Hermelo Hernández Tecuapacho

Expediente 366/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
366/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
24/10/2022

Partes del expediente

  • Hermelo Hernández Tecuapacho

Actuaciones

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, a veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, aceptó la competencia planteada para conocer de la demanda de amparo promovida por ***********, la cual radicó bajo el número 1042/2021, de su índice administrativo. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E 2.0), y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. Así también, que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso j), pues en el presente asunto se declinó competencia a favor del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República.

  2. Principal

    Córdoba, Veracruz, a uno de julio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República; en atención a su contenido, remítase el cuaderno original del juicio de amparo en que se actúa y fórmese el correspondiente cuaderno de antecedentes. Cúmplase.

  3. Principal

    Vistos para dictar sentencia...Análisis de constitucionalidad del acto reclamado. La parte quejosa reclama de la responsable, la abstención de determinar en la carpeta de investigación UIPJ-1DIV/7/2787/2020, del índice del Fiscal Séptimo Investigador de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, con residencia en esta Ciudad. Lo que considera transgrede en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 17 constitucional. Ahora, de la relación de constancias expuestas, se advierte que asiste razón a la quejosa, pues el artículo 17 constitucional tutela el derecho humano de todo gobernado de acceso efectivo a la justicia, el cual consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y promover la actividad de la autoridad instructora, para que una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En el caso, como se precisó, de las constancias se advierte retardo en la integración de la carpeta de investigación, pues el fiscal no ha determinado sobre su consignación o no ante la autoridad judicial competente, pues desde el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve fue radicada la indagatoria de donde deriva el reclamo y al día en que se promovió la demanda, incluso a la fecha, no se tiene noticia de que hubiere sido emitida la determinación. La representación social, desde la apertura de la indagatoria ordenó, en diversas fechas, actuaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos que se investigan; empero, dejó de actuar por lapsos excesivos, y a la fecha sigue sin determinar su consignación o no ante la autoridad judicial competente. Es importante destacar que el artículo 21 constitucional dispone que el ejercicio de la acción penal compete a la figura del Ministerio Público y que tendrá como finalidad evitar que el gobernado quede en estado de indefensión, incertidumbre e inseguridad jurídica en relación con la persecución de los delitos denunciados, pues para ello debe ejercer las facultades de las cuales se encuentra investido para el logro de dicho objetivo, así como determinar en un plazo prudente en la indagatoria, para no dejar en estado de incertidumbre a persona específica sobre la que se integra la investigación. También es pertinente señalar que el Ministerio Público tiene el deber de obtener los datos que deberán ser bastantes y suficientes para comprobar, ya sea la existencia de los elementos del delito en relación con el asunto puesto a su conocimiento, o bien para demostrar la inexistencia del mismo, así como, de ser el caso, recabar información sobre la probable participación del imputado; de ahí que si estos requisitos no se cumplen, sea porque se niegue a obtener los datos o porque se presenten obstáculos para lograrlo, ello impide la continuación del proceso penal y su posible culminación; entonces transgrede el derecho humano a impartición de justicia, como lo hace también el estado de abstención respecto a la falta de una decisión final en relación al indiciado cuando este conoce la existencia de la investigación y no es concluida. Por ende, el órgano investigador tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para conocer la verdad sobre los hechos puestos en su conocimiento, y con ello comprobar la existencia del hecho delictivo o desvirtuar el mismo, pero siempre pronunciarse respecto del ejercicio o no de la acción penal, nunca abstenerse de hacerlo. Es pertinente señalar que quien solicita el amparo es la parte denunciada del delito, y por ello tiene derecho a conocer el destino de la investigación, para que conozca la verdad legal de los hechos investigados, de ahí que en términos del numeral 17 constitucional tiene derecho a una impartición de justicia pronta. De autos se puede ver que la quejosa ha solicitado que se recaben pruebas, con el fin de impulsar la investigación y se determine lo conducente, en su caso, consigne la carpeta ante el juez de control. Sin embargo, lo último que el fiscal responsable realizó para impulsar la investigación fue que el dos de septiembre de dos mil diecinueve, requirió informes al Gerente del Ingenio Central Potrero, sociedad anónima de capital variable y Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, y hasta la fecha han trascurrido más de seis meses sin que pudiera recabar dicha información o en su caso determinar, pues la carpeta la inició hace más de un año. Con ello el fiscal genera un estado de incertidumbre a la peticionaria del amparo, actuar que trastoca los derechos fundamentales de la peticionaria, contenidos en los artículos 17, párrafo segundo y 21, párrafo primero, de la Carta Magna; en relación con los diversos numerales 212, 213 y 214 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su parte conducente dicen: "Artículo 17. [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. [.].". "Artículo 212. Deber de investigación penal. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión.". "Artículo 213. Objeto de la investigación La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño.". "Artículo 214. Principios que rigen a las autoridades de la investigación Las autoridades encargadas de desarrollar la investigación de los delitos se regirán por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, lealtad y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados.". De la interpretación armónica de los preceptos transcritos, deriva la obligación de la autoridad ministerial responsable de no retardar una investigación ni prolongarla injustificadamente, pues necesariamente debe existir una resolución fundada y motivada que determine la suerte que habrá de correr esa investigación. De lo contrario, produce inevitablemente incertidumbre para cada una de las partes. Cabe agregar que aunque no existe disposición legal que establezca término específico para la integración de una carpeta de investigación, ello de ningún modo justifica la inactividad del Ministerio Público para resolver sobre el particular, o bien, la omisión o excesivo retardo de pronunciarse en definitiva. De ahí que si hasta el dictado de la presente sentencia no hay noticia de que la responsable haya resuelto la carpeta de investigación en cualquiera de las formas legales autorizadas, se concluye que la representación social ha infringido las citadas disposiciones constitucionales. En tal virtud, como se adelantó, sea fundado el concepto de violación, pues el actuar de la responsable resulta violatorio de derechos humanos en perjuicio de la parte quejosa, ante la demora prolongada que constituye, por sí misma, violación de tales derechos, sin que se encuentre justificada. Por tanto, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que una vez que cause ejecutoria esta sentencia, el Fiscal Séptimo Investigador de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, con residencia en esta Ciudad: - Se pronuncie en el plazo de tres días respecto a si admite las pruebas pendientes de acordar ofrecidas por las partes, en el entendido que de considerar necesario recabar dicho material probatorio, tendrá que desahogarlo en un lapso no mayor a treinta días; - Hecho lo anterior, negadas las pruebas o desahogadas dentro del plazo citado -treinta días-, determine en el plazo de tres días, si procede o no el ejercicio de la acción penal; y - Notifique esa decisión a la parte impetrante de amparo, todo lo cual no debe exceder los plazos citados. Se invoca como apoyo la jurisprudencia 764, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 845, del Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, Materia Penal, Apéndice 1917-Septiembre 2011, que establece: "JUECES DE DISTRITO. ESTÁN FACULTADOS PARA APRECIAR SI HA TRANSCURRIDO UN PLAZO RAZONABLE PARA QUE EL MINISTERIO PÚBLICO EMITA ALGÚN PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DEL EJERCICIO O NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y PARA, EN SU CASO, IMPONERLE UNO PARA QUE DICTE LA RESOLUCIÓN QUE CORRESPONDA COMO RESULTADO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. La circunstancia de que el juicio de amparo indirecto sea procedente en contra de la abstención del Ministerio Público de pronunciarse sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal, autoriza al juzgador de amparo a apreciar en cada caso concreto si ha transcurrido un plazo razonable para que la representación social dicte la resolución que conforme a derecho corresponda, con base en las manifestaciones del quejoso y las de la propia autoridad responsable en su informe con justificación, sin que ello implique otorgar al juzgador constitucional la facultad de estudiar el fondo de la denuncia o querella planteada por el gobernado, sino únicamente la de imponer, en su caso, a dicha representación un plazo prudente para que dicte su resolución." NOVENO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que en el auto inicial, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna, se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes en la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 74, 75 y 79, de la Ley de Amparo aplicable se resuelve: UNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a ***********, contra el acto reclamado del Fiscal Séptimo Investigador de la Unidad Integral de Procuración de Justicia, con residencia en esta Ciudad, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando octavo de esta sentencia

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