Hernann Castro Gómez

Expediente 733/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
733/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
17/11/2016

Partes del expediente

  • Hernann Castro Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la cuenta, agréguese a los autos el escrito signado por ***, parte quejosa; en atención a su contenido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase copia simple de las constancias que solicita, previa identificación y razón de recibo que se anexe a los autos para constancia legal. Asimismo, téngase autorizando al licenciado ***, a efecto de recibir las copias solicitadas.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa, no impugnó el proveído de cuatro de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 16 a 21), por el que se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva para tal efecto ante este Juzgado; hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Toda vez que se desechó la demanda de garantías, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción; no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  3. Principal

    I. Se presenta demanda. Se recibe la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la Junta de Conciliación y Arbitraje, con sede en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza. II. Formación de expediente. Fórmese expediente, y regístrese con el número progresivo 733/2016, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). III. Acto reclamado. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por la parte promovente en esta instancia se hace consistir en: "Reclamo a la Autoridad Ordenadora el auto y/o acta circunstanciada derivada de la audiencia de desahogo de pruebas, de fecha 25 de octubre del 2016, celebrada a las doce horas con cuarenta y cinco minutos, y dictada en el expediente 461/2016, relativo al juicio laboral que por despido injustificado promuevo en contra de SEPSA, S.A. DE C.V. y quien resulte responsable del centro de trabajo, en donde la Autoridad Responsable admite dos pruebas testimoniales a cargo de los CC. ROSA MARÍA RIVERA DE LUNA RORÍGUEZ Y JOHANA TERESITA OLIVO REYES y CC. MARIO ESTEBAN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, NATHANAEL GUADALUPE VELÁZQUEZ OLVERA Y FRANCISCO HERNÁNDEZ ESQUIVEL, y dos pruebas documentales consistentes en 30 recibos de nómina, y ordena su desahogo." IV. Desechamiento. En ese sentido, procede desechar de plano la demanda de amparo que se analiza, pues en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, esta última interpretada en sentido contrario, ambos preceptos de la Ley de Amparo. Los artículos referidos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Tales preceptos establecen una regla de carácter general, que consiste en que tratándose de actos emanados de un procedimiento (como lo es el juicio laboral 461/2016, promovido ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza), el juicio de amparo sólo es procedente contra actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, como regla general, que los actos procesales sólo tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en caso de que éste obtenga resolución favorable a sus intereses. Así pues, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, los actos procesales, como ya se dijo, tienen una ejecución de imposible reparación cuando, como consecuencia de ellos, se afecta de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos protegidos por la Constitución, de modo que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio, por haberse consumado irreparablemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trata, caso en que no debe esperar el agraviado a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación no desaparecerían en tales hipótesis, aunque aquélla obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Entonces, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, que al momento de obtener una sentencia favorable, desaparecen en la realidad dejando intacta la esfera jurídica del gobernado. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia P./J.24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página once, número LVI, agosto de mil novecientos noventa y dos, materia común, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro 205651, que dice: **** Asimismo, nuestro Máximo Tribunal Constitucional estimó que de igual manera procedía el juicio de amparo indirecto, contra actos derivados durante procedimiento judicial, cuando afectaran en grado predominante o superior a las partes. Cobra aplicación la jurisprudencia IV.2o.C.J/2, visible en la página mil quinientos treinta y nueve, Libro 6, Mayo de dos mil catorce, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2006338, que a la letra dice: *** Así pues, la procedencia del juicio de amparo biinstancial contra actos cometidos durante el procedimiento judicial, únicamente se actualiza cuando la violación afecta de manera material algún derecho sustantivo o fundamental, sin que actualmente conforme al criterio federal transcrito, para establecer la procedencia del amparo, pueda acudirse a la diversa opinión relativa a la violación procesal exorbitante a las partes, pues ello fue abandonado. Sobre la base expuesta, es evidente que el acto que se pretende combatir en esta instancia constitucional sólo produce efectos meramente procesales que no causan un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos de la parte inconforme (propiedades, posesiones o derechos), de igual forma tampoco implica una violación procesal en grado exorbitante o superior a la parte quejosa; pues las consecuencias de la resolución reclamada no revisten el carácter de imposible reparación, por no afectar derechos sustantivos; por lo tanto, es incuestionable que el acto reclamado en esta instancia constitucional, no es de los denominados de imposible reparación y, por lo mismo, la demanda de amparo que se analiza contiene un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, se estima que la acción constitucional intentada deviene improcedente, toda vez que, la admisión de las pruebas testimoniales y documentales dentro del juicio laboral de origen 461/2016, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, promovido por el quejoso ***, en contra de ***, no constituye un acto que cause un perjuicio irreparable a la parte quejosa, pues tienen efectos meramente procesales, dado que la violación que llegare a cometerse con la admisión de dichas pruebas, puede quedar subsanada con posterioridad, si el laudo que ponga fin al juicio, resulta finalmente favorable a los intereses de la parte quejosa, ello es así, pues la parte quejosa se encuentra en aptitud de ofrecer pruebas, realizar alegatos, es decir, se encuentra en aptitud de proseguir con toda la secuela procesal del juicio laboral de origen. Puntualizado lo anterior, no queda más que concluir que resulta notoriamente improcedente la demanda de amparo presentada por ***, ya que el acto reclamado no es de imposible reparación, por lo que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto. Por otro lado, en caso de que la determinación de la junta responsable sea adversa a los intereses del aquí quejoso, estará en aptitud de interponer el medio de defensa legal procedente contra el laudo e invocarla como violación procesal en el amparo directo que, de ser el caso promueva, en términos de lo dispuesto en el artículo 170, fracción I, y 172, fracción III, ambos preceptos de la Ley de Amparo, que disponen en lo conducente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo". "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley;". En conclusión, la ejecución irreparable debe presentarse en forma tal, que la violación no pueda ser remediada con el dictado de un laudo favorable; por lo anterior, el amparo indirecto es improcedente en términos de lo dispuesto en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso ordinal 107, fracción III, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Apoya lo considerado, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página ciento cincuenta y ocho, Tomo VII, marzo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 223398, que a la letra dice: *** Asimismo, la tesis sostenida por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, visible en la página seiscientos quince, Tomo III, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 228968, que establece: *** Ciertamente, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 172 de la Ley de Amparo, se consideran violaciones procesales, las determinaciones de los juicios tramitados ante tribunales del trabajo, cuando se deseche las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley. Luego, los actos reclamados, corresponden a actos dentro de juicio, de carácter intraprocesal, que no tienen una ejecución de imposible reparación, por lo que no procede en su contra el juicio de amparo indirecto, ya que no se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el diverso numeral 104, fracción V, de la Ley de Amparo; y en cambio de acuerdo con lo dispuesto por el precepto 172, fracción III de la mencionada ley, como ya se dijo, se trata de una violación intraprocesal; habida cuenta que a la parte quejosa le reviste el carácter de parte actora en el juicio laboral número 461/2016, de origen, quien lógicamente se encuentra haciendo valer sus derechos y cargas procesales, es decir, se le escucha en juicio. Por similitud es aplicable la tesis apoyada por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, visible en la página cuatrocientos treinta y ocho, Tomo II, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 230405, que a la letra dice: **** Consecuentemente, en el presente asunto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, del mismo ordenamiento; por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo. V. Días y horas hábiles. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del precepto 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo. VI. Domicilio y autorizados. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado; y autorizando en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Juan José Espinoza Guerrero. VII. Digitalización. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se comisiona al personal de este órgano jurisdiccional, para efectos de que digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. VIII. Protección de datos personales. De conformidad con los artículos 1 , 9 , 118 y tercero transitorio, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública , difundida mediante el decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según lo dispone su artículo primero transitorio, en concordancia con el ordinal 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, reglamento vigente hasta en tanto se emita la nueva norma complementaria, se hace saber a las partes que hasta antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, cuentan con el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales que aparecen en resoluciones, pruebas y demás constancias del expediente, ello en el momento de hacerse pública la misma; asimismo, en la etapa de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o las Legislaturas de los Estados, todo lo anterior, sin perjuicio de lo que determine la unidad administrativa al instante en que le sea solicitada por terceros, información de este expediente.

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