Heriberto Domínguez Francisco
Expediente 451/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 16 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 451/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 09/11/2023
Partes del expediente
- Heriberto Domínguez Francisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Tijuana, Baja California, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia dictada el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, en la que por una parte, se sobreseyó en el presente juicio de amparo y por otra, se negó el amparo y la protección de la justicia federal a la parte quejosa, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado ejecutoria. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones de rigor. Atento a lo anterior, y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transparencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo de referencia. En el entendido de que el presente expediente, se negó el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en términos en el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transparencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se indica que el presente expediente es susceptible de ser conservable, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado artículo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "conservable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 34 del Acuerdo General mencionado. Por otra parte, en términos del artículo 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transparencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se indica que toda vez que en el incidente de suspensión que deriva el presente asunto se negó y concedió la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, por tanto el original del cuaderno incidental es susceptible de ser conservable, motivo por el cual, debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado artículo. Notifíquese.
- Principal
Sentencia Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 451/2023-A, promovido por Heriberto Domínguez Francisco, contra actos del Síndico Procurador Municipal de Tijuana, Baja California, y de otras autoridades; y, Resultando: Primero. Mediante escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, Heriberto Domínguez Francisco, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos y autoridades -en su denominación correcta- que a continuación se precisan: Autoridades responsables -Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, de Tijuana, Baja California. -Síndico Procurador Municipal de Tijuana, Baja California. -Directora de Investigación y Determinación de la Sindicatura Procuradora Municipal de Tijuana, Baja California. -Oficial Mayor de Tijuana, Baja California. -Director General de Policía y Tránsito Municipal de Tijuana, Baja California. -Titular de la Coordinación de Recursos Humanos de la Secretaria de Seguridad Pública de Tijuana, Baja California. -Secretario Técnico de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinaria de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, Baja California. -Iván Aranda Nava, Personal adscrito a la Secretaría Técnica de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del Ayuntamiento de Tijuana. Actos reclamados "I. Les reclamo la inminente remisión y/o separación del cargo que ejerce el suscrito quejoso como agente de la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana, con motivo del acuerdo de inicio de Procedimiento Administrativo de fecha 23 de febrero de 2023, dentro del expediente E-335/CSPC/2021. Acto reclamado que contraviene la garantía de Defensa, Legalidad e igualdad que todo proceso debe de preserva, esto debido a la FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN PARA DECRETAR EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR, porque es suficiente e inexistente la conducta que se atribuyó al hoy quejoso, sumado a la omisión de la responsable de correr traslado de las pruebas y/o documentos a la omisión de la responsable de correr traslado de las pruebas y/o documentos fundatorios de la acción previo a la comparecencia de la audiencia de declaración. También se les reclama en el acuerdo de inicio del referido procedimiento la carencia de una adecuada motivación al no establecer las razones particulares por las cuales se consideró necesario iniciar el acuerdo de inicio al hoy quejoso. De las autoridades ordenadoras, la solicitud del acuerdo de inicio de procedimiento de responsabilidad administrativo. De las autoridades ejecutoras, la ejecución del acto reclamado." Segundo. Derechos humanos cuya violación se reclama. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales vulnerados los establecidos en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, asimismo, narró en la demanda que dio origen al presente juicio, los antecedentes de los actos que reclama y formuló los conceptos de violación que estimó pertinente. Tercero. Admisión y trámite del juicio de amparo. Este órgano de control constitucional en auto dictado el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables sus informes con justificación, dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado y sin que se reconociera el carácter de tercero interesado a persona alguna, señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, se celebró al tenor del acta que antecede. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; precepto 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés, por tratarse de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama la inconstitucionalidad de diversas porciones normativas vigentes en esta Entidad Federativa, así como actos atribuidos a autoridades administrativas cuya ejecución tiene lugar en esta ciudad, esto es, en la demarcación en la que este Juzgado ejerce jurisdicción por razón de territorio. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden y a efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar que los actos atribuidos a las autoridades responsables son: -La solicitud del acuerdo de inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa planteada por la Sindicatura Municipal ante la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del Ayuntamiento de Tijuana en contra del aquí quejoso. -El inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa dictado el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés dentro del expediente E-335/CSPC/2021 . -La separación del cargo del directo quejoso con motivo del inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa planteada. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Oficial Mayor del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, Director General de Policía y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, Directora de Investigación y Determinación de la Sindicatura Procuradora del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California; y, Coordinador de Recursos Humanos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, ya que así lo manifestaron al momento de rendir sus informes justificados, sin que el quejoso haya aportado prueba tendiente a desvirtuar dichas negativas. De igual manera, no es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, consistente en la separación del cargo del directo quejoso con motivo del inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa planteada, toda vez que de las constancias que remitió la citada autoridad como apoyo a su informe justificado no se advierte que con motivo de la resolución emitida el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, se haya separado del cargo al aquí quejoso. Por tanto, ante la inexistencia de los actos que se les reclaman a las autoridades responsables materia del presente considerando, sin prueba en contrario, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cuarto. Por otra parte, son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Secretario Técnico de dicha comisión e Iván Aranda Nava en su carácter de Personal adscrito a la Secretaría Técnica de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, toda vez que así lo manifestaron en sus informes justificados. Lo que se corrobora con base en las documentales consistentes en copia certificada del expediente del que emana el acto reclamado que remitió la Comisión responsable como apoyo a su informe justificado, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ello de conformidad con el artículo 74, fracción III de la Ley de Amparo. De igual manera, es cierto el acto reclamado al Síndico Procurador del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, consistente en la solicitud del acuerdo de inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa planteada por la Sindicatura Municipal ante la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del Ayuntamiento de Tijuana en contra del aquí quejoso, no obstante de que al rendir su informe justificado haya negado la existencia del acto reclamado, dicha negativa se encuentra desvirtuada, con motivos de las constancias que remitió la Comisión responsable, de ahí que se tenga por cierto el acto que se le atribuye. Quinto. Análisis de causas de improcedencia actualizadas. Una vez acreditada la existencia del acto reclamado, previo al estudio de fondo del asunto se debe abordar el de las causas de improcedencia hechas valer por las partes o advertidas de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Las autoridades responsables Personal de apoyo adscrito a la Secretaría Técnica de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California y el Secretario Técnico de dicha Comisión, refirieron que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, toda vez que el tres de abril de dos mil veintitrés, el quejoso en audiencia de ley compareció a fin de imponerse de autos, obteniendo fotografías de cada una de las documentales. Sin embargo, dicha causa de improcedencia se encuentra infundada, ya que conlleva implícitamente las razones de fondo por las que precisamente se promovió la presente demanda de derechos fundamentales. Sirve de sustento la jurisprudencia P./J. 135/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, enero de 2002, página 5, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si se hace valer una en la que se involucre una argumentación íntimamente relacionada con el fondo del negocio, debe desestimarse." Causa de improcedencia actualizada. Por otra parte, en relación con el acto reclamado consistente en la solicitud del acuerdo de inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa planteada por la Sindicatura Municipal ante la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del Ayuntamiento de Tijuana en contra del aquí quejoso, quien esto resuelve considera que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica Del dispositivo antes transcrito se desprende, que el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento administrativo, cuando por virtud de un cambio de situación jurídica en el mismo deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento, por no poder decidirse en éste sin afectar la nueva situación jurídica del quejoso, lo que se considera acontece en el presente asunto. En el caso concreto, del escrito de demanda, se obtiene que la parte promovente planteó el juicio de amparo indirecto -en lo que aquí interesa-, en relación con el acto reclamado consistente en la solicitud del acuerdo de inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa planteada por la Sindicatura Municipal ante la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del Ayuntamiento de Tijuana en contra del aquí quejoso; lo anterior, con motivo de la queja o denuncia presentada por Edgar Javier Baeza Zamudio, respecto de los presuntos actos u omisiones cometidos por el miembro policial Heriberto Domínguez Francisco. De ahí que, seguida la investigación para su integración, la Sindicatura municipal emitió resolución dentro del expediente INV-P648/2020 el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno y solicitó el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa mediante oficio SP-INVD-9321/2021, el cual fue recibido por la Secretaría Técnica de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, en fecha veintiocho de octubre de dos mil veintiuno y el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés dictó el inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del aquí quejoso dentro del expediente E335/CSPC/2021. Por tanto, si la presentación de la demanda de amparo en lo que aquí interesa fue planteada en relación con el acto reclamado consistente en la solicitud del acuerdo de inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa planteada por la Sindicatura Municipal ante la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del Ayuntamiento de Tijuana en contra del aquí quejoso; y, el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, la Comisión dictó el inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del aquí quejoso, -como se anticipó-, en la especie se actualiza de manera manifiesta e indubitable la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XVII, párrafo primero de la Ley de Amparo, toda vez que resulta inconcuso que existe una imposibilidad jurídica para realizar el examen constitucional del acto reclamado inicialmente a la Sindicatura Municipal, sin afectar la nueva situación derivada de que a la fecha la investigación instaurada en su contra, que actualmente se encuentra ante la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, de tal modo que las violaciones reclamadas cometidas deben considerarse consumadas de modo irreparable, surtiéndose de esta manera la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía la Jurisprudencia 1a./J. 95/2007 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 171841 de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos. Así como la tesis I.11o.C.61 K (10a.) emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con número de registro digital 2025083 de rubro t texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO SE RECLAME UN ACTO PROCESAL VINCULADO EXPRESAMENTE CON ALGUNA DE LAS ETAPAS PROCESALES QUE CONFORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO EN EL QUE SE EMITE RESOLUCIÓN CON LA QUE CONCLUYE O DILUCIDA LA CONTROVERSIA PRINCIPAL O INCIDENTAL PLANTEADA. Hechos: En la fase de ejecución de convenio de un juicio mercantil, la parte demandada promovió incidente de nulidad de actuaciones respecto a la adjudicación del inmueble embargado en ese asunto. Además, solicitó medidas cautelares con la finalidad de que: a) se mantuviera la situación de hecho existente; y, b) se inscribiera el referido incidente en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, en el folio real del inmueble adjudicado. El Juez de origen admitió el incidente de nulidad de actuaciones y, en dos acuerdos distintos, no acordó de conformidad las medidas cautelares solicitadas. En contra de estas últimas dos resoluciones, la parte demandada promovió juicio de amparo. El Juez de Distrito desechó la demanda al estimar que se actualizó un cambio de situación jurídica, pues en diversa demanda de amparo promovida por la misma quejosa, respecto del mismo procedimiento de origen, reconoció que el incidente de nulidad de actuaciones se declaró infundado en interlocutoria de primer grado y que ésta se encontraba subjúdice en apelación. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica, sólo se actualiza cuando en el juicio de amparo se reclame un acto vinculado expresamente con alguna de las etapas procesales que conforman el procedimiento respectivo en el que se emite resolución con la que concluye o dilucida la controversia principal o incidental planteada. Justificación: Lo anterior, porque el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente cuando por virtud de un cambio de situación jurídica deban considerarse consumadas irreparablemente las presuntas violaciones que se hubieren cometido en el procedimiento respectivo, pues no es posible decidir sobre éstas sin afectar la nueva situación jurídica. Esta causa de improcedencia sólo opera en procedimientos jurisdiccionales o procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. De esa forma, el cambio de situación jurídica implica que el acto reclamado ocurrió en una determinada etapa procesal; de ahí que cuando el procedimiento avanza a otra fase, por regla general no es posible hacer que el juicio o procedimiento se retrotraiga. En otras palabras, el procedimiento jurisdiccional o el procedimiento administrativo seguido en forma de juicio se asemeja a un túnel dividido en secciones, cada una de las cuales se cierra o individualiza de las demás por medio de compuertas; de manera que cada vez que se avanza por ese túnel, las compuertas que dividen las secciones se cierran, lo que impide que la persona que recorre ese túnel se encuentre en posibilidad para regresar a la sección anterior, pues ésta ha quedado cerrada definitivamente. Esa imposibilidad de regresar las etapas procesales, cuando el juicio o procedimiento ha avanzado a una etapa distinta, es la que produce que las posibles violaciones que se hubieren cometido en la etapa anterior se estimen irreparablemente consumadas, pues el análisis de éstas podría afectar la nueva situación jurídica que se ha creado al avanzar el asunto a una etapa procesal diversa. Conforme a lo expuesto, la regla general respecto de la improcedencia del juicio de amparo llamada cambio de situación jurídica, consiste en que cuando el acto emane de un procedimiento, de surgir una situación jurídica nueva, aquél será improcedente si de concederlo se afectara esta última y, por ello, se deben reputar consumadas irreparablemente las violaciones alegadas, por la posible afectación al nuevo estatus jurídico. Por tanto, si en el procedimiento principal o incidental respectivo se solicitan medidas cautelares y éstas no se acuerdan de conformidad, la emisión de la resolución con la que concluya ese procedimiento principal o incidental no implica un cambio de situación jurídica, en virtud de que las medidas cautelares solicitadas no corresponden a una etapa de ese procedimiento." Y la tesis X.2o.1 P (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, con número de registro digital 2022025 de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA CUALQUIER CUESTIÓN INHERENTE A LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA, SE ACTUALIZA CON EL DICTADO DE LA SENTENCIA ABSOLUTORIA EN EL PROCESO PENAL NATURAL, SIN NECESIDAD DE ESPERAR A QUE ÉSTA CAUSE ESTADO. El dictado de un fallo absolutorio en un proceso penal destruye totalmente los efectos y consecuencias de la medida cautelar de prisión preventiva, lo que origina un cambio de situación jurídica que da lugar a la improcedencia del juicio de amparo indirecto en el que se haya reclamado cualquier cuestión inherente a dicha medida cautelar, en términos de lo previsto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, sin que sea necesario para estimarlo así, esperar a que la sentencia absolutoria en cuestión cause estado, pues aun cuando fuera recurrida mediante apelación, el resultado de esa impugnación de ninguna manera podría retrotraer la resaltada mutación. Ello, pues de no prosperar el recurso y, por ende, confirmarse el fallo absolutorio o, en el supuesto contrario, de prosperar el recurso y, en consecuencia, emitirse una sentencia condenatoria, el cambio de situación jurídica sería validado, al quedar a todas luces superada la situación de preso preventiva o cautelarmente que regía previo a la emisión del fallo absolutorio, y adquirir estado la respectiva calidad de sentenciado con condena. Asimismo, en el supuesto de que el aludido recurso prosperara y el resultado fuera la reposición del proceso penal, cobra aplicación lo previsto en el artículo 180 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el sentido de que las medidas cautelares subsisten únicamente en caso de que se recurra una sentencia condenatoria, hasta que ésta cause estado, de lo que se colige que dicha subsistencia no opera tratándose de la emisión de sentencias absolutorias; por tanto, como se dijo, el dictado de este tipo de fallos destruye total e incondicionalmente los efectos de la medida cautelar de prisión preventiva, lo que conduce a que las violaciones que puedan atribuirse en la imposición o revisión de dicha medida cautelar, queden irreparablemente consumadas para efectos de la procedencia del juicio de amparo." Consecuentemente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, por lo que hace al acto reclamado consistente en la solicitud del acuerdo de inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa planteada por la Sindicatura Municipal ante la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del Ayuntamiento de Tijuana en contra del aquí quejoso. Sexto. Estudio de los conceptos de violación. Se procede entrar al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, sin que en el presente asunto proceda la suplencia de la queja al derivar de un procedimiento de responsabilidad administrativa contra un servidor público. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CONTRA UN SERVIDOR PÚBLICO, POR NO ESTAR INMERSOS EN LA MATERIA LABORAL. 2 Es infundado el concepto de violación identificado como primero del escrito inicial de demanda, en el que la parte quejosa sostiene, en esencia, que la autoridad responsable vulneró sus derechos de audiencia y debido proceso, ya que a pesar de que se le notificó el acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa, no se le corrió traslado con copia de los medios de convicción que se tomaron en cuenta para su dictado. Para avalar la postura que antecede, de inicio, es pertinente destacar la diferencia que existe entre los actos de molestia y los actos privativos . Así, el artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 2 Décima Época, Tesis: 2a./J. 190/2016 (10a.), Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, página 705, Registro 2013378 derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 constitucional determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, es claro que la Constitución General de la República distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Bajo ese orden de ideas, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional. Las anteriores consideraciones se encuentran plasmadas en la jurisprudencia P./J. 40/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cinco, tomo IV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de julio de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, registro 200080, de rubro: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN." Ahora bien, en cuanto a la garantía de audiencia, debe señalarse que ésta consiste fundamentalmente en la oportunidad que se concede al particular de intervenir para poder defenderse, y esa intervención se puede concretar en dos aspectos esenciales, a saber: la posibilidad de rendir pruebas que acrediten los hechos en que se finque la defensa; y la de producir alegatos para apoyar esa misma defensa con las argumentaciones jurídicas que se estimen pertinentes. Esto presupone la necesidad de que los hechos y datos en los que la autoridad se basa para iniciar un procedimiento que puede culminar con privación de derechos, sean del conocimiento del particular, lo que se traduce siempre en un acto de notificación que tiene por finalidad que aquél se entere de cuáles son esos hechos y así esté en aptitud de defenderse. De lo contrario la audiencia resultaría prácticamente inútil, puesto que el presunto afectado no estaría en condiciones de saber qué pruebas aportar o qué alegatos formular a fin de contradecir los argumentos de la autoridad, si no conoce las causas y los hechos en que ésta se apoya para iniciar un procedimiento que pudiera afectarlo en su esfera jurídica. En ese sentido, es pertinente tener presente que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el respeto a la garantía de audiencia impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el procedimiento que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, que son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa. 3) La oportunidad de alegar; y, 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Los anteriores razonamientos están contenidos en la jurisprudencia P./J. 47/95 publicada en la página ciento treinta y tres, tomo II del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época, registro 200234, de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO." Ahora bien, en el caso concreto -según se anticipó- la parte quejosa sostiene que la autoridad responsable vulneró su derechos de audiencia y debido proceso, porque, no se le corrió traslado con copia de las pruebas que se tomaron en cuenta para la emisión del acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa que se instruye en su contra. En ese orden de ideas, para demostrar lo infundado de tales planteamientos es necesario citar los artículos del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad para el Municipio de Tijuana, Baja California que regulan el procedimiento administrativo de referencia, que son del tenor siguiente: "Artículo 118.- La separación es el acto mediante el cual la institución policial da por terminada la relación administrativa, cesando los efectos del nombramiento entre ésta y el policía, de manera definitiva dentro del servicio." "Artículo 120.- Los miembros serán separados definitivamente cuando dejen de reunir alguno de los requisitos de permanencia o incurra en cualquiera de las hipótesis contenidas en la fracción II del artículo 143 del presente reglamento, o suspendidos temporalmente o removidos del cargo cuando incurran en responsabilidad administrativa grave." "Artículo 121.- La Sindicatura Municipal será la encargada de la investigación administrativa y de solicitar fundada y motivadamente a la comisión, el inicio del procedimiento de separación definitiva o de responsabilidad administrativa, remitiéndole el expediente del presunto infractor." "Artículo 122.- El procedimiento iniciará por acuerdo de la comisión, conforme a lo previsto en el presente reglamento y demás disposiciones aplicables." "Artículo 123.- El acuerdo de inicio del procedimiento de separación definitiva o de responsabilidad administrativa grave deberá contener por lo menos lo siguiente: I. Lugar, fecha y hora para la celebración de la audiencia a que se refiere el artículo 128 del presente reglamento, misma que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a la fecha que se dicta el acuerdo; II. Motivos que dan origen al procedimiento, y el derecho del miembro a imponerse de autos a fin de que conozca las imputaciones que se fincan, y pueda defenderse por si, por persona de su confianza; III. El derecho del miembro a ofrecer pruebas y alegar a lo que su derecho convenga; y IV. EL apercibimiento, en caso de que en la audiencia el miembro no señale domicilio en la ciudad para oír y recibir notificaciones, las notificaciones subsecuentes, aún las de carácter personal, se realizaran en los estrados de la Secretaría y de la comisión. En el mismo acuerdo de inicio, decretar o ratificar en su caso, la suspensión, preventiva declarada por la Sindicatura Municipal, asimismo ordenará notificar a ésta y al miembro, cuando menos con cinco días de anticipación, el lugar, la fecha y hora para la celebración de la audiencia, apercibiéndose a este último que, en caso de no comparecer sin causa justificada, se le tendrá por confeso del hecho que se le imputa. La falta de notificación en los términos indicados, obliga a la comisión a señalar nuevo día y hora para la celebración de la audiencia, misma que deberá realizarse dentro de los quince días siguientes a la fecha que inicialmente se hubiera fijado." "Artículo 124.- En caso de que en el día de la celebración de la audiencia, el miembro no pueda defenderse por sí o por persona de su confianza, se le asignara un defensor de oficio." "Artículo 127.- La celebración de la audiencia constara de cuatro etapas: I. Declaración, ofrecimiento y admisión de pruebas del miembro; II. Desahogo de pruebas; III. Alegatos; y IV. Citación para la resolución. En la etapa de declaración, el miembro rendirá su declaración en forma verbal, tomándose razón de la misma, o por escrito, la que deberá ratificar en el mismo acto, versara sobre los hechos que se le imputan. En la declaración que rinda el miembro, la comisión tendrá la más amplia facultad para formular las preguntas que estime conducentes, para el esclarecimiento de los hechos que se le imputan. Una vez rendida la declaración, ofrecerá los medios de prueba que convengan a su defensa; mismos que la autoridad resolverá sobre su admisión o desechamiento." "Artículo 135.- Las pruebas supervenientes podrán presentarse antes de dictar resolución. Se admitirán como tales exclusivamente las documentales." "Artículo 136.- En la etapa de deshago de pruebas, se tendrán por desahogadas aquellas que por su propia y especial naturaleza no ameriten preparación alguna; y en el caso de aquellas que requieran de diligencia especial, se señalará día y hora para su desahogo. El miembro tendrá la obligación de proporcionar los medios necesarios para facilitar el desahogo de las pruebas ofrecidas de su parte. Esta etapa no excederá del término de veinte días." "Artículo 137.- Una vez desahogadas todas las pruebas, y presentados los alegatos, que podrán producirse por escrito o en forma verbal por el miembro, se citará para resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo de treinta días." "Artículo 142.- La Sindicatura Municipal y la comisión, de acuerdo a sus facultades, podrán disponer la práctica de las diligencias necesarias para garantizar el debido desarrollo de la investigación administrativa y del procedimiento de separación definitiva o de responsabilidad administrativa respectivamente; asimismo, podrá allegarse de todos los medios de prueba que considere necesarios para mejor proveer." "Artículo 207.- Las notificaciones y citaciones se harán personalmente, por cedula o por estados. Son notificaciones personales: I. El acuerdo que ordene y aquel que levanta la suspensión preventiva; II. El acuerdo de inicio del procedimiento de separación definitiva o de responsabilidad administrativa; III. La citación para el deshago de pruebas; IV. La resolución definitiva que recaiga al procedimiento de remoción y de separación definitiva; V. Las demás que ordene la comisión o la Sindicatura Municipal." "Artículo 208.- El acuerdo de inicio del procedimiento de separación definitiva, responsabilidad administrativa y la suspensión preventiva, podrá notificarse en el domicilio oficial de la adscripción del presunto infractor, en el último que hubiera reportado o en el lugar en que se encuentre físicamente. En caso de que el miembro se niegue a recibir la notificación, se hará constar esta circunstancia asentándose en el acta respectiva, misma que se fijara en los estrados de la Secretaría y de la Sindicatura Municipal. Así mismo, el infractor deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del lugar de residencia de la comisión, con el apercibimiento que de no hacerlo las subsecuentes notificaciones se realizaran por estados. Artículo 209.- Cuando el notificador no encontrare persona alguna en el domicilio en la primera visita, levantara constancia del hecho, y regresara dentro de las veinticuatro horas siguientes; en el caso de que en la segunda visita, tampoco encontré persona alguna, se fijara la cedula de notificación en el lugar visible del domicilio, y en los estrados de la Secretaría y de la Sindicatura Municipal. Si habiéndose levantado constancia de la primera visita, el notificador encontrare al miembro dentro del término concedido para la espera, procederá a entender la diligencia de notificación. "Artículo 210.- Si el miembro no vive en el domicilio señalado en el expediente personal o este fuera inexistente, se hará constar esta circunstancia asentándose en el acta respectiva y se realizara la notificación por estrados de la Secretaria y de la Sindicatura Municipal. "Artículo 211.- Las notificaciones que se tengan que realizar a personas diversas a los miembros, se harán en los términos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California. Las notificaciones que se deban realizar a los miembros, diversas y posteriores a las del acuerdo de inicio del procedimiento de remoción y suspensión preventiva, se realizarán en el domicilio que para tales efectos se hubiere señalado por aquellos, siguiendo las reglas establecidas por los artículo 209 y 210 de este reglamento. Si el miembro no hubiere señalado domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad, las notificaciones subsecuentes, aun las de carácter personal, se realizaran en los estrados de la Secretaría y de la Sindicatura Municipal. Artículo 225.- La Sindicatura Municipal, tendrá a su cargo las atribuciones que a continuación se mencionan: I. Recibir y dar trámite a las quejas o denuncias, incluyendo las anónimas que se formulen en contra de los miembros, y que se relacionen con la comisión de faltas graves a los principios de actuación o porque hayan dejado de cumplir los requisitos de permanencia que establece el presente reglamento y demás disposiciones aplicables; II. Iniciar de oficio las investigaciones administrativas procedentes en contra de los miembros, que se relacionen con la comisión de faltas graves a los principios de actuación o porque hayan dejado de cumplir los requisitos de permanencia que establece el presente reglamento y demás disposiciones aplicables; III. Realizar fundada y motivadamente las investigaciones administrativas que resulten procedentes y necesarias a efectos de esclarecer las quejas o denuncias, incluyendo las anónimas que hayan sido formuladas en contra de los miembros en los términos de las fracciones I y II que anteceden; IV. Decretar fundada y motivadamente la suspensión preventiva de los miembros cuando así lo considere conveniente, a efecto de realizar las diligencias necesarias para allegarse de elementos que le permitan el esclarecimiento de los hechos materia de la investigación administrativa; V. Decretar durante la etapa de investigación administrativa, el levantamiento de la suspensión preventiva a que refiere el párrafo anterior, cuando así lo considere procedente; VI. Solicitar o requerir a las autoridades municipales, estatales o federales toda aquella información u objetos que considere necesarios para integrar las investigaciones administrativas; VII. Establecer los formatos bajo los cuales las dependencias y entidades de la administración pública municipal recibirán quejas y denuncias en contra de los miembros, a fin de estar en posibilidad de iniciar los procedimientos correspondientes; VIII. Desarrollar programas de supervisión, a fin de cerciorarse que los miembros cumplen con los principios de actuación y obligaciones que les impone la ley nacional, estatal, el presente reglamento y demás ordenamientos aplicables; IX. Hacer del conocimiento del agente del ministerio público competente, los hechos probablemente constitutivos de delito y los cuales haya advertido con motivo de las investigaciones administrativas, informando de ello al Secretario; X. Aplicar en los procedimientos de la investigación administrativa, los principios rectores establecidos en el presente reglamento, debiendo aplicar supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Baja California. XI. Acordar el archivo definitivo de aquellas investigaciones administrativas que concluyen en el no ejercicio de conocimiento de la comisión, con motivo de no haberse encontrado elementos que acrediten la probable responsabilidad del miembro en los hechos que se le atribuyan; XII. Solicitar a la comisión el inicio de los procedimientos de sanción, remoción del cargo o separación definitiva que procedan en contra de los miembros, en los términos del reglamento y demás disposiciones aplicables; XIII. Realizar las observaciones y recomendaciones que considere procedentes, resultantes de su función de vigilancia y supervisión; XIV. Intervenir en la práctica de los exámenes toxicológicos para detectar el posible abuso o consumo de drogas, que se apliquen a los miembros, en los términos de la norma técnica respectiva; XV. Requerir a las áreas, órganos o entidades que integran a la Secretaria, para que remitan la información necesaria y documentos de apoyo, para integrar la investigación administrativa correspondiente; XVI. Vigilar que las investigaciones administrativas que se instauren contra cualquier miembro, se desarrollan con el mayor sigilo y la confidencialidad correspondiente; XVII. Imponer cualquier de los medios de apremio para hacer cumplir sus requerimientos; XVIII. Solicitar se practiquen a los miembros, los procesos de evaluación del desempeño, control de confianza, polígrafo y otros que resulten indispensables para asegurar la debida prestación del servicio activo; XIX. Expedir copias certificadas de los autos que obren en los expedientes de la Sindicatura Municipal cuando resulte procedente; XX. Establecer la debida coordinación con los organismos protectores de los derechos humanos, para la atención de asuntos relacionados con esta materia; XXI. Hacer del conocimiento de la Secretaria, de las conductas de responsabilidad no grave en que hayan incurrido los miembros y las cuales haya advertido con motivo de sus funciones de investigación, y X XII. Las demás que le confiere este reglamento, así como las disposiciones legales y reglamentarias aplicables." "Artículo 228.- Habiéndose practicado las diligencias necesarias, así como allegado de los medios de prueba oportunos, se concluirá la investigación, dictando un acuerdo en el que se determinará alguno de los siguientes supuestos: I. No existen los elementos que acrediten la existencia del incumplimiento de obligaciones ni alguna causa de separación definitiva; II. Existen los elementos para presumir la existencia de alguna causa de separación definitiva o el incumplimiento de las obligaciones consideradas con graves, por lo que dictara acuerdo en el que solicite a la comisión; el inicio del procedimiento de separación definitiva o de responsabilidad administrativa, remitiéndole el expediente respectivo. III. Existen los elementos que acreditan la existencia de falta disciplinaria, por lo que solicitara la sustanciación del procedimiento para la aplicación de correctivos disciplinarios, y se turnará al director general de policía y tránsito; De los preceptos reglamentarios transcritos se desprende lo siguiente: 1. La Sindicatura Municipal es la autoridad facultada para recibir y dar trámite a las quejas o denuncias, incluyendo las anónimas que se formulen en contra de los miembros, y que se relacionen con la comisión de faltas graves a los principios de actuación o porque hayan dejado de cumplir los requisitos de permanencia que establece el reglamento aludido y demás disposiciones aplicables y, por ende, está facultada para llevar a cabo las investigaciones administrativas correspondientes. 2. Asimismo, es la autoridad facultada para iniciar de oficio las investigaciones administrativas procedentes en contra de los miembros, que se relacionen con la comisión de faltas graves a los principios de actuación o porque hayan dejado de cumplir los requisitos de permanencia que establece el citado reglamento y demás disposiciones aplicables. 3. Culminadas las diligencias necesarias y recabados los medios de prueba correspondientes, la Sindicatura Municipal debe concluir la investigación dictando un acuerdo que podrá ser en cualquiera de los sentidos siguientes: a) No existen los elementos que acrediten la existencia del incumplimiento de obligaciones ni alguna causa de separación definitiva; b) Existen los elementos para presumir la existencia de alguna causa de separación definitiva o el incumplimiento de las obligaciones consideradas como graves, por lo que dictará acuerdo en el que solicite a la Comisión el inicio del procedimiento de separación definitiva o de responsabilidad administrativa, remitiéndole el expediente respectivo; o, c) Existen los elementos que acreditan la existencia de falta disciplinaria, por lo que solicitará la sustanciación del procedimiento para la aplicación de correctivos disciplinarios, y se turnará al Director General de Policía y Tránsito. 4. La Sindicatura Municipal será la encargada de la investigación administrativa y de solicitar fundada y motivadamente a la Comisión, el inicio del procedimiento de separación definitiva o de responsabilidad administrativa, remitiéndole el expediente del presunto infractor. 5. El procedimiento -de separación definitiva o responsabilidad administrativa- iniciará por acuerdo de la Comisión. 6. El acuerdo de inicio del procedimiento de separación definitiva o de responsabilidad administrativa grave deberá contener por lo menos lo siguiente: I. Lugar, fecha y hora para la celebración de la audiencia, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a la fecha que se dicta el acuerdo; II. Motivos que dan origen al procedimiento, y el derecho del miembro a imponerse de autos a fin de que conozca las imputaciones que se fincan, y pueda defenderse por sí, por persona de su confianza; III. El derecho del miembro a ofrecer pruebas y alegar a lo que su derecho convenga; y, IV. El apercibimiento, en caso de que en la audiencia el miembro no señale domicilio en la ciudad para oír y recibir notificaciones, las notificaciones subsecuentes, aun las de carácter personal, se realizarán en los estrados de la Secretaría y de la Comisión. 7. En el mismo acuerdo de inicio se ordenará notificar personalmente al miembro, cuando menos con cinco días de anticipación, el lugar, la fecha y hora para la celebración de la audiencia. La falta de notificación en los términos indicados, obliga a la Comisión a señalar nuevo día y hora para la celebración de la audiencia, que deberá realizarse dentro de los quince días siguientes a la fecha que inicialmente se hubiera fijado. 8. El acuerdo de inicio del procedimiento podrá notificarse en el domicilio oficial de la adscripción del presunto infractor, en el último que hubiera reportado o en el lugar en que se encuentre físicamente. En caso de que el miembro se niegue a recibir la notificación, se hará constar esta circunstancia asentándose en el acta respectiva, misma que se fijará en los estrados de la Secretaría y de la Sindicatura Municipal. 9. Las notificaciones que se tengan que realizar a personas diversas a los miembros, se harán en los términos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California. Las notificaciones que se deban realizar a los miembros, diversas y posteriores a las del acuerdo de inicio del procedimiento de remoción y suspensión preventiva, se realizarán en el domicilio que para tales efectos se hubiere señalado por aquellos, siguiendo las reglas establecidas por los artículos 209 y 210 del Reglamento. 10. En caso de que en el día de la celebración de la audiencia, el miembro no pueda defenderse por sí o por persona de su confianza, se le asignará un defensor de oficio. 11. La celebración de la audiencia constará de cuatro etapas: I. Declaración, ofrecimiento y admisión de pruebas del miembro; II. Desahogo de pruebas; III. Alegatos; y, IV. Citación para la resolución. 12. Una vez rendida la declaración, el presunto infractor ofrecerá los medios de prueba que convengan a su defensa, que la autoridad resolverá sobre su admisión o desechamiento. Las pruebas supervenientes podrán presentarse antes de dictar resolución. 13. En la etapa de desahogo de pruebas, se tendrán por desahogadas aquellas que por su propia y especial naturaleza no ameriten preparación alguna; y en el caso de aquellas que requieran de diligencia especial, se señalará día y hora para su desahogo. Esta etapa no excederá del término de veinte días. 14. Una vez desahogadas todas las pruebas, y presentados los alegatos, que podrán producirse por escrito o en forma verbal por el miembro, se citará para resolución, la cual deberá dictarse dentro de un plazo de treinta días . Con lo hasta aquí expuesto, es dable advertir, por una parte, que el procedimiento de investigación administrativa sobre la posible existencia de faltas graves o la pérdida de alguno de los requisitos de permanencia inicia de oficio o con motivo de la queja o denuncia que formule cualquier persona y concluye con un acuerdo en el que se puede determinar que no existen los elementos que acrediten la existencia del incumplimiento de obligaciones ni alguna causa de separación definitiva; que sí existen los elementos para presumir la existencia de alguna causa de separación definitiva o el incumplimiento de las obligaciones consideradas con graves, por lo que se solicitará a la Comisión el inicio del procedimiento respectivo, o bien, que existen los elementos que acreditan la existencia de falta disciplinaria, por lo que solicitará la sustanciación del procedimiento para la aplicación de correctivos disciplinarios. Así, -en lo que al caso atañe- en el segundo supuesto, esto es, que se determine que sí existen los elementos para presumir la existencia de alguna causa de separación definitiva o el incumplimiento de las obligaciones consideradas como graves y se solicite a la Comisión el inicio del procedimiento respectivo, una vez formulada la solicitud correspondiente inicia formalmente el procedimiento respectivo que deberá concluir con la determinación que resuelva sobre la existencia o no de la conducta infractora y la participación del miembro policial. Entonces, de los preceptos analizados se desprenden la obligación de la Comisión de notificar al presunto infractor el contenido del acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de que se trate y si bien disponen que dicha comunicación debe entenderse personalmente con el interesado en el último domicilio oficial de su adscripción del presunto infractor, en el último que hubiera reportado o en el lugar en que se encuentre físicamente, lo cierto es que no establecen la obligación de que se le corra traslado con copia de las pruebas que fueron tomadas en consideración al momento de emitir el acuerdo correspondiente, pues ninguna disposición lo prevé. Sin que en el caso pueda aplicarse supletoriamente el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, pues en este aspecto, la norma es clara en establecer que sólo las notificaciones que se practiquen a personas diversas a los miembros, se harán en los términos de la citada legislación civil; de modo que esta excepción no puede hacerse extensiva los miembros de las corporaciones policiales. Por ende, opuesto a lo planteado por la parte quejosa, el personal notificador adscrito a la Secretaría Técnica de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, al momento de practicar la diligencia de notificación del acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación definitiva no estaba obligado a correr traslado al hoy quejoso con copia de las pruebas que se tomaron en consideración al momento de emitir tal determinación, pues -se insiste la legislación aplicable no prevé dicha circunstancia. Es oportuno destacar que lo anterior en modo alguno se traduce en una transgresión a los derechos de audiencia y debido proceso, toda vez que del análisis conjunto de las normas antes destacadas derivan ciertas reglas de carácter procesal que debe cumplir la Comisión responsable antes de emitir resolución definitiva, de modo que se hace posible la preparación de una defensa oportuna, completa y adecuada. En efecto, como se destacó, conforme a la regulación normativa del procedimiento administrativo la autoridad está obligada a llevar a cabo las conductas siguientes: 1. Notificar personalmente al presunto infractor el inicio del procedimiento y hacerle saber los hechos que se le imputan así como las disposiciones cuyo incumplimiento puede ser motivo de la imposición de alguna sanción; 2. Otorgar un plazo de cinco días al probable infractor previo a la celebración de la audiencia respectiva; 3. Otorgar la oportunidad de ofrecer pruebas y formular alegatos; y, 4. Dictar la resolución que ponga fin la instancia administrativa. Además, se estima que si el miembro de la corporación policial sujeto al procedimiento administrativo considera insuficiente la información proporcionada por la Comisión, porque necesita datos adicionales para defenderse adecuadamente, es posible imponerse de los autos y conseguir cualquier documento relacionado con las imputaciones hechas por la contraloría interna, pues para tal efecto se previó que la notificación del acuerdo de inicio del procedimiento respectivo se efectúe por lo menos con cinco días de anticipación a la fecha señalada para la audiencia respectiva. En ese contexto, -según se indicó- debe considerarse que las disposiciones analizadas establecen la obligación de la autoridad administrativa de notificar personalmente al presunto infractor el inicio del procedimiento y de hacerle saber los hechos que se le imputan así como las disposiciones cuyo incumplimiento puede ser motivo de la imposición de alguna sanción, lo que permite considerar que esa regla hace posible la preparación de una defensa oportuna, completa y adecuada. Esto es así, dado que -se insiste- cuando la Comisión da a conocer al miembro de la corporación policial los hechos que la Sindicatura Municipal estimó que actualizaron una falta grave o dejó de tener uno de los requisitos de permanencia, se proporcionan al presunto infractor los datos necesarios para identificar plenamente la conducta que se le atribuye, lo que a su vez le permite acudir ante la autoridad administrativa para defenderse. En lo conducente, resulta ilustrativa la tesis 1a. LXX/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página seiscientos ochenta y nueve, tomo I, libro tres de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de febrero de dos mil catorce, Décima Época, registro 2005635, que señala: "TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY RELATIVA, NO TRANSGREDE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO, POR NO ESTABLECER EL TRASLADO DEL ESCRITO DE ACLARACIÓN PRESENTADO POR EL TERCERO USUARIO. El citado artículo, al prever que las autoridades, previo a la imposición de las sanciones que les corresponda aplicar conforme a la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, notificarán por escrito al presunto infractor de los hechos que se le imputan y las disposiciones que se consideren probablemente infringidas, no transgrede los derechos fundamentales de audiencia y debido proceso, reconocidos en el artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aun cuando no establezca la obligación de correr traslado del escrito de aclaración presentado por el tercero usuario a la institución financiera en un procedimiento administrativo sancionador, toda vez que de su análisis conjunto con los artículos 1, 2 Bis, 29, 30 y 31 de la propia ley derivan ciertas reglas de carácter procesal que debe cumplir la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, de modo que el citado artículo 28 hace posible la preparación de una defensa oportuna, completa y adecuada, ya que, al darse a conocer a la institución financiera las circunstancias por las cuales el tercero usuario estima que se actualizó una conducta irregular que a la postre puede ocasionar la imposición de alguna sanción, se le proporcionan los datos necesarios para ubicar a la probable infractora dentro de la problemática materia del procedimiento administrativo sancionador, lo cual le permite acudir ante la autoridad administrativa para defenderse de las anomalías que se le atribuyen; además, si la institución financiera considera insuficiente la información proporcionada por la Comisión, porque a su entender necesita datos adicionales para defenderse adecuadamente, es posible imponerse de los autos y conseguir cualquier documento relacionado con las imputaciones hechas por el usuario, y en caso de necesitar mayor tiempo para preparar su defensa, puede solicitar, por una sola vez, la ampliación del plazo por otros diez días otorgado en principio para ese efecto, como lo establece el citado artículo 29. Con lo hasta aquí expuesto, es dable concluir que como se adelantó el hecho de que el personal notificador no haya corrido traslado a la parte quejosa con copia de las pruebas que se tomaron en consideración al momento de emitir el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de responsabilidad administrativa, no se traduce en una violación a los derechos de audiencia y debido proceso, porque -se itera- con la entrega de la copia del proveído de referencia se le proporcionaron los datos suficientes para conocer las conductas que se le atribuyen y contó con el tiempo suficiente para comparecer ante la Comisión responsable e imponerse del contenido de las actuaciones que integran el procedimiento respectivo; de ahí, lo infundado del concepto de violación relativo. Por otra parte, es infundado el segundo concepto de violación planteado por la parte quejosa en el sentido de que la resolución reclamada carece de fundamentación y motivación ya que la Comisión responsable fue omisa en precisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conducta reprochada del directo quejoso. Se explica El artículo 14 Constitucional establece que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Estas últimas, consisten en otorgar al gobernado la oportunidad de defenderse y de probar lo que a su interés convenga. De modo que la sentencia que se dicte en un procedimiento de cualesquier índole, en su carácter de acto jurídico público unitario, no puede carecer de dichas formalidades. A su vez, del diverso artículo 16 Constitucional, de su contenido se desprende que todo acto de autoridad que pretenda incidir válidamente en la esfera jurídica de un gobernado, debe reunir los siguientes requisitos: a) Ser emitido por autoridad competente; y, b) Que se encuentre debidamente fundamentado y motivado. Por cuanto hace a la fundamentación y motivación, indistintamente se deben reunir los extremos siguientes: I. Expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso (fundamentación) ; II. Señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto (motivación); y, III. Existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. Así, para cumplir con el imperativo constitucional, la autoridad debe expresar con precisión los preceptos legales que apoyan la emisión del acto, las razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para ello y justificar la adecuación entre los motivos aducidos en el acto de autoridad y las normas aplicadas. La finalidad de dicho dispositivo constitucional estriba en evitar dejar al gobernado en estado de indefensión a causa de que desconozca la disposición que faculta a la autoridad para emitir la resolución que le afecta y el carácter con que la emite, pues es evidente que de dejar de precisar esa causa se impediría al gobernado de la oportunidad de examinar si la actuación de la autoridad se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo y si es o no conforme a la Constitución Federal o a la ley aplicable al caso concreto. Así, para estimar satisfecho el derecho constitucional a la debida fundamentación que consagra el artículo 16 constitucional (por lo que hace a la competencia del acto de molestia), es necesario que en el documento que se contenga se invoquen las disposiciones legales, acuerdo o decreto que otorgan facultades a la autoridad emisora. En esa intelección, las resoluciones que emitan las autoridades que causen molestia a los gobernados deben cumplir con la garantía de legalidad contenida en el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis; es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Encuentra sustento la jurisprudencia 260, visible en la página 175, del Tomo VI, Parte SCJN, Séptima Época, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". En el caso se aprecia que en el acuerdo reclamado se estableció que se acreditaba la conducta por incumplimiento a la obligación de Heriberto Domínguez Francisco, prevista en el artículo 25, fracción XXXV del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para el Municipio de Tijuana, Baja California, situación que concluyó de esa forma con base en el análisis efectuado de los medios probatorios que le fueron remitidos por la Sindicatura Procuradora Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, en los términos siguientes: "CONSIDERADOS P R I M E R O.- Competencia. Esta Comisión es competente para conocer y resolver sobre la solicitud de acuerdo de inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa grave, realizada por Sindicatura, en contra del miembro policial, de conformidad con los artículos 14, 16, 17, 21, 108 último párrafo, 109 fracción III, 113 primer párrafo, 114, 115 fracciones II, III inciso h y 123 apartado B, fracción XIII de la Constitución; artículos 1, 3, 76, 77, 81 fracciones I a VIII, 82 apartado A, fracciones I a XI, apartado B, fracción VIII, 83 fracción XIII, 91, 92, apartado A, fracción III, IV, apartado B fracción I, apartado D de la Constitución Local; artículos 1, 2, 5 fracciones V, VIII, X, 6, 7 fracción VI y VII, 39 apartado B, fracción I, III IV, VIII, X, y XV, 40 fracciones I a XXVII, 41 fracciones, I a X y último párrafo, 43 fracciones I a IV incisos a) y b), V a VIII incisos a) al g) y último párrafo, 44 incisos a al c), 72 al 74, 77 fracciones I al XII incisos a) al e), XIII, XIV y último párrafo, 78,88 apartado B, fracciones I al IV incisos a) al c), fracción V al XV, 94 fracciones I incisos a) al c), II, 96, 97 apartado A, B fracciones I al VI, 99 al 108 fracciones I al XV, 112, 117 al 121 de la Ley General; artículos 1, 2, 3 fracciones I, ll y último párrafo, 4, 6 fracciones II, IV, V, VI, X, XIII, XV, XVIII, 7 fracción III, 10, 32, 33 fracciones I al XV, 34, 41 42 fracciones I al XV, 43, 45 fracciones I al IV incisos a) y b), fracciones V, VI, VII, VIII incisos a) al g) y último párrafo, 46, 47 fracciones I al V, 68 al 75, 98,100 fracciones II, III y IV, 102, 103, 106 fracciones I al XIII incisos a) al e), XIII y XIV, 107, 109 fracciones I a IV, 110, 111, 116, 117 apartado B fracciones I a VI, incisos a) al c), fracciones VII a XXII, 128, 129 apartado A y B fracciones I al VI, 133 fracciones I, II, III, V, VII, VIII,XXII, XXVI, XXVII, XXXII, LIII, 134, 135,136,137,139,141, 144 a 155 fracciones I a IV y penúltimo y último párrafo, 156 al 159 fracciones I a IV, 173, 174 fracciones I a VI, 175 a 179, 184, 185 fracciones l y II de la Ley de Seguridad; 1, 2, fracciones IV, V, XV, 4, 14, 23, 24, 25 fracción XXXV, 120, 121, 122 123 fracciones I a IV, 127 fracciones I a IV, 134, 138 fracción I a III, 142, 153 fracción III, IV y V, 157,162, 180, 181,183, 187, 189, 196 fracciones I a XVI, apartado A, numerales 1 a 13, 196 fracciones I a XVI, inciso A) numerales 1 al 13, 197 fracciones I a XVI,198 fracciones I a XXI, 199 fracciones I a V, 200, 202, 206, 207 fracciones I a V, 208 a 212, 214, 215 fracciones I a VI, 217, 218, 219 fracciones I y II, 220 primer párrafo, fracciones I a III, incisos a) al f) segundo y tercer párrafo, 222 y 225.fracciones a XXII, 226, 227, 228 fracciones I a III, 229 a 232 del Reglamento la Comisión se encuentra en aptitud de resolver conforme a lo siguiente. S E G U N D O.- De la prescripción. Que, de conformidad con la Constitución, el artículo 109 fracción III señala que las faltas administrativas serán investigadas por los órganos internos de control o por sus homólogos de las entidades federativas o municipios por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones de los funcionarios públicos y. atendiendo el mandamiento establecido en el arábigo 114 último párrafo del mismo ordenamiento supremo, las faltas administrativas graves el plazo de prescripción no será inferior a siete años. En tal sentido, Sindicatura Municipal al realizar la investigación administrativa de manera presuntiva imputa al miembro policial la falta grave señalada en el artículo 25 fracción XXXV en relación con el 157, ambos del Reglamento los cuales señalan a saber: Articulo 25.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los miembros de la Secretaría se sujetarán a las siguientes obligaciones: XXXV. Reportar a la central de radio, la detención de cualquier persona vehículo, en el momento en que esta se llevó cabo, e informar del traslado o remisión previamente a su ejecución; y cumplir con extrema cautela el traslado de los detenidos, procesados o sentenciados, puestos bajo su custodia, tomando las precauciones necesarias a efecto de evitar la evasión de los mismos; Articulo 157.- Se considera responsabilidad administrativa grave al incumplimiento de las fracciones XXVI a la LXIV del artículo 25 del presente reglamento: Se afirma que la conducta reprochada por sindicatura se considera grave de conformidad con el artículo 23, 25 primer párrafo, fracción XXXV y 157 del Reglamento por el incumplimiento de la obligación de Reportar a la central de radio, la detención de cualquier persona vehículo, en el momento en que esta se llevó a cabo, e informar del traslado o remisión previamente a su ejecución; y cumplir con extrema cautela el traslado de los detenidos, procesados o sentenciados, puestos bajo su custodia, tomando las precauciones necesarias a efecto de evitar la evasión de los mismos; y, en virtud de que, la Seguridad Publica al ser una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en la Constitución y las leyes en la materia, pues se rige por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por nuestra Carta Magna. Se itera que, los actos u omisiones que le ha sido imputada presuntivamente al miembro policial por Sindicatura, es derivado del incumplimiento de la obligación prevista en el artículo 25 fracción XXXV del Reglamento y es considerada como GRAVE acorde a lo dispuesto en el artículo 157 del citado ordenamiento legal en cita, luego entonces, conforme al artículo 114 en relación con el 109, fracción III Constitucional, el plazo para la prescripción de la acción sancionadora respecto de los actos u omisiones en que pudiesen incurrir los miembros policiales, no será inferior a siete años, ello tomando como base la fecha en que se cometió, lo que en el presente caso aconteció de manera presuntiva el día veintinueve de octubre de dos mil veinte, tal como se advierte de la denuncia y/o queja interpuesta por el C. Edgar Javier Baeza Zamudio ante Sindicatura Procuradora Municipal y de la investigación realizada por esta, en consecuencia, la acción sancionadora prescribe el veintinueve de octubre de dos mil veintisiete, por lo que este Órgano Colegiado se encuentra en posibilidad legal de sustanciar el procedimiento administrativo en contra del miembro policial, y de ser el caso, determinar mediante resolución lo que en derecho corresponda, de conformidad con la Constitución y con base en el Reglamento que rige el procedimiento de la materia. Asimismo, como en fecha treinta de octubre de dos mil veinte ante Sindicatura el C. Edgar Javier Baeza Zamudio presentó su queja o denuncia, respecto de los presuntos actos u omisiones cometidos por el miembro policial el día veintinueve de octubre de dos mil veinte, por tal motivo, el órgano interno de control ordenó que se realizaran las diligencias necesarias, por lo que, seguida de la investigación para su integración, emitió resolución dentro del expediente INV-P-648/2020 en fecha veintisiete de octubre de dos mil veintiuno y solicitó el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa mediante oficio SP-INV-D-9321/2021 de fecha veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, el cual fue recibida por esta Secretaría Técnica en fecha veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, se advierte que su solicitud se encuentra dentro del plazo previsto acción sancionadora establecida en los numerales de la Constitución y del año previsto para solicitar el inicio del procedimiento administrativo a esta Comisión señalado en los artículos 217 del Reglamento y 184 de la Ley de Seguridad. Por lo que, bajo ese cariz, de la interpretación funcional y sistemática de la ley, al hacer el estudio entre el lapso de tiempo de la realización del acto u omisión presuntamente imputada al miembro policial para el ejercicio de la acción sancionadora y para solicitar Sindicatura el acuerdo de inicio tomando en consideración la fecha de la realización de la conducta y el momento en que se recibió la investigación administrativa, se concluye que, la presente fecha, esta Comisión cuenta con facultades para sustanciar y resolver el presente procedimiento de conformidad con lo previsto por el artículo 218 del Reglamento y 184 de la Ley de Seguridad. T E R C E R O.- De la imputación de Sindicatura Procuradora Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California. Ahora bien, de conformidad con lo previsto por el artículo 123 fracción ll del Reglamento, se asientan los motivos que dan origen al presente procedimiento y se hace del conocimiento al miembro policial las imputaciones en que se finca la investigación realizada bajo número de queja INV-P-648/2020 asentando las consideraciones esgrimidas en la resolución que emitió en fecha veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, en las que considero lo siguiente: "De las constancias que integran el expediente en que se actúa, existen elementos suficientes para presumir que el miembro policial HERIBERTO DOMÍNGUEZ FRANCISCO ha incumplido con la obligación prevista en el artículo 25 fracción XXXV del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para el Municipio de Tijuana, Baja California, la cual señala lo siguiente: "Articulo 25.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los miembros de la Secretaría se sujetarán a las siguientes obligaciones. XXXV. Reportar a la central de radio, la detención de cualquier persona, vehículo, en el momento en que esta se llevó a cabo, e informar del traslado o remisión previamente a su ejecución; y cumplir con extrema cautela el traslado de los detenidos procesados o sentenciados puestos bajo su custodia, tomando las precauciones necesarias a efecto de evitar la evasión de los mismos." Se afirma presuntivamente que el oficial HERIBERTO DOMÍNGUEZ FRANCISCO, ha incumplido con la mencionada fracción, en razón de que, con las documentales obrantes en autos, ha quedado demostrado que el referido elemento de la policía municipal el día veintinueve de octubre de dos mil veinte, a las 7:40 horas aproximadamente, se encontraba laborando' en el Distrito Policial Zona Centro de esta ciudad, bordo de la unidad patrulla P-5021 según se confirma en el parte de novedades número 4555/LPR/2020, visible a foja 113, en virtud de que, a pesar de estar asignada al área de La Presa Rural, a la unidad de mérito fue comisionada al operativo del distrito Zona Centro, siendo el caso que en el desempeño de sus funciones el miembro policial de mérito realizó la intervención de EDGAR JAVIER BAEZA ZAMUDIO, el cual iba transitando a pie por la avenida Revolución a la altura del arco, quien sin razón aparente le indicó que se detuviera para proceder a subirlo a la unidad y retirarse del lugar. Posteriormente fue presentado ante el Juez Municipal en turno, tal y como queda en evidencia en la carpeta de determinación número JC/ZC/24775/2020, visible a foja 94, lo que se robustece con el contenido de la diligencia desahogada en fecha once de enero de dos mil veintiuno, respecto de la videograbación captada por las cámaras ubicadas en el lugar de los hechos, el día y hora en que estos sucedieron, remitida por el Director del Centro de Control y Mando de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal mediante oficio 496/CCM/2020, visible en la foja 11, donde se puede apreciar que es la unidad P-5021 tripulada por el oficial HERIBERTO DOMINGUEZ FRANCISCO, la que asegura al quejoso, elementos que sirven para inferir la participación del policía municipal HERIBERTO DOMINGUEZ FRANCISCO, en el aseguramiento del denunciante, sin que exista en autos documental alguna que permita acreditar que el oficial de mérito reportó tal intervención a la central de radio, como era su obligación hacerlo, incumpliendo así con lo dispuesto en la obligación en estudio, elementos que se valoran como documentales públicas por haber sido emitidas por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, conforme lo dispone el artículo 285 fracción III y 323 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California de aplicación supletoria en la materia. Así, conforme a las pruebas allegadas al sumario y muy particularmente con los oficios números 1874/SCR/2021 y FGE/GESI/DC4BC/CTIJ/1746/2021, remitidos por el jefe de la Sección Central de Radio de la dirección General de policía y Tránsito. Municipal y el Encargado de Despacho del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo C4 Tijuana, visibles a fojas 138 y 142 de autos, respectivamente, se tiene la firme convicción de que el oficial HERIBERTO DOMÍNGUEZ FRANCISCO realizo la detención del ciudadano EDGAR JAVIER BAEZA ZAMUDIO, la mañana del veintinueve de octubre de dos mil veinte, sin que se informara de ello a la central de radio, puesto que de los oficios en mención se desprende que NO se encontraron los resultados positivos respecto de la intervención policial del denunciante el día que sucedieron los hechos, en las inmediaciones de la Avenida Revolución a la altura del arco en la Zona Centro de esta Ciudad. Expuesto lo anterior y conforme a los autos que integran la presente investigación administrativa se concluye de manera presuntiva, que el oficial JORGE CRUZ LUNA (sic), incurrió en la infracción prevista en el artículo 25 fracción XXXV del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para el Municipio de Tijuana, Baja California, al no reportar a la central de radio sobre la detención de EDGAR JAVIER BAEZA ZÁMUDIO, incumpliendo así lo dispuesto por el precepto arriba invocado. En relatadas circunstancias, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 2 fracciones IV y V, 25 fracción XXXV, 121, 122, 142, 157, 225 fracciones III, VI, XII y XXII y 218 fracción II del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para el Municipio de Tijuana, Baja California; es procedente remitir el expediente a la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal y solicitar EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIA. (sic) Ahora bien, para sustentar tal afirmación la Sindicatura Procuradora Municipal ordenó llevar a cabo las diligencias que resultaren necesarias allegándose de los siguientes elementos de convicción: 1.- DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en copia de dispositivo CD-R, que contiene la videograbación de las cámaras instaladas en las inmediaciones de la Avenida Revolución, remitida por el director del Centro de Control y Mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, mediante oficio número 496/CCM/2020, de fecha nueve de noviembre de dos mil veinte, visibles a foja 11 del presente sumario. 2.- DILIGENCIA DE INSPECCIÓN. - Consistente en la revisión de la videograbación remitida por el Director del Centro de Control y Mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, mediante oficio número 496/CCM/2020 , correspondiente a los hechos sucedidos el día veintinueve de octubre de dos mil veinte en las inmediaciones del monumento del arco en la Zona Centro de esta ciudad, visibles en fojas 84 y 85 del presente sumario. 3-DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en copia certificada de la boleta de determinación remitida por el director de Justicia Municipal mediante oficio número DJM/022/2021, de fecha cuatro de febrero de dos mil veintiuno, visible a foja 94 de autos. 4.- DOCUMENTAL PÚBLICA. - Consistente en copias certificadas del parte de novedades número 4555/LPR/2020 y lista de asistencia del Distrito VIII Presa Rural, en el horario comprendido de las cinco a las diecisiete horas del veintinueve de octubre de dos mil veinte, remitidas por la Titular del Departamento Jurídico adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del H. Ayuntamiento de Tijuana, mediante oficio número 50/DJ/2021, de fecha seis de octubre de dos mil veintiuno, documentación visible en fojas 113 a 133 de autos. 5.- INFORME DE AUTORIDAD. - Rendido por el Jefe de la Sección Central de Radio de la Dirección de Policía y Tránsito Municipal, mediante oficio identificado bajo el número 1874/SCR/2021, de fecha quince de octubre de dos mil veintiuno, visible a foja 138 de autos. 6.- INFORME DE AUTORIDAD. - Rendido por el Encargado de Despacho del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo C4 Tijuana,' mediante oficio número FGE/GESI/DC4BC/CTIJ/1746/2021, de fecha veintidós de octubre de dos mil veintiuno, visible a foja 142 de autos. En este orden de ideas y por las consideraciones esgrimidas, esta Comisión procede a entrar al estudio del probable incumplimiento de la obligación que se le atribuye al miembro policial prevista en el artículo 25 fracción XXXV del Reglamento. En primer término, de conformidad con el artículo 1 y 23 del Reglamento es de observancia para los miembros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, Baja California, así mismo, la actuación de los miembros de la Secretaría se regirá por principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos previstos en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así mismo la Secretaría exigirá a sus miembros el más estricto cumplimiento del deber, con el fin de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos, y preservar las libertades, el orden y paz públicos. En ese sentido, de la denuncia realizada en fecha treinta de octubre de dos mil veinte y de la investigación realizada por Sindicatura Municipal, por el hecho imputado al miembro policial, presuntamente realizado el día veintinueve de octubre del dos mil veinte aproximadamente a las 07:40 horas, en las inmediaciones de la calle Revolución, de esta ciudad, cuando intervino al de nombre Edgar Javier Baeza Zamudio, entre otros datos de prueba, se obtuvo copia certificada de la boleta de determinación con número de folio JC/ZC/24775/2020 de fecha veintinueve de octubre de dos mil veinte a nombre del C. Edgar Javier Baeza Zamudio, signada por el juez municipal en turno del distrito Zona Centro, el Licenciado Mario Alfonso Ruiz Tamayo, con el anterior documental se acredita que el día veintinueve de octubre del dos mil veinte el ciudadano en comento fue presentado por el oficial Heriberto Domínguez Francisco, tripulante de la unidad P-5021. Continuando con las diligencias de investigación, Sindicatura recabo la copia de dispositivo CD-R el cual contiene la videograbación de las cámaras instaladas en las inmediaciones de la Avenida Revolución, remitida por el Director del Centro de Control y mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, con el número del oficio 496/CCM/2022 en donde se pueden observar los hechos demandados por el C. Edgar Javier Baeza Zamudio, seguido del informe le autoridad Rendido por el Jefe de la Sección Central de Radio de la Dirección de Policía y Tránsito Municipal, en donde NO obra registro referente a la intervención oficial realizada al C. Edgar Javier Baeza Zamudio el día veintinueve de octubre del dos mil veinte a las 07:40 horas, mediante oficio número 1874/SCR/2021, así mismo, con el oficio número FGE/GESI/DC4BC/CTIJ/1746/2021, de fecha veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, emitido por el Encargado de Despacho del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo C4 Tijuana, perteneciente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California, se acredita presuntivamente que entre sus registros NO se encontraron resultados positivos de la intervención policial y/o aseguramiento del C. Edgar Javier Baeza Zamudio. Finalmente, con el oficio número 50/DJ/2021, remitida por la Titular del Departamento Jurídico Adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del H. XXIII Ayuntamiento de Tijuana, Baja California y sus anexos se acredita presuntivamente que, el miembro policial se encontraba comisionado al Distrito VIII, La Presa Rural, durante el turno de las 05:00 horas a las 17:00 horas del día veintinueve de octubre de dos mil veinte. Cabe mencionar que el miembro policial, fue comisionado a las 05:30 horas en el operativo del Distrito Zona Centro, donde arribó a las 11:00 horas del día en mención, tal como se observa en el parte de novedades 4555/LPR/2020 . Así, conforme, a las pruebas allegadas se tiene la convicción que el miembro policial, presuntivamente incumplió con lo dispuesto en la fracción XXXV artículo 25 del Reglamento, toda vez que quedó existe un nexo de causalidad y presuntamente acreditado que se encontraba laborando el día que ocurrieron los hechos el veintinueve de octubre de dos mil veinte, a bordo de la unidad patrulla P-5021, como se desprende del parte de novedades 4555/LPR/2020, siendo el caso que en el desempeño de sus funciones intervino y aseguró al de nombre Edgar Javier Baeza Zamudio, por actos que inducen al vicio, razón por la cual fue trasladado y presentado ante el Juez Municipal, tal y como se desprende de la Boleta de Determinación JC/ZC/24775/2020, de fecha veintinueve de octubre de dos mil veinte, elementos que sirven para inferir la participación del miembro policial en su intervención y aseguramiento de igual forma se confirma con los oficios citados en párrafos precedentes del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo C4 Tijuana y el diverso de la Sección Central de Radio Dirección General de Policía Tránsito Municipal, mediante los cuales informaron que entre sus registros NO se encontraron resultados positivos, respecto de la intervención policial y posterior aseguramiento del ciudadano en comento, sin que exista en autos documentales que permitan acreditar que el miembro policial reportó los hechos, como era su obligación hacerlo, incumpliendo de la obligación en estudio, por lo tanto resulta procedente decretar el inicio de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, bajo el número de expediente E-335/CSPC/2021, en contra del miembro policial, de conformidad con lo previsto en los numerales 122 y 123 del Reglamento. C U A R T O.- Audiencia de Ley, Por lo Anteriormente expuesto y para dar cabal cumplimiento a lo estipulado en el artículo 123 fracción I y ll del Reglamento, se tiene a bien el señalar las ONCE HORAS DEL DÍA VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la Audiencia de Ley correspondiente al miembro policial Heriberto Domínguez Francisco, mismo que, deberá comparecer y pueda defenderse por sí o por persona de su confianza para efecto de celebrar dichas audiencias, las cuales se llevarán a cabo de conformidad con el artículo 127 del Reglamento, consistente en cuatro etapas, I.- Declaración, Ofrecimiento y admisión de pruebas; II.- Desahogo de pruebas; III.- Alegatos y; IV.- Citación para resolución, en las oficinas de la Secretaría Técnica dentro del edificio que ocupa la Dirección General de Policía y Tránsito Municipal, sita en calle Uno Norte, esquina con calle Uno Poniente, Ciudad Industrial Mesa de Otay, Tijuana, Baja California. Asimismo, de conformidad con el artículo 123 fracción III y IV, 124 y 125 del Reglamento que rige a esta Comisión, se hace del conocimiento al miembro policial, el derecho que le asiste dentro de la audiencia de ley correspondiente, a ofrecer pruebas y a alegar lo que en su derecho le convenga, se hace el apercibimiento de que, en caso que en la audiencia de ley comparezca sin abogado defensor esta Comisión para efecto de no dejarlos en estado de indefensión, les asignará un defensor que lo asista, por otro lado, en caso de que no señale domicilio en la ciudad para oír y recibir notificaciones, las notificaciones subsecuentes, aún las de carácter personal, se le realizarán en los estrados de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, Baja California y en los de la Comisión del Servicio Profesional de Carrera de Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, Baja California, también se le apercibe que en caso de no comparecer sin causa justificada a las Audiencias de Ley señaladas en líneas que anteceden se les tendrá por confeso de los hechos que se le imputan. Finalmente, se le hace del conocimiento al miembro policial que el expediente administrativo formado a raíz de la investigación remitida por la Sindicatura, se encuentra disponible para su consulta, en días y horas hábiles en las instalaciones que ocupa esta Secretaría Técnica, a fin de que se imponga de la totalidad de los autos que lo integran y conozcan a detalle la base de la imputación que se les fincó. Q U I N T O. - Esta Comisión, autoriza al Secretario Técnico, para que, en nombre y representación de la misma, ordene, desahogue y suscriba las actuaciones y diligencias del presente procedimiento de responsabilidad de administrativa en contra del miembro policial, lo anterior atento a lo previsto por el artículo 196 inciso A) punto 6 del Reglamento, que a la letra se transcribe: Articulo 196.- Son atribuciones de la comisión las siguientes. A), En materia del régimen disciplinario 6. Autorizar al Secretario Técnico para que, en su nombre y representación de la comisión, ordene, desahogue y suscriba las actuaciones y diligencias de los procedimientos de separación definitiva y responsabilidad administrativa. S E X T O.- En esta tesitura, una vez notificado del presente acuerdo de inicio al miembro policial, gírense los oficios de conocimiento a las autoridades siguientes; Sindicatura para los efectos del penúltimo párrafo del artículo 123 del reglamento al Oficial Mayor, Director General de Policía y Tránsito Municipal, Titular de la Coordinación de Recursos Humanos de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal, todos del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, y a la Dirección de Registros de Seguridad Publica Zona Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito, a efecto de informar lo aquí acordado para los efectos legales a que haya lugar. Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Autoridad; R E S U E L V E P R I M E RO.- De conformidad con el considerando TERCERO del presente fallo SE DECRETA EL INICIO DE PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, en contra del miembro policial Heriberto Domínguez Francisco por el probable incumplimiento de la obligación prevista en el artículo 25 fracción XXXV del Reglamento. SE G U N D O.- Gírense los oficios de estilo ordenados en el considerando SEXTO del presente fallo. T E R C E R O.- Notifíquese personalmente al probable responsable Heriberto Domínguez Francisco del presente acuerdo de inicio; de igual manera, adjúntese copia de lo aquí resuelto. Así lo resolvió y firma por unanimidad la Comisión del Servicio Profesional de Carrera en Materia de Régimen Disciplinario de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, Baja California, en la Nonagésima Séptima Sesión Ordinaria de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, ante la presencia de su Secretario Técnico, licenciado Nimrod Noé Huerta Guzmán, quien autoriza y da fe, de conformidad con el artículo 227 fracción VII del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera y de Seguridad Social de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana para el Municipio de Tijuana, Baja California. Como se ve, en la emisión del acuerdo de inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa dictado dentro del expediente E335/CSPC/2021 el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, iniciado en contra del miembro policial Heriberto Domínguez Francisco, como presunto infractor de la fracción XXXV del artículo 25 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para el Municipio de Tijuana, Baja California (específicamente en la obligación de reportar a la central de radio, la detención de cualquier persona, vehículo, en el momento en que esta se llevó a cabo, e informar del traslado o remisión previamente a su ejecución y cumplir con extrema cautela el traslado de los detenidos procesados o sentenciados puestos bajo su custodia, tomando las precauciones necesarias a efecto de evitar la evasión de los mismos), formado con motivo de la investigación administrativa identificada INV-P-648/2020 del índice de la Sindicatura Procuradora, en primer lugar, la Comisión responsable acertadamente precisó que era competente para conocer del referido expediente, en términos de los ordenamientos legales citados en el considerando primero; lo anterior porque para dar inicio del procedimiento sancionador, la Comisión debe contar con elementos suficientes que hagan presuponer la responsabilidad en que incurrió el servidor público. Posteriormente, en el considerando segundo la Comisión responsable analizó lo relativo a la prescripción de la Sindicatura Municipal al realizar la investigación administrativa, acertadamente determinó que la solicitud se encontraba dentro del plazo previsto para solicitar el inicio del procedimiento. Los artículos 184 y 185 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California, establecen: "ARTÍCULO 184.- Prescribe en un año la facultad de la Contraloría Interna para solicitar a la Comisión el inicio del procedimiento respectivo, contado a partir del día en que por cualquier medio se tenga conocimiento de hechos que hagan presumir que algún Miembro ha dejado de cumplir con alguno de los requisitos de permanencia previstos en esta Ley y demás casos contemplados en la misma o que pudiese haber incurrido en responsabilidad administrativa grave. Prescribe en dos años la facultad de la Comisión, para dictar la resolución definitiva y notificarla al afectado contados a partir de la notificación del acuerdo de inicio del procedimiento correspondiente. ARTÍCULO 185.- La prescripción a que alude el segundo párrafo del artículo anterior se interrumpirá en los siguientes casos: I. Con la celebración de la audiencia administrativa, y II. Con la interposición de algún juicio o medio de defensa en contra de la resolución que se hubiese emitido dentro del Procedimiento." De igual manera, el plazo contemplado en los artículos 217 y 218 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad Pública para el Municipio de Tijuana disponen: "ARTÍCULO 217.- Prescribe en un año la facultad de la Sindicatura Municipal para solicitar a la comisión el inicio del procedimiento respectivo, contado a partir del día en que por cualquier medio se tenga conocimiento de hechos que hagan presumir que algún miembro ha dejado de cumplir con alguno de los requisitos de permanencia previstos en el presente reglamento y demás disposiciones aplicables, así como los demás casos en que pudiese haber incurrido en responsabilidad administrativa grave. ARTÍCULO 218.- Prescribe en dos años la facultad de la Comisión, para dictar la resolución definitiva y notificarla al afectado contados a partir de la recepción de la solicitud de inicio del procedimiento correspondiente." La interpretación de los artículos transcritos, fue realizada por el Pleno del Decimoquinto Circuito, al resolver la contradicción de tesis 8/2017, de la que derivó la jurisprudencia PC.XV. J/26 A (10a.) de rubro "SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA. EL PLAZO CON QUE CUENTA LA SINDICATURA MUNICIPAL PARA SOLICITAR A LA COMISIÓN DE DESARROLLO POLICIAL EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO CONTRA LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, SE INTERRUMPE AL PRESENTARSE LA SOLICITUD O DENUNCIA CORRESPONDIENTE. en cuanto a que existen dos hipótesis para que se actualice la prescripción de los procedimientos seguidos contra miembros policiales adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, Baja California. La primera incide en la facultad de la Contraloría Interna o Sindicatura Municipal para solicitar a la Comisión el inicio del procedimiento respectivo; para que opere debe transcurrir un año a partir de que se tenga conocimiento de los hechos que hagan presumir que algún miembro ha dejado de cumplir con los requisitos de permanencia. La segunda versa respecto a la facultad de la Comisión para emitir la resolución definitiva y notificarla al afectado; evento en el que se requiere para su actualización, el transcurso de dos años. La interpretación anterior sirvió como sustento para resolver la materia de la contradicción referente a la interrupción del plazo de un año con el cual cuenta la Sindicatura Municipal de Tijuana o Contraloría interna para que lleve a cabo las investigaciones relativas a la falta que se atribuye a un servidor público y presente la denuncia. En ese sentido, la jurisprudencia que dio origen a la contradicción de tesis 8/2017, se acotó al tema de la prescripción de las facultades de la Sindicatura Municipal o Contraloría interna, para solicitar el inicio del procedimiento administrativo, así como su interrupción. Así, de la normatividad antes transcrita, prevén la prescripción de un año de la facultad para aplicar las correcciones disciplinarias, así como de la facultad investigadora para solicitar a la instancia correspondiente, iniciar el procedimiento administrativo; asimismo, prevé como prescripción el plazo de dos años para que la Comisión dicte la resolución definitiva y la notifique. Precisado lo anterior, si en el caso concreto, el treinta de octubre de dos mil veinte ante la Sindicatura Municipal del Ayuntamiento de Tijuana Edgar Javier Baeza Zamudio presentó su queja o denuncia, respecto de los presuntos actos u omisiones cometidos por el miembro policial Heriberto Domínguez Francisco y por tal motivo, el órgano interno de control ordenó que se realizaran las diligencias necesarias, por lo que, seguida de la investigación para su integración, emitió resolución dentro del expediente INV-P-648/2020 en fecha veintisiete de octubre de dos mil veintiuno (dentro del término de un año con el que cuenta para integrar dicha investigación) y solicitó el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa mediante oficio SP-INV-D-9321/2021 de fecha veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, el cual fue recibida por la Secretaría Técnica en fecha veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, se pone de manifiesto que tal solicitud no se encontraba prescrita, además de que dentro del plazo de dos años con el que contaba la referida Comisión dictó el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa. De igual manera, de la resolución combatida se pone de manifiesto que la Comisión responsable correctamente precisó las circunstancias de modo y tiempo y lugar de la conducta reprochada al miembro policial; recordemos que el acuerdo de inicio del procedimiento de separación definitiva o de responsabilidad administrativa grave deberá contener por lo menos lo siguiente: I. Lugar, fecha y hora para la celebración de la audiencia, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a la fecha que se dicta el acuerdo; II. Motivos que dan origen al procedimiento, y el derecho del miembro a imponerse de autos a fin de que conozca las imputaciones que se fincan, y pueda defenderse por sí, por persona de su confianza; III. El derecho del miembro a ofrecer pruebas y alegar a lo que su derecho convenga; y, IV. El apercibimiento, en caso de que en la audiencia el miembro no señale domicilio en la ciudad para oír y recibir notificaciones, las notificaciones subsecuentes, aun las de carácter personal, se realizarán en los estrados de la Secretaría y de la Comisión. Del acuerdo del inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa dictado el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, la Comisión responsable precisó los motivos que dieron origen al referido procedimiento en contra del miembro policial, en el sentido de que existían elementos suficientes para presumir que el miembro policial Heriberto Domínguez Francisco incumplió con la obligación prevista en el artículo 25 fracción XXXV del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para el Municipio de Tijuana, Baja California (específicamente en la obligación de reportar a la central de radio, la detención de cualquier persona, vehículo, en el momento en que esta se llevó a cabo, e informar del traslado o remisión previamente a su ejecución y cumplir con extrema cautela el traslado de los detenidos procesados o sentenciados puestos bajo su custodia, tomando las precauciones necesarias a efecto de evitar la evasión de los mismos). Lo anterior, con base en el caudal probatorio que integró la Sindicatura Municipal de las que se obtuvo que el veintinueve de octubre de dos mil veinte, a las siete horas con cuarenta minutos aproximadamente, dicho miembro policial se encontraba laborando en el Distrito Policial Zona Centro de esta ciudad, a bordo de la unidad patrulla P5021 según se confirmó con el parte de novedades número 4555/LPR/2020, no obstante de que se encontraba asignado al área de La Presa Rural, y en el desempeño de sus funciones el miembro policial realizó la intervención de Edgar Javier Baeza Zamudio, el cual iba transitando a pie por la avenida Revolución a la altura del Arco, quien sin razón aparente le indicó que se detuviera para proceder a subirlo a la unidad y retirarse del lugar. Posteriormente fue presentado ante el Juez Municipal en turno, tal y como quedó en evidencia en la carpeta de determinación número JC/ZC/24775/2020, lo que se robusteció con el contenido de la diligencia desahogada el once de enero de dos mil veintiuno, respecto de la videograbación captada por las cámaras ubicadas en el lugar de los hechos, el día y hora en que estos sucedieron, remitida por el Director del Centro de Control y Mando de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal mediante oficio 496/CCM/2020, donde se pudo apreciar que era la unidad P-5021 tripulada por el referido miembro policial la que aseguró al denunciante, sin que obrara alguna documental que permitiera acreditar (hasta esa etapa procesal), que Heriberto Domínguez Francisco haya reportado dicha intervención a la central de radio, como era su obligación hacerlo, incumpliendo así con lo dispuesto en la obligación en estudio, elementos que la Comisión responsable valoró conforme lo dispone el artículo 285 fracción III y 323 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California de aplicación supletoria en la materia. Para lo cual la Comisión detalló cada una de las probanzas que remitió la Sindicatura Municipal para acreditar la solicitud planteada, y expuso lo que se infería con cada una de éstas documentales. Por lo que la Comisión responsable al motivar su determinación analizó la conducta reprochada precisando que los artículos 1 y 23 del Reglamento son de observancia para los miembros de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, Baja California, que la actuación de los miembros de la Secretaría se regirá por principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos previstos en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como que la Secretaría exigirá a sus miembros el más estricto cumplimiento del deber, con el fin de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, prevenir la comisión de delitos, y preservar las libertades, el orden y paz públicos, determinando que con las pruebas allegadas se tenía la convicción hasta ese momento, que el miembro policial presuntivamente incumplió con lo dispuesto en la fracción XXXV artículo 25 del Reglamento, toda vez que existió un nexo de causalidad y presuntamente acreditado que se encontraba laborando el veintinueve de octubre de dos mil veinte (el día que ocurrieron los hechos) a bordo de la unidad patrulla P-5021, y que en el desempeño de sus funciones intervino y aseguró al de nombre Edgar Javier Baeza Zamudio, por actos que inducen al vicio, razón por la cual fue trasladado y presentado ante el Juez Municipal, elementos que sirvieron para inferir la participación del miembro policial en su intervención y aseguramiento, y que con los oficios signados por el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo C4 Tijuana y el diverso de la Sección Central de Radio Dirección General de Policía Tránsito Municipal, informaron que entre sus registros no se encontraron resultados positivos, respecto de la intervención policial y posterior aseguramiento del ciudadano Edgar Javier Baeza Zamudio, sin que existiera en autos documentales que permitieran acreditar que el miembro policial reportó los hechos, como era su obligación hacerlo, incumpliendo de la obligación en estudio, de ahí que resultara procedente decretar el inicio de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa, bajo el número de expediente E335/CSPC/2021, en contra del miembro policial, de conformidad con lo previsto en los numerales 122 y 123 del Reglamento. Por lo antes expuesto es que contrario a lo planteado por la parte quejosa en el concepto de violación en estudio, la Comisión responsable sí fundó y motivó el inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado en su contra, ya que precisó las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conducta que se le reprocha, aunado de que para motivar su determinación valoró las probanzas que remitió la Sindicatura Municipal en el expediente INV-P-648/2020, determinando que con las pruebas allegadas se tenía la convicción hasta ese momento, que el miembro policial presuntivamente incumplió con lo dispuesto en la fracción XXXV artículo 25 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para el Municipio de Tijuana, Baja California, de ahí lo infundado del concepto de violación. No pasa inadvertido para esta Juzgadora que el Pleno del Decimoquinto Circuito al resolver la contradicción de tesis 4/2020 en la que los tribunales contendientes emitieron criterios contradictorios al pronunciarse sobre el parámetro de motivación que debe cumplir el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de remoción de un policía municipal de Mexicali, respecto de la mención de las causas o motivos imputados para iniciarlo, y si se debe o no precisar de manera individualizada la acción u omisión concreta realizada por el servidor público que tipifica la infracción que se le reprocha -en lo que aquí interesa-, determinó lo siguiente: De los preceptos transcritos, debe destacarse que la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California establece que para conocer y resolver toda controversia que se suscite en relación con el régimen disciplinario de los miembros de la carrera policial, se deben establecer instancias colegiadas, como es la Comisión de Honor y Justicia del Municipio de Mexicali, regulada en el Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de ese Municipio, quien es competente para resolver sobre el inicio de un procedimiento de remoción. Procedimiento de remoción que inicia a solicitud del titular de la Dirección de Responsabilidades Administrativas, en la que debe señalarse la o las faltas administrativas graves que hubiere cometido el presunto infractor, así como los elementos de convicción y razonamientos jurídicos en los que se soporte. Solicitud que la Comisión de Honor y Justicia debe analizar y determinar si existen elementos suficientes para iniciar el procedimiento de remoción; y, en su caso, el acuerdo de inicio debe contener, entre otros requisitos, la mención de las causas o motivos imputados para iniciarlo, así como las disposiciones normativas infringidas. Requisito de expresar las causas o motivos y las disposiciones normativas infringidas, que conlleva el deber de citar la disposición normativa infringida en la que se establece la descripción de la conducta tipificada como falta o infracción grave, y las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en que se llevó a cabo la conducta del presunto infractor, individualizándola y encuadrándola exactamente en la hipótesis normativa, sin que sea lícito ampliar ésta ni por analogía ni por mayoría de razón. El parámetro de detalle en la motivación será de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, de tal suerte que si la presunta infracción o falta cometida se atribuye, por ejemplo, a los policías que elaboraron y firmaron el informe policial respectivo en el que consta la detención, traslado e internamiento reprochados, la motivación necesaria será distinta en comparación a los casos en los que, como en el particular aconteció, se consideran cometidas por policías distintos a los que elaboraron y firmaron el informe policial, pero en todo caso se deben expresar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se llevó a cabo la conducta del presunto infractor, individualizándola y encuadrándola exactamente en la hipótesis normativa. Una posición contraria daría margen a la arbitrariedad de la autoridad administrativa que da inicio al procedimiento administrativo sancionador y a dejar en estado de indefensión al presunto infractor, al no hacérsele saber clara y exactamente cuál es la acción u omisión concreta que se le atribuye, de manera que encuadre exactamente en la conducta tipificada como infracción, para que esté en aptitud de defenderse de manera adecuada, ya sea desvirtuando la conducta o justificándola. Sirve de ejemplo lo que aconteció en el procedimiento de remoción que originó esta contradicción de tesis, en el que las mismas tres infracciones (contempladas en el artículo 20, fracciones XXXI, XXXV y LVIII, del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial de Mexicali)(12) y conductas supuestamente constitutivas de esas infracciones, en el acuerdo de inicio reclamado en los amparos subyacentes, les fue atribuida a veinticuatro agentes de la Policía Municipal Preventiva de Mexicali, sin precisar ni individualizar la conducta concreta que llevó a cabo cada uno de ellos, y sin encuadrarla de manera exacta en las hipótesis normativas. Es así, porque una cosa es que el resultado de una investigación administrativa conduzca a la conclusión o presunción -como en el acuerdo de inicio de que se trata se indicó-, de que existió la comisión de una infracción administrativa de carácter grave, y otra distinta, es que esa infracción fue cometida por uno, por dos o por más servidores públicos de manera conjunta; y otra más, es quién o quiénes participaron en su comisión, ya que en uno u otro caso la motivación debe ser de tal grado que no deje en estado de indefensión a cada uno de los presuntos infractores a los que se les inicia el procedimiento de remoción de su cargo. Luego, la misma exigencia debe cumplirse si a veinticuatro policías municipales se les reprocha haber participado en la detención de una persona dentro de un domicilio particular sin contar con una orden de cateo o con la autorización del dueño del lugar (que fue otra de las infracciones supuestamente cometidas y por las cuales se inició el procedimiento de remoción que originó esta contradicción de tesis), ya que deben necesariamente precisarse las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que cada uno de los veinticuatro infractores participó en esa detención. Cualquier dificultad para cumplir ese requisito de manera exhaustiva y exacta es motivo para que la Comisión de Honor y Justicia declare improcedente iniciar el procedimiento administrativo de remoción, puesto que ello sólo puede surgir por insuficiencia de pruebas o por inexistencia de la conducta ilícita, lo cual debe dilucidarse de manera previa en el procedimiento de investigación interna que debe desahogarse ante la Dirección de Responsabilidades Administrativas, conforme a lo previsto en el artículo 238, fracción II, del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Mexicali Baja California. Otro punto es el inherente a que el mismo motivo por el que se considera que el acuerdo de inicio del procedimiento de remoción de un miembro de una institución policial es un acto de imposible reparación y, por ello, es procedente el juicio de amparo indirecto en su contra, es el que amerita que el parámetro de motivación respecto de la conducta típica reprochada (constitutiva de la infracción) sea suficiente y justificada, de manera que permita ejercer una defensa adecuada. Así lo es, ya que no debe perderse de vista que no habrá otra oportunidad para ello debido a que conforme a lo previsto en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio de un policía fue injustificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso proceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido, de manera que una violación acaecida durante el inicio del procedimiento se traduciría, en última instancia, en una transgresión que trasciende irremediablemente al derecho sustantivo al trabajo y a no ser separados injustificadamente de él, reconocido tanto a nivel constitucional como convencional.(13) Bajo ese contexto, se debe partir de la premisa de que el principio de tipicidad se manifiesta como una exigencia de predeterminación normativa clara y precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes; exigencia que se cumple cuando en la norma existe una predeterminación inteligible de la infracción y de la sanción . Y, al considerar actualizada la conducta típica, deben precisarse las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que el presunto infractor participó (en el caso, la de cada uno de los veinticuatro infractores acusados) y, por tanto, no basta con englobar la conducta que supuesta y presuntamente realizó, para dar cumplimiento al principio de legalidad, y los diversos de tipicidad y de exacta aplicación de la ley que lo conforman, de tal suerte que es necesario individualizar la conducta y encuadrarla de manera exacta en la hipótesis de infracción reprochada. De no hacerlo, es decir, si únicamente se engloban las conductas que supuesta y presuntamente realizaron los presuntos infractores, sin individualizarlas y sin encuadrar cada una de ellas en la hipótesis de infracción reprochada, se les deja en estado de indefensión al no permitirles conocer cuál es la conducta concreta que deben desvirtuar o justificar. Por tanto, acorde con los principios de legalidad, tipicidad y exacta aplicación de la ley, previstos para la materia penal en el artículo 14 de la Constitución Federal y aplicables al derecho administrativo sancionador, al emitir el auto de inicio de un procedimiento de remoción de un miembro de una institución policial municipal, conforme a lo previsto en los artículos 109, fracción I y 180, fracción II, de (sic) Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California (vigente hasta el veintiocho de diciembre de dos mil veinte) y sus correlativos 233 y 238 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Mexicali, la Comisión de Honor y Justicia está obligada a citar la disposición normativa infringida en la que se establece la descripción de la conducta tipificada como falta o infracción grave, y las circunstancias de modo, tiempo y lugar, en que se llevó a cabo la conducta del presunto infractor, para encuadrarla exactamente en la hipótesis normativa. Sin que sea jurídicamente aceptable que sólo se haga referencia a esa conducta reprochable de manera genérica, o englobarla conjuntamente con la de otro u otros presuntos infractores, ya que siempre se debe individualizar y encuadrar exactamente en la hipótesis normativa correspondiente, sobre todo en los casos en los que una misma conducta e infracción le es imputada a más de un servidor público. De la contradicción de tesis antes mencionada derivó la Jurisprudencia PC.XV.J/2A (11a) con número de registro digital 2023374 de rubro y texto siguiente: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE REMOCIÓN DE POLICÍAS MUNICIPALES. EL ACUERDO DE INICIO DEBE CONTENER LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR EN QUE TUVO LUGAR LA CONDUCTA REPROCHADA, DE MANERA QUE ENCUADRE EXACTAMENTE EN LA HIPÓTESIS TIPIFICADA COMO FALTA GRAVE. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios contradictorios al pronunciarse sobre el parámetro de motivación que debe cumplir el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de remoción de un policía municipal de Mexicali, respecto de la mención de las causas o motivos imputados para iniciarlo, y si se debe o no precisar de manera individualizada la acción u omisión concreta realizada por el servidor público que tipifica la infracción que se le reprocha. Criterio jurídico: El Pleno del Decimoquinto Circuito establece que el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de remoción de un policía municipal de Mexicali, debe contener las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que tuvo lugar la conducta reprochada de manera que encuadre exactamente en la hipótesis tipificada como falta grave. Justificación: Conforme a lo previsto en los artículos 109, fracción I y 180, fracción II, de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Baja California (vigente hasta el 28 de diciembre de 2020) y sus correlativos 233 y 238 del Reglamento del Servicio Profesional de Carrera Policial del Municipio de Mexicali, la Comisión de Honor y Justicia debe analizar y determinar si existen elementos suficientes para iniciar el procedimiento de remoción; y, en su caso, el acuerdo de inicio debe contener, entre otros requisitos, la mención de las causas o motivos imputados para iniciarlo, así como las disposiciones normativas infringidas; exigencia que, interpretada de manera acorde con los principios de legalidad, tipicidad y exacta aplicación de la ley, previstos para la materia penal en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y aplicables al derecho administrativo sancionador, conlleva la obligación de precisar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conducta realizada por el presunto infractor y encuadrarla exactamente en la hipótesis normativa previamente establecida como infracción o falta grave que se le atribuye. Sin que sea jurídicamente aceptable que sólo se haga referencia a esa conducta reprochable de manera genérica, o englobarla conjuntamente con la de otro u otros presuntos infractores, ya que siempre se debe individualizar y encuadrar exactamente en la hipótesis normativa, sobre todo en los casos en los que una misma conducta e infracción le es imputada a más de un servidor público. Sin embargo, se precisa que en el caso analizado por el Pleno de Circuito determinó que el parámetro de detalle en la motivación será de acuerdo a las circunstancias particulares de cada caso, de tal suerte que si la presunta infracción o falta cometida se atribuye, por ejemplo, a los policías que elaboraron y firmaron el informe policial respectivo en el que consta la detención, traslado e internamiento reprochados, la motivación necesaria será distinta en comparación a los casos en los que, como en el particular aconteció, se consideran cometidas por policías distintos a los que elaboraron y firmaron el informe policial, pero en todo caso se deben expresar las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se llevó a cabo la conducta del presunto infractor, individualizándola y encuadrándola exactamente en la hipótesis normativa; lo que en el caso en estudio aconteció, toda vez que como se anticipó, la Comisión responsable sí fundó y motivó el inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado, ya que precisó las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conducta que se le reprocha al aquí quejoso, además de que el expediente de origen únicamente fue instaurado en su contra, no así de diversos miembros policiales. En consecuencia, ante lo infundado de los conceptos de violación expuestos, se niega el amparo y protección constitucional solicitado por la parte quejosa contra los actos en estudio. Séptimo. Transparencia. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto, y fundado se: Resuelve Primero. Se sobresee en el juicio de amparo 451/2023-A, promovido por Heriberto Domínguez Francisco, contra los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en los considerandos tercero y cuarto y por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto. Segundo. La Justicia Federal no ampara ni protege a Heriberto Domínguez Francisco, respecto de las autoridades responsables precisadas en el considerando cuarto y por los motivos precisados en el considerando sexto de esta sentencia. Tercero. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, hoy veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, en que las labores del Juzgado lo permitieron, asistida de Francisco Eduardo Jerónimo Osorio, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe
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Tijuana, Baja California, doce de junio de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los escritos presentados por ********************, autorizada de la parte quejosa, atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por realizadas sus manifestaciones a manera de alegatos, de los cuales se hará relación en el momento procesal oportuno; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintiséis de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la audiencia constitucional se encuentra programada para hoy; sin embargo, del estado de autos se obtiene que empezará a transcurrir la vista de ocho días hábiles que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, con motivo de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables mediante auto de veinticinco de mayo del año en curso. Diferimiento. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para su celebración las once horas con cuarenta minutos del veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese.
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