Hernando Chuc Poot

Expediente 35/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
35/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
30/01/2019

Partes del expediente

  • Hernando Chuc Poot

Actuaciones

  1. Principal

    mesa I. Vista la certificación que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja en contra del acuerdo de catorce de enero de dos mil diecinueve, pronunciado en este juicio de amparo; con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Por otra parte, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo; por ende, no se tramitó el incidente de suspensión y se encuentra dentro de la hipótesis establecida en la fracción I del punto vigésimo primero del citado acuerdo general, por lo que ES DESTRUIBLE; lo que podrá hacerse una vez transcurridos los cinco años a que se refiere la parte final del primer párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo antes citado. En cumplimiento al punto Décimo primero del Capítulo Tercero del citado Acuerdo General Conjunto, realícese la anotación correspondiente en la carátula del presente expediente, en el sentido de que el presente juicio no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. En cuanto al valor jurídico del presente expediente, indíquese que se estima que carece de él. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    MESA I. Vista la demanda de amparo promovida por HERNANDO CHUC POOT, contra el acto que reclama del Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con sede en esta ciudad y de otra autoridad. Asimismo el quejoso anexa a su escrito de demanda, las pruebas documentales consistentes en: El original del oficio 938/2017, de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, firmado por la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado y la copia simple del ticket con número de solicitud 92511-2017, expedido por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán. En consecuencia, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio. De manera que el quejoso reclama la negativa de las autoridades responsable de cumplir con lo ordenado por el Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Tercer Departamento Judicial del Estado, en el oficio 938/2017, de dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, deducido del expediente 303/2012, relativo al Juicio Ordinario Civil de Revocación de Donación, a fin de que se realicen las anotaciones pertinentes en los libros de la autoridad responsable conforme a lo decretado en la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen, en donde se decretó la revocación de la escritura de donación de veinticuatro de febrero de dos mil doce, respecto del bien inmueble señalado en la demanda. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: ... Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, debe tenerse en consideración que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento, no sería factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, sin ningún obstáculo a la vista del Juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Tiene aplicación a lo anterior, el siguiente criterio jurisprudencial, sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, que dice: ... Sentado lo anterior, debe decirse que en el caso se advierte que, en relación al acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1 y 5, fracción II, interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Primeramente, es menester destacar que el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: .... De lo anterior es dable concluir, fundadamente, que el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente en los casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. A su vez, el artículo 5, fracción II, del citado ordenamiento, refiere que es autoridad responsable la que con independencia de su naturaleza formal, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; asimismo, establece que para los efectos de esa Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En tanto que la fracción I del artículo 1 de la legislación de la materia, establece que el juicio de amparo tiene por objeto, resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte. En el caso concreto, se estima que la dependencia a quien se le atribuye el acto omiso por esta vía de control constitucional no fue emitido por una autoridad para los efectos del juicio de amparo. Para afirmar lo anterior, se toma como referencia el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2ª./J. 164/2011, que delimita las notas distintivas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo. En la ejecutoria que dio origen a dicha jurisprudencia se establece que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares. En efecto, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad, no así de particulares. Por lo que resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. Se destaca que la nota distintiva de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. Además de lo anterior, debe señalarse que para que pueda considerarse a un particular como autoridad para los efectos del juicio de amparo, éste debe actuar en cumplimiento a una norma, lo cual en el caso no acontece, dado que en el caso, como se desprende del acto que por esta vía reclama el promovente, el acto omisivo atribuido al Director y Registrador del Registro Público de la Propiedad, se asemeja al efectuado por un particular, dado que éstas no son parte demandada en el asunto natural, es decir, no forma parte de dicho procedimiento. De igual manera, debe decirse que la parte quejosa en todo momento puede solicitar a la autoridad judicial en la que se ventila el asunto natural, que haga valer todos los medios de apremio con los que ésta cuenta, para que se lleven a cabo las anotaciones registrales pertinentes. Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1, fracción I, 5, fracción II, de la citada legislación; con fundamento en el citado precepto 113 de la invocada ley, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que se analiza. No pasa inadvertido para este órgano de control constitucional, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", toda vez que dicho criterio no cobra aplicación en el presente caso, ya que el mismo se encuentra encaminado para aquellos asuntos en los que se impugnan actos emitidos por la Comisión Federal de Electricidad, lo cual en el caso no acontece. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia PC.III.L. J/5 L (10a), sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consultable en la página 1224, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Octubre de 2014, Tomo II, Materia (s): Común, Décima Época, que dice: ... Por ello, tomando en consideración que los razonamientos expuestos con antelación, se pone de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de este Juzgador, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Lo antes sustentado no contraviene el principio "pro homine" y el control de convencionalidad, consagrados en artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Sin embargo, el principio "pro homine" y el control de convencionalidad, si bien deben ser aplicados por todos los juzgadores en el ámbito de su competencia, no implica que se deba ejercer aun en contra de los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones intentadas, en este caso del juicio de amparo; en consecuencia, se reitera que el principio pro homine y el control de convencionalidad no generan una desatención de la jurisprudencia de observancia obligatoria. Tiene aplicación al caso la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Décima Época, página 530, del rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." También sirve de orientación en lo atinente, la jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo 1, Materia Constitucional, página 325, del texto siguiente: .... Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala para tal efecto en su demanda de amparo; y como su autorizado en los términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Rafael Rodríguez Medina, y con las limitaciones que establece la parte final del referido numeral, hasta en tanto acrediten el registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a Roberto Rodríguez Méndez, Nidia Marlene May Cocom y María Teresa Medina Cetina. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias inherentes a este asunto. ...

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