Herminio Ríos Pacheco

Expediente 157/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
157/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
03/05/2017

Partes del expediente

  • Herminio Ríos Pacheco

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, tres de mayo de dos mil diecisiete. Vistos los autos y tomando en consideración que ha transcurrido el término que concede el artículo 97 en relación con el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja contra el acuerdo de fecha dieciocho de abril de dos mil diecisiete, por el que se desechó la demanda de garantías; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 83 fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en los términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado; y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. Se destaca que en este juicio no se formaron cuadernos de suspensión, ni se tramitó incidente de violación a la medida cautelar. Se hace el conocimiento de las partes, que el presente juicio de amparo será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, como el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Notifíquese. IB-A

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dieciocho de abril de dos mil diecisiete. DATOS DE LA DEMANDA. Vista la demanda de garantías promovida por Herminio Ríos Pacheco, contra actos del Agente Municipal y Presidente del Comité de Agua Potable, ambos de San José del Municipio de Magdalena Tequisistlán, Oaxaca, que hizo consistir en la orden de suspensión del servicio de agua potable y la ejecución material de dicha orden. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 157/2017. Ahora, del análisis del acto reclamado en términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, se advierte que en la especie se actualiza en forma manifiesta e indudable una causa de improcedencia, por lo que, sin proveer sobre su admisión se desecha la referida demanda de garantías. Lo anterior, tomando en consideración que los artículos 17, 18, 19, 22 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, prevén: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor." "Artículo 22. Los plazos se contarán por días hábiles, comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, inclusive para las realizadas en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica, salvo en materia penal, en donde se computarán de momento a momento. - - - Correrán para cada parte desde el día siguiente a aquél en que para ella hubiese surtido sus efectos la notificación respectiva." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)". De la interpretación armónica de tales dispositivos se desprende que el quejoso se encontraba obligado a instar el juicio de amparo dentro del término establecido en el párrafo primero del numeral 17 en cita, debido a que no se encuentra este supuesto en los casos de excepción que marca expresamente tal dispositivo. Por ello, en atención a lo dispuesto en el artículo 18 de la ley de la materia, los quince días para la promoción de la demanda respectiva, se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En tales condiciones, tomando en cuenta que el quejoso, bajo protesta de decir verdad, manifestó que el veintiuno de agosto de dos mil dieciséis, aproximadamente a las ocho de la mañana, se presentó hasta su domicilio el Agente Municipal de su comunidad, junto con el comité de agua potable de la población de San José, ordenando el primero de los citados al comité señalado, el corte del servicio del agua potable, sellando la toma y de esta forma le suspendieron el servicio de dicho líquido; ante ello, es inconcuso que el juicio de amparo es extemporáneo, por no haberse promovido dentro del término legal de quince días hábiles que prevé el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Por tal motivo el plazo legal de quince días que establece el párrafo primero del artículo 17 de la Ley Amparo, para la presentación oportuna de la demanda de amparo, comprendió del día veintitrés de agosto al doce de septiembre de dos mil dieciséis, descontándose los días veintisiete y veintiocho de agosto, tres, cuatro, diez y once de septiembre siguientes, por haber sido inhábiles de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley de amparo. Luego, si la demanda de amparo se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, el once de abril de dos mil diecisiete, es inconcuso que su presentación es extemporánea, pues fue realizada fuera del plazo legal de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo. En tal tesitura, es evidente que se acredita la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XIV, de la Ley de Amparo, que establece como motivo de improcedencia del juicio de amparo, cuando se endereza "contra actos consentidos tácitamente", entendiéndose por tales, precisamente, aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos que se señalan, entre otros, en el numeral 17, párrafo primero, invocado, como aconteció en el presente caso. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 14, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a fojas 11, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, de la literalidad siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS. TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala". Máxime que el acto reclamado, no encuadra en alguno de los casos de excepción previstos por alguna de las fracciones contenidas en el artículo 17 de la Ley de Amparo en vigor; de acuerdo con la cual tratándose del reclamo: de normas generales de carácter autoaplicativas, o el procedimiento de extradición, el plazo será de treinta días; de una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga una pena de prisión, el plazo será de ocho años; de actos que tengan o puedan tener por efecto privar parcial o totalmente, en forma temporal o definitiva de la propiedad, posesión o disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población, ejidal o comunal, el plazo será de siete años; o del acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Norma Fundamental, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. En consecuencia, al ser evidente que el acto reclamado en razón a su naturaleza, finalidad y particular contenido, en modo alguno encuadra en la hipótesis de excepción del plazo general para la promoción del juicio de amparo, y no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Norma Fundamental, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; y por ello que, en el caso particular, la presentación de la demanda de amparo se rige por la regla genérica de quince días prevista por el artículo 17 de la ley en comento, como se examinó en párrafos anteriores. Por lo que al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63 de la ley en comento, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de garantías. No obsta a lo anterior, el hecho de que el quejoso haya exhibido copia certificada de la resolución pronunciada el treinta de enero de dos mil diecisiete, emitida por el Visitador Regional de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, al resolver el expediente DDHPO/067/RIT/(21)/OAX/2016, toda vez que de la lectura integra de la demanda se advierte que el acto reclamado se llevó a cabo el veintiuno de agosto de dos mil dieciséis, tal y como lo precisó el quejoso, bajo protesta de decir verdad, aunado a que la resolución mencionada, no fue señalada como acto reclamado y además, a nada práctico llevaría considerar tal fecha (30 de enero de 2017), como en la que tuvo conocimiento del acto reclamado, pues de igual manera resultaría extemporánea la presente demanda de garantías. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Ahora bien, como la parte quejosa señala como domicilio para oír y recibir notificaciones "los estrados", indíquesele que como la Ley de Amparo no prevé ese tipo de notificaciones, las mismas se practicarán por medio de lista que se fija en lugar visible del Juzgado, en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para tal efecto. Es aplicable la tesis XXII.1°. 22 K. publicada en la foja 1067 del tomo VIII, diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL.- Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público". Por otra parte, se tiene únicamente como autorizados para oír y recibir notificaciones a José Raúl Arias Toral y Jesús Flores López, toda vez que en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, no existe acreditada cédula que los autorice a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho, tal como se desprende de la certificación secretarial que antecede. LEY DE TRANSPARENCIA. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. IB-A

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