Heriberto Trujillo López

Expediente 966/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
966/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
06/10/2023

Partes del expediente

  • Heriberto Trujillo López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a seis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte legitimada haya interpuesto recurso de revisión, en contra del auto de trece de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la aludida determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones conducentes. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido y realícense las anotaciones correspondientes. Ahora, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, En términos del artículo 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos 22 y 23 del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "destruible", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en los artículos 14 y 34 del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, del estado que guardan los autos, se advierte que se conformó un tomo de pruebas con motivo de la copia certificada de las actuaciones que integran el expediente laboral ********************, allegadas por la Jueza de Distrito Titular del Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado. En atención a lo expuesto, y tomando en consideración que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido, ya no es necesaria su conservación; por ello, mediante oficio que se libre al efecto, devuélvase a la autoridad judicial en cita el tomo en comento. Sin que se estime necesario requerir acuse de recibo, ya que fungirá como tal, el comprobante de entrega del oficio que se envíe para tal fin. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio suscrito por la Secretaria Instructora adscrita al Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individual en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, por medio del cual, acusa recibo los oficios 26138/2023 y 26139/2023 dirigidos a las autoridades responsables Juez de Distrito y Secretario Instructor adscritos al Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individual en el Estado de Baja California; ambas con residencia en esta ciudad, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, a trece de septiembre de dos mil veintitrés. Glósense a los autos los oficios de cuenta suscritos por la Jueza de Distrito Titular del Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad; en atención a este, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado que le fue requerido; sin perjuicio de ser tomado en consideración en el momento procesal oportuno. En términos del artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de la autoridad responsable, la documental consistente en copia certificada de las constancias que integran el juicio ordinario laboral 2/2023, sin perjuicio de relacionarlas al resolver el presente. Ahora bien, visto el estado de autos de los que se aprecia que en la demanda de amparo el quejoso Heriberto Trujillo López, señaló como acto reclamado destacado, el siguiente: La omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia preliminar, en los autos del juicio ordinario laboral 2/2023, del índice de la autoridad responsable. Sobreseimiento fuera de audiencia. Bajo dichas circunstancias, es posible establecer que, en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, la cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De una interpretación sistemática de lo dispuesto por la referida fracción, permite establecer que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consiste en la cesación de efectos, del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del motivo de afectación, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional. Tal improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de la materia, consistente en la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciéndose las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Ahora bien, como ya se precisó, el acto reclamado consiste esencialmente en la omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia preliminar, en los autos del juicio ordinario laboral 2/2023. Así, de las constancias que allegó la autoridad responsable Jueza de Distrito Titular del Segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, las cuales constituyen un documento público que merece pleno valor probatorio al tenor de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se desprende que por auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el procedimiento laboral 2/2023, señaló las nueve horas con treinta minutos del trece de septiembre del año en curso, para la celebración de la audiencia preliminar; en concordancia con lo previsto por el artículo 873-F, de la Ley Federal del Trabajo. Bajo esa óptica, a criterio de quien resuelve es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud que han cesado los efectos del acto reclamado, en el caso, se traduce en que al cesar el acto reclamado consistente en la omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia preliminar, en los autos del juicio ordinario laboral 2/2023; por tanto, dejó de afectar su esfera jurídica. Es decir, la autoridad responsable con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (dieciséis de agosto de dos mil veintitrés), señaló las nueve horas con treinta minutos del trece de septiembre del año en curso, para la celebración de la audiencia preliminar, en el expediente laboral 2/2023, en concordancia con lo previsto por el artículo 873-F de la Ley Federal del Trabajo; el cual, le fue notificado mediante instructivo el veintiueve de agosto del año que trasncurre. Conforme a la anterior, se estima que este órgano de control está imposibilitado para analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto combatido, toda vez que el acto de molestia reprochado, ha cesado en forma definitiva, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo. Al ser claro que, para los efectos del amparo el acto reclamado ha cesado en sus efectos y, por consiguiente la posible violación del derecho alegado, al no advertirse que prevalezca algún efecto del acto tildado de inconstitucional, actualizándose de esta manera las hipótesis de las siguientes jurisprudencias sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página treinta y ocho, Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, cuyo contenido íntegro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular; o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, lo procedente es dejar sin efecto la audiencia constitucional programada para las trece horas del diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, a veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito firmado por Enrique Taboada López, en su carácter de representante legal de la moral tercero interesada Tarjetas Banamex, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regular, personalidad que indica tiene reconocida en los autos del juicio laboral 02/2023, del índice de la autoridad responsable. No obstante lo anterior, dicho representante legal fue omiso en acreditar con documento idóneo y suficiente que posee dicha calidad ante la responsable; por tanto, con fundamento en el artículo 11 de la Ley de Amparo, se reserva a proveer lo conducente hasta en tanto obre en autos el informe justificado de la autoridad responsable. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis III.2o.T.31 L (11a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Marzo de 2023, Tomo IV, página 3939, con registro electrónico 2026172, cuyo rubro y texto disponen: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. PARA TENERLA POR JUSTIFICADA, ES INSUFICIENTE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE HAYA RECONOCIDO LA REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA QUE PROMUEVE EN NOMBRE DE LA QUEJOSA, SI NO LA ACREDITA CON EL DOCUMENTO HABILITANTE CORRESPONDIENTE DENTRO DEL JUICIO LABORAL DEL QUE EMANA LA RESOLUCIÓN RECLAMADA. Hechos: La promovente de un juicio de amparo directo, en su calidad de procuradora auxiliar de la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet), se ostentó como apoderada especial de la actora en el juicio laboral. En atención al requerimiento formulado por la presidencia del tribunal para que acreditara su personalidad, manifestó que tal representación la tenía reconocida ante la autoridad responsable; sin embargo, el presidente del tribunal determinó que de las constancias del procedimiento de origen no se advertía carta poder en el juicio natural en la que se le designara como representante, motivo por el cual no le tuvo por justificada su personalidad y, transcurrido el plazo concedido para cumplir la prevención efectuada, tuvo por no presentada la demanda, inconformándose la quejosa con esa determinación judicial mediante la interposición del recurso de reclamación. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que tratándose del juicio de amparo directo, para tener por justificada la personalidad de la quejosa, es insuficiente que la autoridad responsable haya reconocido la representación de la persona que promueve en su nombre, si ésta no la acredita con el documento habilitante correspondiente dentro del juicio laboral del que emana el acto reclamado. Justificación: De acuerdo con el artículo 11 de la Ley de Amparo, el acto relevante que permite la habilitación para promover el juicio de amparo directo en nombre del quejoso no es el reconocimiento de la autoridad responsable, sino la acreditación por parte del representante legal. Al respecto, el artículo 13 de la Ley de Amparo abrogada, señalaba que la personalidad del promovente, sin distingo entre la vía indirecta y la directa, se debía admitir siempre que comprobara con las constancias respectivas que la tenía reconocida ante la autoridad responsable, pues el acto trascendente para habilitar al promovente del juicio de amparo en ambas vías era el "reconocimiento" de la representación por parte de la autoridad responsable; ahora no es así, pues conforme al aludido artículo 11, a partir del 3 de abril de 2013, es requisito indispensable que la personalidad del promovente del amparo directo se justifique con la "acreditación" de éste ante la autoridad emisora del acto, lo cual va más allá del solo acto de reconocimiento de la responsable, en la medida en que el vocablo "acreditación", conforme al Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española significa: "1. f. Acción y efecto de acreditar. 2. f. Documento que acredita la condición de una persona y su facultad para desempeñar determinada actividad o cargo.", y es por eso que el Tribunal Colegiado de Circuito está legalmente facultado para verificar directamente el documento habilitante y decidir lo relativo a la personalidad del promovente. Notifíquese.

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