinta días, computados a partir de su entrada en vigor. Sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión, supuesto en que el amparo podrá promoverse en el lapso de hasta ocho años. Actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, cuando el plazo será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en donde la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo. Así, tomando en cuenta que el acto sobre el que se analiza la causal de improcedencia en estudio no se sitúa en alguna de las hipótesis de excepción descritas en el arábigo 17 de la Ley de Amparo, es claro que respecto al mismo aplica la regla genérica de quince días para presentar la demanda constitucional, contados a partir del día siguiente al en que haya surtido sus efectos la notificación, conforme a la ley del acto, haya tenido conocimiento o se haya ostentado sabedor de la resolución que constituye el acto reclamado. En ese sentido, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo, tenemos que el plazo genérico para presentar la demanda se computa según en la hipótesis en que se ubique, esto es: Desde el día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa del acto que reclama. A partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento. Al día siguiente en que la parte quejosa se ostente sabedora de dicho acto o de su ejecución. Además, precisa que en caso de que se reclame una norma general autoaplicativa, el plazo se computará a partir del día de su entrada en vigor. Ahora bien, de una recta interpretación del último de los preceptos citados, se desprende que los supuestos son excluyentes entre sí, y no guardan orden de prelación alguno; por tanto, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el término para la promoción del juicio de amparo se compute a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de aquéllos. Entonces, tenemos que la diferencia para que se actualice la primera hipótesis relatada, es que la autoridad ante quien se sigue determinado procedimiento haya notificado a la quejosa el acuerdo que reclama, de esa manera el plazo para la promoción del juicio biistancial iniciará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación; en cambio, en los diversos supuestos, se requiere de la obtención del conocimiento fortuito de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos. Ahora bien, de las manifestaciones vertidas por el propio promovente "bajo protesta de decir verdad", se advierte que se le notificó la resolución que constituye el acto reclamado el trece de mayo del año actual, por tanto, conforme a la ley de la materia, surte efectos el día siguiente hábil, dieciséis del mismo mes y año, entonces el término para presentar su demanda de amparo inició el diecisiete de mayo y concluyó el seis de junio del año que transcurre, sin contar los días inhábiles; de tal manera, al haberse presentado el escrito de demanda hasta el catorce de junio del año que transcurre, es evidente que la misma es extemporánea, como se observa de la siguiente tabla: Mayo 2022 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 Inhábil 2 3 4 5 6 7 Inhábil 8Inhábil 9 10 11 12 13 Notificación del acto 14Inhábil 15Inhábil 16Surte efectos la notificación 17Primer día 18Segundo día 19Tercer día 20 Cuarto día 21Inhábil 22Inhábil 23Quinto día 24 Sexto día 25 Séptimo día 26 Octavo día 27 Noveno día 28Inhábil 29 Inhábil Junio 2022 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 Décimo segundo día 2 Décimo tercer día 3 Décimo cuarto día 4 Inhábil 5Inhábil 6 Décimo quinto día (último día) 7 8 9 10 11 12 13 14 Presentación de la demanda En mérito de lo expuesto, la parte quejosa consintió de manera tácita dicho acto, toda vez que no promovió el juicio de amparo dentro del término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que el acto reclamado encuadre en las excepciones que prevé el mismo numeral. Al caso, resulta aplicable la tesis VI.2o. J/21, del Segundo Tribunal Colegiado Del Sexto Circuito, que se trascribe: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". En tales condiciones, resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XIV, en relación con los diversos numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo, respecto del acto reclamado consistente en la resolución dictada en el incidente de ejecución de laudo, promovido por Higinio Melgoza Clemente, dentro del expediente administrativo 02/2022-C, del índice del Tribunal Administrativo del Estado de Tlaxcala, que lo declara improcedente. No es último acto en ejecución de sentencia. A mayor abundamiento, este juzgado considera que en el presente asunto también se actualiza en forma indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, a contrario sensu, de la Ley de la materia, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución". De los numerales transcritos se desprende que el juicio de amparo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo en ese momento reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Es corolario de lo anterior, que el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el transcrito numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece dos hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, después de concluido el juicio de origen, en los términos siguientes: 1) Actos que gozan de autonomía en relación con la ejecución de sentencia; esto es, actos que no tienen como finalidad directa e inmediata cumplimentar la sentencia o laudo dictados en el juicio natural, por lo que pueden ser impugnados de manera inmediata (previo cumplimiento del principio de definitividad que rige en el juicio de amparo); y, La hipótesis vertida encuentran sustento, por identidad jurídica, en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, Tomo XXXIII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a Mayo de 2011, que prevé: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EN CONTRA DE LA INTERLOCUTORIA FIRME QUE DESESTIMA LAS EXCEPCIONES SUSTANCIALES Y PERENTORIAS, ASÍ COMO LAS DEFENSAS U OTROS ACTOS QUE TIENDAN A DETENER O INTERRUMPIR LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DE MANERA INMEDIATA, YA QUE RESULTAN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se desprenden dos hipótesis de procedencia del amparo contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, a saber: a) actos que gozan de autonomía con relación a dicha ejecución y, b) actos en ejecución de sentencia. Por lo que hace a la primera clase de actos, debe precisarse que son aquellos que cuentan con autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, por tanto, dichos actos pueden ser impugnados de manera inmediata. Respecto de la segunda clase, el amparo indirecto procede, por regla general, contra la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que prueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento), en donde también se pueden impugnar aquellas violaciones procesales sufridas durante el procedimiento de ejecución". Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, el día cuatro de mayo de dos mil diez, emitió la tesis jurisprudencial de rubro siguiente: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE.". Como punto toral del criterio antes señalado, el Tribunal Pleno estableció que la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo debe interpretarse a la luz de la fracción IV del mismo numeral dado que este último contempla un supuesto de aplicación más amplio y más protector y, por lo tanto, los supuestos normativos de la primera fracción referida se subsumen dentro de la segunda fracción citada, entendiéndose la procedencia excepcional del juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia siempre y cuando se afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, sea éste el ejecutante o el ejecutado. Ahora bien, en atención al criterio antes señalado, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la interlocutoria que desestima de manera firme una excepción sustancial y perentoria, alguna defensa u otro acto que tienda a detener o interrumpir la ejecución de la sentencia, como puede ser la excepción de pago o la de prescripción del derecho de pedir la ejecución, o bien, otro acto como un convenio de ejecución entre las partes, es impugnable de forma inmediata a través del juicio de amparo indirecto sin que tenga que hacerse valer como una violación procesal en la demanda de garantías que se intente contra la última resolución del procedimiento respectivo, ya que éstos resultan actos de imposible reparación". De igual forma, el artículo 107, fracción V, transcrito con antelación, se advierte claramente que la Ley de Amparo no contempla la procedencia del juicio de amparo respecto de violaciones procesales predominantes o en grado superior, o exorbitantes, sino que, de manera específica, acota esa procedencia contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; entendiéndose por ellos, únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. En el caso, respecto de la resolución dictada en el Incidente de Ejecución de Laudo, derivado del expediente Administrativo 02/2022-C, del índice del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, Segunda Sala, no se informa con fundamento en qué, fue la negativa de la admisión referida, en el cual se determinó de improcedente, se aprecia que no constituye la última resolución dictada en el procedimiento. Por tanto, se actualiza la hipótesis de procedencia del juicio de amparo respecto de los actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia o laudo, ya que prevé que sólo procede contra la última resolución dictada en esa etapa procesal; entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, la que lo da por concluido, o en su caso, la que ordena el archivo definitivo del expediente; pudiendo en ese momento reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. De ahí que se asevere que el juicio de amparo indirecto promovido contra el acto reclamado resulta improcedente. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida contra la no se admitió el incidente de ejecución de laudo, derivado del expediente administrativo 02/2022, del índice del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, Segunda Ponencia. Comunicación no procesal. Se tiene a la parte quejosa señalando como medio de comunicación correo electrónico, en consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con el fin de resguardar la salud e integridad de todos, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, aprobado en sesión extraordinaria de veintiocho de julio de dos mil veinte, téngasele señalando correo electrónico, a fin de entablar comunicación no procesal dentro del presente juicio de amparo. Autorizados. Se tiene únicamente para oír y recibir notificaciones a Ada Alejandra Hernández Flores, Tania Velázquez Martten, José Arturo Herrera Lima y Víctor Rodríguez Flores, por no contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales federales. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. De las notificaciones a las autoridades responsable. Se hace saber a la (s) autoridad (es) responsable (s) y a aquélla (s) que tenga (n) el carácter de tercero (s) interesadas (s), que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se le (s) ordene (n) realizar en este expediente, será (n) por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se le (s) notificará (n) por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2ª. /J.176/2012 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo II, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretario que autoriza y da fe.

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