Hernan Gomez Guillen

Expediente 1090/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1090/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
17/10/2017

Partes del expediente

  • Hernan Gomez Guillen

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciocho de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la resolución en la cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo ha causado estado, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en su contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devolución de documentos. Como existen documentos agregados en autos, de conformidad con los puntos Segundo, fracción XVIII, Capítulo I, y Décimo Primero, párrafo último, Capítulo Tercero, dese vista a la parte quejosa, a fin que acuda al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger las documentales exhibidas con su demanda, apercibido que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con las constancias judiciales. Indicándole que a fin de no distraer al personal de sus labores, el horario establecido para lo acordado es de diez a trece horas, en día hábil. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por las autoridades responsables 1. Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad y 2. Delegación del Registro Agrario Nacional con sede en la Ciudad de México, ambos por conducto de la Delegada en el Estado. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados de las responsables a los profesionistas que citan y como domicilio para notificaciones el que señalan. Anexo al informe que se recibe, las autoridades señaladas como responsables remiten copia certificada del Título de Propiedad 000001000565, expedido por el Registro Agrario Nacional, Delegación Chiapas, en siete de septiembre de dos mil diecisiete, relativo a la parcela 14 Z-1 P1/14, del "Ejido ***" en favor de ***. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza la documental que remiten las autoridades responsables. Por otra parte, no ha lugar acordar favorable lo peticionado por las oficiantes, relativo a que se notifique a la quejosa la expedición del título de propiedad citado, a través de las listas de acuerdo que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional; ello, toda vez que del propio acuse de recibo de solicitud efectuada por quien promueve el amparo (foja 8), se desprende que señaló como domicilio para notificaciones relativas al trámite que nos ocupa, las oficinas del Registro Agrario nacional 451 Santa Elena, de ahí que las responsables están en posibilidad de realizar la notificación en cita. No obstante, es de precisarse que la presente determinación se notificará de forma personal a la parte quejosa, al encontrarse en el supuesto que refiere el numeral 26 fracción I inciso f de la Ley de Amparo. Ahora, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la omisión de expedir el Título de Propiedad del Ejido "Francisco Sarabia - El Puente", en favor de Hernán Gómez Guillen, mismo que fue requerido mediante solicitud 07170005600, de treinta de marzo de dos mil diecisiete. En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del citado artículo 61, que menciona: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" La citada causa de improcedencia requiere para su actualización que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal manera que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violadas. Esto es, que la propia autoridad a quien se le atribuye la emisión del acto impugnado, no solamente deje insubsistente dicha actuación, sino que lo haga en forma total e incondicional, y con ello produzca que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de los derechos fundamentales de la quejosa. De lo que se sigue que, en la cesación de efectos del acto reclamado, el posterior actuar de la responsable debe equiparse a la concesión de amparo, en cuanto a que desaparecen los efectos del acto tachado de inconstitucional, como si éste nunca hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ahí ninguna huella. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 59/99 , de rubro y texto que se transcriben: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. En la especie, la parte quejosa se duele de la omisión por parte de las citadas responsables, de expedir el Título de Propiedad del Ejido "Francisco Sarabia - El Puente", en favor de Hernán Gómez Guillen, mismo que fue requerido mediante solicitud 07170005600, de treinta de marzo de dos mil diecisiete. Ahora, se observa que las autoridades 1. Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad y 2. Delegación del Registro Agrario Nacional con sede en la Ciudad de México, ambos por conducto de la Delegada en el Estado, adjunto a su informe justificado remitieron copia certificada del Título de Propiedad 000001000565, expedido por el Registro Agrario Nacional, Delegación Chiapas, en siete de septiembre de dos mil diecisiete, relativo a la parcela 14 Z-1 P1/14, del "Ejido Francisco Sarabia-El Puente" en favor de Hernán Gómez Guillen (foja 24), subsanando así la omisión planteada. Lo expuesto hace evidente que en el presente asunto han cesado los efectos de la omisión atribuida a las autoridades responsables, al haberse demostrado que durante el juicio de amparo se expidió el Título de Propiedad del Ejido "Francisco Sarabia - El Puente", en favor de Hernán Gómez Guillen, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho humano de prontitud en la impartición de justicia, a partir de la inactividad de la citada autoridad, consistente en que no se expedía en su favor Título de Propiedad del Ejido "Francisco Sarabia - El Puente", en favor de Hernán Gómez Guillen, mismo que fue requerido mediante solicitud 07170005600, de treinta de marzo de dos mil diecisiete, ello dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con la expedición del Título de Propiedad 000001000565. De ese modo, quien resuelve concluye que lo actuado por las autoridades responsables extingue la omisión original en que se encontraban y que motivó la promoción del juicio de amparo en que se actúa. Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos de la omisión que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuatro minutos del seis de octubre del año en curso. Finalmente, no pasa inadvertido para quien esto determina, el hecho de que la autoridad de cuenta haya exhibido copia certificada del nombramiento respectivo, que lo acredita con el carácter que ostenta; en atención a ello, es de precisarse que la autoridad responsable no tiene la obligación de acreditar el carácter con el que comparezca en el juicio de garantías, ya que la única obligación que se le impone es la de rendir su respectivo informe, con oportunidad y en su caso acompañando las constancias que lo justifiquen, pero no existe precepto legal que la obligue al acreditamiento de su cargo, personalidad o carácter con que actúan. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis IV.3o.A.T.25 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito. Notifíquese personalmente.

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