Herlinda Elizabeth Guadarrama Duque
Expediente 780/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 17 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 780/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 17/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Herlinda Elizabeth Guadarrama Duque
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó negar el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Lo anterior, comuníquese a las partes, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y del expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depuración, toda vez que se negó la protección constitucional, lo que significa que deberá conservarse dicho expediente por el plazo de TRES AÑOS, y una vez haya concluido dicho plazo, dentro de los noventa días siguientes deberá depurarse el mismo conservando únicamente la demanda, la sentencia dictada y el presente proveído, en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el Capítulo Octavo, artículo 20, fracción II inciso a), del Acuerdo General antes mencionado, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original. Con apoyo en el Capítulo Séptimo, fracción I, Inciso a) del citado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es destruible y por tal motivo, deberán conservarse todas las resoluciones donde se concedió la suspensión provisional y definitiva. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que en caso de ser procedente se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que en su caso hayan exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Devolución de anexo autoridad responsable Finalmente, tomando en consideración que de autos se advierte que se encuentra en este juzgado federal copias certificadas de diversas constancias remitidas por la autoridad responsable y habiéndose declarado este juicio de garantías con el carácter de cosa juzgada, no existe motivo alguno por el cual deban de permanecer dicho testimonio, motivo por el cual se ordena remitir el mismo a la autoridad responsable remitente, sin que sea necesario acuse de recibo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria Karina Vanessa Corona Alday, que autoriza. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de julio de dos mil veintiuno. Vista el acta elaborada por la Actuaria adscrita a este Juzgado Federal, mediante la cual hace constar la imposibilidad legal para notificar personalmente la resolución de ocho de julio de dos mil veintiuno, al tercero interesado Jorge Guadarrama Castro, no obstante de haber sido legalmente emplazado, hasta la fecha no se ha apersonado al presente juicio y por ende no ha señalado domicilio dentro de esta ciudad para oír y recibir notificaciones; al respecto, se provee lo siguiente, la notificación de la resolución de ocho de julio de dos mil veintiuno, así como el presente proveído y las subsecuentes, aun las de carácter personal, hágasele al citado tercero interesado, por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR AL TERCERO INTERESADO JORGE GUADARRAMA CASTRO POR MEDIO DE LISTA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, ******************** solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Segunda Sala del Primer Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos. Acto reclamado. "resolución de fecha 17 de marzo del 2020.en el toca civil num: 1151/19-3.respecto del recurso de reclamación, misma que deviene del juicio interpuesto por Jorge Guadarrama Castro Vs ********************." SEGUNDO. El veintiocho de septiembre de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 780/2020, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La sentencia de diecisiete de marzo de dos mil veinte, emitida en el toca civil 1151/19-3, con motivo del recurso de apelación interpuesto por la demandada en contra de la interlocutoria de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, dentro del incidente de reclamación, en los autos del juicio de alimentos definitivos promovida por Jorge Guadarrama Castro en contra de ********************. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la autoridad responsable, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con diversas constancias que acompañó; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y el suscrito advierte que no se surten los supuestos que en ese sentido dispone el artículo 61 de la Ley de Amparo; situación que se hace constar por ser de estudio oficioso, de conformidad con el numeral 62 del citado ordenamiento. QUINTO. Estudio del asunto. No se transcriben los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca esa obligación, además de que ello no le causa perjuicio a la ahora amparista, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Para mejor comprensión del asunto se detallan algunos antecedentes del acto reclamado. Mediante escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil diecinueve, Jorge Guadarrama Castro, demandó en la vía de controversia del orden familiar, una pensión alimenticia provisional y definitiva a su favor, a cargo de la demandada ********************, en su carácter de hija del actor. El treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, la Juez Octavo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado, radicó la demanda en mención y decretó la cantidad de $3,080.40 (tres mil ochenta pesos 40/100 M.N.) por concepto de pensión alimenticia a cargo de la parte demandada. En contra de dicha medida precautoria, la quejosa ********************, promovió incidente de reclamación. Seguidos los trámites respectivos, el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, la Juez de origen declaró la improcedencia de la vía del incidente de reclamación interpuesto. Inconforme con dicha determinación, ******************** interpuso recurso de apelación, mismo que correspondió conocer a la Segunda Sala del Primer Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos, bajo el toca 1151/19-3. El diecisiete de marzo de dos mil veinte, la Sala responsable determinó modificar la interlocutoria de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, al considerar que la vía propuesta sí era la correcta, pero decretó la improcedencia del incidente de reclamación. Resolución que constituye el acto reclamado.Procede el estudio de los motivos de disenso. La quejosa en su primer concepto de violación señala que la resolución recamada contraviene lo dispuesto en el Código Procesal Familiar Vigente, al sostener que la autoridad se basó únicamente en una manifestación del actor principal. Sostiene que el actor se limitó a establecer que la quejosa era psicóloga, sin mencionar en dónde es que trabaja para contar con recursos para ello, además de que no cuenta con recursos económicos para sufragar sus necesidades, mientras que el actor cuenta con una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social, además de habitar en un inmueble que refiere, era propiedad de su difunta madre. Manifiesta que el estudio de los agravios planteados se realizó de manera deficiente, con lo que se vulnera el principio de igualdad de las partes. Alega que la responsable omitió tomar en cuenta lo dispuesto en los numerales 238, 256 y 552 del Código Procesal Familiar, mismos que establecen la pertinencia y el trámite para cuestiones incidentales. Continua argumentando que la quejosa fundó su incidente de reclamación, al sostener que la medida provisional no se encuentra fundada ni motivada por la juez natural, puesto que no contaba con elementos suficientes para fijarla, y por lo que respecta a la Sala responsable, para confirmar la misma. Esto es así, al sostener que no se tomó en consideración las circunstancias personales de la quejosa para fijar la medida cautelar de alimentos provisionales. En su segundo concepto de violación, sostiene la inaplicabilidad de la jurisprudencia de rubro: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. EN LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE LA RECLAMACIÓN INTERPUESTA CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA, NO PUEDE REDUCIRSE AL MÍNIMO DICHA MEDIDA CAUTELAR BAJO EL ARGUMENTO DE QUE EL ABUELO NO TIENE LA OBLIGACIÓN SUBSIDIARIA DE PROPORCIONAR LOS ALIMENTOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)." Ello, pues alega que en el asunto materia del presente amparo, la pensión alimenticia decretada, corresponde a su padre biológico, quien refiere, nunca se ocupó de la quejosa y que además carece de los medios económicos para satisfacer incluso sus necesidades. Mientras que el criterio versa, según su dicho, sobre la obligación de los abuelos para suministrar alimentos. Finalmente, reitera que la Sala responsable es omisa en realizar un análisis de los agravios planteados, con lo que se violenta lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. Son infundados en una parte e inoperantes en otra, loa conceptos de violación previamente relatados. En primer término, debe precisarse que en el acto reclamado, la autoridad responsable, estimó que contrario a lo sustentado por la Juez natural, el incidente de reclamación planteado sí era la vía correcta. Por lo que una vez determinado ello, reasumió jurisdicción para resolver la incidencia planteada. Al respecto, la Sala responsable sostuvo que la interlocutoria relativa a este tipo de recursos no puede cancelar ni reducir al mínimo la pensión alimenticia provisional, porque ello implicaría que en dicha etapa procesal se desconociera el derecho alimentario que hace valer el acreedor. Precisado ello, refirió que la quejosa argumentó en el incidente de reclamación que la pensión fijada no es acorde con las circunstancias de ésta, y que además no se tuvo ningún medio para fijarla, máxime que la entonces incidentista no cuenta con un trabajo remunerativo, máxime que el acreedor alimentario la abandonó cuando era pequeña, por lo que no es posible que tenga obligación alimentaria alguna para con él. Por lo expuesto, la Sala responsable concluyó que los argumentos esgrimidos por la ahora quejosa, se encaminaban a destruir el derecho del acreedor de recibir alimentos, lo cual no podía ser resuelto dentro del incidente en estudio, ya que tales alegaciones eran materia del juicio principal, ya que en el incidente de reclamación no podían ser canceladas las providencias alimentarias a efecto de no dejar en estado de indefensión al acreedor. Señaló la Sala responsable que a través del medio de impugnación en estudio era dable reducir el monto inicial fijado, pero no dejar insubsistente la medida cautelar decretada. Por lo anterior, estimó que los argumentos de la ahora quejosa, se dirigían a sostener la improcedencia de la obligación de aportar alimentos al actor en el juicio natural, lo cual tendría que ser materia de análisis en el juicio principal y no en la incidencia planteada. Por lo que concluyo que aun siendo la vía correcta, devenía improcedente el incidente de reclamación planteado, de acuerdo a los motivos previamente señalados. Como se señaló con anterioridad, los conceptos de violación devienen inoperantes en una parte e infundados en otra. En el presente caso no se actualiza alguno de los supuestos que prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo, por lo que el presente juicio se rige por el principio de estricto derecho. Esto es, por regla general, el juicio de amparo es de estricto derecho, lo que significa que el juzgador no puede oficiosamente separarse de los argumentos de la parte quejosa y analizar libremente la actuación que se combate. Así, la jurisprudencia del Alto Tribunal ha establecido que, para estar en condiciones de examinar los conceptos de violación, el quejoso no está obligado a expresar un silogismo formal, o argumentos bajo alguna fórmula específica, pero ello no significa que, a través de meras afirmaciones sin sustento, acerca de la ilegalidad del auto recurrido, se vincule al tribunal de alzada a pronunciarse sobre el fondo de dicha aseveración. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia de la Primera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1a./J. 81/2002, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." Además, deben controvertirse todas las consideraciones esenciales del acto reclamado; al respecto, la entonces Tercera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el siguiente criterio jurisprudencial: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable." En el caso en estudio, la quejosa en su primer motivo de disenso no combate el argumento toral por el que la Sala responsable estimó improcedente la incidencia planteada. Es decir, la Sala responsable estimó que en dicho medio de defensa no era dable analizar la procedencia o no de la medida cautelar, por lo cual no podía dejarse insubsistente o cancelarse la medida cautelar. Por su parte, la quejosa reitera pero ahora a manera de concepto de violación, que carece de recursos económicos para sufragar la pensión impuesta, y que dicha cantidad se fijó únicamente con las manifestaciones del actor. De ahí la inoperancia de los diversos argumentos expuestos por la quejosa en su primer concepto de violación, ya que se encaminan a sostener la improcedencia de la medida cautelar decretada, por argumentos que van dirigidos al fondo del asunto, mismos que en su momento incluso pudieran ser valorados por la autoridad que resuelva el juicio de alimentos en definitiva; sin embargo, la Sala responsable no se adentró al estudio de la procedencia o no de la medida cautelar, y por ende de los motivos expuestos por la ahora quejosa no se dirigen a debatir el argumento toral de la Sala para declarar la improcedencia del incidente de reclamación. Razón por la cual, si la quejosa no esgrimió motivo de disenso alguno que debata sobre la premisa de la Sala responsable, en el sentido de que no es dable autorizar la cancelación de la medida cautelar a través del incidente de reclamación, es que tal consideración deba quedar incólume y por ende, calificarse de inoperantes los motivos de disenso que no se encaminen a combatir tal postulado. Finalmente, tampoco asiste la razón a la parte quejosa, al sostener que le genera agravio la citación de la jurisprudencia de rubro: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. EN LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE LA RECLAMACIÓN INTERPUESTA CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA, NO PUEDE REDUCIRSE AL MÍNIMO DICHA MEDIDA CAUTELAR BAJO EL ARGUMENTO DE QUE EL ABUELO NO TIENE LA OBLIGACIÓN SUBSIDIARIA DE PROPORCIONAR LOS ALIMENTOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)." Debe señalarse que tal criterio fue meramente orientador, y robusteció el sentido del fallo emitido por la responsable. Además, el hecho de que en la jurisprudencia invocada se hubiera analizado la obligación subsidiaria o no de un abuelo de proporcionar alimentos, no es el punto medular en estudio, sino que en realidad lo es la imposibilidad para reducir al mínimo o incluso suspender la pensión alimenticia a través del recurso de reclamación. Es decir, el surgimiento de la obligación alimentaria no fue el tema a analizar en dicho criterio, sino que en realidad fue los alcances de la resolución que en su momento se pueda emitir al resolver un recurso de reclamación en contra del monto fijado como pensión alimenticia provisional, lo cual, si guarda relación con el presente asunto, y además tal aspecto no fue controvertido por la quejosa sobre su aplicabilidad al presente caso. Finalmente, la parte quejosa tampoco expone motivo de disenso alguno por el cual explique en qué parte de la resolución y porqué causas es que considera que se encuentra indebidamente fundada y motivada la resolución reclamada. Aunado al hecho de que la tesis que cita, relativa al derecho humano a la igualdad jurídica, no se encamina a controvertir los puntos ya expuestos por los que la Sala responsable determinó declarar improcedente el incidente de reclamación interpuesto. En este orden de ideas, dado lo infundado e inoperante de los conceptos de violación planteados por la quejosa, y al no actualizarse hipótesis alguna para suplir la deficiencia de la queja, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE A ********************, contra el acto reclamado a la Segunda Sala del Primer Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos, por las razones expuestas en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Karina Vanessa Corona Alday, hasta hoy ocho de julio de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Se notifica a la tercero interesada Jorge Guadarrama Castro, el contenido de la determinación emitida el ocho de julio del año en curso, dentro del juicio de amparo al rubro citado, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de tres de diciembre de dos mil veinte, por medio de lista que se fija en el exterior de la Sede del Poder Judicial Federal, dada la situación de pandemia que se vive actualmente; lo anterior, con fundamento en la Fracción III, Inciso a) del artículo 27 y 29 de la Ley de Amparo: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, ******************** solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Segunda Sala del Primer Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos. Acto reclamado. "resolución de fecha 17 de marzo del 2020.en el toca civil num: 1151/19-3.respecto del recurso de reclamación, misma que deviene del juicio interpuesto por Jorge Guadarrama Castro Vs ********************." SEGUNDO. El veintiocho de septiembre de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 780/2020, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La sentencia de diecisiete de marzo de dos mil veinte, emitida en el toca civil 1151/19-3, con motivo del recurso de apelación interpuesto por la demandada en contra de la interlocutoria de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, dentro del incidente de reclamación, en los autos del juicio de alimentos definitivos promovida por Jorge Guadarrama Castro en contra de ********************. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la autoridad responsable, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con diversas constancias que acompañó; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y el suscrito advierte que no se surten los supuestos que en ese sentido dispone el artículo 61 de la Ley de Amparo; situación que se hace constar por ser de estudio oficioso, de conformidad con el numeral 62 del citado ordenamiento. QUINTO. Estudio del asunto. No se transcriben los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca esa obligación, además de que ello no le causa perjuicio a la ahora amparista, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Para mejor comprensión del asunto se detallan algunos antecedentes del acto reclamado. Mediante escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil diecinueve, Jorge Guadarrama Castro, demandó en la vía de controversia del orden familiar, una pensión alimenticia provisional y definitiva a su favor, a cargo de la demandada ********************, en su carácter de hija del actor. El treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, la Juez Octavo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado, radicó la demanda en mención y decretó la cantidad de $3,080.40 (tres mil ochenta pesos 40/100 M.N.) por concepto de pensión alimenticia a cargo de la parte demandada. En contra de dicha medida precautoria, la quejosa ********************, promovió incidente de reclamación. Seguidos los trámites respectivos, el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, la Juez de origen declaró la improcedencia de la vía del incidente de reclamación interpuesto. Inconforme con dicha determinación, ******************** interpuso recurso de apelación, mismo que correspondió conocer a la Segunda Sala del Primer Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos, bajo el toca 1151/19-3. El diecisiete de marzo de dos mil veinte, la Sala responsable determinó modificar la interlocutoria de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, al considerar que la vía propuesta sí era la correcta, pero decretó la improcedencia del incidente de reclamación. Resolución que constituye el acto reclamado. Procede el estudio de los motivos de disenso. La quejosa en su primer concepto de violación señala que la resolución recamada contraviene lo dispuesto en el Código Procesal Familiar Vigente, al sostener que la autoridad se basó únicamente en una manifestación del actor principal. Sostiene que el actor se limitó a establecer que la quejosa era psicóloga, sin mencionar en dónde es que trabaja para contar con recursos para ello, además de que no cuenta con recursos económicos para sufragar sus necesidades, mientras que el actor cuenta con una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social, además de habitar en un inmueble que refiere, era propiedad de su difunta madre. Manifiesta que el estudio de los agravios planteados se realizó de manera deficiente, con lo que se vulnera el principio de igualdad de las partes. Alega que la responsable omitió tomar en cuenta lo dispuesto en los numerales 238, 256 y 552 del Código Procesal Familiar, mismos que establecen la pertinencia y el trámite para cuestiones incidentales. Continua argumentando que la quejosa fundó su incidente de reclamación, al sostener que la medida provisional no se encuentra fundada ni motivada por la juez natural, puesto que no contaba con elementos suficientes para fijarla, y por lo que respecta a la Sala responsable, para confirmar la misma. Esto es así, al sostener que no se tomó en consideración las circunstancias personales de la quejosa para fijar la medida cautelar de alimentos provisionales. En su segundo concepto de violación, sostiene la inaplicabilidad de la jurisprudencia de rubro: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. EN LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE LA RECLAMACIÓN INTERPUESTA CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA, NO PUEDE REDUCIRSE AL MÍNIMO DICHA MEDIDA CAUTELAR BAJO EL ARGUMENTO DE QUE EL ABUELO NO TIENE LA OBLIGACIÓN SUBSIDIARIA DE PROPORCIONAR LOS ALIMENTOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)." Ello, pues alega que en el asunto materia del presente amparo, la pensión alimenticia decretada, corresponde a su padre biológico, quien refiere, nunca se ocupó de la quejosa y que además carece de los medios económicos para satisfacer incluso sus necesidades. Mientras que el criterio versa, según su dicho, sobre la obligación de los abuelos para suministrar alimentos. Finalmente, reitera que la Sala responsable es omisa en realizar un análisis de los agravios planteados, con lo que se violenta lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. Son infundados en una parte e inoperantes en otra, loa conceptos de violación previamente relatados. En primer término, debe precisarse que en el acto reclamado, la autoridad responsable, estimó que contrario a lo sustentado por la Juez natural, el incidente de reclamación planteado sí era la vía correcta. Por lo que una vez determinado ello, reasumió jurisdicción para resolver la incidencia planteada. Al respecto, la Sala responsable sostuvo que la interlocutoria relativa a este tipo de recursos no puede cancelar ni reducir al mínimo la pensión alimenticia provisional, porque ello implicaría que en dicha etapa procesal se desconociera el derecho alimentario que hace valer el acreedor. Precisado ello, refirió que la quejosa argumentó en el incidente de reclamación que la pensión fijada no es acorde con las circunstancias de ésta, y que además no se tuvo ningún medio para fijarla, máxime que la entonces incidentista no cuenta con un trabajo remunerativo, máxime que el acreedor alimentario la abandonó cuando era pequeña, por lo que no es posible que tenga obligación alimentaria alguna para con él. Por lo expuesto, la Sala responsable concluyó que los argumentos esgrimidos por la ahora quejosa, se encaminaban a destruir el derecho del acreedor de recibir alimentos, lo cual no podía ser resuelto dentro del incidente en estudio, ya que tales alegaciones eran materia del juicio principal, ya que en el incidente de reclamación no podían ser canceladas las providencias alimentarias a efecto de no dejar en estado de indefensión al acreedor. Señaló la Sala responsable que a través del medio de impugnación en estudio era dable reducir el monto inicial fijado, pero no dejar insubsistente la medida cautelar decretada. Por lo anterior, estimó que los argumentos de la ahora quejosa, se dirigían a sostener la improcedencia de la obligación de aportar alimentos al actor en el juicio natural, lo cual tendría que ser materia de análisis en el juicio principal y no en la incidencia planteada. Por lo que concluyo que aun siendo la vía correcta, devenía improcedente el incidente de reclamación planteado, de acuerdo a los motivos previamente señalados. Como se señaló con anterioridad, los conceptos de violación devienen inoperantes en una parte e infundados en otra. En el presente caso no se actualiza alguno de los supuestos que prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo, por lo que el presente juicio se rige por el principio de estricto derecho. Esto es, por regla general, el juicio de amparo es de estricto derecho, lo que significa que el juzgador no puede oficiosamente separarse de los argumentos de la parte quejosa y analizar libremente la actuación que se combate. Así, la jurisprudencia del Alto Tribunal ha establecido que, para estar en condiciones de examinar los conceptos de violación, el quejoso no está obligado a expresar un silogismo formal, o argumentos bajo alguna fórmula específica, pero ello no significa que, a través de meras afirmaciones sin sustento, acerca de la ilegalidad del auto recurrido, se vincule al tribunal de alzada a pronunciarse sobre el fondo de dicha aseveración. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia de la Primera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1a./J. 81/2002, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." Además, deben controvertirse todas las consideraciones esenciales del acto reclamado; al respecto, la entonces Tercera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el siguiente criterio jurisprudencial: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable." En el caso en estudio, la quejosa en su primer motivo de disenso no combate el argumento toral por el que la Sala responsable estimó improcedente la incidencia planteada. Es decir, la Sala responsable estimó que en dicho medio de defensa no era dable analizar la procedencia o no de la medida cautelar, por lo cual no podía dejarse insubsistente o cancelarse la medida cautelar. Por su parte, la quejosa reitera pero ahora a manera de concepto de violación, que carece de recursos económicos para sufragar la pensión impuesta, y que dicha cantidad se fijó únicamente con las manifestaciones del actor. De ahí la inoperancia de los diversos argumentos expuestos por la quejosa en su primer concepto de violación, ya que se encaminan a sostener la improcedencia de la medida cautelar decretada, por argumentos que van dirigidos al fondo del asunto, mismos que en su momento incluso pudieran ser valorados por la autoridad que resuelva el juicio de alimentos en definitiva; sin embargo, la Sala responsable no se adentró al estudio de la procedencia o no de la medida cautelar, y por ende de los motivos expuestos por la ahora quejosa no se dirigen a debatir el argumento toral de la Sala para declarar la improcedencia del incidente de reclamación. Razón por la cual, si la quejosa no esgrimió motivo de disenso alguno que debata sobre la premisa de la Sala responsable, en el sentido de que no es dable autorizar la cancelación de la medida cautelar a través del incidente de reclamación, es que tal consideración deba quedar incólume y por ende, calificarse de inoperantes los motivos de disenso que no se encaminen a combatir tal postulado. Finalmente, tampoco asiste la razón a la parte quejosa, al sostener que le genera agravio la citación de la jurisprudencia de rubro: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. EN LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE LA RECLAMACIÓN INTERPUESTA CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA, NO PUEDE REDUCIRSE AL MÍNIMO DICHA MEDIDA CAUTELAR BAJO EL ARGUMENTO DE QUE EL ABUELO NO TIENE LA OBLIGACIÓN SUBSIDIARIA DE PROPORCIONAR LOS ALIMENTOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)." Debe señalarse que tal criterio fue meramente orientador, y robusteció el sentido del fallo emitido por la responsable. Además, el hecho de que en la jurisprudencia invocada se hubiera analizado la obligación subsidiaria o no de un abuelo de proporcionar alimentos, no es el punto medular en estudio, sino que en realidad lo es la imposibilidad para reducir al mínimo o incluso suspender la pensión alimenticia a través del recurso de reclamación. Es decir, el surgimiento de la obligación alimentaria no fue el tema a analizar en dicho criterio, sino que en realidad fue los alcances de la resolución que en su momento se pueda emitir al resolver un recurso de reclamación en contra del monto fijado como pensión alimenticia provisional, lo cual, si guarda relación con el presente asunto, y además tal aspecto no fue controvertido por la quejosa sobre su aplicabilidad al presente caso. Finalmente, la parte quejosa tampoco expone motivo de disenso alguno por el cual explique en qué parte de la resolución y porqué causas es que considera que se encuentra indebidamente fundada y motivada la resolución reclamada. Aunado al hecho de que la tesis que cita, relativa al derecho humano a la igualdad jurídica, no se encamina a controvertir los puntos ya expuestos por los que la Sala responsable determinó declarar improcedente el incidente de reclamación interpuesto. En este orden de ideas, dado lo infundado e inoperante de los conceptos de violación planteados por la quejosa, y al no actualizarse hipótesis alguna para suplir la deficiencia de la queja, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE A ********************, contra el acto reclamado a la Segunda Sala del Primer Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos, por las razones expuestas en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Karina Vanessa Corona Alday, hasta hoy ocho de julio de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Transcurrido el término que establece el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se le notifica la determinación de ocho de julio de dos mil veintiuno, a la parte quejosa Herlinda Elizabeth Guadarrama Duque, por medio de lista que se fija en el exterior de la sede del Poder Judicial Federal, Delegación Morelos, por la situación de pandemia que se vive actualmente, así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley de Amparo: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, ******************** solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por los actos siguientes: Autoridad responsable. Segunda Sala del Primer Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos. Acto reclamado. "resolución de fecha 17 de marzo del 2020.en el toca civil num: 1151/19-3.respecto del recurso de reclamación, misma que deviene del juicio interpuesto por Jorge Guadarrama Castro Vs ********************." SEGUNDO. El veintiocho de septiembre de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 780/2020, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La sentencia de diecisiete de marzo de dos mil veinte, emitida en el toca civil 1151/19-3, con motivo del recurso de apelación interpuesto por la demandada en contra de la interlocutoria de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, dentro del incidente de reclamación, en los autos del juicio de alimentos definitivos promovida por Jorge Guadarrama Castro en contra de ********************. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido a la autoridad responsable, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con diversas constancias que acompañó; documentales que por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. CUARTO. Causales de improcedencia. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo, debe precisarse que las partes fueron omisas en invocar alguna causa de improcedencia, y el suscrito advierte que no se surten los supuestos que en ese sentido dispone el artículo 61 de la Ley de Amparo; situación que se hace constar por ser de estudio oficioso, de conformidad con el numeral 62 del citado ordenamiento. QUINTO. Estudio del asunto. No se transcriben los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa, atento a que no existe precepto legal alguno que establezca esa obligación, además de que ello no le causa perjuicio a la ahora amparista, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Para mejor comprensión del asunto se detallan algunos antecedentes del acto reclamado. Mediante escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil diecinueve, Jorge Guadarrama Castro, demandó en la vía de controversia del orden familiar, una pensión alimenticia provisional y definitiva a su favor, a cargo de la demandada ********************, en su carácter de hija del actor. El treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, la Juez Octavo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado, radicó la demanda en mención y decretó la cantidad de $3,080.40 (tres mil ochenta pesos 40/100 M.N.) por concepto de pensión alimenticia a cargo de la parte demandada. En contra de dicha medida precautoria, la quejosa ********************, promovió incidente de reclamación. Seguidos los trámites respectivos, el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, la Juez de origen declaró la improcedencia de la vía del incidente de reclamación interpuesto. Inconforme con dicha determinación, ******************** interpuso recurso de apelación, mismo que correspondió conocer a la Segunda Sala del Primer Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos, bajo el toca 1151/19-3. El diecisiete de marzo de dos mil veinte, la Sala responsable determinó modificar la interlocutoria de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, al considerar que la vía propuesta sí era la correcta, pero decretó la improcedencia del incidente de reclamación. Resolución que constituye el acto reclamado. Procede el estudio de los motivos de disenso. La quejosa en su primer concepto de violación señala que la resolución recamada contraviene lo dispuesto en el Código Procesal Familiar Vigente, al sostener que la autoridad se basó únicamente en una manifestación del actor principal. Sostiene que el actor se limitó a establecer que la quejosa era psicóloga, sin mencionar en dónde es que trabaja para contar con recursos para ello, además de que no cuenta con recursos económicos para sufragar sus necesidades, mientras que el actor cuenta con una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social, además de habitar en un inmueble que refiere, era propiedad de su difunta madre. Manifiesta que el estudio de los agravios planteados se realizó de manera deficiente, con lo que se vulnera el principio de igualdad de las partes. Alega que la responsable omitió tomar en cuenta lo dispuesto en los numerales 238, 256 y 552 del Código Procesal Familiar, mismos que establecen la pertinencia y el trámite para cuestiones incidentales. Continua argumentando que la quejosa fundó su incidente de reclamación, al sostener que la medida provisional no se encuentra fundada ni motivada por la juez natural, puesto que no contaba con elementos suficientes para fijarla, y por lo que respecta a la Sala responsable, para confirmar la misma. Esto es así, al sostener que no se tomó en consideración las circunstancias personales de la quejosa para fijar la medida cautelar de alimentos provisionales. En su segundo concepto de violación, sostiene la inaplicabilidad de la jurisprudencia de rubro: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. EN LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE LA RECLAMACIÓN INTERPUESTA CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA, NO PUEDE REDUCIRSE AL MÍNIMO DICHA MEDIDA CAUTELAR BAJO EL ARGUMENTO DE QUE EL ABUELO NO TIENE LA OBLIGACIÓN SUBSIDIARIA DE PROPORCIONAR LOS ALIMENTOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)." Ello, pues alega que en el asunto materia del presente amparo, la pensión alimenticia decretada, corresponde a su padre biológico, quien refiere, nunca se ocupó de la quejosa y que además carece de los medios económicos para satisfacer incluso sus necesidades. Mientras que el criterio versa, según su dicho, sobre la obligación de los abuelos para suministrar alimentos. Finalmente, reitera que la Sala responsable es omisa en realizar un análisis de los agravios planteados, con lo que se violenta lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales. Son infundados en una parte e inoperantes en otra, loa conceptos de violación previamente relatados. En primer término, debe precisarse que en el acto reclamado, la autoridad responsable, estimó que contrario a lo sustentado por la Juez natural, el incidente de reclamación planteado sí era la vía correcta. Por lo que una vez determinado ello, reasumió jurisdicción para resolver la incidencia planteada. Al respecto, la Sala responsable sostuvo que la interlocutoria relativa a este tipo de recursos no puede cancelar ni reducir al mínimo la pensión alimenticia provisional, porque ello implicaría que en dicha etapa procesal se desconociera el derecho alimentario que hace valer el acreedor. Precisado ello, refirió que la quejosa argumentó en el incidente de reclamación que la pensión fijada no es acorde con las circunstancias de ésta, y que además no se tuvo ningún medio para fijarla, máxime que la entonces incidentista no cuenta con un trabajo remunerativo, máxime que el acreedor alimentario la abandonó cuando era pequeña, por lo que no es posible que tenga obligación alimentaria alguna para con él. Por lo expuesto, la Sala responsable concluyó que los argumentos esgrimidos por la ahora quejosa, se encaminaban a destruir el derecho del acreedor de recibir alimentos, lo cual no podía ser resuelto dentro del incidente en estudio, ya que tales alegaciones eran materia del juicio principal, ya que en el incidente de reclamación no podían ser canceladas las providencias alimentarias a efecto de no dejar en estado de indefensión al acreedor. Señaló la Sala responsable que a través del medio de impugnación en estudio era dable reducir el monto inicial fijado, pero no dejar insubsistente la medida cautelar decretada. Por lo anterior, estimó que los argumentos de la ahora quejosa, se dirigían a sostener la improcedencia de la obligación de aportar alimentos al actor en el juicio natural, lo cual tendría que ser materia de análisis en el juicio principal y no en la incidencia planteada. Por lo que concluyo que aun siendo la vía correcta, devenía improcedente el incidente de reclamación planteado, de acuerdo a los motivos previamente señalados. Como se señaló con anterioridad, los conceptos de violación devienen inoperantes en una parte e infundados en otra. En el presente caso no se actualiza alguno de los supuestos que prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo, por lo que el presente juicio se rige por el principio de estricto derecho. Esto es, por regla general, el juicio de amparo es de estricto derecho, lo que significa que el juzgador no puede oficiosamente separarse de los argumentos de la parte quejosa y analizar libremente la actuación que se combate. Así, la jurisprudencia del Alto Tribunal ha establecido que, para estar en condiciones de examinar los conceptos de violación, el quejoso no está obligado a expresar un silogismo formal, o argumentos bajo alguna fórmula específica, pero ello no significa que, a través de meras afirmaciones sin sustento, acerca de la ilegalidad del auto recurrido, se vincule al tribunal de alzada a pronunciarse sobre el fondo de dicha aseveración. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia de la Primera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1a./J. 81/2002, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse." Además, deben controvertirse todas las consideraciones esenciales del acto reclamado; al respecto, la entonces Tercera Sala de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió el siguiente criterio jurisprudencial: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO. Si los conceptos de violación no atacan los fundamentos del fallo impugnado, la Suprema Corte de Justicia no está en condiciones de poder estudiar la inconstitucionalidad de dicho fallo, pues hacerlo equivaldría a suplir las deficiencias de la queja en un caso no permitido legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del artículo 107 reformado, de la Constitución Federal, y los dos últimos párrafos del 76, también reformado, de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado no se funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia penal o en materia obrera en que se encontrare que hubiere habido en contra del agraviado una violación manifiesta de la ley que lo hubiera dejado sin defensa, ni menos se trate de un caso en materia penal en que se hubiera juzgado al quejoso por una ley inexactamente aplicable." En el caso en estudio, la quejosa en su primer motivo de disenso no combate el argumento toral por el que la Sala responsable estimó improcedente la incidencia planteada. Es decir, la Sala responsable estimó que en dicho medio de defensa no era dable analizar la procedencia o no de la medida cautelar, por lo cual no podía dejarse insubsistente o cancelarse la medida cautelar. Por su parte, la quejosa reitera pero ahora a manera de concepto de violación, que carece de recursos económicos para sufragar la pensión impuesta, y que dicha cantidad se fijó únicamente con las manifestaciones del actor. De ahí la inoperancia de los diversos argumentos expuestos por la quejosa en su primer concepto de violación, ya que se encaminan a sostener la improcedencia de la medida cautelar decretada, por argumentos que van dirigidos al fondo del asunto, mismos que en su momento incluso pudieran ser valorados por la autoridad que resuelva el juicio de alimentos en definitiva; sin embargo, la Sala responsable no se adentró al estudio de la procedencia o no de la medida cautelar, y por ende de los motivos expuestos por la ahora quejosa no se dirigen a debatir el argumento toral de la Sala para declarar la improcedencia del incidente de reclamación. Razón por la cual, si la quejosa no esgrimió motivo de disenso alguno que debata sobre la premisa de la Sala responsable, en el sentido de que no es dable autorizar la cancelación de la medida cautelar a través del incidente de reclamación, es que tal consideración deba quedar incólume y por ende, calificarse de inoperantes los motivos de disenso que no se encaminen a combatir tal postulado. Finalmente, tampoco asiste la razón a la parte quejosa, al sostener que le genera agravio la citación de la jurisprudencia de rubro: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. EN LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE LA RECLAMACIÓN INTERPUESTA CONTRA EL AUTO QUE LA DECRETA, NO PUEDE REDUCIRSE AL MÍNIMO DICHA MEDIDA CAUTELAR BAJO EL ARGUMENTO DE QUE EL ABUELO NO TIENE LA OBLIGACIÓN SUBSIDIARIA DE PROPORCIONAR LOS ALIMENTOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)." Debe señalarse que tal criterio fue meramente orientador, y robusteció el sentido del fallo emitido por la responsable. Además, el hecho de que en la jurisprudencia invocada se hubiera analizado la obligación subsidiaria o no de un abuelo de proporcionar alimentos, no es el punto medular en estudio, sino que en realidad lo es la imposibilidad para reducir al mínimo o incluso suspender la pensión alimenticia a través del recurso de reclamación. Es decir, el surgimiento de la obligación alimentaria no fue el tema a analizar en dicho criterio, sino que en realidad fue los alcances de la resolución que en su momento se pueda emitir al resolver un recurso de reclamación en contra del monto fijado como pensión alimenticia provisional, lo cual, si guarda relación con el presente asunto, y además tal aspecto no fue controvertido por la quejosa sobre su aplicabilidad al presente caso. Finalmente, la parte quejosa tampoco expone motivo de disenso alguno por el cual explique en qué parte de la resolución y porqué causas es que considera que se encuentra indebidamente fundada y motivada la resolución reclamada. Aunado al hecho de que la tesis que cita, relativa al derecho humano a la igualdad jurídica, no se encamina a controvertir los puntos ya expuestos por los que la Sala responsable determinó declarar improcedente el incidente de reclamación interpuesto. En este orden de ideas, dado lo infundado e inoperante de los conceptos de violación planteados por la quejosa, y al no actualizarse hipótesis alguna para suplir la deficiencia de la queja, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitada. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO.- La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE A ********************, contra el acto reclamado a la Segunda Sala del Primer Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos, por las razones expuestas en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Karina Vanessa Corona Alday, hasta hoy ocho de julio de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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