Heric Daniel Serrano Duarte

Expediente 70/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
70/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
29/03/2022

Partes del expediente

  • Heric Daniel Serrano Duarte

Actuaciones

  1. Principal

    Los Mochis, Sinaloa, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído de tres de marzo de dos mil veintidós (notificado el diecisiete siguiente), emitido en el juicio de amparo 70/2022-5B, por el que se tuvo por no interpuesta la demanda de amparo promovida por Heric Daniel Serrano Duarte; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, párrafo segundo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente auto, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. En ese sentido, acorde al artículo 21, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por auto de tres de marzo de dos mil veintidós, se tuvo por no presentada la demanda promovida por Heric Daniel Serrano Duarte; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, del análisis del presente asunto se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido el quejoso en la demanda de amparo, que no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este juzgado federal el dieciséis de febrero de dos mil veintidós, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Visto el escrito de cuenta signado por Heric Daniel Serrano Duarte, promovente de amparo, con el que pretende cumplir con la prevención que se hizo en el presente expediente, el diecisiete de febrero del presente año; agréguese a los autos, sin que se tenga por cumplido lo pedido en el citado acuerdo. En el acuerdo del diecisiete de febrero de dos mil veintidós, se le previno al promovente de amparo para que aclarara, entre otras cosas, lo siguiente: ". b) Asimismo, precise si se condenó alguna autoridad demandada en específico en el juicio de nulidad 196/2015-I; y deberá indicar si la señala como autoridad responsable (y no como tercero interesada). c) Además, indique cuál o cuáles fueron las prestaciones a las que fueron condenadas cada una de esas autoridades. ." En cumplimiento a lo anterior, el firmante de la demanda de amparo señaló que las autoridades condenadas en el juicio de nulidad de referencia, fueron la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mocorito, Sinaloa; la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Mocorito, Sinaloa; y al Centro Estatal de Control y Evaluación de Confianza. A su vez, en el párrafo precedente de su escrito, el firmante de la demanda señaló las prestaciones a las que refiere fueron condenadas las autoridades antes señaladas, pero sin especificar qué prestaciones corresponden a cada autoridad. En efecto, el promovente de amparo se limitó a señalar las autoridades y el cúmulo de prestaciones a las que fueron condenadas, pero sin especificar qué prestación corresponde a cada autoridad, lo que resulta de vital importancia para que éstas se encuentren en la aptitud legal de rendir su informe justificado de forma clara y precisa. Aunado a lo anterior, el promovente de amparo tampoco cumplió con otro de los requerimientos formulados, a saber, no indicó si señalaba como responsables a las autoridades condenadas, a pesar de que a lo largo del acuerdo de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, se explicó que atendiendo a la lectura íntegra de su demanda de amparo, y de la causa de pedir, el acto reclamado destacado es que se cumpla con la sentencia dictada en el juicio de nulidad 196/201; por lo que, ante la omisión de las citadas autoridades municipales en cumplir de forma voluntaria con el fallo de nulidad, aunado a los criterios jurisprudenciales que se le señalaron, entonces, tendrían el carácter de autoridad responsable en el??????????????? presente juicio de amparo (y no de terceras interesadas); sin embargo, no hizo precisión ni manifestación alguna al respecto. Atento a lo anterior, así como al momento procesal en el que se presentó el escrito aclaratorio; esto es, en el último día del plazo concedido para tal fin, lo procedente es tener por no presentada la demanda de amparo, ello de conformidad con el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Así, cabe referir que no es el caso de tener por interrumpido el plazo que le fue concedido al promovente, para que aclarara en el término específico su demanda, de acuerdo con las prevenciones que se le formularon; ello de conformidad con la jurisprudencia 2a./J.106/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DEL TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TÉRMINO", y tomando en consideración que el auto de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, le fue notificado personalmente el dieciocho siguiente, mientras que el escrito de cuenta se presentó el veintiocho del citado mes y año, esto es, el último día del término concedido, lo cual origina que ya no tenga mayor plazo (tiempo) para subsanar su omisión. Ciertamente, si la notificación del auto que contiene la prevención se le hizo personalmente el dieciocho de febrero de este año, entonces, surtió efectos el veintiuno de febrero, y el plazo para aclarar la demanda comenzó el día veintidós siguiente, por lo que el plazo venció el veintiocho de ese mismo mes; de ahí que si la promoción que se atiende se presentó el día veintiocho, es decir, el último; entonces, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de Amparo, así como a la jurisprudencia antes señalada, ya no es posible que la parte quejosa pueda realizar la aclaración respectiva, puesto que ya no cuenta con mayor plazo para realizarla; de ahí la determinación de tener la demanda de amparo como no presentada.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por Heric Daniel Serrano Duarte; fórmese expediente, tanto impreso como electrónico, regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 70/2022-5. Ahora bien, a fin de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 108, fracción III, y 114, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, se requiere al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le haga del presente proveído y, con copias suficientes del escrito aclaratorio, aclare lo siguiente: Deberá precisar si fueron condenadas todas y cada una de las autoridades demandadas Presidente Municipal, Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal todos del Ayuntamiento de Mocorito. Sinaloa: y Centro Estatal de Control y Evaluación de Confianza, con sede en Culiacán, Sinaloa, en el juicio de nulidad número 196/2015-I, del índice de la Sala Regional Zona Norte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, en sentencia definitiva de treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, (autoridades que les atribuye el carácter de terceras interesadas). Asimismo, precise si se condenó alguna autoridad demandada en específico en el juicio de nulidad 196/2015-I; y deberá indicar si la señala como autoridad responsable (y no como tercero interesada). Además, indique cuál o cuáles fueron las prestaciones a las que fueron condenadas cada una de esas autoridades. Lo anterior, porque de la lectura íntegra de su demanda de amparo, se advierte como causa de pedir, que se cumpla con la sentencia dictada en el citado procedimiento contencioso administrativo, por tanto, como es claro que las Salas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, no pueden coaccionar a las autoridades demandadas condenadas, a cumplir sus fallos, lo procedente es el juicio de amparo indirecto. En efecto, el Máximo Tribunal del país ha resuelto a través de jurisprudencia firme que en caso de que las autoridades federales o locales que fueron demandadas y condenadas en un juicio de índole judicial o jurisdiccional, no cumplan voluntariamente con la sentencia, tal omisión constituye un acto de autoridad que puede combatirse en el juicio de amparo indirecto, pues con ello se afecta la esfera legal del particular, al impedirle obtener la prestación que demandó en el juicio en el que se dictó sentencia a su favor; por tanto, se insiste, como la causa de pedir en la presente demanda de amparo es la de obtener lo condenado en la sentencia de nulidad antes referida, luego entonces, tendrán que ser las autoridades allí demandadas, las responsables en el presente juicio de amparo Lo así dicho tiene sustento en la jurisprudencia 2ª./J.85/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 448, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, correspondiente al mes de julio de dos mil once, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). La excepción al principio de igualdad procesal consagrado en el artículo 4o. del Código Federal de Procedimientos Civiles a favor de las dependencias de la Administración Pública de la Federación y de las entidades federativas al disponer que nunca podrá dictarse en su contra mandamiento de ejecución ni providencia de embargo, no significa la posibilidad de incumplimiento a una sentencia condenatoria por parte de los órganos estatales, sino que parte de que la entidad estatal cumplirá voluntariamente, por lo que es innecesario acudir a la vía de apremio, lo que así se señala en el segundo párrafo de dicho precepto, al establecer que las resoluciones dictadas en su contra serán cumplimentadas por las autoridades correspondientes, dentro de los límites de sus atribuciones. Sin embargo, en caso de que tal cumplimiento voluntario no se dé, dicha omisión constituye un acto de autoridad que puede combatirse en el juicio de amparo, pues se surten las condiciones para considerar al ente estatal como autoridad en virtud de que: a) Se encuentra colocado en un plano de desigualdad frente al particular, atendiendo precisamente a su calidad de órgano del Estado, pues se le otorga el privilegio de no ser sujeto a ejecución forzosa; b) Tal prerrogativa deriva de la ley, pues ésta responde al cumplimiento voluntario del órgano estatal; c) El uso indebido de ese beneficio implica transgredir la obligación legal de cumplimiento voluntario y afecta la esfera legal del particular porque le impide obtener la prestación que demandó en el juicio en que se dictó sentencia a su favor; y d) La actitud contumaz de la autoridad coloca al particular en estado de indefensión ante la imposibilidad de lograr por las vías ordinarias la justicia que mandata el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En la inteligencia de que, de no cubrir la prevención de que se trata en el plazo y términos indicados, la demanda de amparo se tendrá por no presentada. Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada por identidad de razón, la jurisprudencia 2ª./J.30/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a páginas 250, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA. Ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de amparo debe ser interpretada en una forma integral, de manera que se logre una eficaz administración de justicia, atendiendo a lo que en la demanda se pretende en su aspecto material y no únicamente formal, pues la armonización de todos los elementos de la demanda, es lo que permite una correcta resolución de los asuntos. Ahora bien, entre los requisitos que debe contener una demanda de amparo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 116 de la ley de la materia, se encuentra el relativo a la expresión de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), por lo cual, en los casos en que del análisis integral de la demanda, el Juez advierta con claridad la participación de una autoridad no señalada como responsable en el capítulo correspondiente, debe prevenir a la parte quejosa, con el apercibimiento relativo, en términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 146 de la Ley de Amparo, para que aclare si la señala o no como responsable, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que trasciende al resultado de la sentencia, por lo que en términos del artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe ordenarse su reposición." En relación con lo solicitado por el amparista, en el sentido de que se autorice la utilización de medios electrónicos como lector óptico, scanner, cámara digital, teléfono celular o cualquier otro medio electrónico, a los profesionistas indicados en el libelo de cuenta, con apoyo en los preceptos 14 y 17 de la Carta Magna; permítase a la parte quejosa la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones, mediante el uso del scanner, cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en este expediente, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice, siempre que se deje constancia de su recepción en autos. Lo anterior, en la inteligencia de que no podrán reproducir documentos o textos cuya difusión se encuentre reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Robustece lo expuesto con antelación, el criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847 del tomo XXIX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2009, Materia Civil, Novena Época, de los siguientes rubro y texto: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga.". Por otra parte, con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, téngase como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Benito Juárez, número 554 Ote, Colonia Centro, de esta ciudad, y como sus autorizados en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, al licenciado Enrique Román Cruz Gastelum; y únicamente para imponerse de autos a José Joaquin Morín Ramos y Chystrian Paúl Herrera Gatelum, en atención a que no tienen registrada su autorización para ejercer la abogacía en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito. Dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional y, a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8°, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada Ley, y artículos 57 y 58 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que les asiste el derecho de oponerse en relación a terceros a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la sentencia y en caso de omitir hacer manifestación alguna se entenderá que se oponen a la publicación de sus datos personales, salvo que se otorgue su consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar (en el momento de la notificación respectiva o en comparecencia ante el propio Tribunal, en caso de encontrarse gozando de libertad provisional bajo caución), de que se publiquen sus datos personales; asimismo, que las referidas restricciones no operen respecto de quien o quienes, en términos de la legislación procesal aplicable, estén legitimados para solicitar copias de la mencionada sentencia. Finalmente, toda vez que la demanda de amparo de cuenta, se presentó de forma física, con fundamento en el artículo 1º, fracción I, tercer párrafo, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.

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