Herick Guadalupe Vega Palafox
Expediente 654/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 654/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Herick Guadalupe Vega Palafox
Actuaciones
- Principal
ES NOTIFICACION PERSONAL PARA EL QUEJOSO.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA DE ACUERDOS AL QUEJOSO HERICK GUADALUPE VEGA PALAFOX, EL AUTO DE VEINTISEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE A LA LETRA DICE: Vista la demanda de amparo promovida por Herick Guadalupe Vega Palafox, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente y regístrese con el número 654/2018-4A, en el libro de gobierno de este juzgado y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En principio, se precisa que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido; por tal motivo, del estudio integral de la demanda se advierte que el quejoso combate la resolución interlocutoria dictada el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, en la cual se declaró improcedente el incidente de actualización de avalúos del bien inmueble de su propiedad que fue embargado en el juicio ejecutivo mercantil 580/2011, promovido por FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO contra el quejoso y Mirna Gisela Apodaca Castro; controvertido en el cual, el veinte de abril de dos mil doce, se condenó al quejoso por el pago de la cantidad de $124,154.40 (ciento veinticuatro mil ciento cincuenta y cuatro pesos 40/100 Moneda Nacional). En la inteligencia de que, en el citado juicio mercantil se ordenó el remate en segunda almoneda del bien inmueble impetrado el veintiocho de junio de dos mil dieciocho; por ende, se advierte que el juicio de origen se encuentra en el periodo de remate. Al efecto se cita la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Pues bien, el suscrito juzgador procede a examinar la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De los preceptos legales en cita, se colige que el juez de distrito se encuentra facultado para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en el artículo 61; por consiguiente, se procede a analizar tales aspectos. Sobre el tópico, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto surge cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes durante la secuela procesal. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia XVII.2º.J/11, visible en la página 648 del Tomo IX, correspondiente a enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio.". En ese orden de ideas, de la lectura de la demanda de amparo se desprende que el reproche consiste en la resolución interlocutoria dictada el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, en la cual se declaró improcedente el incidente de actualización de avalúos del bien inmueble de su propiedad que fue embargado en el juicio ejecutivo mercantil 580/2011, promovido por FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO contra el quejoso y Mirna Gisela Apodaca Castro; controvertido en el cual, el veinte de abril de dos mil doce, se condenó al quejoso por el pago de la cantidad de $124,154.40 (ciento veinticuatro mil ciento cincuenta y cuatro pesos 40/100 Moneda Nacional). En la inteligencia de que, en el citado juicio mercantil se ordenó el remate en segunda almoneda del bien inmueble impetrado el veintiocho de junio de dos mil dieciocho; por ende, se advierte que el juicio de origen se encuentra en el periodo de remate. Expuesto lo anterior, este juzgador estima que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con artículo 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, de la ley de la materia. Los artículos de referencia disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; .". Por su parte, el dispositivo 107, fracción III, inciso b) de la Carta Magna, establece: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: ... b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan; y...". De los artículos transcritos se desprenden dos reglas generales y una específica en cuanto a la procedencia del juicio de amparo indirecto. En efecto, la primera regla general derivada de los ordinales 107, fracción III, inciso b), Constitucional y 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, radica en que el juicio de amparo biinstancial procede contra los actos emitidos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. En ese sentido, se tiene que los actos emitidos dentro de un juicio tienen una ejecución de imposible reparación, siempre que sus consecuencias ataquen de manera directa alguno de los derechos fundamentales del gobernado o del hombre y que se encuentre protegido por la Carta Magna, porque dicha afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien las sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones; por otro lado, se tiene que no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad sin haber originado afectación a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esta violación es susceptible de ser reparada mediante el juicio de amparo directo. Por otro lado, la segunda regla general de procedencia en comento, radica en que el juicio de amparo es procedente contra actos emitidos por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio y siempre que no se pronuncien en ejecución de sentencia. Desde esa perspectiva, el juicio de amparo indirecto será procedente contra aquellos actos emitidos por tribunales judiciales, administrativos o de trabajo en ejecución de sentencia, siempre que se trate: a) Contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, concebida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; y b) En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que de manera definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Con el entendimiento de que en ambos supuestos, se podrán hacer valer las violaciones cometidas durante tales procedimientos. Entonces, la comentada regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto se creó por el legislador al expedir la Ley de Amparo, según se advierte de la exposición de motivos correspondiente, y con ello, impedir los abusos procesales, esto es, evitar que el juicio de amparo se utilice para retardar o entorpecer la ejecución de un fallo definitivo que constituya verdad legal y evitar que múltiples amparos obstaculicen su ejecución. Así las cosas, el legislador circunscribió la procedencia del juicio de amparo indirecto hasta la emisión de la sentencia definitiva que ponga fin al procedimiento de remate o, bien declare lo conducente al cumplimiento de la sentencia u ordene su archivo definitivo, estando en condiciones de combatir en la demanda las demás violaciones procesales que se hayan cometido dentro del periodo de ejecución, que hubieren dejado sin defensa a la parte impetrante, con excepción que en dicha etapa se pronuncien resoluciones o acuerdo que vulneren de manera directa los derechos sustantivos de los contendientes no así procesales. Sobre el tema, se cita la jurisprudencia P./J. 108/2010 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6 del Tomo XXXIII, enero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto.". Además, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 74/2015 y de la que derivó el diverso criterio de jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), determinó: 1. Que acorde al numeral 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos pronunciados en el procedimiento de remate contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquélla que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. 2. Que de esa disposición, se observa una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que se requiere dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, y de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría el periodo de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional; 3. Que el Juez Federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto procede contra la última resolución del remate, la cual de manera indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado, es decir, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate. 4. Que en esos términos, se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los dispositivos 17 Constitucional y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial. La Jurisprudencia 13/2016, es consultable en la página 1066 del Tomo II del Libro 29, Abril de 2016, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial.". Ante tales condiciones, para que sea procedente el juicio de amparo indirecto, particularmente en el caso propuesto, se requiere que la resolución emitida en la etapa de remate derivada del juicio ejecutivo mercantil 580/2011, promovido por FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO contra el quejoso y Mirna Gisela Apodaca Castro, sea aquélla que ordena la escrituración del bien inmueble rematado u ordena la entrega material del inmueble rematado (lo que primero acontezca). Conforme con lo anterior, se tiene que en la especie, se combate la resolución interlocutoria dictada el treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, en la cual se declaró improcedente el incidente de actualización de avalúos del bien inmueble de su propiedad que fue embargado -y ordenado su remate en segunda almoneda el veintiocho de junio de dos mil dieciocho, el cual se suspendió con motivo del incidente planteado por el demandado aquí quejoso- en el juicio ejecutivo mercantil 580/2011 promovido por FINANCIERA NACIONAL DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL, FORESTAL Y PESQUERO contra el quejoso y Mirna Gisela Apodaca Castro, la cual no constituye la última resolución en el periodo de remate, pues, se reitera, no se trata de la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación del bien inmueble rematado o la entrega material del mismo. Ello en razón de que el remate del bien inmueble impetrado ni siquiera se ha efectuado, sino que dicho procedimiento se encuentra suspendido con motivo del incidente de actualización de avalúos planteado por el quejoso; de ahí que, la resolución combatida no es susceptible de analizarse en un juicio de amparo indirecto al dictarse en el periodo de remate, pues al no ser un acto de imposible reparación dentro de ese procedimiento, deberá reclamarse, en su caso, en la última resolución del periodo de remate. En consecuencia, al no constituir la determinación interlocutoria reclamada, la última resolución en el periodo de remate del juicio ejecutivo mercantil de origen, se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, el último precepto aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, procede desechar de plano la demanda de amparo formulada por Herick Guadalupe Vega Palafox, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la citada legislación. Lo anterior es así, pues de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si de cualquier manera al dictarse sentencia se sobreseería el juicio, por ello, resulta conveniente desechar de plano, desde este momento la demanda de cuenta, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento del resultado de la promoción de la demanda de amparo y, a su vez, evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención al derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Es aplicable, la jurisprudencia del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2004, Materia Común, Novena Época, cuyo contenido es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita.". De igual forma, con esta determinación no se contravienen los artículos 1 y 17, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales reconocen el derecho de acceso a una tutela judicial efectiva, porque tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tienen a su alcance, ya que de actuar así equivaldría a que este Juzgado de Distrito dejara de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen la función jurisdiccional. Apoya lo anterior la tesis 2a. LXXXI/2012 (10a.), de Décima Época, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del veinticuatro de octubre del dos mil doce, pendiente de publicarse que dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables.". En diverso orden de ideas, con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda y como su autorizada legal, en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, a la licenciada Ana Yadira Gutiérrez Acosta. Por último, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquier diligencia o notificación personal relacionada con este asunto.
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