Hermes Omar Díaz Franco

Expediente 85/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
85/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
13/10/2023

Partes del expediente

  • Hermes Omar Díaz Franco
  • María Isabel Valladares Solís

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, trece de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que se la misma pueda llevarse a cabo al no encontrarse debidamente integrado el juicio de amparo en que se actúa, toda vez que no se cuentan con las constancias que fueron solicitadas a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Familiar Especializada en Violencia Contra las Mujeres del Distrito Judicial de Los Bravo, residente en esta ciudad, mediante oficio 25660/2023, que contiene el acuerdo de ocho de septiembre del año en curso, no obstante de estar debidamente notificado para ello y de haberle transcurrido dicho término, sin que a la fecha haya dado cumplimiento a la misma. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Familiar Especializada en Violencia contra las Mujeres del Distrito Judicial de Los Bravo, residente en esta ciudad, para que en el término de tres días, siguientes a aquél en que reciba el oficio de notificación del presente proveído, remita copias certificadas legibles de todas las actuaciones que integran el expediente********************; así como las diversas constancias que considere necesarias para resolver el asunto puesto a su consideración, donde emane el acto reclamado; toda vez que resultan necesarias para resolver el presente asunto. Con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso indicado se hará efectivo el apercibimiento decretado en acuerdo de ocho de septiembre del año en curso, consistente en una multa de cien unidades de medida y actualización en su valor vigente para el año actual, con arreglo en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Tiene aplicación al caso en lo conducente la tesis P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y texto siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.- De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues a aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional de mérito se difiere para las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su desahogo. Por último, se ordena la notificación del presente proveído por medio de lista que se fije en los estrados de éste órgano jurisdiccional, toda vez que el presente acuerdo constituye una determinación de mero trámite.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Por recibido el oficio de cuenta, suscrito el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo número 85/2021-IV, y un tomo de pruebas, promovido por Hermes Omar Díaz Franco, así como el testimonio de la ejecutoria dictada el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, en el toca relativo al amparo en revisión número 57/2023; acúsese el recibo de estilo. Ahora bien, y toda vez que la superioridad por unanimidad de votos resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. Se revoca la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. Se ordena la reposición del procedimiento en el juicio de amparo indirecto 85/2021, por las razones expuestas en el último considerando de esta ejecutoria y para os efectos indicados en la parte final." Asimismo, ordena la reposición para los siguientes efectos: "1. Deje sin efectos la audiencia constitucional; 2. Dicte un acuerdo en que requiera a la autoridad responsable que remita copia certificada de todas las actuaciones que integran el expediente 2/2019 (3), de su índice; así como las diversas constancias que considere necesarias para resolver el asunto puesto a su consideración." En tal virtud, en estricto cumplimiento a la resolución emitida por la superioridad de cuenta, se ordena reponer el procedimiento en el presente juicio de amparo y, se deja sin efecto la audiencia constitucional celebrada el nueve de junio de dos mil veintiuno. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, requiérase a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Familiar Especializado en Violencia contra las Mujeres del Distrito Judicial de Los Bravo, residente en esta ciudad, para que en el término de tres días, siguiente a aquél en que reciba el oficio de notificación del presente proveído, remita copias certificadas legibles de todas las actuaciones que integran el expediente 2/2019; así como las diversas constancias que considere necesarias para resolver el asunto puesto a su consideración, donde emane el acto reclamado; toda vez que resultan necesarias para resolver el presente asunto; apercibido que de no hacerlo dentro del lapso indicado se hará acreedor a una multa de cien unidades de medida y actualización en su valor vigente para el año actual, con arreglo en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Tiene aplicación al caso en lo conducente la tesis P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y texto siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.- De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues a aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Ahora, por cuanto hace al cuaderno de antecedentes que se formó para la substanciación del recurso de revisión que interpuso la parte quejosa, y tomando en consideración que cumplió su objetivo primordial, es decir, suplió al principal durante la secuela del citado recurso; en consecuencia, desglósense las actuaciones originales e intégrense a los autos principales y remítase el citado cuaderno al archivo, mismo, que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido seis meses; toda vez que carece de valor institucional, histórico o de relevancia alguna y no porta mayores elementos al acervo archivístico, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 19, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En esa virtud, y a fin de dar cumplimiento con lo ordenado por el Tribunal de Alzada se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional.

  3. Principal

    (CITATORIO A LA PARTE TERCERA INTERESADA) Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Por recibido el oficio de cuenta, suscrito el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo número 85/2021-IV, y un tomo de pruebas, promovido por Hermes Omar Díaz Franco, así como el testimonio de la ejecutoria dictada el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, en el toca relativo al amparo en revisión número 57/2023; acúsese el recibo de estilo. Ahora bien, y toda vez que la superioridad por unanimidad de votos resolvió en los siguientes términos: "PRIMERO. Se revoca la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. Se ordena la reposición del procedimiento en el juicio de amparo indirecto 85/2021, por las razones expuestas en el último considerando de esta ejecutoria y para os efectos indicados en la parte final." Asimismo, ordena la reposición para los siguientes efectos: "1. Deje sin efectos la audiencia constitucional; 2. Dicte un acuerdo en que requiera a la autoridad responsable que remita copia certificada de todas las actuaciones que integran el expediente 2/2019 (3), de su índice; así como las diversas constancias que considere necesarias para resolver el asunto puesto a su consideración." En tal virtud, en estricto cumplimiento a la resolución emitida por la superioridad de cuenta, se ordena reponer el procedimiento en el presente juicio de amparo y, se deja sin efecto la audiencia constitucional celebrada el nueve de junio de dos mil veintiuno. Para tal efecto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, requiérase a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia en Materia Familiar Especializado en Violencia contra las Mujeres del Distrito Judicial de Los Bravo, residente en esta ciudad, para que en el término de tres días, siguiente a aquél en que reciba el oficio de notificación del presente proveído, remita copias certificadas legibles de todas las actuaciones que integran el expediente 2/2019; así como las diversas constancias que considere necesarias para resolver el asunto puesto a su consideración, donde emane el acto reclamado; toda vez que resultan necesarias para resolver el presente asunto; apercibido que de no hacerlo dentro del lapso indicado se hará acreedor a una multa de cien unidades de medida y actualización en su valor vigente para el año actual, con arreglo en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos), en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Tiene aplicación al caso en lo conducente la tesis P./J. 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del rubro y texto siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES, EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.- De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues a aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Ahora, por cuanto hace al cuaderno de antecedentes que se formó para la substanciación del recurso de revisión que interpuso la parte quejosa, y tomando en consideración que cumplió su objetivo primordial, es decir, suplió al principal durante la secuela del citado recurso; en consecuencia, desglósense las actuaciones originales e intégrense a los autos principales y remítase el citado cuaderno al archivo, mismo, que es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que hayan transcurrido seis meses; toda vez que carece de valor institucional, histórico o de relevancia alguna y no porta mayores elementos al acervo archivístico, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 19, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En esa virtud, y a fin de dar cumplimiento con lo ordenado por el Tribunal de Alzada se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional.

  4. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Por recibido vía electrónica, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual informa que admitió el recurso de revisión, interpuesto por las quejosa ********************en contra de la resolución dictada en el presente juicio de amparo, del cual deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa, el qué quedó registrado como amparo en revisión ********************.

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