Hermilo Jiménez López

Expediente 265/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 7 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
265/2020
Año
2020
Actuaciones
7
Última actuación
22/03/2021

Partes del expediente

  • Hermilo Jiménez López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Incidental

    Córdoba, Veracruz, a veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de uno de marzo de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente, así como el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Finalmente, tomando en consideración que de la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa exhibió diversos documentos, recibidos en acuerdo de ocho de junio de dos mil veinte; por tanto, con fundamento en lo dispuesto los artículos 20, párrafo segundo, y 21, antepenúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquéllos en el término de NOVENTA DÍAS a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, dichas constancias, correrán la misma suerte que este expediente.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, a veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de uno de marzo de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente, así como el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Finalmente, tomando en consideración que de la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa exhibió diversos documentos, recibidos en acuerdo de ocho de junio de dos mil veinte; por tanto, con fundamento en lo dispuesto los artículos 20, párrafo segundo, y 21, antepenúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquéllos en el término de NOVENTA DÍAS a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, dichas constancias, correrán la misma suerte que este expediente.

  3. Principal

    NO ATENDIÓ CITATORIO LA PARTE QUEJOSA. Córdoba, Veracruz, a veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia de uno de marzo de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente, así como el original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de????????? la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, por haberse por haberse sobreseído en el presente juicio de amparo. Finalmente, tomando en consideración que de la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa exhibió diversos documentos, recibidos en acuerdo de ocho de junio de dos mil veinte; por tanto, con fundamento en lo dispuesto los artículos 20, párrafo segundo, y 21, antepenúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se le requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibir aquéllos en el término de NOVENTA DÍAS a partir de la legal notificación de este proveído, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, dichas constancias, correrán la misma suerte que este expediente.

  4. Principal

    En Córdoba, Veracruz, a las nueve horas con cuarenta minutos del uno de marzo de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 265/2020, promovido por .; . Enseguida, la Secretaria relaciona las constancias que obran en el expediente: Demanda de amparo signada por .; informes justificados rendidos por las autoridades responsables, así como las copias certificadas que remitió la 1. Licenciada ., Fiscal Especializada de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con sede en Córdoba, Veracruz, consistente en copia certificada de diversas constancias relativas a la carpeta de investigación ., de su índice. La Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que antecede. Abierto el periodo probatorio: La Secretaria da cuenta con las documentales ofrecidas por el quejoso, en su escrito inicial de demanda; y las constancias remitidas por la 1. Licenciada ., Fiscal Especializada de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con sede en Córdoba, Veracruz, en apoyo a su informe justificado, descritas en el párrafo anterior. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL A lo que la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 123 la Ley de Amparo, se tienen por relacionadas y desahogadas las documentales ofrecidas por las citadas partes, dada su propia y especial naturaleza; al no haber más pruebas que relacionar, se da por concluida esta etapa. Abierto el período de alegatos: la Secretaria hace constar que ninguna de las partes ofreció alegatos en el juicio de amparo en que se actúa, ni el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, realizó pedimento alguno, por lo que no hicieron uso del derecho concedido por el artículo 124 de la Ley de Amparo. La Jueza acuerda: Al no existir alegatos formulados por las partes, ni pedimento planteado por el Agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado, se da por concluido este periodo procesal. Con lo que concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional, se levanta esta acta para debida constancia, y a continuación se procede al dictado de la siguiente: Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 265/2020, promovido por . contra actos de la 1. Licenciada . Fiscal Especializada de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con sede en Córdoba, Veracruz, los que consideró violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1, 14, 16, y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el ocho de junio de dos mil veinte, en la Oficialía de Partes de este Juzgado, ., solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y las autoridades que a continuación se precisan: IV. ACTO RECLAMADO. La omisión de darle trámite a mi escrito relativo a la Carpeta de Investigación No. . firmado por el suscrito ., de fecha 21 de mayo del 2020 y presentado en esa misma fecha ante la Licenciada ., fiscal especializada en la unidad especializada en combate al secuestro, sede Córdoba, Veracruz (que hasta la fecha no ha acordado la petición que le hiciera para efectos de ordenar desahogar datos de prueba dentro de la carpeta de investigación No. ., es decir, han pasado Dieciocho días sin que haya ordenado su diligenciación), promoción que anexo a este escrito, con el sello original de recibido por parte de dicha fiscalía. Así como la negativa de recibir dos promociones fechadas con el día 4 de junio del 2020 y que intentara mi Abogado Defensor Lic. . presentar en dicha fiscalía y le recibieran dichos escritos, mismos que anexo al presente amparo, negándose el personal que lo atendió en la entrada de dicha fiscalía denominada unidad especializada en combate al secuestro de Córdoba, Veracruz a recibir esos dos escritos, argumentándome que no se encontraba la Lic. ., ni el Lic. . Fiscal especializado en la unidad especializada en combate al secuestro, sede Córdoba, Veracruz., y Lic. . fiscal especializado, encargado de la coordinación de la unidad especializada en combate al secuestro, sede Córdoba, Veracruz, ni nadie que pudiera recibirlos. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Y TRÁMITE DEL JUICIO. Por auto de ocho de junio de dos mil veinte, este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado, con residencia en Córdoba, al que correspondió el conocimiento del presente asunto, admitió la demanda bajo el número 265/2020; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y, finalmente, citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Seguido que fue el trámite, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35, 37, 107 y 108, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, debido a que se reclama un acto que no requiere ejecución material, por lo cual la competencia se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se presentó la demanda, en términos del último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Previo a determinar la existencia o no del acto reclamado en esta vía constitucional, se estima necesario precisarlo, esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo; y de la lectura integral de la demanda se advierte que la quejosa reclama: ? De los licenciados . Fiscales Especializados en la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con sede en Córdoba, Veracruz. La omisión de dar trámite a su escrito de veintiuno de mayo de dos mil veinte, así como la negativa de recibirle los escritos de cuatro de junio de ese año. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. No es cierto el acto reclamado de los licenciados . ambos Fiscales Especializados en la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con sede en Córdoba, Veracruz. Si bien les correspondía demostrar la inexistencia de la omisión que se les atribuye, del análisis que se realiza a los escritos de cuatro de junio de este año, se advierte que éstos no fueron dirigidos a las autoridades en cita, sino a una diversa; por lo que en esa medida, no puede considerarse como cierta la omisión de recibir y dar trámite a los citados ocursos. En consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto del acto y las autoridades de que se trata en este considerando, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado de la Licenciada . Fiscal Especializada en la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con sede en Córdoba, Veracruz, consistente en la omisión de recibir y dar trámite a los escritos de veintiuno de mayo y cuatro de junio de dos mil veinte, respectivamente, pues con independencia de que en su informe justificado manifestó que son parcialmente ciertos, lo cierto es que efectúo diversas manifestaciones de las cuales se evidencia la existencia de estos; por tanto, se tienen por ciertos los actos que se le atribuyen. Tiene aplicación, por identidad jurídica, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO. Las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente, con independencia de que las invoquen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este Juzgado de Distrito, de oficio, considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De acuerdo con el citado artículo 61, fracción XXI, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; hipótesis que para su actualización requiere que todos los efectos del acto reclamado hayan desaparecido o se hayan destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas hayan vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Se dice que cesan los efectos del acto reclamado cuando la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido que implica no sólo la detención definitiva del actuar de autoridad, sino también la desaparición total de sus efectos, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo (fracción I); y, cuando sea de carácter negativo (fracción II), el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. En el asunto que nos ocupa, se reitera, el quejoso, ., acude al presente juicio de amparo y reclama de la Licenciada ., Fiscal Especializada en la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, con sede en Córdoba, Veracruz, la omisión de recibir y dar trámite a los escritos de veintiuno de mayo y cuatro de junio de dos mil veinte, respectivamente. Sin embargo, de las constancias que remitió la citada responsable en vía de informe, relativas a la carpeta de investigación ., se desprende -en lo que al caso trasciende- que por acuerdos de veintinueve de mayo y dieciocho de junio, ambos de dos mil veinte, se radicó y ordenó dar trámite a los escritos de veintiuno de mayo y cuatro de junio del citado año; determinaciones que además le fueron notificadas al quejoso el dieciocho y diecinueve de junio de dos mil veinte, tal como se advierte en las constancias que adjuntó la autoridad responsable a su informe justificado. Luego, al cumplirse con la pretensión del peticionario de amparo, este órgano de control constitucional estima que los efectos del acto reclamado desaparecieron, tal y como si se hubiera otorgado la protección constitucional a la parte quejosa. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en análisis. En lo conducente, se invoca como apoyo, la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de mil novecientos noventa y nueve, consultable en la página 38, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, y con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio respecto del acto reclamado en análisis, al actualizarse la causal de improcedencia en mención, lo que impide analizar el fondo del asunto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que se consulta en la página 115, tomo IX, Enero de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". Por otra parte, cabe destacar que dado el sentido del presente fallo y por economía procesal, se estima innecesario llamar a juicio a quien pudiera asistirle el carácter de tercero interesado, en razón que a nada practico conduciría al haberse actualizado la causal de improcedencia antes indicada, y de hacerlo únicamente se retrasaría el dictado de la sentencia y el resultado sería el mismo, esto es, sobreseer en el juicio. Por las consideraciones que la sustentan, resulta aplicable la jurisprudencia 1a./J. 58/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ochocientos cuarenta y dos, Libro 24, noviembre de dos mil quince, Tomo I, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LA HIPÓTESIS PREVISTA EN LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 87/2012 (10a.) NO SE ACTUALIZA CUANDO LA EVENTUAL PARTICIPACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO QUE ACTÚA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL DEL CUAL DERIVÓ LA RESOLUCIÓN RECLAMADA, NO PUEDE TENER EFECTOS EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA DE AMPARO, COMO EN CASO DE QUE PROCEDA EL SOBRESEIMIENTO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en dicha jurisprudencia, (1) emitida conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, estableció que la omisión de notificar al Ministerio Público que intervino en el procedimiento penal, sobre la presentación de la demanda en donde se impugna la resolución jurisdiccional reclamada en el juicio de amparo, para que esté en posibilidad de formular alegatos, constituye una violación a las reglas esenciales del procedimiento, porque su intervención podría influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por tanto, ante esa circunstancia, lo procedente es que el órgano de control constitucional que conoce del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada por el Juez de Distrito, resuelva revocar dicha decisión y decretar la reposición del procedimiento para subsanar la violación de referencia. Ahora bien, el alcance del supuesto de reposición del procedimiento a que se refiere el mencionado criterio jurisprudencial no se actualiza en aquellos casos donde la eventual participación de la representación social no pueda tener efectos en el dictado de la sentencia de amparo, como en caso de que proceda el sobreseimiento en el juicio relativo, lo cual acontece cuando el órgano de revisión considera legal el sobreseimiento decretado en primera instancia, o cuando en la revisión se considere actualizada una causa de improcedencia que obligue a revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo, lo que es acorde con los principios de celeridad y expeditez en la impartición de justicia reconocidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." SEXTO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Cabe precisar que por auto de ocho de junio de dos mil veinte, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no se hacía manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 265/2020, promovido por . contra actos y las autoridades precisadas en el resultando primero, por los fundamentos y motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto del presente fallo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · 4,334 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano