HERVE GUDALUPE CETINA MARRUFO y Otros.
Expediente 544/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 544/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 27/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Herve Gudalupe Cetina Marrufo
- Bertha Elide Centeno Uh
- HERVE GUDALUPE CETINA MARRUFO y Otros.
- Jose Maria Peña Y Perez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, por medio del cual, acusa recibo del diverso oficio, con el que se remitió vía interconexión el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa, contra la sentencia de treinta de mayo de dos mil veintitrés; asimismo, comunica que dicho recurso se registró bajo el número 419/2023, así como que se admitió a trámite el mismo. De lo anterior este juzgado toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.fpr
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el escrito de Johnny Mauricio Pavía Euan, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual, por las razones que expone, exhibe el escrito original, con sello de acuse de la Oficialía de Partes de este Juzgado y firma autógrafa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y formula agravios. Visto el estado procesal de autos, y dado que en proveído de siete de los corrientes, se dio trámite al citado medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa; en tal virtud, una vez que se encuentre integrado, remítase el escrito de referencia, junto con el oficio correspondiente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimocuarto Circuito en turno, para la substanciación del mismo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
Mérida, Yucatán, siete de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el escrito de ********************, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y formula agravios. Por ende, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo; distribúyanse las copias del referido medio de impugnación entre las partes. En tal virtud, con apoyo en el esquema de trabajo a que se refiere el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, y toda vez que la actuación electrónica es el eje rector en la tramitación de expedientes en todas las materias e instancias, una vez notificada a las partes la interposición del recurso de referencia, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimocuarto Circuito en turno, el escrito de interposición del mismo, así como con el que expresa sus agravios, y copia de éste que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación. Asimismo, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal al que corresponda el conocimiento del asunto, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente a fin de acreditar la legalidad del acto impugnado. Lo anterior, máxime que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y 3º, fracción III del Acuerdo General 12/2020 del propio Pleno que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente únicamente consta en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. Hágase del conocimiento del Analista Jurídico encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal de Alzada se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico. Sin que se soslaye el hecho de que el escrito de mérito no cuenta con firma autógrafa; sin embargo, del sello de acuse de Oficialía de Partes de este Juzgado, que obra puesto en el mismo, no se advierte que se haya asentado dicha situación, siendo que de conformidad con el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, en los casos en que una promoción se reciba sin firma autógrafa debe asentarse en el acuse respectivo, y dado que en el caso no fue así, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia de tesis 2a./J. 32/2011 (10a.), con registro digital 2000130, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, página 3632, que en su rubro y texto dice: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA. Con fundamento en el artículo 3o. de la Ley de Amparo es dable presumir que, por regla general, todas las promociones recibidas en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales, dentro del juicio de amparo, se presentaron en original y con firma autógrafa, al ser éste un requisito esencial necesario para acreditar tanto la voluntad del suscriptor para realizar el acto procesal correspondiente, como la autenticidad del documento y, en consecuencia, lograr la eficacia prevista en la ley. Por otra parte, en términos del Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, los servidores públicos que colaboran en las oficialías de partes de los órganos jurisdiccionales cuentan, entre otras facultades, con la de denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, lo que les obliga a revisar, entre otros elementos, si fueron recibidas en original y con firma autógrafa y, a fin de respetar las garantías de legalidad y certeza, deben relacionar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente. Por tanto, si al recibir una promoción dentro del juicio de amparo no anotan, en la razón o acuse correspondiente, que se presentó sin firma autógrafa del promovente, es válido presumir que se exhibió en original y con la signatura referida." NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.
- Principal
En Mérida, Yucatán, a las diez horas con treinta y tres minutos del treinta de mayo de dos mil veintitrés día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo 544/2023-VIII, promovido por Herve Guadalupe Cetina Marrufo, José María Peña y Pérez y Bertha Elidé Centeno Uh, representantes del Ejido del Telchac Puerto, en su carácter de Presidente, Secretario, y Tesorero, respectivamente, estando presente la licenciada Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe, la Jueza declara abierta la audiencia y se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. El Secretario de Juzgado hace relación de la demanda, constancias de autos e informe justificado rendido por la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, el cual obra agregado en los presentes autos. Seguidamente la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendido en tiempo y forma el informe de ley de la autoridad responsable para ser tomado en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales exhibidas por la parte quejosa con su escrito de demanda y las remitidas por la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán que adjuntó a su informe justificado. En mérito de lo anterior, la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas relacionadas, por lo que se tienen por desahogadas en virtud de su naturaleza jurídica y se tomarán en cuenta al resolver, con lo cual, se cierra dicha etapa. Abierto el período de alegatos, se hace constar que la Agente del Ministerio Público adscrita a este Juzgado no presento pedimento alguno y doy cuenta con el registro de Oficialía de Partes 7901, correspondiente al escrito signado por Johnny Mauricio Pavía Euan, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual formula alegatos; por lo que, la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por la parte quejosa, y en atención sus manifestaciones, ténganse por formulados sus alegatos; por otro lado, téngase por perdido el derecho de la representante social para presentar pedimento. A continuación, no habiendo diligencias pendientes por desahogar, la Jueza declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución. Visto, para resolver el presente juicio de amparo número 544/2023-VIII promovido por Herve Guadalupe Cetina Marrufo, José María Peña y Pérez y Bertha Elidé Centeno Uh, representantes del Ejido del Telchac Puerto, en su carácter de Presidente, Secretario, y Tesorero, respectivamente, contra los actos que reclaman de la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. La demanda de amparo fue presentada el treinta de marzo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Tercero de Distrito, en la que Herve Guadalupe Cetina Marrufo, José María Peña y Pérez y Bertha Elidé Centeno Uh, representantes del Ejido del Telchac Puerto, en su carácter de Presidente, Secretario, y Tesorero, respectivamente, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamaron de la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán. SEGUNDO. TRAMITE DEL JUICIO. En auto de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó dar a la representante social de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le compete; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, todo lo cual se hizo en sus términos; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo este día, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, primer párrafo, 61 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número y jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el 8/2013 del propio Pleno del Consejo citado, por reclamarse en el presente asunto un acto y omisión atribuidos a autoridad en materia agraria, que tiene ejecución en esta entidad federativa, donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de determinar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal; acorde con la tesis de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Por tanto, de una revisión integral de la demanda de amparo se aprecia que la parte quejosa reclama lo siguiente: La respuesta contenida en el oficio RAN/YUC/SR/949/2023, de veinte de febrero de dos mil veintitrés, a la petición con folio 002984 formulada por la parte quejosa por escrito de ocho de noviembre de dos mil veintidós. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad señalada como responsable Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, al rendir su informe con justificación negó la existencia del acto reclamado, manifestando que la respuesta contenida en el oficio RAN/YUC/SR/949/2023, se emitió en congruencia con lo solicitando por la parte quejosa. Lo anterior, denota por sí mismo la existencia del acto, pues aunque se negó, se hacen manifestaciones que evidencian su certeza, puesto que la propia responsable admite la emisión del oficio reclamado, pero defiende su legalidad, lo que en todo caso ya es materia de fondo; además, la revisión de las constancias que remite la responsable, las cuales, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones, se aprecia el oficio RAN/YUC/SR/949/2023, de veinte de febrero de dos mil veintitrés, en la que dio contestación a la petición con folio 002984 formulada por la parte quejosa por escrito de ocho de noviembre de dos mil veintidós. En virtud de lo anterior, se tiene por cierto el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Julio de 1994, de la Octava Época, con número de registro 211004, visible a página 391, con el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo deben ser analizadas en forma previa, por tratarse de una cuestión de orden público en el juicio constitucional, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 814, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, este órgano de control constitucional no advierte que se haya actualizado alguna de las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, así como tampoco se advierte que las partes haya hecho valer alguna de la referidas causales. Por lo que al no existir causa alguna que haga improcedente el presente juicio de amparo, se procederá realizar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, los que se tienen aquí por reproducidos, sin que sea necesario transcribirlos, en virtud de que la Ley de Amparo no lo exige así, lo que se efectúa con apoyo en la jurisprudencia 2ª./J. 58/2010. QUINTO. ESTUDIO DE FONDO. Antecedentes. La parte quejosa señala que el ocho de noviembre de dos mil veintidós, solicitó a la Delegación Yucatán del Registro Agrario Nacional, información respecto al estado que guardan todas las actas de asamblea del Ejido que han sido presentadas y están en trámite de inscripción, al que se le asignó el oficio 02984. Que el veinte de febrero de dos mil veintitrés, mediante el oficio RAN/YUC/SR/949/2023, entregado el dos de marzo del propio año, la Encargada del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional, pretendió dar respuesta a la solicitud, pero sólo hizo referencia en forma genérica al procedimiento a seguir para obtener la constancia, previo pago de $160.00 (ciento sesenta pesos 00/100 moneda nacional) por cada asamblea que obre inscrita en esa Delegación del Registro Agrario Nacional. Conceptos de violación. La parte quejosa señala que la respuesta es incongruente, toda vez que para ejercer el derecho de solicitar constancias o copias certificadas de las actas de asamblea es que se solicita información de aquellas actas que se encuentren inscritas, así como aquellas que se encuentren en trámite de inscripción; pero la autoridad es omisa en proporcionar la información solicitada. Agrega que la página electrónica oficial del Registro Agrario Nacional, llamada "PHINA" sólo refiere información incompleta, pues registra la asamblea de "procede" de veintidós de mayo de mil novecientos noventa y cinco, y dos asambleas de cambio de destino de uno de marzo de mil novecientos ochenta y ocho, y dos de abril de dos mil seis, pero que existen otras asambleas que ignoran la fecha de su celebración, como los acuerdos tomados; de ahí la necesidad de que se les proporcione la información solicitada. Los conceptos de violación son infundados. El derecho humano que reconoce el artículo 8º de la Constitución Federal, es conocido con el nombre de derecho de petición, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." La existencia de este derecho fundamental es la consecuencia de una exigencia jurídica y social en un régimen de legalidad. Así es, sociológica e históricamente el derecho de petición se revela como la exclusión o negación de la llamada vindicta privada, en cuyo régimen a cada cual le era dable hacerse justicia por su propia mano. La potestad jurídica de petición, cuyo titular es el gobernado en general, es decir, toda persona moral o física que tenga este carácter se deriva como derecho subjetivo público individual de la garantía respectiva consagrada en el numeral aludido. En esa virtud, la persona tiene la facultad de acudir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud o instancia escrita de cualquier índole, la cual adopta, específicamente, el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso, etc., de suerte que el estado y las autoridades (funcionarios y empleados), en razón a la relación jurídica consignada en el numeral citado, tienen como obligación ya no un deber de carácter negativo o abstención como en las anteriores garantías, sino la ejecución o cumplimiento positivo de un hacer, consistente en dictar un acuerdo escrito a la solicitud que la persona eleve. Dicho acuerdo no es sino el parecer que emite el órgano estatal sobre la petición formulada, sin que ello implique que necesariamente deba resolver de conformidad con los términos de la solicitud, sino basta con que sea congruente con dicha instancia. Por tanto, una autoridad cumple con la obligación que le impone el mencionado precepto, al dictar un acuerdo expresando por escrito, respecto de la solicitud que se le haya elevado, independientemente del sentido y términos en que esté concebido, y además, que lo haga del conocimiento del solicitante; pero no solamente debe pronunciar dicho acuerdo y notificar su contenido, sino que la respuesta debe ser congruente con lo solicitado. Ciertamente, de la redacción del referido numeral 8º de la Constitución Federal, se desprende que para dar debido cumplimiento a lo preceptuado en el mismo debe reunirse los siguientes requisitos formales: a) A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido. b) Que la respuesta sea congruente con la petición planteada. c) Hacerlo conocer en breve término al peticionario. Sirve de apoyo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 205-216, tercera parte, que dice: PETICIÓN, DERECHO DE. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD COMUNICAR AL INTERESADO, EN BREVE TERMINO, TANTO LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA COMO, EN SU CASO, LOS TRAMITES RELATIVOS A SU PETICIÓN. Las garantías del artículo 8o. constitucional tienden a asegurar un proveído sobre lo que se pide; impone a las autoridades la obligación de dictar a toda petición hecha por escrito, esté bien o mal formulada, un acuerdo, también por escrito, que debe hacerse saber en breve término al peticionario. Se viola la garantía que consagra el artículo 8o. constitucional cuando no se comunica por escrito algún acuerdo recaído a la solicitud; y la sola negativa de los actos reclamados por la autoridad responsable, tratándose de la violación al artículo 8o. constitucional, fundada en que se dio respuesta a la solicitud formulada por el gobernado, no es bastante para tenerla por cierta, en virtud de que, dada la naturaleza propia de los actos reclamados, habiendo reconocido la autoridad que se le formuló la solicitud por escrito, corresponde a la propia autoridad demostrar el hecho positivo de que sí hubo la resolución respectiva y de que se hizo del conocimiento del peticionario. Por último, el artículo 8o. constitucional se refiere, no sólo al derecho que los gobernados tienen para que se les haga conocer la resolución definitiva que pone fin a su petición, sino también a los trámites que se vayan cumpliendo en los casos en que la ley requiera la sustanciación de un procedimiento, imponiendo a las autoridades la obligación de hacer saber en breve término a los interesados todos y cada uno de los trámites relativos a sus peticiones. Partiendo de las anteriores premisas y de las constancias que integran el presente juicio de amparo, las que tienen valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se advierte que en el informe justificado rendido por la encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional, Delegación Yucatán, negó el acto, pues señaló que dio respuesta congruente y completa por escrito a los peticionarios, ahora quejosos, mediante el oficio RAN/YUC/SR/949/2023 de veinte de febrero de dos mil veintitrés. Ahora, a fin de determinar si la autoridad responsable cumplió con la obligación que le impone el artículo 8 Constitucional, bajo las condiciones apuntadas, es decir; a) emitir un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido; b) de manera congruente con la petición planteada; y c) Hacerlo conocer en breve término al peticionario; es necesario tener en cuenta que en la petición de ocho de noviembre de dos mil veintidós, la parte quejosa solicitó lo siguiente: 1. Me informe respecto al número de asambleas que se han presentado desde la formación del ejido Telchac Puerto y hasta la fecha fecha; así como las fechas en que se celebraron las asambleas. 2. Me informe respecto al número de asambleas que se han calificado desde la formación del ejido Telchac, Puerto y hasta la presente fecha; así como las fechas en que se celebraron asambleas. 3. Me informe respecto al número de asambleas que están pendientes de calificarse desde la formación del ejido Telchac Puerto y hasta la presente fecha; así como las fechas en que se celebraron asambleas. Por su parte, el oficio RAN/YUC/SR/949/2023 de veinte de febrero de dos mil veintitrés, que se emitió en respuesta la petición de los quejosos, se señala lo siguiente: 1. Se le hace saber al peticionario que los artículos 151 de la Ley Agraria y primer párrafo del artículo 89 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, establecen que este Órgano Desconcentrado será público y que cualquier persona podrá obtener información sobre sus asientos e inscripciones y obtener a su costa las copias que se soliciten o las constancias que las acrediten. 2. En congruencia con lo anterior, se hace de su conocimiento que a través del trámite SEDATU-04-051, cualquier persona podrá solicitar, previo pago de derechos, que el Registrador Integral, en ejercicio de la fe pública registral, emita constancias de inscripción de los derechos que derivan de actos y documentos inscritos en el Registro Agrario Nacional, relativos a la propiedad ejidal y cualquier otro que obre inscrito en los asientos registrales de este órgano desconcentrado. 3. Por lo tanto, las constancias de información respecto de las Actas de Asamblea del ejido Telchac, Puerto, municipio del mismo nombre, estado de Yucatán que obren inscritas ante esta Delegación, deberán ser solicitadas a través del trámite SEDATU-04-051 antes mencionados, cuyos requisitos y procedimiento se encuentran disponibles en el enlace electrónico https://catalogonacional.gob.mx/FichaTramite?traHomoclave=SEDATU-04-051, y el cual genera un pago de derechos de $160.00 (son: ciento sesenta pesos sin centavos, moneda nacional) por asiento registral (específicamente por cada Asamblea), de conformidad con lo dispuesto en el Anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2022, publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 27 de diciembre de 2021, en relación con el artículo 187, inciso d, fracción I, de la Ley Federal de Derechos. Ahora bien, de una confrontación entre la solicitud de la parte quejosa y la respuesta contenida en el oficio RAN/YUC/SR/949/2023 de veinte de febrero de dos mil veintitrés, se aprecia que la autoridad responsable cumplió con la obligación que le impone el artículo 8 Constitucional, pues observó los requisitos formales necesarios para tal efecto. Es así, pues en principio, a la solicitud de la parte quejosa recayó un acuerdo escrito, toda vez que se emitió el oficio RAN/YUC/SR/949/2023 de veinte de febrero de dos mil veintitrés. Por otro lado, contrario a lo expresado por la parte quejosa, la respuesta sí fue congruente con lo pedido, entendido el término congruencia como la coherencia, o relación lógica entre los pronunciamientos de un fallo o decisión y las pretensiones de las partes formuladas en el juicio. A mayor abundamiento, la exigencia de congruencia se satisface con la emisión de argumentos coherentes entre sí y con lo solicitado, siempre que sea racional, mediante la exposición clara y directa de las razones de hecho y de derecho del porqué sí o no es posible jurídicamente acceder a lo peticionado, siempre que no evidencie evasiva o renuencia a otorgar lo pedido. En el particular, ya se vio que se solicitó información sobre el número y fechas de las asambleas que se han presentado desde la formación del ejido Telchac Puerto, cuáles se han calificado y las que están pendiente de calificarse; y la autoridad al responder indicó que para obtener información de las constancias de inscripción de los derechos que derivan de actos y documentos inscritos en el Registro Agrario Nacional, es necesario realizar el trámite SEDATU-04-051, cuyos requisitos y procedimiento se encuentran disponibles en una liga que le proporcionó, así como deben pagarse los derechos correspondientes por asiento registral (específicamente por cada Asamblea) citando para ello el fundamento legal. De lo anterior, se colige que la respuesta es congruente con lo solicitado. Es así, porque, por un lado, el oficio RAN/YUC/SR/949/2023 de veinte de febrero de dos mil veintitrés, no contiene afirmaciones contradictorias entre sí, sino que en todo momento refiere que para obtener la información pedida se debe realizar el trámite SEDATU-04-051, en el que se deben cumplir requisitos y pago derechos; y, por otro, es coherente con lo peticionado al dirigirse a la pretensión efectuada, pues esencialmente la parte quejosa pretendía obtener información y la autoridad le indicó la vía para hacerlo, además, es racional, porque informa o le proporciona al peticionario la liga o vía de acceso para la realización del trámite respectivo para obtener información, así como le indica que debe pagar derechos para obtener esa información, lo que sustenta, además, en las disposiciones legales, como son, los artículos 151 de la Ley Agraria, primer párrafo del artículo 89 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, y lo establecido en el Anexo 19 de la Resolución Miscelánea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación en fecha 27 de diciembre de 2021, en relación con el artículo 187, inciso d, fracción I, de la Ley Federal de Derechos. Siendo que precisamente, el primero de dichos preceptos, si bien establece que el Registro Agrario Nacional será público y cualquier persona podrá obtener información sobre sus asientos e inscripciones y obtener las copias que solicite, también señala que éstas serán a su costa. De igual forma, el numeral 89 del Reglamento citado, dispone que dicho Registro Agrario, podrá expedir copias certificadas de los documentos, previo pago de los derechos correspondientes. En ese tenor, si la parte quejosa solicitó información sobre asambleas del Ejido Telchac y para obtener ese tipo de datos existe un trámite establecido SEDATU-04-051, y la propia ley dispone que deben pagarse derechos para ello, entonces es claro que para obtener la información sobre sus asientos e inscripciones y las copias que solicite a costa del interesado, debe hacerse un pago de derechos previo a obtener la información; y dado que precisamente la autoridad le indicó en su respuesta a la parte quejosa, la liga de internet para realizar el trámite y que debe pagar previamente los derechos correspondientes, se estima que su respuesta es congruente, pues aunque no le proporcionó la información que pidió, es porque existe una imposibilidad jurídica que se encuentra debidamente sustentada en la ley, pues ésta prevé el pago de los derechos, pero lo cierto es que sí le dio respuesta coherente a su petición, pues le indicó la vía y forma para obtenerla. Además, la autoridad proporcionó en su respuesta la suficiente información para que éste pueda conocer cómo obtener los datos que requiera, fundado y sustentando su respuesta en la ley, lo que le permitió plenamente conocer su sentido y en este caso, inconformarse a través del presente juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente y por analogía, la Jurisprudencia del Pleno del Decimoquinto Circuito, Registro digital: 2024038, Undécima Época, que señala: "DERECHO DE PETICIÓN. FORMA EN QUE SE CUMPLE CON LA EXIGENCIA DE RESPUESTA CONGRUENTE Y COMPLETA A LA SOLICITUD DE PENSIÓN DE UN TRABAJADOR. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios contradictorios al determinar, uno de ellos, que cuando se concede el amparo por violación al derecho de petición, para el efecto de que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI) emita una respuesta congruente y completa a una solicitud de pensión, la negativa a continuar con el trámite ante la falta de un requisito, torna incongruente la respuesta por sustentarla en motivos que no se desprenden de los preceptos legales que se invocaron, mientras que el otro sostuvo que era suficiente la coherencia de lo contestado en relación con la petición para satisfacer esa exigencia, sin posibilidad de analizar la legalidad de lo expresado. Criterio jurídico: El Pleno del Decimoquinto Circuito establece que cuando se concede el amparo por violación al derecho de petición, vinculando a la autoridad a emitir una respuesta congruente y completa a una solicitud, la exigencia de congruencia se satisface con la emisión de argumentos coherentes entre sí y con lo solicitado, siempre que sea racional, mediante la exposición clara y directa de las razones de hecho y de derecho del porqué no es posible jurídicamente acceder a lo peticionado, siempre que no evidencie evasiva o renuencia a otorgar lo pedido, sin posibilidad de analizar la legalidad de lo expuesto en la respuesta, aun cuando con ello el peticionario no obtenga respuesta favorable, por ser esto último materia de otro medio de defensa, conforme lo dispone la jurisprudencia 2a./J. 1/2001, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Justificación: Si la protección constitucional se otorga para que la responsable dé una respuesta congruente y completa a una solicitud de pensión que le fue presentada, y al acatarla determina que ésta es improcedente porque resulta jurídicamente imposible remitir el expediente de solicitud de jubilación al resto de las áreas involucradas en su trámite, ante la falta de un requisito (en los casos a estudio, el comunicado por parte de la patronal en el que indique la propuesta para que se incorpore a la nómina de pensionados de este instituto y causa baja como trabajador en activo), el cual informa y sustenta jurídicamente, la respuesta es congruente con lo solicitado porque, por un lado, no contiene afirmaciones contradictorias entre sí y, por otro, es coherente con lo peticionado al dirigirse a la pretensión efectuada y, además, es racional, porque informa al peticionario qué es lo que falta para la continuación en el trámite, lo que sustenta, además, en disposiciones legales que estima aplicables, sin que pueda calificarse la legalidad de esto último según la jurisprudencia 2a./J. 1/2001 citada. Asimismo, es aplicable al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 62/2022 (11a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2025580, que señala: "DERECHO DE PETICIÓN. LA PERSONA JUZGADORA DEBE ANALIZAR SI LA RESPUESTA ES CONGRUENTE CON LO SOLICITADO CUANDO SE RECLAMA LA VIOLACIÓN A ESE DERECHO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, al analizar la violación al derecho de petición por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues mientras uno de ellos sostuvo que en el juicio de amparo no procede analizar la congruencia de la contestación acaecida a la solicitud del quejoso, ello en aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), el otro consideró que sí se debe analizar tal circunstancia, derivado del contenido de dicha jurisprudencia y de las diversas emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que cuando se reclama la violación al derecho de petición, la persona juzgadora debe analizar la congruencia de la respuesta con la petición formulada a la autoridad, como es el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social o cualquier otra, toda vez que la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), al establecer en su texto: "... con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición ...", implica que la respuesta debe ser congruente con lo peticionado y, como efecto de ello, que el operador jurídico lo determine, esto es, si lo que contesta la autoridad tiene una relación lógica con la solicitud planteada por la persona peticionaria, en estrictos términos del artículo 8 constitucional. Justificación: Lo anterior, por la necesidad de que se garantice la protección efectiva del derecho humano previsto en el artículo 8 constitucional y así resulta acorde con la doctrina jurisprudencial de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que la respuesta se debe referir efectivamente a lo peticionado, de modo que guarde una consecuencia lógica al efecto. Incluso podría tratarse de algún requerimiento de datos que la autoridad precise para estar en condiciones de proceder en torno a la solicitud. Esto, sin que la persona juzgadora esté constreñida a analizar la regularidad o legalidad de la respuesta, es decir, si el contenido y sentido son jurídicamente correctos, según la normatividad aplicable, como tampoco si en el fondo favorece a las pretensiones de la persona peticionaria." Sin soslayar que la pretensión de la parte quejosa, es que primero se le proporcione la información que solicitó sobre las asambleas, para que luego de ello, pueda pedir las copias de los asientos respectivos; sin embargo, de la respuesta otorgada por la autoridad y sustentada en los preceptos legales, se aprecia que ello no es factible, pues cualquier información que pida sobre asientos registrales en el Registro Agrario Nacional, implica que previamente se paguen los derechos correspondientes, es decir, primero debe cubrir el monto de las constancias y luego, se le brida la información pues así lo establecen los preceptos que se han citado. Además, se aprecia que la información que solicita, la puede obtener a través del trámite SEDATU-04-051, pues precisamente previo pago de los derechos, la autoridad agraria quedará obligada a otorgarle la información sobre los asientos e inscripciones sobre el Ejido respectivo y en caso de que no le otorgue no obstante haber cumplido los requisitos y el pago derechos, podrá en todo caso, inconformarse a través de los medios de defensa. En las relatadas circunstancias, tal como se anticipó, se concluye que sí fue congruente la respuesta otorgada por la autoridad responsable en el oficio RAN/YUC/SR/949/2023 de veinte de febrero de dos mil veintitrés, a la solicitud de la parte quejosa hecha el ocho de noviembre de dos mil veintidós. Finalmente, se afirma que la autoridad responsable cumplió con la obligación que le impone el artículo 8 Constitucional, pues también notificó o hizo del conocimiento del solicitante, aquí parte quejosa, la respuesta otorgada a su petición, puesto que los propios quejoso afirman que el oficio RAN/YUC/SR/949/2023, le fue entregado el dos de marzo de dos mil veintitrés. No pasa desapercibido que que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en su artículo 17, se establece el plazo de tres meses para que las autoridades administrativas resuelvan de manera fundada y motivada las peticiones que se les sean presentadas y transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente; siendo que en el caso, la petición se formuló el ocho de noviembre de dos mil veintidós, y respuesta de la autoridad ocurrió el veinte de febrero de dos mil veintitrés y la parte quejosa manifiesta haber tenido conocimiento el dos de marzo del propio año, esto es, se emitió después de tres meses. Sin embargo, tal circunstancia no impide tener por cumplida la obligación que le impone el artículo 8 Constitucional, pues lo cierto es que la autoridad emitió su respuesta y la notificó a la parte quejosa, siendo que de esto último en modo alguno se agravia la quejosa, sino sólo de la congruencia que ya fue analizada. Por las razones, expuestas resultan infundados los conceptos de violación. En esas condiciones, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer y dado que este órgano de control constitucional no advierte deficiencia alguna que debiera suplirse oficiosamente de conformidad con la fracción VI, del artículo 79 de la Ley de la materia, procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal a los quejosos contra el acto reclamado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: ÚNICO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA, NI PROTEGE a Herve Guadalupe Cetina Marrufo, José María Peña y Pérez y Bertha Elidé Centeno Uh, representantes del Ejido del Telchac Puerto, en su carácter de Presidente, Secretario, y Tesorero, respectivamente, contra los actos que reclamó de la Encargada del Despacho del Registro Agrario Nacional Delegación Yucatán, precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el considerando último. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Daniel Rodríguez Mendoza, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe
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