Hernán Alcazar Luna

Expediente 1117/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1117/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
24/10/2022

Partes del expediente

  • Hernán Alcazar Luna
  • Fiscal General del Estado de Oaxaca

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación que antecede; se advierte que trascurrió el plazo de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo, sin que la parte promovente haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En razón a lo anterior, archívese el presente asunto como concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con apoyo en el artículo 21, inciso d), del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se desechó de plano la demanda de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL PROVEÍDO DE VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS A LA PARTE QUEJOSA, TODA VEZ QUE NO ACUDIÓ NOTIFICARSE DENTRO DE LOS DOS DÍAS SIGUIENTES, A PESAR DE HABERSELE DEJADO CITATORIO. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por *** Luna, contra actos de los Fiscales en turno, que hayan conocido de la carpeta de investigación ******, y otras autoridades; regístrese en libro de gobierno de este Órgano Jurisdiccional bajo el número 1117/2022, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. Ahora bien, en el caso, la parte promovente reclama, en esencia, las omisiones de las autoridades responsables respecto a contestar y dar trámite a sus solicitudes de reparación del daño a la que refiere tener derecho como ofendido, dentro de la carpeta de investigación ****, del índice de la Fiscalía Local de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. DESECHAMIENTO. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En la especie, conviene precisar que el aquí quejoso cuenta con el carácter de ofendido dentro de la carpeta de investigación 412/TLACOLULA/2018, del índice de la Fiscalía Local de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; quien reclama de diversos agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Local de Tlacolula de Matamoros, en esencia, actos y omisiones de las autoridades responsables, dentro de la referida carpeta de investigación y que se traduce en la violación a su derecho a obtener la reparación del daño, en su calidad de ofendido. En consecuencia, este órgano jurisdiccional estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúan de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". En efecto, se considera es improcedente el juicio de amparo promovido por la parte quejosa, pues como se precisó en líneas precedentes, el acto reclamado esencialmente se traduce en actos y omisiones de las autoridades responsables, dentro de la referida carpeta de investigación 412/TLACOLULA/2018, del índice de la Fiscalía Local de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, y que se traduce en la violación a su derecho a obtener la reparación del daño, en su calidad de ofendido. Sin embargo, resulta necesario señalar que contra dichos actos reclamados, previo a la instauración del juicio de amparo, se estima procedía ser impugnados en la vía ordinaria ante el Juez de Control competente, tal y como se encuentra previsto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; precepto legal que a la letra dice: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de Control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". Ahora bien, tratándose como en el caso, que la parte quejosa, tiene el carácter de ofendido en la etapa de investigación, deviene importante precisar que el artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales, reglamenta un aspecto de toda la labor de investigación, referente a que si la autoridad ministerial es omisa en su labor de investigación, al no ser dicho acto privativo de la libertad, sino de molestia, la víctima u ofendido tiene derecho a inconformarse ante la autoridad judicial, en términos del citado artículo 258 del propio código, el cual establece que las determinaciones del Ministerio Público, sobre la abstención de investigar, entre otras, pueden impugnarse ante el Juez de Control; por lo que al no estar en presencia de las excepciones previstas en los incisos a), b) o c), de la fracción XVIII de la Ley de Amparo, es imperativo para la parte quejosa agotar la vía jurisdiccional ordinaria, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial. Así las cosas, como requisito para que la parte quejosa pudiera acudir a esta instancia constitucional a combatir dicho acto reclamado, en primer término, debió agotar contra el acto reclamado, el medio de defensa innominado previsto en el citado artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, sin que pase inadvertido que el citado numeral establece expresamente que dicho recurso ordinario procede contra las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar; y pues en el caso, la omisión de dar contestación y trámite a sus solicitudes de reparación dentro de la dentro de la carpeta de investigación 412/TLACOLULA/2018, del índice de la Fiscalía Local de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, donde el quejoso tiene el carácter de ofendido, se traduce en una desatención de Ministerio público de emplear las medidas a su alcance para lograr la obligación de ese acto de investigación; además, de las manifestaciones vertidas por el quejoso, se advierte que las autoridades responsables han sido omisas en continuar con el desarrollo de la investigación en la carpeta de investigación de referencia, e incluso, le hicieron saber que el derecho para reclamar la reparación del daño había precluido. Ello, tomando en cuenta que por interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los requisitos de procedencia del recurso innominado en comento, deben ampliarse de tal forma que también proceda contra omisiones por parte de la autoridad en la etapa de investigación del proceso penal, pues dicha conducta supone la paralización de la función investigadora, teniendo el mismo efecto que una determinación emitida por el Fiscal. Así, la intención del Constituyente Permanente al diseñar la figura del Juez de Control -en la reforma constitucional de junio de dos mil ocho-, fue que dicha autoridad resolviera las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal y, en general, las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y así resguardar los derechos tanto de los imputados, como de las víctimas u ofendidos. En ese orden de ideas, como se ha expuesto y tomando en consideración la naturaleza del acto reclamado, se estima que es impugnable a través del medio ordinario de defensa antes precisado, dado que el mismo tiene como finalidad que el Juez de Control respectivo revise las omisiones del Ministerio Público y las autoridades que auxilien en la definición del curso de una indagatoria, y en caso de que estime que su actuación es contraria a la ley, debe conminarlo a que cese esa omisión, a efecto de que lleve a cabo las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados. Por tanto, en aras del principio de definitividad que rige la materia de amparo, la parte promovente debió impugnar el acto aquí reclamado ante el citado Juez, pues al no advertirse haber sido impugnadas mediante dicho recurso ordinario, dejó de observar el principio de procedencia de amparo antes señalado, sin encontrarse en alguno de los casos de excepción establecidos en la ley, que le permitieran acudir a este juicio constitucional, sin previamente agotar los recursos o medios de defensa establecidos en la ley ordinaria que rige el acto reclamado. Al respecto de esto, sirve de apoyo, la jurisprudencia 27/2018, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Penal, visible en la página 945, Libro 57, Tomo I, Agosto de 2018, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." Asimismo, la jurisprudencia 28/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Penal, consultable en la página 943, Libro 57, Tomo I, Agosto de dos mil dieciocho, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO". Lo anterior, además de que como se dijo, es necesario que, previo a la promoción del juicio de amparo, la víctima u ofendido agote el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues será el juez de control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, se pronuncie sobre ese tema a través de los principios de publicidad, contradicción, continuidad, contradicción e inmediación. Máxime que, y se insiste, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que si bien en dicho numeral no se incluían de manera expresa las omisiones de la autoridad ministerial, ello no era un obstáculo para instar ese medio de impugnación, porque de una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16 párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, permitía concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise la legalidad de las mismas. Por ende, refirió que tales determinaciones no se limitaban a las taxativamente previstas en ese numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino en general a las actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación, incluyendo las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así las cosas, como requisito para que la parte quejosa pudiera acudir a esta instancia constitucional a combatir dicho acto reclamado, en primer término, debió agotar contra la el acto reclamado, el medio de defensa innominado previsto en el citado artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En consecuencia, toda vez que no se agotó el medio ordinario de defensa previsto por la ley, se estima se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61; con apoyo en el diverso 113, todos de la ley de la materia, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Helaman Alcazar Luna, contra los actos aquí reclamados. Lo anterior es así, toda vez que de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera, al dictarse sentencia, se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano la demanda de cuenta, con objeto de que el promovente tenga conocimiento desde este momento, el resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio en línea, de conformidad con el "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. AUTORIZADO Y DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte peticionaria de amparo, para oír y recibir notificaciones, el que indica para tal efecto al rubro de su demanda de amparo; y a las personas señaladas únicamente para oír y recibir notificaciones, por así solicitarlo expresamente. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa constancia que de ello se asiente en autos. Tiene aplicación al caso la tesis: I.3o.C.725 C, visible en la página 2847, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Sin embargo, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. GRATUIDAD EN EL SERVICIO. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de septiembre de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por *** Luna, contra actos de los Fiscales en turno, que hayan conocido de la carpeta de investigación 412/TLACOLULA/2018, y otras autoridades; regístrese en libro de gobierno de este Órgano Jurisdiccional bajo el número 1117/2022, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y fórmese el expediente electrónico e impreso respectivo. Ahora bien, en el caso, la parte promovente reclama, en esencia, las omisiones de las autoridades responsables respecto a contestar y dar trámite a sus solicitudes de reparación del daño a la que refiere tener derecho como ofendido, dentro de la carpeta de investigación ****, del índice de la Fiscalía Local de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. DESECHAMIENTO. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En la especie, conviene precisar que el aquí quejoso cuenta con el carácter de ofendido dentro de la carpeta de investigación 412/TLACOLULA/2018, del índice de la Fiscalía Local de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca; quien reclama de diversos agentes del Ministerio Público de la Fiscalía Local de Tlacolula de Matamoros, en esencia, actos y omisiones de las autoridades responsables, dentro de la referida carpeta de investigación y que se traduce en la violación a su derecho a obtener la reparación del daño, en su calidad de ofendido. En consecuencia, este órgano jurisdiccional estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúan de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". En efecto, se considera es improcedente el juicio de amparo promovido por la parte quejosa, pues como se precisó en líneas precedentes, el acto reclamado esencialmente se traduce en actos y omisiones de las autoridades responsables, dentro de la referida carpeta de investigación 412/TLACOLULA/2018, del índice de la Fiscalía Local de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, y que se traduce en la violación a su derecho a obtener la reparación del daño, en su calidad de ofendido. Sin embargo, resulta necesario señalar que contra dichos actos reclamados, previo a la instauración del juicio de amparo, se estima procedía ser impugnados en la vía ordinaria ante el Juez de Control competente, tal y como se encuentra previsto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; precepto legal que a la letra dice: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de Control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". Ahora bien, tratándose como en el caso, que la parte quejosa, tiene el carácter de ofendido en la etapa de investigación, deviene importante precisar que el artículo 216 del Código Nacional de Procedimientos Penales, reglamenta un aspecto de toda la labor de investigación, referente a que si la autoridad ministerial es omisa en su labor de investigación, al no ser dicho acto privativo de la libertad, sino de molestia, la víctima u ofendido tiene derecho a inconformarse ante la autoridad judicial, en términos del citado artículo 258 del propio código, el cual establece que las determinaciones del Ministerio Público, sobre la abstención de investigar, entre otras, pueden impugnarse ante el Juez de Control; por lo que al no estar en presencia de las excepciones previstas en los incisos a), b) o c), de la fracción XVIII de la Ley de Amparo, es imperativo para la parte quejosa agotar la vía jurisdiccional ordinaria, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial. Así las cosas, como requisito para que la parte quejosa pudiera acudir a esta instancia constitucional a combatir dicho acto reclamado, en primer término, debió agotar contra el acto reclamado, el medio de defensa innominado previsto en el citado artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, sin que pase inadvertido que el citado numeral establece expresamente que dicho recurso ordinario procede contra las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar; y pues en el caso, la omisión de dar contestación y trámite a sus solicitudes de reparación dentro de la dentro de la carpeta de investigación 412/TLACOLULA/2018, del índice de la Fiscalía Local de Tlacolula de Matamoros, Oaxaca, donde el quejoso tiene el carácter de ofendido, se traduce en una desatención de Ministerio público de emplear las medidas a su alcance para lograr la obligación de ese acto de investigación; además, de las manifestaciones vertidas por el quejoso, se advierte que las autoridades responsables han sido omisas en continuar con el desarrollo de la investigación en la carpeta de investigación de referencia, e incluso, le hicieron saber que el derecho para reclamar la reparación del daño había precluido. Ello, tomando en cuenta que por interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los requisitos de procedencia del recurso innominado en comento, deben ampliarse de tal forma que también proceda contra omisiones por parte de la autoridad en la etapa de investigación del proceso penal, pues dicha conducta supone la paralización de la función investigadora, teniendo el mismo efecto que una determinación emitida por el Fiscal. Así, la intención del Constituyente Permanente al diseñar la figura del Juez de Control -en la reforma constitucional de junio de dos mil ocho-, fue que dicha autoridad resolviera las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal y, en general, las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y así resguardar los derechos tanto de los imputados, como de las víctimas u ofendidos. En ese orden de ideas, como se ha expuesto y tomando en consideración la naturaleza del acto reclamado, se estima que es impugnable a través del medio ordinario de defensa antes precisado, dado que el mismo tiene como finalidad que el Juez de Control respectivo revise las omisiones del Ministerio Público y las autoridades que auxilien en la definición del curso de una indagatoria, y en caso de que estime que su actuación es contraria a la ley, debe conminarlo a que cese esa omisión, a efecto de que lleve a cabo las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados. Por tanto, en aras del principio de definitividad que rige la materia de amparo, la parte promovente debió impugnar el acto aquí reclamado ante el citado Juez, pues al no advertirse haber sido impugnadas mediante dicho recurso ordinario, dejó de observar el principio de procedencia de amparo antes señalado, sin encontrarse en alguno de los casos de excepción establecidos en la ley, que le permitieran acudir a este juicio constitucional, sin previamente agotar los recursos o medios de defensa establecidos en la ley ordinaria que rige el acto reclamado. Al respecto de esto, sirve de apoyo, la jurisprudencia 27/2018, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Penal, visible en la página 945, Libro 57, Tomo I, Agosto de 2018, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES." Asimismo, la jurisprudencia 28/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Común, Penal, consultable en la página 943, Libro 57, Tomo I, Agosto de dos mil dieciocho, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO". Lo anterior, además de que como se dijo, es necesario que, previo a la promoción del juicio de amparo, la víctima u ofendido agote el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues será el juez de control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, se pronuncie sobre ese tema a través de los principios de publicidad, contradicción, continuidad, contradicción e inmediación. Máxime que, y se insiste, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que si bien en dicho numeral no se incluían de manera expresa las omisiones de la autoridad ministerial, ello no era un obstáculo para instar ese medio de impugnación, porque de una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16 párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, permitía concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise la legalidad de las mismas. Por ende, refirió que tales determinaciones no se limitaban a las taxativamente previstas en ese numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino en general a las actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación, incluyendo las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así las cosas, como requisito para que la parte quejosa pudiera acudir a esta instancia constitucional a combatir dicho acto reclamado, en primer término, debió agotar contra la el acto reclamado, el medio de defensa innominado previsto en el citado artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En consecuencia, toda vez que no se agotó el medio ordinario de defensa previsto por la ley, se estima se surte la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61; con apoyo en el diverso 113, todos de la ley de la materia, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Helaman Alcazar Luna, contra los actos aquí reclamados. Lo anterior es así, toda vez que de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera, al dictarse sentencia, se sobreseería en el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano la demanda de cuenta, con objeto de que el promovente tenga conocimiento desde este momento, el resultado de la promoción de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del juicio en línea, de conformidad con el "ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. AUTORIZADO Y DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte peticionaria de amparo, para oír y recibir notificaciones, el que indica para tal efecto al rubro de su demanda de amparo; y a las personas señaladas únicamente para oír y recibir notificaciones, por así solicitarlo expresamente. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, previa constancia que de ello se asiente en autos. Tiene aplicación al caso la tesis: I.3o.C.725 C, visible en la página 2847, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Sin embargo, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de expedientes de manera física será mediante previa cita, misma que deberán agendar en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán las fechas y horarios disponibles para este órgano jurisdiccional. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Se comunica a las partes, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los numerales 1 a 16, 68, 71, 110, y 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 5, fracción XVI, 14 y 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, los diversos 1, 7, 9 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en el artículo 110 de la ley Federal citada. En la inteligencia que, de existir alguna oposición expresa a que se publiquen los datos, de conformidad con los artículos 93 y 94 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Archivos, dicha oposición, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos del artículo 113 de la mencionada Ley. GRATUIDAD EN EL SERVICIO. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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