Hermes Omar Díaz Franco
Expediente 261/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 261/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 28/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Hermes Omar Díaz Franco
- Juez de Primera Instancia en Materia Familiar Especializado en Violencia Contra las Mujeres del Distrito Judicial de los Bravo. Ciudad.
- María Isabel Valladares Solís
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Se tiene recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, por medio del cual envía copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el incidente de inejecución de sentencia 11/2022; asimismo, devuelve los autos originales del juicio de amparo 261/2021, con un tomo de pruebas. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, de la ejecutoria de mérito se aprecia que la superioridad por unanimidad de votos, resolvió bajo el siguiente punto: "ÚNICO.- Se confirma el impedimento jurídico para dar cumplimiento a la sentencia de amparo." En consecuencia, como no quedan cuestiones pendientes de resolver, ni trámite que continuar, con fundamento en el artículo 916 y 214 de la ley de amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno que para tal fin se lleva, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E", y por medio de oficio que al efecto se gire, notifíquese esta determinación a la autoridad responsable. Por otra parte, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental, sin que del mismo se aprecie documento alguno en original exhibido por las partes, por lo que se trata de un cuaderno sin valor institucional e histórico, lo que se hace constar de conformidad a lo señalado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio. En tal virtud, y con fundamento en el artículo dieciocho, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de ser DEPURADO, por lo que una vez transcurridos tres años, contados a partir de la emisión de este auto, procédase a su depuración y consérvese únicamente la demanda, resoluciones recurridas, sentencia definitiva y del presente auto. Aunado a lo anterior, y con fundamento en el artículo 35 del ya mencionado Acuerdo General, háganse las correspondientes indicaciones en la carátula de este expediente. Por tanto, después de concluido el plazo de tres años contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, en términos de lo que prevén los artículos 12 y 14, en relación con el 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual informa que se admitió a trámite el incidente de inejecución de sentencia planteado por este Juzgado, ello, ante la imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable; asimismo, hace del conocimiento que dicho incidente fue registrado en el número 11/2022, de la estadística de ese órgano colegiado; de ello, se toma nota, quedando a la espera de lo que resuelva la superioridad al respecto. Por otra parte como lo solicita la superioridad, a través de oficio que se gire, remítase un tomo de pruebas del juicio de amparo 261/2021, para los efectos legales procedentes.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa, en proveído de once de abril del año en curso, a efecto de que ésta manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación al impedimento informado por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de a amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a emitir la resolución correspondiente, a efecto de declarar si el fallo protector se encuentra cumplido, si la autoridad incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En mérito a lo anterior, tenemos que, en la sentencia de once de enero del año en curso, emitida por el Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con sede en Acapulco, Guerrero, concedió la protección constitucional a la parte quejosa, a efecto de que la autoridad señalada como responsable Juez Familiar de Primera Instancia Especializado en Violencia contra las Mujeres del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: "1 Deje insubsistente el auto de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, dictado dentro de los autos del juicio de solicitud de intervención judicial por hechos de violencia familiar número 02/2019; y 2. Con libertad de jurisdicción dicte una nueva determinación en la cual, de manera fundada y motivada, se pronuncie sobre si es procedente o no admitir a trámite el recurso de reconsideración interpuesto por el demandado Hermes Omar Díaz Franco, aquí quejoso, en contra del auto de catorce de junio de dos mil veintiuno; en la inteligencia de que no podrá desecharlo de plano por frívolo y notoriamente improcedente por las mismas razones que dio en la determinación tildada de inconstitucional, de acuerdo con las consideraciones que se hicieron notar en el estudio de esta sentencia." Así, mediante oficio número 23 de veinte de enero del año en curso y recibido en la oficialía de partes de este Juzgado el veintiuno siguiente, la autoridad responsable, informó que en autos del juicio de origen 02/2019, relativo al juicio de Solicitud de Intervención Judicial por hechos de Violencia Familiar, del cual emana el acto reclamado en esta vía constitucional, había operado un cambio de situación jurídica, dado que el once de enero del año que cursa, se dictó sentencia definitiva y al efecto remitió copia certificada de dicha resolución. Es así, una vez transcurridos los plazos de Ley, por auto de once de abril del presente año, este órgano jurisdiccional declaró ejecutoriada la sentencia definitiva dictada en este juicio, y a su vez dio vista a la parte quejosa con el contenido del oficio descrito en el párrafo anterior, así como con su anexo, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado acordaría lo procedente. Tal acuerdo fue notificado a la parte quejosa, el dieciocho de abril del presente año, tal como se advierte de la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este Juzgado, de ahí que, dicha parte procesal mediante escrito presentado en este Juzgado el dieciocho de abril de la presente anualidad, desahogó la vista otorgada y realizó diversas manifestaciones en torno a lo informado por la autoridad responsable. Por tanto, al ser el cumplimiento de una ejecutoria de amparo una cuestión de orden público y de análisis oficioso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver, si de acuerdo con lo informado por la autoridad responsable, se encuentra cumplido o no el fallo protector, así como verificar si dentro de éste existió exceso o defecto, o si hubiera imposibilidad para cumplirla, y para ello, es preciso reiterar que el efecto para el que se concedió la protección constitucional, fue para que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "1. deje insubsistente el auto de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, dictado dentro de los autos del juicio de solicitud de intervención judicial por hechos de violencia familiar número 02/2019; y 2. Con libertad de jurisdicción dicte una nueva determinación en la cual, de manera fundada y motivada, se pronuncie sobre si es procedente o no admitir a trámite el recurso de reconsideración interpuesto por el demandado Hermes Omar Díaz Franco, aquí quejoso, en contra del auto de catorce de junio de dos mil veintiuno; en la inteligencia de que no podrá desecharlo de plano por frívolo y notoriamente improcedente por las mismas razones que dio en la determinación tildada de inconstitucional, de acuerdo con las consideraciones que se hicieron notar en el estudio de esta sentencia." De ahí que, la autoridad responsable Juez Familiar de Primera Instancia Especializada en Violencia contra las Mujeres del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en esta ciudad, mediante oficio número 23 de veinte de enero del año en curso y recibido en la oficialía de partes de este Juzgado el veintiuno siguiente, informó que en autos del juicio de origen 02/2019, relativo al juicio de Solicitud de Intervención Judicial por hechos de Violencia Familiar promovido por María Isabel Valladares Solís, por propio derecho y en representación de sus mejores hijos en contra del aquí quejoso Hermes Omar Díaz Franco, había operado un cambio de situación jurídica; ello, en razón de que el once de enero del año en curso, dictó sentencia definitiva en el juicio citado, documentos a los que concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con su artículo 2º, por haber sido emitida por la autoridad responsable en ejercicio de sus funciones. Constancias de cuyo análisis se desprende, que la autoridad responsable el once de enero del presente año, dictó sentencia definitiva en el expediente de origen 02/2019, y su acumulado 273/2019-3, del cual deriva el acto reclamado en esta vía constitucional; por lo que este órgano jurisdiccional llega a la conclusión, de que en el presente juicio, existe imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo, pues al haberse culminado el juicio de origen mediante una sentencia definitiva, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar Especializado en Violencia Contra las Mujeres del Distrito Judicial de Los Bravo, residente en esta ciudad, ya no está en aptitud de pronunciarse respecto de un recurso ordinario planteado durante la tramitación del juicio natural. En efecto, existe impedimento legal para pronunciarse en relación al cumplimiento de sentencia que concedió la protección constitucional, toda vez que la responsable emitió sentencia definitiva en autos del juicio de origen 02/2019, y su acumulado 273/2019-3; por ende, aun cuando, este Juzgado está obligado de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, ello siempre y cuando se esté dentro de las posibilidades, y al haberse resuelto en definitiva la Litis en el juico natural, es obvio, que lo procedente es DECLARAR QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD JURIDICA para cumplir con la ejecutoria en el presente asunto, ello, en términos de lo dispuesto por el numeral 196, último párrafo de la Ley de Amparo. En ese orden, y al haberse determinado que existe imposibilidad para cumplir con el efecto amparador, con fundamento en el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, envíese el expediente en que se actúa, así como un tomo de pruebas, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para que resuelva lo que en derecho corresponda, debiéndose formar cuaderno de antecedentes en sustitución del expediente de amparo que nos ocupa. La anterior determinación, tiene sustento además, en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, Materia Común, Tesis 2a./J. 44/2017 (10a.) Página 490, de la literalidad que sigue: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas, o bien, materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pormenorizó en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013 (*), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción II del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo." Lo anterior, hágase del conocimiento a las partes procesales para los efectos legales a que haya lugar. Por último, se instruye al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse derivado de este sumario, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa, en proveído de once de abril del año en curso, a efecto de que ésta manifestara lo que a su interés legal conviniera en relación al impedimento informado por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de a amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a emitir la resolución correspondiente, a efecto de declarar si el fallo protector se encuentra cumplido, si la autoridad incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En mérito a lo anterior, tenemos que, en la sentencia de once de enero del año en curso, emitida por el Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con sede en Acapulco, Guerrero, concedió la protección constitucional a la parte quejosa, a efecto de que la autoridad señalada como responsable Juez Familiar de Primera Instancia Especializado en Violencia contra las Mujeres del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: "1 Deje insubsistente el auto de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, dictado dentro de los autos del juicio de solicitud de intervención judicial por hechos de violencia familiar número 02/2019; y 2. Con libertad de jurisdicción dicte una nueva determinación en la cual, de manera fundada y motivada, se pronuncie sobre si es procedente o no admitir a trámite el recurso de reconsideración interpuesto por el demandado Hermes Omar Díaz Franco, aquí quejoso, en contra del auto de catorce de junio de dos mil veintiuno; en la inteligencia de que no podrá desecharlo de plano por frívolo y notoriamente improcedente por las mismas razones que dio en la determinación tildada de inconstitucional, de acuerdo con las consideraciones que se hicieron notar en el estudio de esta sentencia." Así, mediante oficio número 23 de veinte de enero del año en curso y recibido en la oficialía de partes de este Juzgado el veintiuno siguiente, la autoridad responsable, informó que en autos del juicio de origen 02/2019, relativo al juicio de Solicitud de Intervención Judicial por hechos de Violencia Familiar, del cual emana el acto reclamado en esta vía constitucional, había operado un cambio de situación jurídica, dado que el once de enero del año que cursa, se dictó sentencia definitiva y al efecto remitió copia certificada de dicha resolución. Es así, una vez transcurridos los plazos de Ley, por auto de once de abril del presente año, este órgano jurisdiccional declaró ejecutoriada la sentencia definitiva dictada en este juicio, y a su vez dio vista a la parte quejosa con el contenido del oficio descrito en el párrafo anterior, así como con su anexo, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, este Juzgado acordaría lo procedente. Tal acuerdo fue notificado a la parte quejosa, el dieciocho de abril del presente año, tal como se advierte de la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este Juzgado, de ahí que, dicha parte procesal mediante escrito presentado en este Juzgado el dieciocho de abril de la presente anualidad, desahogó la vista otorgada y realizó diversas manifestaciones en torno a lo informado por la autoridad responsable. Por tanto, al ser el cumplimiento de una ejecutoria de amparo una cuestión de orden público y de análisis oficioso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver, si de acuerdo con lo informado por la autoridad responsable, se encuentra cumplido o no el fallo protector, así como verificar si dentro de éste existió exceso o defecto, o si hubiera imposibilidad para cumplirla, y para ello, es preciso reiterar que el efecto para el que se concedió la protección constitucional, fue para que la autoridad responsable realizara lo siguiente: "1. deje insubsistente el auto de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, dictado dentro de los autos del juicio de solicitud de intervención judicial por hechos de violencia familiar número 02/2019; y 2. Con libertad de jurisdicción dicte una nueva determinación en la cual, de manera fundada y motivada, se pronuncie sobre si es procedente o no admitir a trámite el recurso de reconsideración interpuesto por el demandado Hermes Omar Díaz Franco, aquí quejoso, en contra del auto de catorce de junio de dos mil veintiuno; en la inteligencia de que no podrá desecharlo de plano por frívolo y notoriamente improcedente por las mismas razones que dio en la determinación tildada de inconstitucional, de acuerdo con las consideraciones que se hicieron notar en el estudio de esta sentencia." De ahí que, la autoridad responsable Juez Familiar de Primera Instancia Especializada en Violencia contra las Mujeres del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en esta ciudad, mediante oficio número 23 de veinte de enero del año en curso y recibido en la oficialía de partes de este Juzgado el veintiuno siguiente, informó que en autos del juicio de origen 02/2019, relativo al juicio de Solicitud de Intervención Judicial por hechos de Violencia Familiar promovido por María Isabel Valladares Solís, por propio derecho y en representación de sus mejores hijos en contra del aquí quejoso Hermes Omar Díaz Franco, había operado un cambio de situación jurídica; ello, en razón de que el once de enero del año en curso, dictó sentencia definitiva en el juicio citado, documentos a los que concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con su artículo 2º, por haber sido emitida por la autoridad responsable en ejercicio de sus funciones. Constancias de cuyo análisis se desprende, que la autoridad responsable el once de enero del presente año, dictó sentencia definitiva en el expediente de origen 02/2019, y su acumulado 273/2019-3, del cual deriva el acto reclamado en esta vía constitucional; por lo que este órgano jurisdiccional llega a la conclusión, de que en el presente juicio, existe imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo, pues al haberse culminado el juicio de origen mediante una sentencia definitiva, el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar Especializado en Violencia Contra las Mujeres del Distrito Judicial de Los Bravo, residente en esta ciudad, ya no está en aptitud de pronunciarse respecto de un recurso ordinario planteado durante la tramitación del juicio natural. En efecto, existe impedimento legal para pronunciarse en relación al cumplimiento de sentencia que concedió la protección constitucional, toda vez que la responsable emitió sentencia definitiva en autos del juicio de origen 02/2019, y su acumulado 273/2019-3; por ende, aun cuando, este Juzgado está obligado de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, ello siempre y cuando se esté dentro de las posibilidades, y al haberse resuelto en definitiva la Litis en el juico natural, es obvio, que lo procedente es DECLARAR QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD JURIDICA para cumplir con la ejecutoria en el presente asunto, ello, en términos de lo dispuesto por el numeral 196, último párrafo de la Ley de Amparo. En ese orden, y al haberse determinado que existe imposibilidad para cumplir con el efecto amparador, con fundamento en el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, envíese el expediente en que se actúa, así como un tomo de pruebas, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para que resuelva lo que en derecho corresponda, debiéndose formar cuaderno de antecedentes en sustitución del expediente de amparo que nos ocupa. La anterior determinación, tiene sustento además, en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, Materia Común, Tesis 2a./J. 44/2017 (10a.) Página 490, de la literalidad que sigue: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas, o bien, materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pormenorizó en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013 (*), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción II del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo." Lo anterior, hágase del conocimiento a las partes procesales para los efectos legales a que haya lugar. Por último, se instruye al actuario de la adscripción para que las notificaciones que deban practicarse derivado de este sumario, se desahoguen en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para salvaguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Notifíquese personalmente.
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