Hernando Gastán Pérez
Expediente 897/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 1 actuación registrada, la última del 29 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 897/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 29/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Hernando Gastán Pérez
Actuaciones
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós DATOS DE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 3 y 108 de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la demanda de amparo, promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, residente en Ciudad de México; y, Director del Hospital Regional Presidente Juárez del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, residente en Oaxaca de Juárez, Oaxaca ANOTACIONES Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número de juicio de amparo indirecto 897/2022, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). SUSPENSIÓN DE OFICIO Y DE PLANO Previo a acordar lo conducente en torno a dicha medida cautelar, es importante tomar en consideración que el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el reconocimiento de los derechos humanos de todas las personas y, para maximizar su protección, instituye el principio de interpretación "pro persona", encontrándose obligadas las autoridades del Estado Mexicano a promover, respetar, proteger y garantizar tales derechos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En este sentido, debe mencionarse lo establecido en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A la vez, en el ámbito nacional, el artículo 2 de la Ley General de Salud, señala que el derecho a la protección de la salud El numeral 3 del mismo ordenamiento, en sus fracciones I y II, en relación con el artículo 34, fracción I de la citada legislación, señala que son materia de salubridad general: la organización, control y vigilancia de la prestación de servicios y de establecimientos de salud del servicio público a la población en general; así como la atención médica, preferentemente en beneficio de grupos vulnerables. En tales condiciones, este juzgador considera que el acto reclamado se encuentra estrechamente vinculado con una circunstancia que pone en peligro la vida del quejoso Hernando Gastán Pérez, pues se trata de una petición encaminada a solicitar atención médica y estudios necesarios de forma inmediata, y que ello, resulta ser inconstitucional e inconvencional. Ahora, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. Se conoce que procede la suspensión de oficio, en los siguientes casos: Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y, Tratándose de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. En ese orden de ideas, la "falta de atención médica que se traduce en poner en peligro la vida de la quejosa", en una interpretación extensiva se encuentra prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo, conforme al artículo 1 de la Constitución, cuando la parte quejosa se duele de un acto de tal naturaleza, por lo que debe otorgarse la suspensión de oficio y de plano, ya que está en juego el derecho a la salud de la quejosa, el cual se encuentra estrechamente interconectado con otros derechos humanos, como es la vida. Esto es así, puesto que dicha omisión, se traduce en una inadecuada atención médica, de ahí que resulte un acto negativo que compromete los derechos humanos a la salud y a la vida, los cuales el Estado Mexicano está obligado a proteger y garantizar de manera oportuna, eficaz y con calidad, pues en esos términos están tutelados en los artículos 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El derecho a la salud incluye el acceso a instalaciones sanitarias adecuadas y servicios, atención médica, suministro de medicamentos e insumos necesarios para tratamientos, así como a medidas apropiadas de los Estados en relación con determinantes socioeconómicos de la salud. En consecuencia, al no tener la quejosa acceso, disposición y atención a los tratamientos médicos solicitados, conlleva el peligro de su subsistencia. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en la jurisprudencia publicada en la página 486, del Libro 63, febrero de 2019, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro 2019358, cuyo rubro y texto son: "DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD. DIMENSIONES INDIVIDUAL Y SOCIAL. La protección de la salud es un objetivo que el Estado puede perseguir legítimamente, toda vez que se trata de un derecho fundamental reconocido en el artículo 4o. constitucional, en el cual se establece expresamente que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Al respecto, no hay que perder de vista que este derecho tiene una proyección tanto individual o personal, como una pública o social. Respecto a la protección a la salud de las personas en lo individual, el derecho a la salud se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva otro derecho fundamental, consistente en el derecho a la integridad físicopsicológica. De ahí que resulta evidente que el Estado tiene un interés constitucional en procurarles a las personas en lo individual un adecuado estado de salud y bienestar. Por otro lado, la faceta social o pública del derecho a la salud consiste en el deber del Estado de atender los problemas de salud que afectan a la sociedad en general, así como en establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud. Lo anterior comprende el deber de emprender las acciones necesarias para alcanzar ese fin, tales como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud pública del conglomerado social, entre otras." Por tanto, la suspensión de oficio está prevista para situaciones excepcionales, y tiene como razón de ser, la protección de una situación de hecho que atenta contra garantías que pueden derivar en perturbaciones que pongan en peligro el orden social; que al menos para su concesión, no es necesario plantearse la certeza o no del acto, pues ésta debe concederse de forma urgente para evitar que el acto se torne de imposible reparación. La conclusión anterior es acorde con la reforma de diez de junio de dos mil once al artículo 1 en relación con el 133, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde se estableció la obligación de toda autoridad de promover, respetar y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, con lo cual se establecen las premisas de interpretación y salvaguarda de los derechos consagrados en la Constitución Federal, trascendiendo al juicio de amparo y por ello, los tribunales han de resolver con una tendencia interpretativa más favorable al derecho humano que se advierte conflagrado. Máxime, como se dijo, nos encontramos en presencia del derecho a la salud como un derecho humano fundamental -de los más preciados-, y su observancia se traduce en la obligación del Estado, en todas sus esferas de competencia, de establecer mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud, por lo tanto, basta con que el reclamo se encuentre vinculado con alguna situación relativa a los supuestos de procedencia de dicha suspensión, considerando la naturaleza del acto, ya que por la propia connotación de esa medida, de no concederse con carácter urgente, podría ocasionarle a la parte quejosa perjuicios de imposible reparación, de ahí la necesidad que de forma oficiosa se mantenga viva la materia del juicio de amparo. Por lo que tratándose de un acto de naturaleza relevante que genera una afectación en el derecho fundamental a la salud, previsto en el artículo 4, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los numerales 125 y 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE PLANO LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, para que las autoridades responsables, ordenen a quien corresponda que, de inmediato y bajo su más estricta responsabilidad, realice las gestiones conducentes ante la autoridad e institución pertinente, a efecto de que se proporcione al quejoso Hernando Gastán Pérez, además, de la atención médica especializada en su padecimiento, le sean suministrados y/o surtidos todos y cada uno de los medicamentos para el tratamiento de su padecimiento, sin que ello implique desatender el resto de necesidades que se presente de conformidad con su cuadro clínico, hasta en tanto se notifique del auto por el cual haya causado ejecutoria la resolución en el presente expediente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.18o.A.33 k (10a), de la Décima Época, con número de registro 2020283, publicada en el semanario Judicial de la Federación, el viernes 05 de julio de 2019, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO, DEBE DECRETARSE DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA AFECTACIÓN AL DERECHO DE LA SALUD Y PRECISARSE CON EXACTITUD SUS EFECTOS, LOS CUALES DEBEN INCLUIR LA ATENCIÓN MÉDICA DEBIDA Y URGENTE REQUERIDA. En el derecho mencionado, tutelado por el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos conlleva, entre otras cosas, la obligación del Estado de brindar los servicios y prestaciones para garantizar el más alto nivel de protección a la salud de las personas (mediante atención médica, tratamiento, medicamentos, rehabilitación, otorgamiento de licencias médicas, etcétera). Por tanto, cuando el amparo indirecto se reclame la omisión de otorgar los servicios médicos para el tratamiento de una enfermedad que pone en peligro la vida del quejoso, debe decretarse la suspensión de plano, en términos del artículo 126 de la Ley de Amparo, y los efectos de esa medidas deben precisarse con claridad, a fin de vincular a la autoridad a proporcionar la atención médica debida y urgente requerida, así como al seguimiento y comunicación exacta de los procedimientos que se deben aplicar, junto con los medicamentos y tratamientos necesarios e, incluso, las licencias médicas que legalmente procedan, para garantizar plenamente el derecho de la salud." CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DECRETADA DE PLANO Es necesario hacer notar que el cumplimiento de la suspensión decretada en el presente proveído, es de orden público y por ende debe velarse que se acate de conformidad con lo previsto en el artículo 158 de la Ley de Amparo; por lo que las autoridades responsables deberán rendir informe a este Juzgado de Distrito dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, sobre el acatamiento a esta medida. El informe deberá contener la forma y términos en que haya dado cumplimiento a esta suspensión de oficio y de plano decretada, agregando copia certificada de las constancias respectivas, a fin de acreditar su dicho. Apercibidos que de no rendir el informe solicitado, se les impondrá una multa de doscientos días de unidades de medida y actualización de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase del conocimiento a las autoridades responsables que de no acatar la suspensión, se harán merecedoras a las sanciones previstas en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de veintiuno a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de veintiuno a nueve años, para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [...] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independiente de cualquier otro delito en que incurra." Sobre el particular se invoca la jurisprudencia I. 3o. A. J/7, consultable en la página 951, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, enero a junio de 1989, Segunda Parte - 2, Octava Época, registro 229397, con el rubro siguiente: SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA." REQUERIMIENTO DE INFORMES JUSTIFICADOS Con apoyo en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídanse a las autoridades responsables su informe justificado, el que deberán rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio que lo solicita, donde expondrán las razones y fundamentos para sostener la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados, y en su caso, la improcedencia del juicio o la actualización de alguna causa de sobreseimiento, y según la hipótesis, acompañarán copia certificada completa y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dichos informes. Con el apercibimiento que de no hacerlo se presumirán ciertos los actos reclamados, salvo prueba en contrario; además, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización vigente, como corrección disciplinaria en términos de lo que establece el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 238 de esa legislación. En la inteligencia que dicho informe podrá enviarlo vía correo electrónico a la dirección 7jdo13cto@correo.cjf.gob.mx; sin perjuicio de optar por la vía ordinaria, a menos que lo que vayan a adjuntar se trate de constancias integradas en legajos voluminosos, autos originales o de un disco versátil digital; lo anterior a efecto de evitar duplicidad en las actuaciones judiciales correspondientes, así como la generación de proveídos innecesarios o redundantes. Ello, a efecto de no diferir la celebración de la audiencia constitucional, y de esta manera resolver con la mayor expedites posible, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y dentro del término establecido en el 117 de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la tesis jurisprudencial emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 30 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV (marzo de 2007), Novena Época, de rubro: "CONSTANCIAS ENVIADAS POR FAX ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LAS REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LAS RECIBE, TIENEN PLENO VALOR PROBATORIO." SOLICITUD DE CORREO INSTITUCIONAL Ahora bien, en caso que la entrega de las misivas se haga en el domicilio de las autoridades el actuario de la adscripción en el acto de la diligencia, deberá solicitar el correo institucional de cada responsable emplazada para que las subsecuentes notificaciones se realicen por ese medio; ello, de conformidad a lo previsto en el numeral 28, fracción III de la Ley de Amparo. En el entendido que si el envío del oficio que se expida de este proveído, se haga vía mensajería acelerada "Estafeta", se constriñe a dichas responsables para que proporcionen el referido correo institucional para dar cumplimiento a lo mencionado en el citado acuerdo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las diez horas con cuarenta y cinco minutos del veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que una vez fijada la celebración de la audiencia, se les notificará el acuerdo respectivo por medio de lista y no mediante misiva, toda vez que corresponde a este Juzgado la facultad de determinar cuáles resoluciones deberán hacerse mediante oficio, pues de ser la hipótesis, se realizará en forma personal a través del aludido medio, en términos de la primera fracción del artículo 30 de la Ley de Amparo, la primera notificación, así como las que el Juez considere trascendentes y las que establece dicho numeral; y tal diferimiento se considerará de mero trámite, haciendo énfasis a dichas autoridades que tiene la obligación de dar seguimiento a los juicios en que intervengan. A lo anterior resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la décima época, con número de registro 2002576, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, de enero de dos mil trece, tomo 2, página 1253, cuyo rubro y texto se lee: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Se previene a las partes que de conocer alguna causa de sobreseimiento están obligadas a informarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 64, de la Ley de Amparo; y, en caso de no hacerlo así, se les impondrá una multa por el equivalente a treinta días de acuerdo al valor diario de la unidad de medida y actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con fundamento en el diverso 251 de la propia legislación. VISTA AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO Dese vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, para los efectos de su representación social, en términos de lo dispuesto por el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO Dada la naturaleza del acto reclamado no existe tercero interesado. PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite la prueba documental exhibida por la parte quejosa en su escrito de demanda, la que dada su naturaleza, en este acto se desahoga, sin perjuicio de relacionarla al dictarse sentencia. INEXISTENCIA DE AUTORIDAD Con fundamento en el artículo 108, fracción III y, 63 de la Ley de Amparo, se apercibe a la parte quejosa que de señalar incorrectamente la denominación de las autoridades responsables, previa vista que para conocimiento de tal eventualidad sea otorgada personalmente, sin contestación alguna, tendrá como efecto declarar su inexistencia, dejándolas de tener con tal carácter, así como cesará toda comunicación con ellas, continuando con el trámite del juicio. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase al quejoso señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su ocurso y como sus autorizados en término del artículo 12 de la Ley de amparo a Holmec Martínez Ramírez, Fabiola Berenice Flores Díaz y Alicia Méndez Morales, toda vez que en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, existen registradas su cédula profesional, que los faculte a ejercer la profesión de licenciado en derecho, así también a las personas que señala para tales efectos. SE AUTORIZA ÚNICAMENTE LA CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA ELECTRONICA Por lo que de conformidad con el numeral 3 de la normativa de la materia, en relación al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en sus numerales del 34 a 39, se autoriza la consulta al usuario "Holmec.Martinez". Se instruye a la Oficial judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este Juzgado Federal, para que haga las diligencias necesarias a efecto de dar lugar a lo anterior. DISPOSICIÓN ESPECIAL Se autoriza a los secretarios y secretarias del Juzgado a firmar los oficios que se giren en el presente juicio. ACTUARIO DE LA ADSCRIPCIÓN Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se instruye al fedatario comisionado para hacer la entrega del oficio correspondiente a este cuaderno, que deberá hacerlo con la autoridad o encargado que en ese momento se encuentre en la oficina donde deba realizarse la notificación y si éste se negare a recibirlo, hacer de su conocimiento que no obstante ello se tendrá por hecha y asiente razón en ese sentido; y la aperciba que de subsistir su negativa se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 245 del mismo ordenamiento. Asimismo, se faculta al Actuario de la adscripción para que en caso de que no le sea posible enviar vía fax o correo electrónico los oficios que se expidan en este expediente, sin ulterior acuerdo, previa razón de imposibilidad que levante para debida constancia, los remita con sus anexos descritos vía mensajería acelerada "Estafeta". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en éste, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias, en relación con lo previsto en el numeral 2, fracción XII, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que durante la vigencia de dicho acuerdo, se puede realizar tal habilitación. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Por otra parte, dado que en la especie el asunto que en esta data se provee fue promovido físicamente, y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, se les exhorta (invita) continúen dicha tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", ya que representa celeridad en el despacho del asunto, incluso hasta resolver en definitiva. En ese orden de ideas, se invita a las partes quienes en su caso no tengan autorizada la actuación "en línea", a que soliciten, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, en observancia a lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se les hace también mención, que para el caso de que no cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y con la finalidad de que la obtengan, se les invita a ingresar a la siguiente dirección http://firel.pjf.gob.mx. En el entendido que en caso contrario a lo anterior se harán las notificaciones por lista, la cual podrá consultarse en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, o de ser el deseo de las partes consultarla físicamente, deberán asistir a este órgano jurisdiccional en el horario ordinario de labores. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese
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