Herminia Anico Treviño
Expediente 1177/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 1 actuación registrada, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1177/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Herminia Anico Treviño
Actuaciones
- Principal
1. Recepción. Se tiene por recibido el escrito de demanda que promueve el licenciado **************, en representación de ****************, contra actos de la Jueza de Primera Instancia en Materia Penal Especializada en Ejecución del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 1177/2023, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Sobre la procedencia de la demanda. Antes de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se advierte que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. La jurisprudencia citada expone que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. 3.1 Acto concreto. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa solicita la protección constitucional contra la autoridad y acto siguientes: i) Autoridad responsable. Jueza de Primera Instancia en Materia Penal Especializada en Ejecución del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial de Río Grande, con residencia en esta ciudad. ii) Acto reclamado: La determinación consistente en señalar las nueve horas con treinta minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, para llevar a cabo la audiencia para sustituir la pena de prisión impuesta al sentenciado ****************, dentro de la causa penal 588/2021, aperturada por la comisión del delito de homicidio calificado en ventaja en agravio de *****************, para sustituirla por otra no privativa de la libertad. 3.2 Antecedentes. La parte quejosa que en su carácter de víctima indirecta relata como antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, que el tres de septiembre del presente año, *************************, solicitó dentro la causa penal 588/2021 seguida en su contra, se le conceda el sustitutivo de la pena de prisión impuesta de cinco años por otra diversa. En razón de lo anterior, se señalaron las nueve horas con treinta minutos del diecisiete del mes y año en curso, para llevar a cabo la audiencia para sustituir la pena de prisión impuesta. En ese sentido, la parte quejosa presume que la autoridad responsable pretende sustituir la pena de prisión impuesta la cual se debatirá y resolverá en esa audiencia programada para esta fecha, es decir, con posterioridad a la presentación de su demanda de amparo. Lo que en su concepto se traduce en la posible modificación de la pena de prisión que hasta hoy rige sobre la situación legal del procesado, que presumen pudiera ocurrir en la audiencia de sustitución de la pena de prisión impuesta a celebrarse en esta fecha. 4. Causales de improcedencia. En mérito de lo expuesto, este órgano de justicia considera que se actualizan de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, esta última fracción en relación con los diversos 5, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo. 4.1 Actos futuros e inciertos. De acuerdo con lo establecido en el artículo 61, fracciones XII y XXIII, esta última fracción en relación con los diversos 5, fracción I, y 6, todos del citado ordenamiento legal; se deduce que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecta la esfera jurídica del quejoso, es decir, cuando no produce una afectación real y actual a sus derechos ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Lo que acontece con el acto reclamado identificado por la parte promovente, consistente en la determinación de la autoridad señalada como responsable de fecha y hora para llevar a cabo la audiencia para sustituir la pena de prisión impuesta a ************, en la causa penal seguida en su contra, a celebrarse el diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Situación que en su concepto se traduce en la posible modificación de la pena de prisión impuesta y que hasta hoy rige sobre la situación legal de *****************************, que presume pudiera ocurrir en la audiencia de sustitución de la pena a celebrarse en esta fecha. En ese sentido, es dable considerar que la narrativa expuesta en la demandara refleja que, respecto del acto que se analiza en este punto, se insta este juicio de amparo bajo el argumento de que en la audiencia de sustitución de la pena a celebrarse este día diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, la autoridad responsable con su decisión podría generar una posible afectación a los derechos de la aquí quejosa directa bajo los argumentos que se reseñan en los párrafos que anteceden. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el juicio de amparo procede contra actos no existentes aún, pero de cuya realización se tenga plena certeza, por así demostrarlo actos previos o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados. Lo que en el caso no acontece, debido a que las consideraciones de hecho y derecho que el juez señalado como autoridad responsable pudiera exponer en la audiencia de sustitución de la pena se desconocen plenamente, sin que se puedan presumir bajo las premisas señaladas en el párrafo anterior, dada la propia naturaleza y características de la audiencia a celebrarse. De modo que, la circunstancia de que se aduzca que la juez responsable pretende sustituir la pena de prisión impuesta, no implica, que esa autoridad haya realizado el acto que le reclama, menos aún poder afirmar que así lo va a realizar. Sin embargo, de ser así, en todo caso, una vez que se conozca su decisión, de ser contraria a sus intereses y de ser su intención, deberán controvertirse las nuevas consideraciones en que sustente su determinación, hasta que se tenga conocimiento de las mismas, no antes de ello, como ahora se pretende realizar. De ahí que, se considera que el acto analizado en este punto, resulta de naturaleza futura e incierta, al no existir dato objetivo alguno que genere la certeza clara y fundada de que al momento de la presentación de la demanda, este acto exista o pueda llegar a existir en los términos que se plantea. No debe perderse de vista que la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección constitucional a efecto de que se restituya al quejoso en el goce su derecho fundamental violado y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en el caso. Estimar lo contrario genera la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional apoyada en expectativas o consideraciones subjetivas y no contra actos concretos o de realización cierta e inminente. Entonces, se debe concluir que este acto, al momento de la presentación de la demanda, no le causan un daño o perjuicio actual, real y directo en sus derechos por ser actos futuros e inciertos, en virtud de que su realización no es segura, porque no son inminentes, al no existir certeza de que se vayan a ordenar y menos ejecutar en esos términos. 4.1.1 Criterios aplicables. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el criterio sostenido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversas tesis. 5. Desechamiento. En mérito de lo expuesto, con fundamento en el precepto 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia las causales de improcedencia antes invocadas. 6. Autorizados. Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados ********************y ********************, por tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales. 7. Consulta y notificaciones electrónicas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta y notificaciones vía electrónica al solicitante con nombre de usuario ******************** vinculado al correo electrónico ********************, para consulta el expediente digital en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que el acceso al expediente electrónico estará condicionado a que se encuentre vigente la firma electrónica respectiva; lo anterior, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. 7.1 Instrucción al Oficial Judicial A. Se instruye a la Oficial Judicial A, para que bajo su más estricta responsabilidad vincule al usuario proporcionado con el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. 8. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 9. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita.
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