Herculano Baas Chim

Expediente 818/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
818/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
19/09/2018

Partes del expediente

  • Herculano Baas Chim

Actuaciones

  1. Principal

    III.-CAUSA ESTADO, SE ORDENA EL ARCHIVO

  2. Principal

    III. Agréguese a estos autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, así como las constancias que acompañó al mismo, del que se advierte que el uno de junio de dos mil dieciocho, dictó el acuerdo de pruebas, mismo que le fue notificado el día dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, a la parte actora y el diecisiete del mismo mes y año, a la parte demanda, correspondiente al juicio laboral número 669/2016. Ahora bien, se trae a colación que el acto que HERCULANO BAAS CHIM reclamó en su demanda de amparo, consistente en la paralización de manera incongruente en el proceso relativo a la admisión y desechamiento de pruebas ofrecidas por las partes relativo al juicio laboral número 669/2016. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión atribuida a la Junta responsable consistente en la paralización de manera incongruente en el proceso relativo a la admisión y desechamiento de pruebas ofrecidas por las partes relativo al juicio laboral número 669/2016. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que el Presidente de la Junta responsable adjuntó a su informe con justificación, se desprende que en fecha el uno de junio de dos mil dieciocho, dictó el acuerdo de pruebas, mismo que le fue notificado el día dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, a la parte actora y el diecisiete del mismo mes y año, a la parte demanda, correspondiente al juicio laboral número 669/2016. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la Junta responsable emitió un acuerdo el uno de junio de dos mil dieciocho, en el que dictó el acuerdo de pruebas, mismo que le fue notificado el día dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, a la parte actora y el diecisiete del mismo mes y año, a la parte demanda, correspondiente al juicio laboral número 669/2016. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable que no emitió el acuerdo respecto de las pruebas que había ofrecido en el juicio laboral de origen dentro del plazo que la ley establece. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo en vigor, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Sin que obste el hecho de que no se haya emplazado a los terceros interesados "Corporativo Diamante del Sureste" y Alfredo Totosaus Salas, habida cuenta que el presente acuerdo en el que se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo no les causa afectación alguna. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro

  3. Principal

    III.Agréguese a estos autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, así como las constancias que acompañó al mismo, del que se advierte que el uno de junio de dos mil dieciocho, dictó el acuerdo de pruebas, mismo que le fue notificado el día dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, a la parte actora y el diecisiete del mismo mes y año, a la parte demanda, correspondiente al juicio laboral número 669/2016. Ahora bien, se trae a colación que el acto que HERCULANO BAAS CHIM reclamó en su demanda de amparo, consistente en la paralización de manera incongruente en el proceso relativo a la admisión y desechamiento de pruebas ofrecidas por las partes relativo al juicio laboral número 669/2016. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión atribuida a la Junta responsable consistente en la paralización de manera incongruente en el proceso relativo a la admisión y desechamiento de pruebas ofrecidas por las partes relativo al juicio laboral número 669/2016. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que el Presidente de la Junta responsable adjuntó a su informe con justificación, se desprende que en fecha el uno de junio de dos mil dieciocho, dictó el acuerdo de pruebas, mismo que le fue notificado el día dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, a la parte actora y el diecisiete del mismo mes y año, a la parte demanda, correspondiente al juicio laboral número 669/2016. Dicha documental, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la Junta responsable emitió un acuerdo el uno de junio de dos mil dieciocho, en el que dictó el acuerdo de pruebas, mismo que le fue notificado el día dieciséis de agosto de dos mil dieciocho, a la parte actora y el diecisiete del mismo mes y año, a la parte demanda, correspondiente al juicio laboral número 669/2016. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable que no emitió el acuerdo respecto de las pruebas que había ofrecido en el juicio laboral de origen dentro del plazo que la ley establece. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo en vigor, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. Sin que obste el hecho de que no se haya emplazado a los terceros interesados "Corporativo Diamante del Sureste" y Alfredo Totosaus Salas, habida cuenta que el presente acuerdo en el que se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo no les causa afectación alguna. De conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro

  4. Principal

    III. Vista la demanda de amparo promovida por Herculano Baas Chim, contra actos que reclama de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán; y con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA; en consecuencia, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado y dese la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de una copia simple de la demanda. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe con justificación a la autoridad señalada como responsable, el que deberá rendir por escrito o en medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes a la legal notificación de este acuerdo, en el cual, la responsable, deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado y se acompañará, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe; apercibida que de no rendir su informe dentro del término fijado o lo haga sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contenida en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformada y adicionada diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de Veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en los artículos 63 y 64 del ordenamiento legal citado, requiérase a la autoridad responsable para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de sobreseimiento, la comunique de inmediato a este Juzgado, y de ser posible, acompañe las constancias que la acrediten; apercibida dicha autoridad, de que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de treinta a trescientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización de conformidad con artículo 251 de la ley de la materia. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL TREINTA DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, de conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo. Ahora bien, por lo que respecta al "Corporativo Diamante del Sureste" y Alfredo Totosaus Salas, resérvese acordar lo relativo el carácter que les recae en este juicio, hasta en tanto obre en autos el informe justificado de la autoridad responsable. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, para ser valoradas y tomadas en consideración al celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Téngase como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones, el que señala en su escrito de cuenta, y como autorizados para tal fin a las personas que menciona en su ocurso de cuenta, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilita a los actuarios adscritos a éste órgano jurisdiccional, para que cuando existieren notificaciones personales en el presente juicio, en caso de que sea necesario, se constituyan en el domicilio de las partes, en días y horas inhábiles; para el efecto de que practiquen tales diligencias. Finalmente, no se tramita el incidente de suspensión relativo en atención a que no se solicitó.

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