Herlinda Aurora Iragorri Gil
Expediente 1340/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1340/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Herlinda Aurora Iragorri Gil
- Presidente Municipal de Cuautla, Morelos
- Mauricio García Merino
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a cinco de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos del cuaderno de amparo, de los que se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de la materia, para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en autos, sin que la impetrante de amparo lo haya interpuesto; por tal virtud, queda firme la resolución de referencia. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiséis de octubre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en las fracciones I y II, del punto vigésimo primero del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que en el mismo se desechó la demanda de amparo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso c), de la ley de amparo, el contenido de la determinación emitida el uno de octubre de dos mil diecinueve: Cuernavaca, Morelos, a uno de octubre de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta de la Secretaría, téngase por recibido el oficio con anexo signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo en que se actúa 438/2015, con un anexo, y, remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada en sesión de diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, dentro del toca correspondiente al amparo en revisión 42/2016, (antes 424/2015), en el cual en sus puntos resolutivos determinó: ".PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo. ". Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Por lo anterior, y, toda vez que se determinó sobreseer en el presente juicio, previa la anotación en el libro de gobierno, se ordena el archivo del presente expediente, agréguese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Devolución documentos originales Infórmese a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Como lo dispone el punto décimo primero, del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo del citado Acuerdo General, proceda su destrucción. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diário Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DECIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por lo anterior, devuélvanse a la autoridad responsable las documentales que remitió como complemento de su informe. Notifíquese personalmente.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción I, inciso c), de la ley de amparo, el contenido de la determinación emitida el siete de octubre de dos mil diecinueve: Cuernavaca, Morelos, a siete de octubre de dos mil diecinueve. Por recibida la demanda de amparo promovida por ..., contra actos del Presidente Municipal de Cuautla, Morelos y otros. Fórmese y regístrese el expediente con el número que corresponda. Este Juzgado de Distrito considera que se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente.... "XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. "No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. "Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;" De lo anterior, se desprende que para que se surta la improcedencia del juicio de amparo es necesario que se actualicen las siguientes hipótesis: 1.- Que el acto reclamado emane de una autoridad distinta de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. De la lectura integral de la demanda de amparo, se obtiene que el quejoso señala como autoridad responsable y acto reclamado esencialmente lo siguiente: ? Autoridades responsables del Ayuntamiento Municipal de Cuautla, Morelos. Por lo cual el acto esencialmente reclamado proviene de autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, actualizándose la primera hipótesis contenida en el dispositivo 61, fracción XX, de la ley de la materia. 2.- Que la ley conceda algún recurso, juicio o medio de defensa por el cual el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado, o pueda ser revisado de oficio. En el caso, la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, prevé: "Artículo 1. En el Estado de Morelos, toda persona tiene derecho a controvertir los actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de los Ayuntamientos o de sus organismos descentralizados, que afecten sus derechos e intereses legítimos conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, los Tratados Internacionales y por esta ley. Conforme a lo dispuesto en el artículo 109 bis de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se otorga también el interés legítimo para controvertir la existencia conflicto de intereses considerando la situaciones en las que el juicio del servidor público en relación a su interés primario y la integridad de sus acciones en el empleo, cargo o comisión, pueda ser influenciado por un interés personal, familia o de negocios que tiende a afectar el desempeño imparcial u objetivo de su función en cualquier forma; y la compatibilidad de dos o más empleos o comisiones de los servidores públicos del Estado deberá de atenderse conforme a la naturaleza y la eficiencia del empleo, cargo o comisión, las restricciones constitucionales, y la pertinencia en función de los horarios a desempeñar el servicio público frente a otro empleo. En los asuntos promovidos por particulares, se atenderá a lo dispuesto para la promoción, respeto, protección y garantía de los Derechos Humanos conforme al artículo 1º. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "Artículo 3. El Tribunal de Justicia Administrativa cuenta con las facultades, competencia y organización que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, esta Ley y la normativa aplicable; forma parte activa del Sistema Estatal Anticorrupción y está dotado de plena jurisdicción, autonomía e imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones." Por su parte, el numeral 18, inciso B), fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa, se dispone que éste Órgano Jurisdiccional tendrá competencia para: "II. Resolver los asuntos sometidos a su jurisdicción, por lo que conocerá de: "a) Los juicios que se promuevan en contra de cualquier acto, omisión, resolución o actuación de carácter administrativo o fiscal que, en el ejercicio de sus funciones, dicten, ordenen, ejecuten o pretendan ejecutar las dependencias que integran la Administración Pública Estatal o Municipal, sus organismos auxiliares estatales o municipales, en perjuicio de los particulares;." De la anterior trascripción, se evidencia con claridad que la demanda de amparo que se provee es de notoria improcedencia, en virtud de que en contra del acto que reclama la parte quejosa, proveniente de autoridades dependientes del Municipio de Cuautla, Morelos, procede el juicio de nulidad que se promueva ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, conforme a lo dispuesto por los ordinales 1º y 3º de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, antes citados, el cual puede revocar, modificar o nulificar el acto reclamado y consecuentemente el ahora peticionario de derechos fundamentales podrá obtener la reparación de los derechos que estima conculcados. 3.- Asimismo, la referida fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, señala que la suspensión que prevea dicho medio de defensa legal no debe exigir mayores requisitos que para la suspensión del acto reclamado señala la Ley de Amparo, como al efecto lo disponen los numerales del 109 al 116 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que establecen: "Artículo 109. La Sala podrá conceder la suspensión de los actos impugnados, en el mismo auto de admisión de la demanda, cuando así lo hubiere solicitado el actor o en cualquier momento que lo solicite, pero siempre antes de que se cierre la instrucción. El auto que decrete la suspensión debe notificarse sin demora a la autoridad demandada, para su cumplimiento. Si los actos o resoluciones impugnados se hubiesen ejecutado y afecten a particulares de escasos recursos económicos, impidiéndoseles el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia y esté pendiente de dictarse la sentencia, las Salas podrán dictar las medidas cautelares que estimen necesarias para preservar el medio de subsistencia del demandante." "Artículo 110. La suspensión se decretará cuando concurran los siguientes requisitos: I. Que lo solicite el particular actor; II. Que, de concederse la suspensión, no se cause perjuicio a un evidente interés social o se contravengan disposiciones de orden público; III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al particular con la ejecución del acto, y IV. Que no se deje sin materia el juicio. Para los efectos de la fracción II, se considera que causa un perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones del orden público, cuando de concederse la suspensión: a. Continúe el funcionamiento de establecimientos donde se haya cometido algún delito que se encuentre en etapa de investigación, así como de establecimientos ilegales de juegos con apuestas o sorteos; b. Continúe la producción o el comercio ilegal de bebidas alcohólicas, y c. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional; d. Se involucre el bienestar de la población en materia de seguridad pública, derivado de la resolución que da por terminada la relación administrativa existente entre el Estado y los Ayuntamientos, con Agentes del Ministerio Púbico, peritos y los miembros de las instituciones policiales. La Sala resolverá sobre la suspensión de inmediato, una vez que se solicite. Si concede la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y dictará las medidas pertinentes para conservar la materia del juicio y evitar que se causen daños irreparables para el actor o, en su caso para restituir al actor en el goce de su derecho, hasta en tanto no cause estado la sentencia definitiva. Una vez recibida la solicitud, el Secretario dará cuenta al Magistrado para que proceda en los términos de este artículo. La Sala podrá modificar o revocar el acuerdo en que haya concedido o negado la suspensión, cuando ocurra un hecho superveniente que le sirva de fundamento." "Artículo 111. La Sala, sin dejar de observar los requisitos previstos en el artículo anterior, podrá hacer una apreciación, de carácter provisional, sobre la legalidad del acto o resolución impugnada de manera que, para conceder la suspensión, bastará la comprobación de la apariencia del derecho que reclama el particular actor, de modo tal que sea posible anticipar, que en la sentencia definitiva declarará procedente la acción intentada, además del peligro que la demora en la resolución definitiva del juicio podría ocasionar para la preservación del derecho que motivó la demanda. El análisis a que se alude en el párrafo anterior debe realizarse sin prejuzgar sobre la certeza del derecho y, en consecuencia, la resolución dictada para otorgar la suspensión, no tendrá efecto alguno sobre la sentencia de fondo." "Artículo 112. Tan pronto como se conceda la suspensión y se otorgue (sic) las garantías correspondientes en su caso, se hará del conocimiento de las autoridades demandadas, para su cumplimiento. La violación por parte de las autoridades a la suspensión concedida por la Sala, será recurrible en queja, la cual se tramitará en los términos previstos de este ordenamiento. Al cumplimiento de la suspensión otorgada por la Sala se encuentran obligadas todas las autoridades que intervengan en el acto reclamado, con cualquier carácter, aun cuando no se encuentren demandadas. Para hacer cumplir la suspensión concedida, la Sala podrá hacer uso de los medios de apremio establecidos por esta Ley, siendo aplicable, además, en lo conducente, lo dispuesto por este mismo ordenamiento para el cumplimiento y ejecución de las sentencias." "Artículo 113. En los casos en que la suspensión pueda causar daños o perjuicios o ambos a terceros, ésta se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, en caso de no obtenerse sentencia favorable en el juicio. Cuando los daños o perjuicios que puedan ocasionarse a terceros no sean estimables en dinero, el Tribunal fijará discrecionalmente el importe de la garantía." "Artículo 114. La suspensión otorgada conforme al artículo anterior quedará sin efectos si el tercero interesado, a su vez, otorga contra garantía bastante para restituir las cosas al estado que guardaban a la fecha en que se solicitó aquella y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor en caso de que obtenga sentencia favorable. La contra garantía que ofrezca el tercero interesado deberá cubrir, además, el importe de los gastos que hubiese erogado el actor, en la obtención de la fianza otorgada." "Artículo 115. En contra de los autos que concedan o nieguen la suspensión, fijen fianzas o contrafianza, procederá el recurso de reconsideración en la forma y términos previstos por esta Ley." "Artículo 116. Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y contra garantías que se otorguen con motivo de la suspensión, el interesado deberá solicitarlo ante la Sala dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la sentencia. Del escrito del solicitante, se dará vista a las demás partes por un término de cinco días, dictándose la resolución correspondiente dentro de los diez días siguientes." Por otra parte, en lo conducente la Ley de Amparo establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. Se impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." De lo anterior, se advierte que la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, no establece mayores requisitos que los exigidos por la Ley de Amparo, concretamente en sus artículos 128 y 129, por lo cual en este aspecto, se reúne también el tercer requisito necesario para que se actualice la causal de improcedencia en estudio. En esa tesitura y no estando en el caso ante actos que tengan el carácter de definitivos para los efectos del juicio de amparo, ante la notoria e indudable improcedencia, en términos del numeral 112, en relación con el diverso dispositivo 61, fracción XX, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Herlinda Aurora Irragorri Gil, Efraín Nuñes Mora, Mauricio García Merino y María Teresa Figueroa Sánchez. DOMICILIO: Como lo solicita la parte quejosa, se tiene por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizado con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente a Judith Esmeralda Nava Gomez, toda vez que las demás personas no tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 184 al 187 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo, por tal motivo, únicamente se les tiene para los efectos de oír y recibir notificaciones. DÍAS Y HORAS INHÁBILES: Desde este momento, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios adscritos a este Juzgado Federal, para que todas las notificaciones personales que se ordenen en los presentes autos, se realicen en días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES): Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. OPOSICIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Finalmente, instrúyase al personal de actuaría para que no se publiquen datos de la parte quejosa en el presente juicio, ello de conformidad con los artículos 8. 13, fracción IV, 14, fracción IV, 18 y 19 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS: Se autoriza el uso de medios electrónicos para la consulta, toma y copia de acuerdos, previo aviso al encargado del expediente. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET: Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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