Hermilo Garza Fernández

Expediente 50/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
50/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
15/02/2023

Partes del expediente

  • Hermilo Garza Fernández

Actuaciones

  1. Principal

    1. Declara firme. Visto el cómputo realizado por la Secretaría, se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el auto de dos de febrero del año en curso, en el que se desechó la demanda de garantías. En consecuencia, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 3. Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se desechó la demanda, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 4. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 5. Entrega al archivo. Con fundamento en el artículo 35 del citado acuerdo general, el oficial judicial que corresponda deberá anotar en la carátula de este expediente y en la relación que se integre para efectos de destrucción o transferencia, la leyenda correspondiente. Recibido el expediente por el oficial judicial A, por parte de cada secretaría de trámite, contará con diez días hábiles para hacer las anotaciones en los libros electrónicos de control y remitir físicamente el expediente al archivo judicial.

  2. Principal

    1. Promoción. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ..., en cumplimiento al proveído de dieciocho de enero del año en curso. 1.1 Cumple prevención. Téngase a la parte quejosa dando cumplimiento a lo requerido en el citado acuerdo, relativo a la aclaración de la demanda. 2. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 1131 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4.2 Esencialmente la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso a estudio, la parte quejosa señala como acto reclamado al Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esa ciudad, el acuerdo de seis de diciembre de dos mil veintidós, dictado dentro de los autos del juicio laboral ...., instaurado en su contra, mediante el cual se le requiere para que dentro del plazo de cinco días, entregue la documentación relacionada con los tres inmuebles adjudicados, con el apercibimiento que de no cumplir con ello, se acordara lo que en derecho procede. Al respecto, conviene destacar que el quejoso, bajo protesta de decir verdad, señala en el escrito aclaratorio de demanda, que no tiene el carácter de tercero extraño al procedimiento laboral, en virtud de que es la parte demandada; motivo por el cual, no impugna el emplazamiento, ni el laudo que se pronunció en el juicio de origen, del que quedó notificado el tres de octubre de dos mil catorce, ni tampoco el acuerdo de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, a través del cual se fincó el remate. Lo anterior permite advertir que en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo artículo 61, fracción XVIII3 , de la Ley de Amparo. Ello es así, porque, en contra del acto que reclama la parte quejosa se debe agotar el recurso de revisión previsto en el numeral 8494 de la Ley Federal del Trabajo. Para corroborar la anterior determinación, se estima necesario señalar que los preceptos 849 a 852 de la Ley Federal del Trabajo5 , regulan lo relativo a la procedencia del recurso de revisión. Al respecto, el análisis sistemático de los anteriores dispositivos legales, revela que el legislador dispuso que procede el recurso de revisión contra los actos emitidos por los presidentes, actuarios o aquellos funcionarios legalmente habilitados, en ejecución de laudos, de las resoluciones que ponen fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares. También estableció que del citado medio de impugnación conocerá, en el primer supuesto, la Junta de Conciliación o la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje que corresponda, cuando se trate de actos de los presidentes de esas juntas. Por tanto, es inconcuso que contra el acto reclamado consistente en el acuerdo de seis de diciembre de dos mil veintidós, dictado dentro de los autos del juicio laboral ...., por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, mediante el cual se le requirió para que dentro del plazo de cinco días, entregue la documentación relacionada con los tres inmuebles adjudicados, procede el recurso de revisión, establecido en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo; pues como ya se dijo, ese dispositivo establece categóricamente la procedencia del recurso de revisión contra actos de los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados en ejecución de laudos, convenios, de las tercerías o de los dictados en las providencias cautelares. Por lo anterior, cabe concluir que el citado acto reclamado, podría ser revisado, por la Junta Local en comento, en términos del artículo 850, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, y por tanto al no agotar el medio de defensa establecido en la Ley para su revocación, es improcedente el amparo indirecto. Esto es, la parte quejosa estuvo en aptitud legal de combatir el acto reclamado, pues contra él debió agotar el recurso o medio de defensa que la ley le otorga, para estar en aptitud de acudir al juicio de garantías, previsto por el numeral señalado en líneas anteriores, pues el Legislador Constituyente estableció el principio de definitividad para el juicio de amparo en el artículo 107 constitucional, para limitar los juicios constitucionales, obligando al promovente al agotamiento previo de los recursos o medios de defensa antes de acudir al amparo, para dar a la autoridad la oportunidad de enmendar a través de los recursos o medios de defensa que señala la ley, las violaciones en que pudiera haber incurrido, pues notorio es, que el legislador al establecer el juicio de amparo, no tuvo el propósito de crear un recurso ordinario más, sino una institución de carácter extraordinario, para el mantenimiento del orden constitucional. Por consiguiente, al no haber agotado el recurso de revisión, se actualiza la causal de improcedencia invocada en el numeral 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Máxime, que en el caso, no se actualiza ninguno de los diversos supuestos de excepción que prevén los incisos a), b), c) y d) de la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia. Lo anterior, toda vez que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber la pena de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquier otra pena inusitadas y trascendentales; así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Tampoco se reclama una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niega la libertad bajo caución o en el que se establezcan los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. No se trata de persona extraña al procedimiento, pues el quejoso tiene la calidad de parte demandada en el juicio laboral del cual emana el acto reclamado. Ni consiste en un auto de vinculación a proceso, sino en un acuerdo dictado en la etapa de ejecución de laudo, por el que se le requirió la documentación relacionada con los inmuebles embargados para ejecutar dicho laudo. 2.1 Criterio legal. Es aplicable la jurisprudencia I.6o.C. J/376 , del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. Sobre el tema se emitió la tesis XXVII.3 L, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito7 y la tesis XIV.2o.19 L8 , del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito. 3. Conclusión. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia señalada con antelación.

  3. Principal

    1. Recepción. Se tiene por recibido el escrito de demanda de amparo promovido por ..., contra actos de la Presidenta de la Junta de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 50/2023, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Prevención. A efecto de estar en aptitud de acordar lo conducente respecto a su admisión o desechamiento, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, fracción I, en relación con el diverso 108, fracciones IV y V, de la citada legislación, se requiere a la parte promovente, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, bajo protesta de decir verdad: i. Precise de manera concreta el acto o los actos que en esta vía reclama, en virtud de que si bien, señala la resolución de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, emitida en el expediente laboral 96/2014, mediante la cual se le requirió la documentación de tres inmuebles que fueron adjudicados, los cuales describe en el escrito de demanda bajo los números 1), 2) y 3). De la documental que exhibe se advierte que corresponde únicamente al inmueble registrado bajo la partida 10986, libro 24-B, sección I, de veinticuatro de diciembre de dos mil uno, la cual se relaciona con el inmueble identificado bajo el número 1).******************** Por tal motivo, es necesario que aclare el inmueble por el cual acude a esta instancia constitucional. ********************ii. Precise la fecha en que fue emplazado al juicio laboral 96/2014, en virtud de que refiere que es tercero extraño; no obstante, de la diversa documental que anexa al escrito de demanda, se desprende que es parte demandada en el citado juicio. iii. Señale la fecha en que fue notificado del laudo y del acuerdo de nueve de septiembre de dos mil diecinueve, dictados en el citado juicio laboral. 4. Apercibimiento. Se apercibe al promovente que de no cumplir la prevención en el plazo que se le otorga, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, como lo prevé el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. 5. Autorizado. Se tiene por autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado ******************** por tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales. ********************6. Correo electrónico. Se tiene a la parte promovente proporcionando como correo electrónico el que señala en su escrito, en el entendido de que se establecerá para comunicaciones no procesales. 7. Consulta y notificaciones vía electrónica. A su vez, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta y notificaciones vía electrónica, al solicitante con nombre de usuario "********************". En el entendido de que el acceso al expediente electrónico estará condicionado a que se encuentre vigente la firma electrónica respectiva y que el usuario proporcionado corresponda efectivamente al profesionista mencionado en los párrafos que anteceden; lo anterior, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. 7.1 Instrucción a oficial judicial A. Se instruye a la oficial judicial A, para que bajo su más estricta responsabilidad vincule al usuario proporcionado con el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa.******************** 8. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 9. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 10. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, y previa solicitud por escrito, se autoriza su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. El Secretario de Juzgado encargado del expediente las gestionará sin mayor proveído. 11. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita.

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