Hermilo Chapa Leal
Expediente 937/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 937/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 08/02/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Hermilo Chapa Leal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no se inconformó con el acuerdo de catorce de enero de dos mil dieciséis (fojas 40 a 45), en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, toda vez que le ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que interpusiera el recurso de revisión contra dicho proveído. Sin que sea necesario computar el término para la interposición el recurso de revisión a las autoridades señaladas como responsables en este juicio, toda vez que no les produce agravio el sentido del proveído de referencia. (. . .) En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2° y 86, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, se declara que el auto que decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo, ha causado estado. En tal razón, comuníquese este acuerdo a las partes, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y se ordena archivar el presente, como asunto concluido. Asimismo, respecto al cuaderno original del incidente de suspensión relativo al presente sumario, toda vez que es susceptible de destrucción, conforme lo dispone la fracción III del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, manténgase por separado en el estado en que se encuentre, quedando sin efecto las providencias decretadas; así también, el duplicado del citado incidente, el cual de conformidad con el Acuerdo General Conjunto antes mencionado, se procederá a su desintegración material en el término de seis meses, a partir de la única o última resolución interlocutoria que se haya dictado. Por último, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante escrito recibido por la Oficialía de Partes de este Juzgado, el treinta y uno de diciembre de dos mil quince (fojas 1 a 9), Hermilo Chapa Leal, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades responsables y por los actos siguientes: III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- AUTORIDAD ORDENADORA: REPÚBLICANO AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, con domicilio en calle Monterrey y Avenida 16 de septiembre, Sin número, de la colonia Las Fuentes, en esta ciudad de Piedras Negras, Coahuila. AUTORIDADES EJECUTORAS: PRESIDENTE MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, SINDICO DEL AYUNTAMIENTO DE PIEDRS NEGRAS, COAHUILA, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA Y TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, todos los anteriores con domicilio en calle Monterrey y Avenida 16 de Septiembre, Sin número, de la colonia Las Fuentes, en esta ciudad de Piedras Negras, Coahuila. "IV. - LA NORMA GENERAL, ACTO, OMISION QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA. Se reclama de las autoridades señaladas como ordenadora la instrucción a las ejecutoras para que me fuera efectuado por estas últimas un acto de molestia sin fundamentación y motivación: completamente fuera de procedimiento y sin el nombre y cargo de quien lo suscribe en el domicilio ubicado en calle Riva Palacio, número 503, de la colonia Juárez, de esta ciudad, donde se ubica mi negocio de mediante el acto de boleta de infracción, taller dedicado a la reparación de motores eléctricos, autoridad que en este caso lo es la número 5530, de fecha 10 de diciembre de 2015, emitida, por el RÉPUBLICANO AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, a través del DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN MUNICIPAL y la DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS, sin que se aprecie quien la suscribe, mismo que ordena como notificación que en un plazo de 15 días, proceda a tramitar uso de suelo y licencia de funcionamiento en taller de embobinado de motores, sin que se diga la infracción a la norma con el funcionamiento de mi negocio y de porque he de realizar dicho trámite ya que no se mencionan los fundamentos legales que en el supuesto caso sean aplicables, ya que mi negociación tiene cinco años de esta funcionando en lugar sin que antes hubiera sido molestado por la autoridad municipal, así como tampoco consta dicho acto en un documento con las formalidades de ley, es decir que conste por escrito, la autoridad que lo emana, así como quien lo suscribe, de ahí que sea considerado un acto de molestia ilegal e inconstitucional". Ahora bien, de lo dispuesto por los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo vigente, se desprende la posibilidad de que durante el juicio sobrevenga alguna causal de improcedencia prevista en el numeral 61 de dicha ley, la cual por ende, acarrea el sobreseimiento del juicio de amparo. En el caso, de las constancias que adjuntaron las autoridades responsables Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento de esta ciudad, Síndico de Mayoría y Representante Legal del Ayuntamiento de esta ciudad, Director General de Planeación Urbanismo y Obras Públicas, y Coordinador del Cuerpo Multidisciplinario de Inspectores Municipales, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe con justificación (fojas 17 a 36), se advierte de manera indudable la actualización de una de ellas, la cual se invoca previamente a la celebración de la audiencia constitucional, atendiendo al criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª./J.10/2003, visible a página trescientos ochenta y seis, tomo XVII, marzo de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 184572, cuyo tenor literal es el siguiente: (. . .) En efecto, en el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es así, dado que de los documentos que remitieron las autoridades antes referidas, se advierte la copia certificada del acuerdo administrativo número 001/2016, emitido por el Coordinador del Cuerpo Multidisciplinario de Inspectores Municipales de esta ciudad, el seis de enero del año en curso. Documental pública a la que se le concede valor probatorio pleno de acuerdo con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo , en términos de su numeral 2° , por haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones. (. . .) Al respecto, cabe invocar el contenido del artículo 61, fracción XXI: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y con ello, la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la quejosa, según sea el caso. Esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación a virtud de la cual, se revoque o anule el acto de autoridad motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada; esta forma de actualizar la improcedencia en comento, constituye una especie de autocontrol de la Constitución, ya que la misma autoridad que le dio origen, a través de un acto positivo o negativo, es quien lo deja insubsistente sea por que advirtió su ilegalidad o por cualquier otra causa, al margen del origen de ello. A efecto de precisar los extremos que en su aplicación han de cumplirse, para estimar que opera cabalmente, es indispensable puntualizar que no basta que la autoridad responsable deje sin efecto el acto o lo revoque, sino además es necesario que, aun sin disponerlo, de manera inmediata y sin condición alguna de por medio, se destruyan todos los efectos que conlleva el acto reclamado, ocasionando que las cosas vuelvan al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Así, a guisa de ejemplo se obtiene que, bien puede ocurrir que en el supuesto de instaurarse una demanda de amparo contra una clausura por tiempo indefinido practicada por una autoridad administrativa respecto de un local comercial, substanciado el amparo; la responsable advirtiera la inconstitucionalidad del acto y decidiera de motu proprio levantar el estado de clausura reclamado, a fin de evitar mayores daños y perjuicios al quejoso, caso en el que cobra aplicación el supuesto jurídico en examen; o también pudiera actualizarse, de darse el caso que la ley que contemplaba la disposición incumplida que conllevó a la clausura o la norma que faculta a la autoridad administrativa a imponer esa sanción se derogue. De manera que por cualquiera de los citados supuestos, se llega a la conclusión de que han cesado los efectos del acto reclamado de manera total e incondicional y por consecuencia, se restituye al quejoso en la esfera jurídica de sus garantías, como si se le hubiera concedido el amparo. (. . .) Así, los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. (. . .) La ratio legis que dio origen al presente motivo de improcedencia de la acción constitucional obedece al hecho de que al desaparecer los efectos del acto de autoridad tildado de inconstitucional, para la autoridad de amparo no es jurídicamente viable, sino ocioso emprender el análisis de un acto que jurídica y materialmente ha dejado de surtir efectos, por lo que incluso, de haber existido una flagrante violación de los derechos fundamentales del quejoso, no sería factible restituirle en el pleno goce de las garantías transgredidas pues, la cesación del acto reclamado acaecida, con independencia de que se pudiera probar la existencia de la violación reclamada, a consecuencia de cesar en sus efectos el acto reclamado de manera total e incondicional, la parte quejosa se ve resarcida en el pleno goce de la garantía individual violada retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, produciéndose la finalidad del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación nunca se hubiera realizado. (. . .) Ahora bien, no debe confundirse la cesación de los actos reclamados, con la consumación de éstos, dado que ésta, implica la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente, cuya diferencia reside en que si bien, ambas son semejantes en cuanto a que durante la secuela del juicio de amparo desaparece el acto reclamado, el distintivo de la fracción XVI, que el tildado de inconstitucional, se agota o consuma por virtud de haber transcurrido su vigencia o el tiempo de su validez, lo que entonces ocasiona que se deje de lesionar los intereses del particular, sin resarcirlo en sus derechos pues se dan como irreparables las afectaciones padecidas. Es decir, si el acto cuya constitucionalidad se controvierte, implica una sanción o restricción vigente al momento en que se promueve el juicio o éste se encuentra en trámite y, la vigencia de la medida reclamada o de la sanción se cumple en sus términos dando fin al acto y deja de irrogar un perjuicio alguno, con la diferencia que estos se consuman en perjuicio del quejoso, a diferencia de la cesación de efectos, el resultado de esta causal no devuelve las cosas al momento en que se encontraba hasta antes de la violación, quedando sin reparación alguna, contrario a la analizada causal que arriba al sobreseimiento. En efecto, la parte quejosa reclamó la expedición de la boleta de infracción número 5530, y sus consecuencias. En el caso, de la constancia que en copia certificada remitieron las autoridades responsables, se advierte que el seis de enero del presente año, mediante acuerdo administrativo 001/2016, el Coordinador del Cuerpo Multidisciplinario de Inspectores Municipales de esta ciudad, dejó sin efectos la citada boleta de infracción número 5530; lo que implica la desaparición total del acto reclamado, en virtud de que la autoridad responsable, restituyó con ello, en el pleno goce de sus derechos fundamentales a la parte quejosa, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, actualizándose con ello, como se dijo, la causa de improcedencia invocada. Lo anterior es así, pues si en este juicio se reclama la boleta de infracción señalada y la autoridad de mutuo propio la dejó sin efectos al considerar su ilegalidad, es inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, procede sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, con apoyo en el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Por lo anterior, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para doce horas del quince de febrero de dos mil dieciséis (fojas 11 a 13). Finalmente, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el pedimento de amparo identificado con el número 11/2016, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, toda vez que este acuerdo se sobreseyó este juicio fuera de audiencia. Como lo solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, expídasele copia simple del presente proveído y entréguese previa razón de recibo que se deje en el expediente.
- Incidental
se resuelve: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a...en términos del considerando único de esta resolución.
- Incidental
Vista la cuenta, agréguense a los autos, los informes previos rendidos por las autoridades responsables relacionadas en el recuadro siguiente: Síndico de Mayoría y Representante Legal del Ayuntamiento de esta ciudad. Presidente Municipal y Secretario del Ayuntamiento de esta ciudad. Director General de Planeación Urbanismo y Obras Públicas, ciudad. Secretario del Ayuntamiento de esta ciudad. Coordinador del Cuerpo Multidisciplinario de Inspectores Municipales, en esta ciudad. Por tanto, pónganse a la vista de las partes, con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 9°, párrafo primero, de la ley de la materia citada, se tiene a las autoridades responsables de cuenta, designando como delegados, a los indicados para tales efectos en su informe.
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