Herlberth Jesús Canto Alamilla
Expediente 1541/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1541/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Herlberth Jesús Canto Alamilla
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, once de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada ley, contra el acuerdo de veintiocho de septiembre del año en curso, con el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, se declara que el citado acuerdo en que se desechó la demanda, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se desechó la demanda de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, se hace notar que no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por ********************, con el que desahoga la prevención realizada el veinticinco de septiembre del año en curso. Ahora bien, vista nuevamente la demanda de amparo de cuenta promovida por ********************, contra los actos que reclama del Juez Tercero de Oralidad Familiar Turno Matutino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, y otra autoridad. Ahora, se procede a proveer en relación con la misma, por lo que, respecto al acto reclamado consiste en el acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, en el cual el Juez responsable solicitó información a la particular señalada como autoridad responsable y la admisión de pruebas documentales ofrecidas por la tercero interesada, en el Procedimiento Especial de Divorcio sin Causales ********************, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que establece lo siguiente: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." Bajo esa óptica, la parte quejosa en esencia reclama el acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, en el cual el Juez que señala como responsable solicitó información a la persona moral señalada como responsable ********************, sociedad anónima de capital variable, a efecto de corroborar las diversas documentales consistentes en capturas de pantalla de conversaciones a través de una aplicación de mensajería instantánea, que fueron exhibidas por ********************, parte demandada en el procedimiento familiar de origen. Precisado lo anterior, es evidente que en el presente asunto se reclama una violación procesal; sin embargo, debe determinarse si la misma puede ser combatida en amparo indirecto, por considerarse que afecta a las partes en grado predominante o superior. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que para establecer si una violación procesal causa una afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo que se dicte en contra de la sentencia definitiva, trascendiendo en el asunto de tal forma que no quedaría debidamente integrada la litis. Asimismo, al respecto, los artículos 61, fracción XXIII, 107, fracción V, 172, fracción III, y 174, todos de la Ley de Amparo en vigor, disponen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." ARTÍCULO 107.- El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. ARTÍCULO 172.- En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley. ARTÍCULO 174. En la demanda de amparo principal y en su caso, en la adhesiva el quejoso deberá hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron; las que no se hagan valer se tendrán por consentidas. Asimismo, precisará la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo. El tribunal colegiado de circuito, deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, en su caso, advierta en suplencia de la queja. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el tribunal colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior." Ahora bien, el acto reclamado antes precisado no ocasiona a la parte quejosa una afectación en grado predominante, superior o trascendental, pues en primer término no afecta ninguno de los derechos sustanciales de ésta, y por otra, su trascendencia dependerá de la forma en que influya al dictarse la sentencia que ponga fin al procedimiento laboral de origen. En efecto se surte de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el artículo 107, fracción V aplicado a "contrario sensu", y el diverso numeral 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que amerita su desechamiento, pues se trata de una violación procesal reclamable hasta el dictado del sentencia que ponga fin al juicio laboral, ya que ésta no afecta a las partes en grado predominante o superior, pues se trata de la determinación en la que la responsable dictó medidas a efecto de perfeccionar una prueba documental privada ofrecida en el expediente. Por lo anterior, con esa determinación la autoridad responsable no transgrede derechos sustantivos de la parte quejosa, pues, tal y como se refiere en la demanda, se reclama la ilegalidad de su obtención y su posterior perfeccionamiento, lo que a la postre, podrá influir en perjuicio de la parte quejosa hasta el dictado de la sentencia definitiva en la que se realice su calificación y, en su caso, se les otorgue valor probatorio. Sobre el particular, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria de la contradicción de tesis 39/90, entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, resolvió que la violación procedimental consistente en la indebida forma en que se pretende recibir o desahogar una prueba ofrecida por la parte quejosa, en el momento en que se produce, sólo ocasiona una afectación a sus derechos adjetivos o procesales, pero no se afecta de manera irremediable algún derecho fundamental reconocido por la Constitución, haciendo tan sólo nacer la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que influya o sea tomado en cuenta para que el resultado del fallo que sea favorable a los intereses del oferente de la prueba, razón por la cual es necesario esperar hasta el dictado del sentencia para poder combatirlo mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente, siempre que, como ya se dijo, haya afectado las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado del fallo. En el caso concreto el acto reclamado no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental de la parte peticionaria de amparo, sino una posible violación de derechos adjetivos que ocasiona únicamente efectos formales o intraprocesales y bien puede ocurrir que el afectado obtenga sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, con lo que quedaría reparada la violación y los posibles perjuicios que se le hubieren causado con el actuar de la autoridad responsable, pues tal acto, se actualiza hasta el dictado del fallo definitivo, y es hasta ese momento que se puede apreciar, si con motivo de admitirse las pruebas de la hoy tercero interesada y al solicitar el juez responsable la información de referencia, se vulneraron las defensas del oferente, trascendiendo al resultado de la sentencia, por lo que es obvio que dicho acto no es de imposible reparación. Se afirma lo anterior, toda vez que los actos dentro del juicio producen una "ejecución irreparable", solamente cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos o fundamentales consagrados en la Constitución, o que afecten a las partes en grado predominante o superior, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que no se ubican en esas hipótesis, tal como lo ha definido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En tal virtud y de acuerdo con el ya referido artículo 174 de la Ley de Amparo, el acto que la parte quejosa pretende combatir por esta vía, constituye una posible violación a las leyes del procedimiento que no afecta a las partes en grado predominante o superior, misma que sólo es reclamable mediante el amparo directo, que en su caso se promueva, contra el sentencia que se llegare a dictar en el juicio de origen, del cual deriva el acto reclamado, tal como lo previenen los artículos 170, 171 y 174 de la Ley de Amparo; por lo que resulta improcedente el reclamo de las violaciones dentro del procedimiento mediante el juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado en sentido contrario. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia con el rubro y contenido siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO, CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Así como la diversa jurisprudencia, por identidad de razón, con el rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Por lo cual, lo procedente es desechar la demanda de amparo respecto del auto de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en autos del procedimiento especial de divorcio sin causales ********************, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, atendiendo a que no se está en alguna de las excepciones que contempla la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para la tramitación del amparo biinstancial. Ahora, por lo que respecta al acto reclamado consistente en la audiencia de veintiocho de abril del año en curso, en la cual el Juez Tercero de Oralidad Familiar, turno matutino, del Primer Departamento Judicial del Estado rechazó la solicitud de una nueva escucha de los menores de edad quejosos en el Procedimiento Especial de Divorcio sin Causales ********************, a pesar de que, a dicho del promovente, los infantes se niegan a convivir con su madre, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." Sentado lo anterior, esta Juzgadora Federal advierte que respecto del precitado acto reclamado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Se afirma lo anterior, toda vez que del contenido del escrito aclaratorio de demanda de amparo, se advierte que en la audiencia de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en el cual el Juez responsable se negó a la solicitud de que se escuche nuevamente a los menores de edad respecto a su deseo de no convivir con su madre. Con base en lo narrado en el párrafo que precedente, se llega al convencimiento de que la demanda de amparo presentada por la parte quejosa, respecto del acto reclamado, resulta notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en atención a que fue presentada fuera del término que para tal efecto establece el artículo 17 de la invocada ley. Se afirma lo anterior, toda vez que los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la transcripción del citado numeral 18 se advierte que existen tres supuestos para determinar el cómputo para la interposición de la demanda de amparo, los cuales son: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa del acto o resolución que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos; y, c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos o de su ejecución. En mérito de lo antes expuesto, si de lo expresado por el propia quejoso, reclama la negativa de escucha resuelta en la audiencia de veintiocho de abril del año en curso, es evidente que desde esa data tuvo conocimiento; por lo que a la fecha en que presentó su demanda de amparo, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, según aparece de la boleta de registro expedida por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, ésta resulta evidentemente extemporánea, en atención a que se presentó fuera del término de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo, actualizándose por ello la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la propia Ley. Lo anterior es así, pues si como ya se indicó en párrafos precedentes, desde la audiencia de veintiocho de abril del año en curso, tuvo pleno conocimiento de dicho acto, en tanto que presentó su escrito de demanda hasta el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, lo que denota que, conforme quedó expuesto en el párrafo que antecede, resulte extemporánea, sin que se esté en ninguno de los supuestos de excepción del término de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, para la presentación de la demanda de amparo. Por tanto, al actualizarse la mencionada causal de improcedencia, lo que procede es, como ya se dijo, desechar por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por ********************, por lo que a dicho acto corresponde, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sin que pueda considerarse que esa negativa de escucha afecta derechos de tracto sucesivo en perjuicio de los menores de edad al obligarles a continuar con la convivencia decretada en el procedimiento familiar, puesto que es precisamente la resolución en la que se estableció dicho régimen o, en su caso, la negativa de su modificación, el acto que pudiera en todo caso generar ese perjuicio en detrimento de su interese superior. Así, la negativa reclamada de una mera resolución declarativa en la que se negó a una petición de la parte quejosa, era necesario agotar, en un principio el recurso procedente contra ella, para que, en todo caso, de obtener un resultado desfavorable, instar el juicio de amparo, claro está dentro del término de quince días con el que se cuenta. Así, tomando en consideración los razonamientos expuestos con antelación, se pone de relieve lo manifiesto de las causales de improcedencia del juicio constitucional, la que resultan indudables, habida cuenta de que en opinión de esta Juzgadora, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Finalmente, desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por XXX, contra el acto que reclama del Juez Tercero de Oralidad Familiar Turno Matutino del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad de Mérida, y otra autoridad; al respecto, se provee: Fórmese expediente y anótese su ingreso en el Libro electrónico de Gobierno de este Juzgado bajo el número 1541/2023-VI. Ahora bien, de la lectura de la demanda, se advierte que la parte quejosa, en el capítulo relativo al acto reclamado indicó medularmente que este se integraba por el acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, en el cual la autoridad ordenadora solicitó información a la diversa autoridad responsable; la negativa de otorgar a los menores de edad la oportunidad de expresar su opinión; la admisión de pruebas documentales ofrecidas por la tercero interesada; y, la omisión de velar por el interés superior de niña, niños y adolescentes, en el Procedimiento Especial de Divorcio sin Causales 440/2021. Sin embargo, en el capítulo de antecedentes es omiso en señalar si la negativa para escuchar a los menores que precisa se emitió en una resolución y, de ser así, la fecha y términos en que esa determinación fue dictada. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 114, fracción II, en relación con el 108, fracciones IV y V, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase a la ocursante para que dentro del término de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, manifieste a este Juzgado de Distrito lo siguiente: * Precise la fecha de la determinación en la que el Juez responsable se negó a la diligencia de escucha de los menores de edad que representa y los términos en que se emitió. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, dentro del término señalado con lo requerido anteriormente, se tendrá por no presentada la demanda de garantías de que se trata, con fundamento en el penúltimo párrafo del numeral 114 en comento. En el entendido de que deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio, a efecto de correr traslado con el mismo a las partes; apercibida que, de no hacerlo, se procederá en los términos indicados en el párrafo que precede. Como lo señala la quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda; asimismo de conformidad con el referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19, que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós, se tiene como correo electrónico de la parte quejosa el que señaló al presentar su demanda de mérito, a efecto de que le sean practicadas las notificaciones, previa razón actuarial que se levante al respecto, solicitando el acuse de recibo por la misma vía. Por otra parte, téngase como su autorizados a las personas que señala en su demanda de amparo, con las limitaciones que establece el del artículo 12 de la Ley de Amparo, hasta en tanto acrediten el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido por Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes
- Herbert Yanel Lopez Escalante306/2023
- Herbert Yanel Lopez Escalante1734/2022
- Herculano Baas Chim818/2018
- Heriberta Cen Loria1792/2021
- Heriberto Gil Aban641/2021
- Heriberto Sanchez Alcudia591/2020
- Herlinda Aurora Perez Alayon2206/2022
- Herlinda de la Cruz Ortega Ramirez1352/2016
- Herlinda de la Cruz Ortega Ramirez1369/2016
- Herlinda Esther Solis Gamboa530/2020
- Herman Daniel Leal Lopez2729/2022
- Hermelinda May Itza1870/2021