Herminia Celia López Juárez

Expediente 727/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
727/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
27/06/2022

Partes del expediente

  • Integrantes de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en Oaxaca de Juárez, Oaxaca y Otros.
  • Herminia Celia López Juárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió para la quejosa, el plazo de diez días concedido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia en que se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2°, se declara que ha causado ejecutoria la citada determinación, en consideración al sentido de la misma, el cual únicamente afecta los intereses de la parte quejosa; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales procedentes. No es obstáculo a lo anteriormente expuesto, el hecho de que no se practique el cómputo respectivo a las autoridades responsables, pues sin que ello conlleve a sustituirse a la superioridad, se estima que dichas autoridades incluso no estarían legitimadas para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente, toda vez, que en la misma se sobreseyó en el presente; ello, ya que las autoridades responsables sólo podrán interponer en su caso recurso de revisión contra la resolución que afecte directamente el acto que de ellas se reclamó, de conformidad con lo que establece el artículo 87 de la Ley de Amparo. Lo anterior se considera así, toda vez que se debe tomar en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, no fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio y que cuando, como en el caso, se decretó el sobreseimiento, queda intocado el acto reclamado, se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional y la autoridad se encuentra en aptitud de actuar conforme a sus atribuciones legales; de manera que, dicha resolución a quien en todo caso podría deparar perjuicio sería a la parte quejosa, pero no a las autoridades responsables. Ello, acorde a la Jurisprudencia XIX.1o.A.C. J/1 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 2464, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "LEGITIMACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO. CARECE DE ÉSTA LA AUTORIDAD RESPONSABLE, CUANDO EL JUICIO SE SOBRESEYÓ ANTE LA NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS". En razón a lo anterior, archívese el presente asunto como concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y en el diverso 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con apoyo en el artículo 21, inciso a) del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se determinó sobreseer el presente juicio de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes Por otra parte, de conformidad con los puntos 8.1.2. del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal y artículos 20 fracción II, inciso a), y 21, inciso c), del citado acuerdo general, los cuadernos incidentales el original y duplicado son destruibles, toda vez que se negó la medida cautelar provisional y definitiva. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente principal y original del incidente de suspensión, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. En otro contexto, el duplicado del incidente, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo antes citado, es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurran seis meses, contados a partir de esta fecha, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del mismo, en términos de los artículos 20, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del multicitado Acuerdo General. Agréguese copia autorizada de la presente determinación al cuaderno original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio de garantías para que obre como corresponda. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Se autoriza al Secretario y/o actuaria Judicial a que firme el oficio que derive del presente acuerdo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 727/2021, promovido por Herminia Celia López Juárez, contra actos de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y, otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el nueve de julio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, turnado el mismo día, en este órgano jurisdiccional, Herminia Celia López Juárez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se precisan a continuación: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES A) INTEGRANTES DE LA SALA REGIONAL DEL SURESTE, DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. [.] B) DELEGADO Y/O RESPONSABLE DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO EN OAXACA. [.] C) RESPONSABLE DE LA SUBDELEGACIÓN DE PRESTACIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDÁD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. [.] IV. ACTOS RECLAMADOS: A) DE LOS INTEGRANTES DE LA SALA REGIONAL DEL SURESTE, DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, CON RESIDENCIA EN ESTA CIUDAD DE OAXACA DE JUAREZ, OAXACA, SEÑALO COMO ACTOS RECLAMADOS LOS SIGUIENTES: LA OMISIÓN DE REALIZAR Y EJECUTAR LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES PARA ASEGURAR Y HACER CUMPLIR INTEGRAMENTE LOS TÉRMINOS DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO RADICADO BAJO EL NÚMERO: 4045/18-15-01-9, EMITIDA CON FECHA VEINTICINCO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y DE NINGUNA FORMA QUEDE INCUMPLIDA O SE EJECUTEN EN PLAZOS PROLONGADOS E INCIERTOS COMO LO SUCEDE EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTES CITADO. B) DE LAS DOS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES DELEGADO Y/O RESPONSABLE DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO EN OAXACA Y SUBDELEGADO DE PRESTACIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO EN OAXACA, SEÑALO E (sic) AMBAS AUTORIDADES, COMO ACTO RECLAMADO: LA OMISIÓN DE DAR CUMPLIMIENTO ÍNTEGRO DE LA RESOLUCIÓN Y/O SENTENCIA FIRME Y EJECUTORIADA DICTADA POR LOS INTEGRANTES DE LA SALA REGIONAL DEL SURESTE, DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, RADICADO BAJO EL NÚMERO 4045/18-15-01-9, DE FECHA VEINTICINCO DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE Y DE REALIZAR ACTOS POR DEMÁS DILATORIOS Y PROLONGADOS, NEGLIGENTES E INJUSTIFICADOS QUE ME GENERAN DE MANERA CONTINUA PERJUICIOS A MIS DERECHOS HUMANOS. [.]" SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados y manifestó como derechos fundamentales conculcados, los consagrados en los artículos 1, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Radicación y trámite del juicio de amparo. Mediante auto de doce de julio de dos mil veintiuno, este órgano de control constitucional radicó la demanda de amparo con el número 727/2021; se admitió a trámite; se dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción (quien no formuló pedimento); se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia Legal. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 párrafo primero y relativos de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el diverso 20/2016, del referido Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, por reclamarse de actos atribuidos a autoridades cuya competencia corresponde al ámbito territorial en que este tribunal federal ejerce su jurisdicción. De igual manera, se considera que en observancia a la garantía a la tutela jurisdiccional efectiva prevista en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe señalarse que la suscrita secretaria en funciones de Juez Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, en términos de lo dispuesto en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, por autorización comunicada por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/2820/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, pues está facultada para dictar sentencia aún en los juicios de amparo cuya audiencia no hubiese presidido, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia 67/2011, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 853, Tomo XXXIV, Julio de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN QUE TIENE FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL." SEGUNDO. Fijación de los actos. Por razón de técnica jurídica y con el fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, previo a determinar la existencia o inexistencia de los actos reclamados, procede realizar su fijación clara y precisa, a través del análisis integral de la demanda de amparo, a efecto de conocer la verdadera intención de la parte quejosa al promover este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P-VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, del Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Atento a lo anterior, de las constancias que integran el juicio de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: De los Integrantes de la Sala Regional Del Sureste, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en esta ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca: a) La omisión de realizar y ejecutar las acciones legales correspondientes para asegurar y hacer cumplir íntegramente la sentencia dictada en el juicio de nulidad radicado bajo el número 4045/18-15-01-9, emitida con fecha veinticinco de junio de dos mil diecinueve. Del Delegado y/o Responsable, así como del Subdelegado de Prestaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Oaxaca: b) La omisión de dar cumplimiento íntegro a la sentencia firme y ejecutoriada dictada por los integrantes de la Sala Regional del Sureste, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio de nulidad, radicado bajo el número 4045/18-15-01-9, de fecha veinticinco de junio de dos mil diecinueve. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado a la Sala Regional de Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y responsable de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado. No son ciertos los actos reclamados al Tribunal en cita, toda vez que al rendir su informe con justificación por conducto de su Presidenta, negó los actos que se les reclama, y la parte quejosa, no ofreció medio de convicción para desvirtuar dicha negativa. Lo cual, se corrobora de las copias certificadas de constancias deducidas del juicio de nulidad 4045/18-15-01-9, remitidas por la autoridad responsable con su informe con justificación; documentales que gozan de valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de la materia por disposición de su propio numeral 2º. En efecto, en lo que concierne al acto reclamado consistente en la omisión de realizar y ejecutar las acciones legales correspondientes para asegurar y hacer cumplir la referida sentencia dictada el veinticinco de junio de dos mil diecinueve, en el aludido juicio de nulidad 4045/18-15-01-9, en términos del artículo 58, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, deviene inexistente. Ello es así, puesto que mediante acuerdo uno de junio de dos mil veintiuno, los Magistrados responsables establecieron que en había fenecido el plazo con el que contaba la autoridad demandada para dar cumplimiento a la sentencia de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, por ello, declararon el inicio el procedimiento previsto en el artículo 58 fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo cual, requirieron a la citada autoridad demandada para que en el término de tres días, informara a esa Sala respecto al cumplimiento que hubiere dado a la sentencia en cuestión, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se le impondría una multa de apremio que se fijaría entre trescientas y mil veces la Unidad de Medida y Actualización. En consecuencia, por auto de diez de agosto de dos mil veintiuno, la autoridad responsable precisó que la autoridad demandada no cumplió con el requerimiento formulado en la citada actuación de uno de junio de dos mil veintiuno, puesto que, dicho requerimiento se le notificó el catorce de julio del año en curso, diligencia que, surtió efectos al tercer día hábil siguiente, de conformidad con el artículo 65, cuarto párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, esto es, el plazo concedido transcurrió del cinco al nueve de agosto de dos mil veintiuno. En consecuencia, declararon precluído su derecho, y se impuso al Delegado Estatal Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, una multa por la cantidad de $26,886.00, equivalente a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, además, se libró oficio a la autoridad recaudadora para que se haga efectiva dicha multa. Luego, con fundamento en el artículo 58, primer párrafo, fracción I, inciso a) y b), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, requirieron nuevamente, a la citada autoridad demandada, para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente en que surtiera efectos la notificación de ese auto, cumpliera con la sentencia en cuestión, apercibiéndola que en caso de no cumplir, se le impondría otra multa, equivalente a quinientas Unidades de Medida y Actualización. De lo hasta aquí narrado, se advierte que, con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo -nueve de julio de dos mil veintiuno-, la autoridad responsable inició con el procedimiento de ejecución previsto en el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, incluso, posteriormente hizo efectiva la multa con la que apercibió en auto de uno de junio de dos mil veintiuno, en el juicio de nulidad 4045/18-15-01-9, a la autoridad demandada Delegado Estatal en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en caso de no cumplir dentro de los tres días siguientes, con la sentencia de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, dictada en dicho asunto, en el caso, el uno de junio y diez de agosto, ambos de dos mil veintiuno. Asimismo, antes de que se instara la acción constitucional, mediante auto de uno de junio de dos mil veintiuno, como ya se dijo, la autoridad responsable inicio el procedimiento previsto en el artículo 58 fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a efecto de conseguir el cumplimiento de la sentencia, por lo cual, con base a dicho procedimiento, ha requerido, apercibido y hecho efectivos los medios de apremio con los que ha conminado a la autoridad demanda para tal objeto. De esa manera, como bien lo hace valer la autoridad responsable, los actos reclamados no existen, debido a que de los autos del juicio de nulidad de origen, se advierte que no existen las omisiones reclamadas, de ahí que los actos reclamados sean inexistentes. En consecuencia, ante la negativa e inexistencia no desvirtuada de los actos reclamados a los Magistrados que integran la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa procede sobreseer en este juicio en términos de lo que previene el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior, encuentra apoyo en la jurisprudencia VI.2o. J/308, de la Octava Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 80, agosto de 1994, visible en la página 77, cuyo contenido se comparte, que dice: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, el quejoso tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados." Con independencia de lo anterior, cabe agregar que no se advierte una dilación excesiva entre las actuaciones que han practicado los Magistrados responsables a fin de que se cumpla la sentencia de mérito, y pudiera considerarse que exista tales omisiones. CUARTO. Existencia de los actos reclamados al Delegado Estatal en Oaxaca y responsable de la Subdelegación. Devienen ciertos los actos reclamados a dichas autoridades, consistente en la omisión de dar cumplimiento a la sentencia de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, emitida en el juicio de nulidad 4045/18-15-01-9, puesto que, de los autos de origen, se advierte que a la fecha dichas autoridades no ha cumplido a tal fallo, ni tampoco ha justificado alguna imposibilidad para dar cumplimiento con el mismo. Además, las autoridades responsables fueron omisas en aportar pruebas para justificar que no ha incurrido en la omisión reclamada, consistente en no dar cumplimiento con la sentencia emitida en el juicio de origen. Sin que obste que la autoridad responsable encargado de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, haya anexado a su informe de ley, copia certificada del oficio SP/DPSHT/JN/1838/2021, de seis de agosto del año en curso, documento que goza pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, del que se advierte que el dos de agosto pasado, inició el procedimiento para realizar el cálculo para determinar los montos que le son exigidos; sin embargo, con dichas constancias se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, la sentencia dictada en el juicio de nulidad respectivo, aún no ha sido cumplida, por ello se debe tener como existente el acto que se le reclama. Entonces, se desvirtúa la negativa de la aludida autoridad y se tiene por cierto el acto que se les reclama. Sirve de apoyo, la jurisprudencia número 226 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 153, Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 1995, Materia Común, Quinta Época, que versa: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Apoya lo anterior, la tesis sin número, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA". QUINTO. Causas de improcedencia. Previamente al estudio de los aspectos de fondo vinculados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, deben analizarse las causas de improcedencia por ser esa una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, ya sea de oficio o bien a petición de parte, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo. En el caso, este órgano jurisdiccional considera que respecto al acto reclamado al Delegado Estatal en Oaxaca y responsable de la Subdelegación de Prestaciones ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, consistente en la omisión de dar cumplimiento a la sentencia de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, emitida en el juicio de nulidad 4045/18-15-01-9, se actualiza la causal de inejercitabilidad prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.]" El artículo transcrito recoge lo que doctrinalmente se denomina "principio de definitividad del juicio de amparo", el cual encuentra su justificación en el hecho que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le causa afectación. Conforme a dicho principio, la instancia constitucional en la vía biinstancial contra resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, es improcedente en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto. Atento a lo anterior, a fin de corroborar la causa de improcedencia en comento, es menester determinar que la ley ordinaria contempla un recurso mediante el cual pueda modificarse, revocarse o anularse el acto reclamado. En ese sentido, el numeral 58, fracción II, inciso a), subinciso 3, de Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, establece: "ARTÍCULO 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: [.] II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: [.] Procederá en contra de los siguientes actos: [.] 3.- Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. [.] b) Se interpondrá por escrito acompañado, si la hay, de la resolución motivo de la queja, así como de una copia para la autoridad responsable, se presentará ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que dictó la sentencia, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca. En el supuesto previsto en el inciso anterior, subinciso 3, el quejoso podrá interponer su queja en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su derecho. En dicho escrito se expresarán las razones por las que se considera que hubo exceso o defecto; repetición del acto impugnado o del efecto de éste; que precluyó la oportunidad de la autoridad demandada para emitir la resolución definitiva con la que concluya el procedimiento ordenado; o bien, que procede el cumplimiento sustituto. El Magistrado Instructor o el Presidente de la Sección o el Presidente del Tribunal, en su caso, ordenarán a la autoridad a quien se impute el incumplimiento, que rinda informe dentro del plazo de cinco días en el que justificará el acto que provocó la queja. Vencido el plazo mencionado, con informe o sin él, se dará cuenta a la Sala Regional, la Sección o el Pleno que corresponda, la que resolverá dentro de los cinco días siguientes. [.]" De las normas que se acaban de reproducir, se advierte que el medio de defensa previsto por la ley que rige el acto reclamado, para lograr el cumplimiento de la sentencia ejecutoriada por parte de la autoridad demandada, lo es el recurso de queja, por lo cual, al reclamar la parte quejosa la omisión de dicha parte de dar cumplimiento a la sentencia de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, emitida en el juicio de nulidad 4045/18-15-01-9; previo a instar la acción constitucional, debió agotar el recurso de queja, y al no hacerlo incumplió con el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, tornándose improcedente. Sustenta lo anterior, por las razones que la informan, la citada Jurisprudencia 2a./J. 1/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 2000211, del tenor literal siguiente: "DEPENDENCIAS PÚBLICAS Y SUS AUXILIARES, DEMANDADAS ANTE UN TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SON AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE CONTROVIERTE EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD. En atención a que de una sentencia firme derivada de un juicio contencioso administrativo surge un derecho subjetivo para el actor (gobernado) y la obligación correlativa para el demandado (autoridad) es claro que el incumplimiento de ésta permite la incoación del procedimiento para hacer cumplir la sentencia ejecutoriada dictada en el juicio en que se hubiese declarado la invalidez del acto controvertido mediante el medio de defensa legal previsto por la ley que rige el acto para lograr el cumplimiento de aquella determinación. Por lo que, si a pesar de ello, no se cumple la sentencia, es claro que aquél puede acudir al juicio de amparo, porque tal omisión se traduce en una violación al derecho de acceso a la justicia contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al significar un obstáculo al derecho fundamental de pedir justicia o de obtener la ejecución de una sentencia anulatoria. Consecuentemente, las dependencias públicas y sus auxiliares, demandadas ante un Tribunal Contencioso Administrativo, son autoridades responsables para efectos del juicio de amparo indirecto en el que se controvierte la omisión en el cumplimiento de la sentencia de nulidad dictada por aquél y, por ende, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 1o., fracción I y 11 de la Ley de Amparo, porque a pesar de que la autoridad haya figurado como demandada en el juicio de origen ello no transforma la relación de supra a subordinación que los órganos del Estado guardan con los gobernados en una relación de coordinación, porque no pierden su calidad de autoridad y gobernado." Además, la tesis I.11o.A.7 A (10a.) del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con número de registro digital 2019309, del rubro y texto: "INCUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE NULIDAD DICTADAS POR EL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO -HOY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA- DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI EL ACTOR AGOTÓ EL RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN LA LEY QUE RIGE A ESE ÓRGANO [APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 1/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 1/2012 (10a.), estableció que las dependencias públicas y sus auxiliares, demandadas ante un tribunal de lo contencioso administrativo, son autoridades responsables para efectos del juicio de amparo indirecto en el que se controvierte la omisión en el cumplimiento de la sentencia de nulidad dictada por aquél y, por ende, no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los diversos numerales 1o., fracción I y 11, todos de la Ley de Amparo abrogada. Lo anterior, porque esa abstención se traduce en una transgresión al derecho de acceso a la justicia, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al constituir un obstáculo al derecho fundamental de pedir justicia o de obtener la ejecución de una sentencia anulatoria. En estas condiciones, como no existe medio de defensa que proceda para impugnar la resolución del recurso de queja previsto en la ley que rige al Tribunal de lo Contencioso Administrativo -hoy de Justicia Administrativa- de la Ciudad de México, que agotó el actor ante el incumplimiento de la sentencia dictada en el juicio de nulidad, ni procedimiento posterior alguno que pueda tramitar para lograr que se acate el fallo dictado en su favor, contra dicho incumplimiento procede el juicio de amparo indirecto." En mérito de lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en este juicio, respecto al acto en mención y autoridades responsables adscritas al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de conformidad en lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido que la parte quejosa el catorce de febrero de dos mil veinte, interpuso recurso de queja por omisión en el cumplimiento de la sentencia, el cual fue desechado en atención a que en aquél momento la autoridad ya había iniciado el procedimiento relativo al cumplimento de la sentencia dictada; sin embargo, no puede tenerse por cumplido el principio de definitividad, pues el acto reclamado se hace consistir en la omisión de la autoridad responsable en dar cumplimiento a la sentencia de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, emitida en el juicio de nulidad 4045/18-15-01-9; ello acaecido hasta la presentación de la demanda de amparo, no antes, de ahí que se considera no se ha cumplido con dicho principio; incluso, tal situación no fue reclamada en el presente sumario constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, por sus consideraciones esenciales la tesis I.3o.C.22 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 792, Tomo XV, Febrero de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "DEFINITIVIDAD. ESTE PRINCIPIO RECTOR DEL JUICIO DE AMPARO NO SE COLMA POR HABERSE INTERPUESTO CONTRA EL ACTO RECLAMADO UN RECURSO QUE FUE DESECHADO, SI CONTRA ESTA DETERMINACIÓN PROCEDE UN DIVERSO MEDIO DE IMPUGNACIÓN QUE NO SE AGOTÓ." Finalmente, se habilita al Secretario judicial y/o Actuario de la adscripción, para firmar los oficios que deriven del presente acuerdo. Por lo expuesto, fundado, se; R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Herminia Celia López Juárez, respecto del acto reclamado a las autoridades responsables señaladas en el resultando primero, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y último, de esta resolución. Notifíquese personalmente; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    En veintiocho de enero de dos mil veintidós, atento a las razones que anteceden, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso C), de la Ley de Amparo, por medio de lista de acuerdos, misma que se fija en un lugar visible y de fácil acceso al local de este juzgado, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, notifico la resolución de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, de este índice, a la parte quejosa en el juicio de amparo indirecto al rubro indicado. Doy fe

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de agosto de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio 15-1-3-41128/21, correspondiente a la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, mediante el cual rinde su informe justificado. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes con su contenido para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Dese cuenta con el mismo al momento de celebrar la audiencia constitucional. Asimismo, se tiene a la responsable, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, anexando como prueba documental de su parte un cuadernillo de copias certificadas deducidas del juicio de nulidad 4045/18-15-01-9. Pruebas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza y serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno. Por lo que, con su contenido dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga dentro del término legal. Se hace del conocimiento de las partes que en caso de querer consultar el contenido de las copias anexas, deberán agendar una cita ser a través del sistema de "citas", en términos de lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura CLAUDIA CITLALI FUENTES FLORES 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.85.4e 19/05/22 16:47:18 SECCIÓN AMPARO MESA VII-B. PRAL. 727/2021 Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.Síntesis creada automáticamente desde Determinaciones Judiciales

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