Heriberto Peña González
Expediente 50/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 50/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 06/11/2023
Partes del expediente
- Heriberto Peña González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Toluca, Estado de México, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Oficio Agréguese el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual, remite los autos originales del juicio de amparo indirecto 50/2023 y testimonio de la ejecutoria emitida en sesión ordinaria por videoconferencia de cinco de octubre del año en curso, en el amparo en revisión ********************, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente: "PRIMERO.- Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. La justicia de la Unión no amparo ni protege a ********************, contra los actos y autoridades precisados en esta ejecutoria." Acúsese recibo, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Asimismo, glósense únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto. Archivo En acatamiento al artículo 17, fracción III, incisos a) y b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; una vez que transcurran tres años de archivado el presente expediente, es susceptible de ser conservable, ya que se negó el amparo solicitado, y conservable el cuaderno único del incidente, pues se concedió la suspensión definitiva; sin que se ordene glosar al presente expediente dicho cuaderno y una vez que se remita al archivo adjúntese el mismo. Devolución de Discos Devuélvanse al Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, seis discos en formato DVD que contienen copia certificada del expediente virtual de la carpeta administrativa ********************, de su índice, así como las audiencias en la misma. ***
- Principal
Toluca, Estado de México, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, mediante el cual informa que admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso; circunstancia de la que este juzgado de Distrito toma conocimiento, quedando a la espera de que el Tribunal de Alzada resuelva el medio de impugnación de mérito. Notifíquese. Así lo proveyó Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del Secretario Juan José Pulido Rogel, que da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, en la que se hace constar que feneció el término de tres días concedido a la tercero interesada Ana Karen Domínguez Mendoza, a efecto de que señalara un usuario debidamente registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), sin que lo hubiere hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó y las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se le practicarán por medio de listas. En esas condiciones, notifíquese a la tercero interesada de referencia la sentencia emitida en el presente sumario, así como el auto de catorce de marzo de dos mil veintitrés, por el cual se tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por el quejoso, a través de la lista, que se publica en este juzgado de Distrito, para los efectos legales conducentes. Por otra parte, agréguese el oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por medio del cual acusa recibo del recurso de revisión hecho valer por el quejoso Heriberto Peña González, mismo que registró con el número 97/2023; y a efecto de proveer sobre su admisión o desechamiento, solicita la constancia de notificación que acredite que se hizo del conocimiento de la tercero interesada Ana Karen Domínguez Mendoza, la sentencia emitida en el juicio de amparo del que deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa. En esas condiciones, hágase del conocimiento del Tribunal de Alzada que a la tercero interesa en mención las notificaciones incluyendo las de carácter personal, se efectúan por medio de las listas que publica este juzgado de Distrito. En mérito de lo anterior, remítase el sello de notificación por lista de la sentencia, para que el tribunal oficiante se imponga de su contenido. EN ATENCION A LO ORDENADO EN EL AUTO ANTERIOR, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCIA Y EL AUTO DE CATORCE DE MARZO ULTIMO A LA Tercera interesada Ana Karen Domínguez Mendoza, SENTENCIA Y AUTO ALUDIDO QUE RESPCTIVAMENTE, QUE MENCIONAN LO SIGUIENTE: S e n t e n c i a Mediante la cual se resuelve los autos del juicio de amparo indirecto 50/2023-III-B, promovido por ********************por conducto de su defensor particular ********************, y; R e s u l t a n d o PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito recibió en línea el trece de enero de dos mil veintitrés, en el Portal de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca; ********************por conducto de su defensor particular ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra de las autoridades responsables y por el acto reclamado siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: COMO ORDENADORA: 1) JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE LERMA, ESTADO DE MÉXICO, quien conoce y tramita la Carpeta Administrativa 73/2022 y quien emitió el auto de vinculación a proceso. COMO EJECUTORA: DIRECTOR DEL CENTRO PENITENCIARIO Y DE REINSERCIÓN SOCIAL DE LERMA, ESTADO DE MÉXICO, autoridad que se encuentra ejecutando el auto de vinculación a proceso. IV.- ACTO RECLAMADO: Reclamamos de la Autoridad Responsable ordenadora: la inconstitucional, infundada e inmotivada resolución emitida en fecha SIETE DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTIDÓS, dentro de los autos de la Carpeta Administrativa ********************por la que se dictó en contra de mi representado HERIBERTO PEÑA GONZÁLEZ, AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO por su probable intervención en el hecho delictuoso de HOMICIDIO CALIFICADO CON LA AGRAVANTE DE HABERSE COMETIDO EN CONTRA DE UN MENOR DE EDAD, en agravio de la VÍCTIMA MENOR DE EDAD DE IDENTIDAD RESGUARDADA DE INICIALES A.D.M.D, resolución que a consideración del suscrito defensor resulta a todas luces inconstitucional y violatoria de los derechos humanos del imputado, esencialmente los de presunción de inocencia, de legalidad, de debido proceso, seguridad jurídica, principio de estricta aplicación de la ley penal, entre otros derechos que están reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que nuestro país es parte. De las Autoridades Responsables Ejecutoras (sic); RECLAMO la ejecución del citado mandamiento dictado en contra del imputado HERIBERTO PEÑA GONZÁLEZ. Manifiesto que la fecha en que se tuvo conocimiento tanto el suscrito defensor como el imputado ahora quejoso del ACTO RECLAMADO, lo fue en la misma audiencia donde se dictó el auto de vinculación a proceso siendo el día siete de diciembre del dos mil veintidós." Considerando vulnerados sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 14, 16, 17, 18, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Tramite de la demanda. Por cuestión de turno, correspondió el conocimiento del asunto a este órgano constitucional, que registró la demanda con el número 50/2023-III-B, por auto de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite, de ahí que en esa fecha se requirió a las autoridades responsables su informe justificado y se dio la intervención que legalmente compete al representante social de la adscripción; además de que se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados. Seguidos los trámites de ley, la audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C o n s i d e r a n d o PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 103, fracción I, en relación con el diverso 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 49 y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, reformado el siete de junio de dos mil veintiuno; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclama una determinación que afecta la libertad personal, emitida por una autoridad judicial del orden penal con residencia dentro del ámbito territorial donde este juzgado de distrito ejerce su competencia. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, antes de analizar la certeza del acto reclamado, es necesario fijarlo claramente, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que apariencia señaló como tal, acorde con la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y la tesis de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De conformidad con el análisis del escrito de demanda se obtiene que el quejoso Heriberto Peña González, reclama del Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México y otra autoridad: El auto de vinculación a proceso dictado el siete de diciembre de dos mil veintidós en la carpeta administrativa 73/2022. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, con número de registro 192097,cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, cobra aplicación al respecto, la tesis aislada P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de 2004, página 255, con número de registro 181810, que señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, pues al rendir sus respectivos informes de ley así lo manifestaron, toda vez que el siete de diciembre de dos mil veintidós, el Juzgado señalado como responsable dictó auto de vinculación a proceso contra el quejoso, dentro de la causa de control ********************de su índice, por el delito de homicidio calificado con la agravante de haberse cometido en contra de un menor de edad, ilícito previsto y sancionado por los artículos 241 párrafo primero, 242 fracción II, 245 fracción V inciso d), en relación con el 6, 7, 8 fracción I y III y 11 fracción I inciso c), todos del Código Penal vigente en el Estado de México, en agravio de la víctima menor de edad de identidad resguardada de iniciales A.D.M.D., el cual amerita prisión preventiva oficiosa. Al respecto, resulta aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, tomo XIII, página 775 y registro digital 811057, que a la letra se integra de la siguiente forma: "INFORME JUSTIFICADO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado". Certeza que se corrobora con la constancia que remitió la responsable al rendir su informe de ley, consistente en tres discos ópticos que contienen todo lo actuado en la causa de control ********************del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México.. Documentales a las que se otorga valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por haber sido expedidas por funcionarios en ejercicio de las atribuciones que la ley les confiere. Apoya a la anterior determinación la jurisprudencia VI.3o.P. J/1 (10a.), emitida por los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 1972, Libro 68, Julio de 2019, Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y si}u Gaceta, que dice: "DISCOS VERSÁTILES DIGITALES (DVD'S) QUE CONTIENEN LAS VIDEOGRABACIONES DE LAS AUDIENCIAS DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO Y ORAL. A LA LUZ DE LA TRAMITACIÓN DE UN PROCESO PENAL DE ESTA NATURALEZA, TIENEN EL CARÁCTER DE UNA PRUEBA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, POR LO QUE AUN CUANDO CAREZCAN DEL SELLO Y LA FIRMA CORRESPONDIENTES, NO DEBE PONERSE EN DUDA SU CONTENIDO, SI EXISTEN OTRAS CIRCUNSTANCIAS QUE LE DAN CERTEZA. Los discos versátiles digitales (DVD´S) que contienen las videograbaciones de las audiencias del sistema penal acusatorio y oral, a la luz de la tramitación de un proceso penal de esta naturaleza, conforme al artículo 61 del Código Nacional de Procedimientos Penales y acorde con lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 455/2012, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), de título y subtítulo: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.", tienen el carácter de una prueba instrumental de actuaciones, al tratarse de las diligencias o actos que conforman un proceso penal de corte acusatorio, guardados en un archivo digital y, por ende, aptos para acreditar la existencia de un acto procesal; además de que no obstante estar soportados en medios digitales, su contenido hace patente la realización de un acto jurídico procesal. Por tanto, aun cuando dichos discos carezcan del sello y la firma correspondientes, no debe ponerse en duda su contenido, si existen otras circunstancias que le dan certeza a éste, como pudieran ser, por ejemplo, que fueron remitidos al tribunal de apelación por la autoridad del Poder Judicial a quien corresponde su resguardo y esa remisión se hizo por conducto de las oficinas que pertenecen precisamente al Poder Judicial, mediante un oficio que cumplió con las formalidades de ley, esto es, que contiene la firma autógrafa de la autoridad emisora, así como el sello correspondiente y, sobre todo, ante el hecho de que el órgano jurisdiccional que conoció del asunto de que se trata, corroboró que la diligencia respectiva, en efecto se encontraba registrada en el DVD." CUARTO. Causales de improcedencia. Por técnica de amparo, previo al estudio del fondo del asunto, es pertinente analizar las causas de improcedencia que propongan las partes o que se adviertan de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, en relación con la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el apéndice de 1985, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, página 262, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente a la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público en el juicio de garantías". En ese tenor, una vez analizada la totalidad de las constancias, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 17 y 18 del ordenamiento legal en cita, que hizo valer el juez responsable, relativo a la extemporaneidad de la demanda. A efecto de corroborar lo anterior, conviene citar el contenido literal del artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo que es del tenor siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; ." La interpretación de la porción normativa transcrita, permite aducir válidamente que el motivo de improcedencia descansa esencialmente en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo, relativo a la presentación oportuna de la demanda de amparo, ya que al no promoverse dentro del plazo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, conlleva a su extemporaneidad. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la ley de la materia, establecen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Ahora bien, del primero de los preceptos transcritos se desprende que la presentación o promoción de la demanda de amparo deberá sujetarse al término de quince días, salvo las diversas excepciones que contempla dicho numeral como son: (1) Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, el plazo para su presentación será de treinta días; (2) En el caso de que el acto reclamado lo constituya una sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, la demanda podrá presentarse en un plazo de hasta ocho años; (3) Tratándose de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, el plazo para la promoción del amparo será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; y, (4) Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, la demanda podrá presentarse en cualquier tiempo. Por su parte, en el artículo 18 de la Ley de Amparo, se establecen las diversas reglas para computar el término de los quince días dentro de los cuales ha de presentarse la demanda de amparo para tenerla como oportuna, pues en este último se indica que el término deberá computarse: a) A partir del día siguiente en que surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; b) Al en que se haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, c) Al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En esas condiciones, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo, debe computarse a partir del día siguiente a aquél en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis establecidas con antelación. Puntualizado lo anterior, conviene retomar que el acto que se reclama en la presente instancia constitucional consiste en el auto de vinculación a proceso emitido contra el quejoso el siete de diciembre de dos mil veintidós, dentro de la causa de control 73/2022. Ahora, del informe rendido por el Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, se observa que el auto de vinculación a proceso de que se duele el quejoso fue emitido desde el siete de diciembre de dos mil veintidós dentro de la causa de control ********************por el delito de homicidio calificado por haberse cometido en contra de un menor de edad, ilícito previsto y sancionado por los artículos 241 párrafo primero, 242 fracción II, 245 fracción V inciso d), en relación al 6, 7, 8 fracción I y III y 11 fracción I inciso c), todos del Código Penal vigente en el Estado de México en agravio de la víctima menor de edad de identidad resguardada de iniciales A.D.M.D., el cual se notificó a la parte quejos en esa misma fecha. Bajo esa premisa, se obtiene que el quejoso Heriberto Peña González, tuvo conocimiento del auto de vinculación dictado en su contra desde su emisión, esto es, el siete de diciembre de dos mil veintidós, tal y como se advierte de los discos ópticos adjuntos al informe de ley de la responsable. Bajo esa óptica, debe decirse que si el auto de vinculación a proceso de que se duele el quejoso, le fue notificado en la fecha de su emisión, esto es, en la audiencia de siete de diciembre de dos mil veintidós; esa notificación surtió sus efectos al día siguiente conforme al artículo 82, fracción I, inciso a) del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, el ocho de diciembre de dos mil veintidós; por tanto, el término de quince días para que presentara demanda de amparo indirecto, transcurrió del nueve al veintinueve de diciembre de dos mil veintidós; descontando de dicho computo los días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de diciembre de dos mil veintidós, por haber sido sábados y domingos; de ahí que si la demanda se presentó hasta el trece de enero de dos mil veintitrés vía electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, deviene inconcuso que el libelo constitucional fue presentado de forma extemporánea, esto es, fuera del término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), emitida por Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 18, Mayo de 2015, Tomo I , página 38, que señala: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal." Así como la diversas jurisprudencia P./J. 115/2010, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, página 5, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Sin que pase desapercibido para el suscrito que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, gozó de su segundo periodo vacacional correspondiente al ejercicio dos mil veintidós, del veintidós de diciembre de dos mil veintidós al ocho de enero de dos mil veintitrés; sin embargo, se estima que ese periodo no es susceptible de ser descontado del plazo que tuvo el quejoso para promover su demanda de amparo, toda vez que constituye un hecho notorio para el suscrito que los Juzgados de Control, atendiendo a la naturaleza de los asuntos de su competencia, no gozan de periodos de receso, sino que cuentan con sistema de guardias que permiten que la atención al público y el acceso de las carpetas administrativas no se vea restringido de ahí que, como se adelantó, no es justificante para dejar de promover el juicio de amparo dentro de los plazos que establece la ley de la materia, con motivo de las vacaciones denominadas "decembrinas", pues ese periodo no le es aplicable a los juzgados de control. Máxime que el acto recamado no se ubica en alguna de los supuestos de excepción que establece el propio artículo 17 de la Ley de Amparo, para que pudiese efectuarse su presentación fuera del plazo genérico de quince días, pues a pesar de que se trata de un acto que implica privación de libertad, no menos cierto es que esa privación deriva de un procedimiento del orden penal; por tanto, no resulta aplicable la hipótesis normativa contenida en la fracción IV del numeral 17 de la Ley de Amparo, así como tampoco se está en presencia de una sentencia definitiva, ya que el motivo de reclamo es el auto de vinculación a proceso. Por lo expuesto con antelación, quien esto resuelve considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista artículos 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; de ahí que en términos del artículo 63, fracción V, del ordenamiento en cita, resulta procedente sobreseer en el juicio de amparo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 72, 73, 75 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se: R e s u e l v e ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 50/2023-III-B, promovido por ********************por conducto de su defensor particular ********************, en contra el auto de vinculación a proceso dictado el siete de diciembre de dos mil veintidós en la carpeta administrativa ********************atribuido al Juez de Control del Distrito Judicial de Lerma, Estado de México, en términos de lo expuesto en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese. Toluca, Estado de México, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito por el cual el quejoso Heriberto Peña González, interpone revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; por lo que, con fundamento en los artículos 81, fracción I inciso e) y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho medio de impugnación. Con copias del escrito de expresión de agravios que presenta, agréguese una copia de este expediente y las restantes, distribúyanse entre las partes del presente juicio constitucional, con excepción de la recurrente. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, el cual deberá estar integrado únicamente con copias del escrito de expresión de agravios, así como del presente proveído, sin que sea necesario agregar más actuaciones en razón de que la totalidad de las mismas se encuentran en el expediente electrónico de este sumario. Se instruye al Secretario para que dé seguimiento puntual a la integración de la revisión interpuesta; asimismo, dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que se encuentre debidamente constituido el expediente (glosadas las constancias de notificación a las partes de la resolución impugnada, distribuida la copia de los agravios y notificación del presente acuerdo), sin previo acuerdo, proceda a la remisión del recurso al Tribunal de Alzada. Asimismo, se comisiona al oficial judicial "A", para que realice la vinculación del expediente para que pueda ser visualizado por el Tribunal de Alzada. Finalmente, una vez integrado este expediente, remítase sin previo acuerdo al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, en conjunto de las constancias necesarias para la tramitación del referido recurso, solicitando atentamente al Tribunal de Alzada del conocimiento acuse recibo, de no tener inconveniente.
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Toluca, Estado de México, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito por el cual el quejoso Heriberto Peña González, interpone revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; por lo que, con fundamento en los artículos 81, fracción I inciso e) y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho medio de impugnación. Con copias del escrito de expresión de agravios que presenta, agréguese una copia de este expediente y las restantes, distribúyanse entre las partes del presente juicio constitucional, con excepción de la recurrente. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, el cual deberá estar integrado únicamente con copias del escrito de expresión de agravios, así como del presente proveído, sin que sea necesario agregar más actuaciones en razón de que la totalidad de las mismas se encuentran en el expediente electrónico de este sumario. Se instruye al Secretario para que dé seguimiento puntual a la integración de la revisión interpuesta; asimismo, dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que se encuentre debidamente constituido el expediente (glosadas las constancias de notificación a las partes de la resolución impugnada, distribuida la copia de los agravios y notificación del presente acuerdo), sin previo acuerdo, proceda a la remisión del recurso al Tribunal de Alzada. Asimismo, se comisiona al oficial judicial "A", para que realice la vinculación del expediente para que pueda ser visualizado por el Tribunal de Alzada. Finalmente, una vez integrado este expediente, remítase sin previo acuerdo al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, en turno, en conjunto de las constancias necesarias para la tramitación del referido recurso, solicitando atentamente al Tribunal de Alzada del conocimiento acuse recibo, de no tener inconveniente. Notifíquese. Así lo proveyó Alfonso Alexander López Moreno, Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, asistido del Secretario Juan José Pulido Rogel, que da fe.
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