Heriberto Ruiz Escobar
Expediente 121/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 27 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 121/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 27
- Última actuación
- 13/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Heriberto Ruiz Escobar
- Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 27.
- Principal
Ciudad de México, a trece de diciembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término de tres días otorgado a las partes mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil veintitrés, a efecto de que señalaran las constancias que se tienen que remitir al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, en relación con las quejas interpuestas por la Directora General de Recursos Humanos y la Coordinadora General de Administración, ambas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; en contra del auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso e), 99, y 101 de la legislación invocada, en vía de informe justificado, dígase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, que es cierto el acto reclamado y, con fundamento en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; que a la letra refiere: "En los casos de la interposición de recursos, los órganos jurisdiccionales del PJF pondrán a disposición del órgano jurisdiccional que corresponda, incluida la SCJN, la consulta de los expedientes electrónicos respectivos a través del Sistema Electrónico del PJF"; se hace disponible la "vinculación con otro órgano" del presente asunto en el apartado respectivo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que el Tribunal Colegiado que por turno le corresponda conocer de los recursos que se remiten, se encuentre en aptitud de consultar la totalidad del expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa", por lo que con esta fecha se remiten únicamente los oficios de agravios, para la substanciación de los recursos de queja interpuestos en autos. Sin perjuicio de que, en caso de que el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, requiera de las constancias impresas, una vez que lo haga del conocimiento de este juzgado, se le remitirán de inmediato. Finalmente, se hace del conocimiento, que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, conoció del recurso de revisión R.A. 373/2023. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a treinta de noviembre de dos mil veintitrés. Se tienen por recibidos los oficios de cuenta por medio de los cuales, la Directora General de Recursos Humanos y la Coordinadora General de Administración, ambas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, interponen recurso de queja, en contra del auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, en el cual se les impuso una multa por incumplimiento a la ejecutoria de amparo, y señalan las constancias que estiman deben enviarse al tribunal de alzada; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense los oficios de mérito para los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso e), 99, y 101 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, distintas a las recurrentes, para que en el término de TRES DÍAS contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación, señalen qué constancias deben remitirse al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que conocerá de los recursos de queja; apercibidas de que una vez transcurrido el término que establece el artículo 101 de la ley de la materia, con o sin su desahogo, se enviará el informe relativo al Tribunal Colegiado. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa
- Principal
Ciudad de México, a veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos los oficios de cuenta por medio de los cuales la Coordinadora General de Administración y la Directora General de Recursos Humanos, ambas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en atención al requerimiento formulado mediante auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, la primera autoridad informa las acciones correspondientes a fin de dar cumplimiento al fallo protector, y la segunda autoridad informa que se encuentra en espera de que la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de la citada dependencia, otorgue la suficiencia presupuestal a favor del quejoso Heriberto Ruiz Escobar, por la cantidad de $24,112.91 (veinticuatro mil ciento doce pesos 91/100 moneda nacional), a afecto de continuar con el trámites de pago, y solicita una prórroga; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos los oficios de mérito para que obren como corresponda, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Por lo que es incongruente que pretenda justificar el incumplimiento de lo requerido, en que está esperando que esa autoridad otorgue la suficiencia; cuando precisamente el motivo del aludido requerimiento surgió de que dicha Dirección General de Recursos Humanos no ha presentado tal solicitud. Por otra parte, en atención a la prórroga solicitada, es necesario hacer mención que de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se obtiene que el Legislador estableció un procedimiento sencillo y expedito para garantizar el cumplimiento pronto de las sentencias de amparo, para lo cual limitó el número de requerimientos que pueden realizarse a las autoridades para cumplir el fallo protector, de tal forma que, en principio, solo puede hacerse un requerimiento para que, dentro del plazo de tres días, se cumpla la sentencia. A esta regla general sobre el plazo para cumplir, la ley establece dos excepciones, a saber, la prevista en el último párrafo del artículo 192, y la prescrita en el tercer párrafo del artículo 193. De esta manera, de conformidad con el procedimiento de ejecución de las sentencias de amparo, que prevé la nueva Ley de Amparo, debe procurarse que el único término que se otorgue para hacer cumplir el fallo protector, sea el de tres días que dispone el artículo 192 de la mencionada ley; sin embargo, se reitera, los aludidos preceptos legales contemplan ?? ??????????????? excepciones a esa regla y, se actualizan cuando a consideración del juzgador de amparo, existe dificultad o complejidad para dar dicho cumplimiento o la autoridad responsable justifique la causa del retraso o que la ejecutoria se encuentra en vías de su cumplimiento; no obstante a lo anterior, no se debe perder de vista que el objetivo del procedimiento establecido en la nueva Ley de Amparo, es que el procedimiento de ejecución de sentencias protectoras sea simple, expedito y rápido; lo que hace patente que la ampliación del plazo que se otorgue a las responsables debe ser mayor de tres días y menor al que ordinariamente la legislación que rige el acto concede, porque se trata de una situación extraordinaria, ya que los actos que se necesitan serán en cumplimiento a una ejecutoria de amparo, por lo que no se trata de un asunto del que conoce la autoridad responsable en condiciones ordinarias; máxime que no es obstáculo para el cumplimiento de la ejecutoria de amparo las cargas de trabajo de la autoridad responsable pues, se insiste, se trata del cumplimiento de una ejecutoria dictada en un juicio de amparo, la cual constriñe a la responsable a la restitución de los derechos afectados por un acto declarado inconstitucional. En consecuencia, en virtud de lo manifestado por la segunda autoridad en los oficios de cuenta, con fundamento en los artículos 192, 193, párrafo tercero y 197, todos de la Ley de Amparo, SE AMPLÍA POR ÚNICA OCASIÓN el plazo para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por el término de DIEZ DÍAS a Yolanda Carolina Salcedo Pérez, Directora General de Recursos Humanos, así como a Laura Ángeles Gómez, Coordinadora General de Administración, en su calidad de superior jerárquico de esa autoridad, ambas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para el efecto de que den cumplimiento a las obligaciones descritas en el acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, por lo que, queda subsistente el apercibimiento ahí decretado. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que feneció el término de tres días otorgado a las autoridades Yolanda Carolina Salcedo Pérez, Directora General de Recursos Humanos, así como a Laura Ángeles Gómez, Coordinadora General de Administración, en su calidad de superior jerárquico de esa autoridad, ambas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a efecto de que realizaran lo siguiente: - SOLICITEN EL OTORGAMIENTO DE LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, a favor del quejoso Heriberto Ruíz Escobar, por la cantidad de $24,112.91 (veinticuatro mil ciento doce pesos pesos 91/100 moneda nacional), por concepto de diferencias de aguinaldo de dos mil veintidós. Sin embargo, de las constancias que integran el juicio en que se actúa se observa que la autoridad directamente responsable, así como su superior jerárquico, no han dado cumplimiento a dicho requerimiento. En consecuencia, que se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de treinta de octubre de dos mil veintitrés, por lo que en términos de lo dispuesto por los artículos 193 párrafo primero, 237 fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, únicamente se les impone a las personas físicas que ostentan los cargos de Directora General de Recursos Humanos y Coordinadora General de Administración, ambas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, UNA MULTA DE CIEN VECES LA UNIDAD DE MEDIDA ACTUALIZADA VIGENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO. En virtud de lo anterior, hágase del conocimiento de tales autoridades Directora General de Recursos Humanos y Coordinadora General de Administración, ambas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que cuentan con el plazo razonable de TRES DÍAS, para que demuestren haber cumplido con la ejecutoria en los términos precisados. Lo anterior, en términos de lo dispuesto en la jurisprudencia número P./J.54/2014 (10 a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Tomo I, Noviembre 2014, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual ????? debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. Por lo que transcurrido dicho término, se abrirá el incidente de inejecución de sentencia, que establecen los artículos 193, primer párrafo, en relación con el diverso 196, último párrafo, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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