Heriberto Nuñez Antonio
Expediente 1065/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1065/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 03/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Heriberto Nuñez Antonio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Ciudad de México, a tres de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo para recurrir la determinación de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, sin que a la fecha se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a), y 98, párrafo primero de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO EL AUTO POR EL QUE SE DESECHÓ POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2, ordinal 2 del Manual referido, toda vez que se trata de un expediente en el que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Aunado a lo anterior, este Juzgado Federal considera que el juicio en que se actúa no tiene ninguna relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido y el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción. Notifíquese
- Principal
Ciudad de México, a seis de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha no obra la constancia de notificación personal practicada a la parte quejosa ordenada mediante proveído de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, en el que se determinó desechó la demanda de amparo. En ese sentido, de conformidad con el artículo 17 Constitucional, este órgano jurisdiccional está obligado a velar por la pronta y expedita administración de justicia, cuidar que los juicios de amparo de su conocimiento, no queden paralizados y tomar todas las medidas que estime necesarias, para mejor proveer y no irrogar perjuicio a las partes e integrar completamente y con la oportunidad debida los juicios de su conocimiento; en consecuencia, en obvio de mayores dilaciones procesales, se comisiona nuevamente a cualquiera de los Actuarios Judiciales adscritos a este Juzgado Federal para que se constituyan en el domicilio ubicado en ... y procedan a realizar la notificación del acuerdo de veinticinco de octubre pasado, así como del presente proveído a Heriberto Núñez Antonio, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente a... Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el escrito de cuenta firmado por el quejoso, en el que desahoga la prevención realizada en auto de uno de octubre de este año. Con fundamento en los artículos 221 y 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos para que obren como correspondan. Ahora bien, se procede a estudiar la procedencia o no de la demanda de garantías, para lo cual se realiza el siguiente análisis: Del examen que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de amparo en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento, dicho artículo dispone: "ARTÍCULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El artículo en mención señala que, para el desechamiento de plano de la demanda, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable en la parte conducente, por analogía la jurisprudencia I.13o.A. J/6, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO 'MANIFIESTO' DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." (No. Registro: 180,663, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XX, Septiembre de 2004, Tesis: I.13o.A. J/6, Página: 1631). En principio, y previo a determinar la causa de notoria improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia 40/2000, aplicada por analogía, la cual señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." (No. Registro: 192,097, Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, OSCAR HORACIO ESCOBEDO NAVAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.4c 22/01/24 10:04:15 Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Abril de 2000, Tesis: P./J. 40/2000, Página: 32). La jurisprudencia transcrita indica que la demanda de amparo es un todo y debe interpretarse en su integridad y si la parte quejosa designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el Juez de Distrito lo corrija, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. De lo anterior se desprenden diversos lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda, los cuales son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora bien, del análisis al escrito inicial de demanda, se advierte que la parte quejosa reclamó de las autoridades responsables Director de la Unidad de Protección Ciudadana "Quiroga" de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y del OSCAR HORACIO ESCOBEDO NAVAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.4c 22/01/24 10:04:15 Director General de Administración de Personal de esa dependencia, básicamente la omisión de cumplir con el Acuerdo 45/2020 por el que se expiden los lineamientos para la atención y seguimiento a las inasistencias sin justificación o sin permisos del personal Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por el que se establece que no se podrá negar al servidor público la asignación que corresponde; además, reclamó la suspensión de pago de sus haberes como elemento operativo en esa dependencia. Del capítulo de hechos que narró el quejoso, bajo protesta de decir verdad, se aprecia que el promovente manifestó, que se desempeña como policía preventivo de la Dirección de Unidad de Protección Ciudadana "Quiroga", de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y que, por motivos de salud, en el mes de agosto de dos mil dieciocho, no se presentó a laborar. Señala que una vez que se recuperó, se presentó a su centro de trabajo, a fin de reintegrarse a sus labores, en donde el titular de la citada dirección, le informó que no le asignaría servicio alguno debido a que tenía que justificar sus inasistencias ante el Consejo de Honor y Justicia. Precisa que acudió en sendas ocasiones a que le asignaran servicio, o bien, se le informara respecto de su situación jurídica, sin que obtuviera respuesta favorable. OSCAR HORACIO ESCOBEDO NAVAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.4c 22/01/24 10:04:15 Posteriormente, que el trece de agosto de dos mil veintiuno, recibió acuerdos de radicación de trece de noviembre de dos mil veinte y veintitrés de abril de dos mil veintiuno, respectivamente, emitidos por la Dirección General de la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por los que se ordenó inicio de procedimiento administrativo en su contra, por incumplir con los requisitos de permanencia, precisamente, por las faltas en las que incurrió. Finalmente, refiere que el tres de agosto de dos mil veintiuno, se le notificó el oficio SSC/OM/DGAP/SNR/JUDR/820/2021, de dos del mismo mes y año, por el que se le informó que desde la segunda quincena de agosto de dos mil dieciocho, se suspendió el pago de su salario. Por otra, del escrito que se acuerda, se advierte que el quejoso aun cuando adujo que no recordaba la fecha exacta en la que no se realizó el pago de la última quincena que recibió, lo cierto es que también señaló expresamente que "con las constancias exhibidas se acredita que en la segunda quincena de agosto de dos mil dieciocho, se realizó en mi perjuicio la suspensión de pago y los procedimientos administrativos acumulados RH/1198/C/20-08, y RH/1094/21-94, se refieren a faltas de los años dos mil diecinueve y dos mil veinte, cuando en ese momento la autoridad ya me había suspendido mi sueldo.". Lo anterior implica que el quejoso conocía, por lo menos, desde la segunda quincena de dos mil dieciocho, la falta de asignaciones para realizar en su OSCAR HORACIO ESCOBEDO NAVAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.4c 22/01/24 10:04:15 trabajo así como la falta de pago de sus haberes, esto es, en ese año ya conocía su situación laboral. En ese sentido este juzgado considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto de los actos que reclama, como enseguida se analiza. El artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XIV, así como los diversos numerales 17, 18 del mismo ordenamiento legal, en la parte que interesa, textualmente disponen lo siguiente. El artículo 61 de la Ley de Amparo, en su fracción XIV, así como los diversos numerales 17, 18 y 111, del mismo ordenamiento legal, en la parte que interesa, textualmente disponen lo siguiente. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma OSCAR HORACIO ESCOBEDO NAVAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.4c 22/01/24 10:04:15 general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I.Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: OSCAR HORACIO ESCOBEDO NAVAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.4c 22/01/24 10:04:15 I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda." El precepto legal trascrito en primer término establece las distintas hipótesis de cómputo para el término de la interposición de la demanda de amparo, a saber: a) del día siguiente a aquel en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada; b) al que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; y c) al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. De su interpretación puede advertirse que se hacen tres distinciones para el cómputo del plazo de quince días dentro de los cuales se debe presentar la demanda de amparo. Además, los supuestos mencionados, son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno y, por tanto, es claro que la intención del legislador, fue la de establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de esas hipótesis, por lo que no cabe duda que el creador de la ley distinguió entre un supuesto y otro, porque de lo contrario habría bastado señalar que el término empezaría a contar a partir del día siguiente al en que el quejoso se enterara por cualquier medio del acto reclamado. Las anteriores ideas que por su trascendencia se citan por analogía, son las que sostiene la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la tesis de jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. OSCAR HORACIO ESCOBEDO NAVAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.4c 22/01/24 10:04:15 CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO."(Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, Mayo de 2007, Tesis: 1a./J. 30/2007, Página: 286). Como ya se dijo, de los antecedentes antes mencionados, se refleja que el quejoso tenía conocimiento de que dejó de tener funciones asignadas y de recibir su sueldo, por lo menos, desde la segunda quincena de agosto de dos mil dieciocho, pues así lo reconoció en la demanda inicial y lo corroboró en el escrito de desahogo, lo que implica que desde ese año conocía su situación laboral. De ahí que resulte inconcuso que estuvo en aptitud de combatir la falta de asignación de labores desde la primer quincena de septiembre de dos mil dieciocho, pero no lo hizo y, por el contrario, dejó transcurrir tres años para hacerlo, lo que permite concluir que al haber resentido las afectaciones de las que ahora se duele debió reclamarlas desde que ocurrieron, por lo que se concluye que consintió los actos que reclama; por ende, se actualiza la causa de improcedencia referida y la promoción del juicio es extemporánea, máxime que no es creíble que hasta este año que transcurre desconociera la falta de pago de sus haberes y la falta de asignaciones laborales. Es aplicable por similitud, la tesis 193, que literalmente establece: CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO OSCAR HORACIO ESCOBEDO NAVAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.4c 22/01/24 10:04:15 RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de OSCAR HORACIO ESCOBEDO NAVAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.4c 22/01/24 10:04:15 amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda.(No. Registro: 219,095, Tesis aislada, Materia(s): Común, Octava Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, IX, Junio de 1992, Página: 364).) Así como la tesis aislada I.9o.A.27.A, aplicada por analogía, que literalmente establece: AMPARO EXTEMPORÁNEO POR CONSENTIMIENTO TÁCITO DE LOS ACTOS RECLAMADOS. SE ACTUALIZA CUANDO UN ELEMENTO DE LA POLICÍA FEDERAL LO PROMUEVE FUERA DEL PLAZO LEGAL, CONTRA LA NEGATIVA A ASIGNARLE FUNCIONES Y PAGARLE SU SUELDO, AUN CUANDO AFIRME QUE ENTRE LA FECHA EN QUE CONOCIÓ LOS ACTOS Y AQUELLA EN QUE PRESENTÓ SU DEMANDA, GESTIONÓ ANTE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA LA REACTIVACIÓN DE SUS LABORES Y PERCEPCIONES. La causal de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 73, fracción XII, de la ley de la materia, por consentimiento tácito de los actos reclamados, se encuentra vinculada con los artículos 21 y 22 del propio ordenamiento, en el sentido de que la impugnación de aquéllos, entre los que se encuentran los de carácter negativo, debe realizarse dentro de los quince días siguientes al en que el afectado haya resentido sus efectos. En consecuencia, esta causal se actualiza cuando un elemento de la Policía Federal promueve el juicio de amparo fuera del plazo legal, contra la negativa a asignarle funciones y pagarle su sueldo, lo cual implica el consentimiento tácito de esos actos, así como el de su ejecución y consecuencias, sin que obste para ello que en su demanda afirme que entre la fecha en que los conoció y aquella en que presentó su demanda, gestionó ante la autoridad administrativa la OSCAR HORACIO ESCOBEDO NAVAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.4c 22/01/24 10:04:15 reactivación de sus labores y percepciones, puesto que, de cualquier forma, consintió tales actos desde el momento en que resintió sus efectos y no los impugnó oportunamente.(No. Registro: 2003221, Tesis aislada, Materia(s): Común, Décima Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Libro XIX, Abril 2003, Tomo 3, Página: 2039) Igualmente, apoya lo anterior, por el criterio que informa, la jurisprudencia número VI.2o. J/21, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 291, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Agosto de 1995, que establece lo siguiente: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Cabe agregar que es ofensivo a la inteligencia de este juzgador que el promovente pretenda sustentar un desconocimiento de su situación laboral para impugnarla después de tres años, cuando resintió sus efectos desde que le dejaron de asignar funciones y evidentemente desde que dejó de percibir sus emolumentos por su servicio, además, es imposible de creer que no estuviera al tanto de esa situación, pues resulta evidente que cualquier persona difícilmente dejaría de quejarse cuando deja de recibir su pago, que es la razón por la que presta sus servicios, por lo que, en todo caso, al no haber controvertido desde ese entonces tales situaciones, es claro que el quejoso las consintió al dejar pasar en exceso el tiempo para reclamarlas en el amparo. OSCAR HORACIO ESCOBEDO NAVAR 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.4c 22/01/24 10:04:15 Además, resulta inadmisible que como miembro de la corporación policiaca abuse del juicio de amparo para reclamar prestaciones que no le corresponden, pues pretendiendo ofender la inteligencia de este juzgador federal promueve amparo, como muchos otros miembros de esas corporaciones que promueven amparos muchos años después de que dejan de recibir sus honorarios respectivos y vienen alegando desconocer su situación laboral, lo cual es verdaderamente increíble y, además, ofensivo para esta noble institución. No pasa inadvertido lo que aduce el quejoso respecto de que los actos que reclamaba son omisiones que se actualizan de momento a momento, pues, contrario a lo que refiere, tanto la falta de pago de sus haberes como la falta de asignación de labores, son actos que afectan de inmediato su esfera jurídica desde que se llevan a cabo, esto es, no son de tracto suscesivo y; por ende, debió impugnarlos en el plazo legal que tenía para hacerlo. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 del mismo ordenamiento legal. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a cinco de octubre de dos mil veintiuno. Se tiene por recibida la promoción electrónica de cuenta, recibida en términos del artículo 48 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, por medio de la cual, Abraham Moncayo Piña, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, solicita se autorice la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al juicio de amparo en que se actúa y al efecto señala el nombre de usuario "licabrahammoncayo", registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Como lo solicita el promovente, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta del expediente electrónico, al usuario " licabrahammoncayo ", registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.
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