Hernan de Jesús Meza Camacho
Expediente 174/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 174/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/02/2017
Partes del expediente
- Hernan de Jesús Meza Camacho
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; ocho de febrero de dos mil diecisiete. "...Vista la demanda de amparo promovida por ... por propio derecho, contra actos de las autoridades señaladas como: 1. Fiscales del Ministerio Público Investigadores, (Dos), Distrito Judicial de Cintalapa, de Figueroa, Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. 2. Jefe de Grupo de la Policía Ministerial, de la ciudad de Cintalapa, de Figueroa, Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 174/2017-1-A. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, textualmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se deduce que los motivos de improcedencia que afecten la demanda de amparo deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior análisis de comprobación hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que el adjetivo "manifiesto" significa claro o evidente, mientras que "indubitable", cierto, seguro, que no puede dudarse. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis, que establece:... El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Ahora bien, una vez analizado integralmente el escrito inicial de cuenta y anexo que acompaña, de conformidad con el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, la demanda de que se trata debe ser desechada de plano por notoriamente improcedente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 5°, fracción I y 6°, de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley (.)" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)" "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." En términos del artículo 5° antes transcrito, se desprende que el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; esto es, la legitimación a que se refiere dicho precepto para iniciar y seguir el juicio de amparo debe fundarse en el agravio causado por un acto u omisión de autoridad, o por la ley, al interés jurídico del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral -sea de naturaleza jurídica o patrimonial-, siempre que éste sea material y apreciable objetivamente, esto es, que la afectación que en su detrimento aduzca el quejoso debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. De ahí que, el principio de instancia de parte agraviada reflejado en el artículo 5° de la Ley de Amparo, por mandato constitucional de la fracción I artículo 107, de la Constitución General del País, dada su vinculación con el tema de la legitimación, revela que ésta sólo existirá si se interpone válidamente por quien reúna la condición de agraviado, es decir, el particular que se haya visto afectado en sus derechos con motivo de la emisión u omisión, de un acto de autoridad. Por su parte, el artículo 6°, primer párrafo de la legislación en consulta, restringe en que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado y podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Por lo que, se concluye que si acto reclamado no satisface los requisitos para la procedencia del juicio de amparo indirecto derivados de los artículos 5°, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, este será improcedente, ya que es un requisito indispensable que la afectación que reclame la parte quejosa sea real e inminente. En el caso que nos ocupa, apreciada íntegramente la demanda de amparo y anexos, se advierte que si bien es cierto el promovente de amparo señala como acto reclamado la orden de comparecencia y/o de localización y presentación girada en su contra mediante un registro de atención y/o carpeta de investigación, lo cierto es que del documento que anexa a su demanda se desprende que se trata de una invitación para una sesión de conciliación. En efecto, del oficio 00282/0741/2017, suscrito por el Fiscal del Ministerio Público de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa Cintalapa, de la Fiscalía de Distrito Istmo-Costa, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, que anexa el quejoso a su escrito de demanda, se advierte que fue citado a una sesión de conciliación para llegar un acuerdo armonioso, toda vez que, manifiesta la autoridad, existe una denuncia en su contra por el delito de abuso de confianza. Lo anterior, evidencia que el acto cuestionado no causa agravio personal y directo que afecte a la esfera jurídica de la parte quejosa ya que la citación o invitación a través de la cual el Fiscal del Ministerio Público de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa Cintalapa, de la Fiscalía de Distrito Istmo-Costa, de la Procuraduría General de Justicia del Estado; exhorta al promovente de amparo para que acuda a sus oficinas a participar en mecanismos alternativos de solución de controversias, no acarrea consecuencia jurídica alguna, y por ende no lesiona los intereses del quejoso ni le causa ningún perjuicio. Ello es así, ya que no se traduce en un trámite o acto jurídico, ni tiene el carácter de proveído o resolución dentro de un procedimiento, de ahí que resulta evidente que no se le están afectando de modo directo e inmediato sus derechos fundamentales. En tales condiciones, al no derivar el acto reclamado en una afectación directa que resienta de manera cierta e inmediata en la esfera jurídica de la parte quejosa, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia del juicio de amparo, prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los ordinales 5° y 6°, todos de la Ley de Amparo, con apoyo en el diverso precepto 113 del citado cuerpo de leyes, y por ende, resulta improcedente la demanda de que se trata. En consecuencia, al ser manifiesta e indudable la improcedencia del presente juicio, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con los ordinales 5° y 6° de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Hernán de Jesús Meza Camacho. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones los estrados de este juzgado. Asimismo, con fundamento en el artículo 24, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por autorizado en términos restringidos a Eli Cruz Clemente, por así haberlo solicitado expresamente el quejoso. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese a la parte quejosa...".
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