Heriberto Muñoz López
Expediente 1409/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 11 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1409/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 09/04/2018
Partes del expediente
- Heriberto Muñoz López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Toluca, Estado de México, nueve de abril de dos mil dieciocho. Agréguese para los efectos legales conducentes el oficio signado por la Secretaria adscrita al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, por medio del cual remite el original del juicio de amparo indirecto 1409/2017, con su anexo y testimonio de la ejecutoria emitida en el amparo en revisión 16/2018, en la que se determinó: "PRIMERO. Se confirma la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso Humberto Muñoz López, contra el acto reclamado al Juzgado de Ejecución de Sentencias de Tenancingo, del Estado de México, consistente en la resolución de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 67/2014, así como su ejecución reclamada al Director del Centro de Prevención y Readaptación Social de Sultepec, México." Agréguense las actuaciones originales del cuaderno de antecedentes. Acúsese recibo, háganse las anotaciones respectivas y archívese como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de depuración ya que se negó el amparo y carece de relevancia documental. Finalmente, devuélvanse las constancias que remitió a las presentes actuaciones y solicítese el acuse recibo.
- Principal
Toluca, Estado de México, veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese el escrito signado por el autorizado del quejoso, mediante el cual interponen revisión contra la sentencia dictada en este juicio, con fundamento en los artículos 81, fracción I y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el referido medio de impugnación; distribúyanse entre las partes el mismo y una vez integrado el expediente, remítase al Tribunal de Alzada.
- Principal
Toluca, Estado de México, once de diciembre de dos mil diecisiete. Agréguese el escrito del autorizado de la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, expídanse en un tanto las copias que solicita, previa razón de recibo.
- Principal
Toluca, Estado de México, seis de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal, se advierte que no obra constancia de notificación de la sentencia terminada de engrosar el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, a la parte quejosa y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado. Atento a lo anterior, se comisiona al actuario de la adscripción para que realice las notificaciones correspondientes. EN ATENCION AL ACUERDO ANTERIOR, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA SENTENCI ADE ESTE JUICIO A LA PARTE QUEJOSA, SENTENCIA QUE MENCIONA LO SIGUIENTE: V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 1409/2017-IV-A; y, R E S U L T A N D O: ÚNICO. Por escrito ingresado el cinco de septiembre de dos mil diecisiete ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales, remitido el mismo día a este juzgado; Heriberto Muñoz López solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal. Admitida la demanda y luego de las formalidades de ley, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37, y 107, fracción V de la Ley de Amparo; 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General número 03/2013 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en atención a que la parte quejosa reclama actos de autoridades cuya residencia se ubica dentro de la jurisdicción de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, debe tenerse como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: 1.- Juez de Ejecución de Sentencias de Tenancingo, Estado de México; y, 2.- Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Sultepec, Estado de México; Autoridades de quienes se reclama: - La resolución de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 67/2014, relativa al recurso de reconsideración hecho valer por el quejoso, y su ejecución. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Las autoridades de referencia al rendir su respectivo informe justificado aceptaron la existencia del acto que se les reclama, por lo que así debe tenerse. Lo anterior se corrobora con los autos que integran el expediente de ejecución 67/2014, a las cuales se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria. CUARTO. Causales de improcedencia. Este juzgado no advierte la actualización de alguna causa de improcedencia y las partes no hicieron valer alguna, por lo que procede realizar el estudio de fondo del asunto. Los conceptos de violación esgrimidos son infundados sin que se advierta que deba suplirse su deficiencia en términos de lo dispuesto por el numeral 79 fracción III, inciso a) de la Ley de la Materia. Previo a constatar lo anterior, en el caso, se tienen los siguientes antecedentes: El tres de diciembre de dos mil diez, el juez de la causa dictó sentencia condenatoria a Heriberto Muñoz López, al considerarlo penalmente responsable por la comisión del delito de robo equiparado (en la hipótesis de utilizar un vehículo robado en la comisión de otros delitos), imponiéndole una pena privativa de libertad de doce años, seis meses de prisión. Inconforme con la sentencia, Heriberto Muñoz López interpuso apelación; recurso del que conoció la Segunda Sala Colegiada Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y mediante resolución de nueve de marzo de dos mil once, dictada en el toca 445/2010, modificó la sentencia apelada con relación a la sanción pecuniaria, dejando intocada la pena privativa de libertad. En desacuerdo con lo anterior, Heriberto Muñoz López promovió amparo directo, del que conoció el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, y mediante ejecutoria de seis de diciembre de dos mil doce, dictada en el expediente 175/2012, concedió el amparo solicitado para que la responsable: "1. Deje insubsistente la sentencia reclamada. 2. Dicte otra en la que reitere todos los aspectos estimados constitucionales en este fallo. 3. Modifique la resolución de primera instancia que conoció en apelación y, conforme a lo expuesto en esta ejecutoria, establezca el grado de punición que corresponda a los sentenciados, el cual deberá ser inferior al determinado primigeniamente. 4. Modifique la determinación apelada, con el propósito de señalar que para efectos de cómputo de la pena de prisión impuesta, deberá abonarse el tiempo de prisión preventiva que han sufrido los sentenciados, en el entendido de que están privados de la libertad con motivo de los hechos, desde el veintiuno de marzo de dos mi nueve." El diecisiete de febrero de dos mil catorce, se formó el expediente 67/2014, con motivo de la solicitud de Heriberto Muñoz López relativa a la remisión parcial de la pena y tratamiento preliberacional. Seguido el procedimiento, el treinta de junio de dos mil catorce, veinticuatro de agosto y catorce de diciembre de dos mil quince, se negó el tratamiento de prelibertad solicitado. El uno de diciembre de dos mil dieciséis, se tuvo por recibió el oficio del Director Técnico Legal de la Dirección General de prevención y Readaptación Social del Estado de México, por el que remitió el expediente clínico criminológico del ahora quejoso, con lo que inició el procedimiento respectivo. El catorce de diciembre de dos mil dieciséis, se negó la remisión parcial de la pena solicitada por el Consejo Técnico Interdisciplinario. Inconforme con lo anterior, Heriberto Muñoz López promovió recurso de reconsideración, por lo que el dieciocho de enero de dos mil diecisiete la juez responsable confirmó la resolución impugnada, y señaló el mes de diciembre del año en curso para la revaloración de Heriberto Muñoz López, en sesión de Consejo Técnico Interdisciplinario. Inconforme con la resolución anterior, Heriberto Muñoz López promovió amparo indirecto, del que conoció este Juzgado de Distrito, y por sentencia de treinta de junio de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 163/2017, concedió el amparo solicitado para lo siguiente: "I. Deje insubsistente la resolución de dieciocho de enero de dos mil diecisiete, dictada en el recurso de reconsideración tramitado en el expediente 67/2014; y, hecho lo anterior, II. Emita una nueva, la cual podrá ser en el mismo sentido o en uno diverso, pero en caso de reiterar la negativa de otorgar el beneficio de la remisión parcial de la pena al quejoso, deberá purgar los vicios formales precisados en la presente resolución, este es: Prescindir del estudio en el que el beneficio de la remisión parcial de la pena dependa de cuestiones no establecidas en la legislación aplicable al caso, en atención a la temporalidad en que tuvieron verificativo el hecho punitivo; Otorgar valor a todos y cada uno de los dictámenes practicados al aquí quejoso y realizar un análisis de forma conjunta de los mismos a fin de determinar si el justiciable es apto para ser reinsertado a la sociedad; En caso de determinar que el quejoso no puede ser reinsertado, justificar el por qué, de manera fundada y motivada. En cumplimiento a la sentencia que concedió el amparo, mediante resolución de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, la Juez responsable confirmó la resolución de catorce de diciembre de dos mil dieciséis, determinando que no podía otorgarse al quejoso el beneficio de la remisión parcial de la pena. Resolución que constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. Ahora bien, la parte quejosa como conceptos de violación expone que se viola en su perjuicio lo establecido en el artículo 14 Constitucional, en razón de que no se cumple con las formalidades esenciales del procedimiento. Indica también, que en los juicios del orden criminal se debe aplicar la ley exactamente, por lo que en términos del artículo 100 de la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad, se deben tomar en cuenta los día laborales, de ahí que la responsable no realizó un análisis de tales días, así como tampoco de los días de escuela a los que asistió, por lo que el cómputo respectivo debe realizarse con exactitud, desde luego considerando los días de escuela y los laborables, sin embargo la juez responsable no los tomó en cuenta a pesar de que constan en el estudio de trabajo social. No asiste razón al quejoso. En efecto, de inicio debe precisarse que la readaptación social no opera en forma mecánica ni automática por el simple hecho del tiempo que haya transcurrido en reclusión el interno, tratándose de una pena de prisión impuesta que sea excesiva, a efecto de reducirle la sanción y tenerle por compurgada la misma, ya que en todo caso, es indispensable para el otorgamiento de ese beneficio, que no solamente el interno observe buena conducta en prisión, así como participe en las actividades laborales, educativas y recreativas que se organicen en el establecimiento, sino también es fundamental que revele por otros datos efectiva readaptación social, siento este último el factor determinante para la concesión o negativa del beneficio en mención, tal y como lo consideró la autoridad responsable. Por consiguiente, la remisión parcial de la pena no puede fundarse exclusivamente en los días de trabajo en prisión por parte del interno -como lo estima el quejoso-, si por otra parte, sin causa justificada descuida su participación en las diversas actividades educativas y recreativas que incluyen las deportivas, pues derivado entre otros datos, el juez apreciará que el enjuiciado revela signos de una efectiva readaptación social. Lo anterior se confirma al tener en consideración que el artículo 100 de la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad para el Estado de México, citado por el quejoso, establecía: "Artículo 100. Por cada dos días de trabajo del interno, se hará la remisión de uno de prisión, siempre que observe buena conducta, participe regularmente en las actividades educativas y recreativas que se organicen en el Centro Preventivo y de Readaptación Social y que a juicio del Consejo Técnico Interdisciplinario ahora Juez Ejecutor de Sentencias, revele por otros datos efectiva resocialización. Este último criterio será en todo caso factor determinante para la concesión o negación de la remisión parcial de la pena." Del numeral transcrito se pone de manifiesto los requisitos que se deben tomar en consideración para conceder el beneficio conocido como remisión parcial de la pena, que opera en función al comportamiento del enjuiciado y al grado de readaptación a la sociedad, pues esa es la finalidad de la pena de prisión impuesta, entender que el delincuente pueda reinsertarse a la sociedad; de ahí que la responsable esté en lo correcto al asentar que para otorgar ese beneficio no solamente se debe tomar en consideración que el interno observe buena conducta, sino que también se advierta de otros datos que el enjuiciado revela verdaderos signos de una efectiva readaptación social. Sin que pase inadvertido que el citado artículo 100 de la Ley de Ejecución de Penas Privativas y Restrictivas de la Libertad publicada por Decreto en la Gaceta del Gobierno el veintiséis de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco, señalara que a "juicio del Consejo Técnico Interdisciplinario, se revelara por otros datos, efectiva resocialización", toda vez que esa circunstancia no significa que deba estarse a la decisión de dicho Consejo Técnico, dado que en aquella época, el legislador indebidamente le otorgó la posibilidad de resolver sobre la solicitud del beneficio en la ejecución de penas, cuando que conforme a las facultades que contaban los juzgadores, consagradas en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre la reserva judicial de la imposición de las penas, la restricción de los bienes del autor del delito sólo podía ser consecuencia de la función jurisdiccional ejercida por los tribunales competentes, que es a quien correspondía en todo momento decidir sobre los beneficios solicitados y determinar si se encontraba cumplida la resocialización solicitada, con base en los diversos dictámenes obtenidos, ya sea ordenados por ese Consejo Técnico o por el propio arbitrio judicial durante la tramitación del incidente en que se resuelve la solicitud del sentenciado. De ahí que, el aspecto de que no restara expresamente eficacia probatoria a la emitida por el Consejo Técnico Interdisciplinario, se considera insuficiente para otorgar la protección constitucional, toda vez que se aprecia correcta la determinación de la Juez de Ejecución sustentada en la valoración de las experticias que emitieron los expertos en la materia de psicología, además si el aludido precepto 100 requiere que exista una "efectiva resocialización", basta estimar que si dichas periciales concluyeron con diversas observaciones, es lógico que se estimara que ese requisito no estaba evidentemente demostrado. En el mismo sentido, el numeral 192 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, publicado el veintiuno de diciembre de dos mil cinco, citado por la responsable -de similar contenido-, establece: "Artículo 192.- Por cada dos días de trabajo del interno se hará remisión de uno de prisión, siempre que observe buena conducta, participe regularmente en las actividades educativas y recreativas que se organicen en el centro preventivo y de readaptación social y que a juicio del Juez Ejecutor de Sentencias, revele otros datos de efectiva resocialización. Este último criterio será en todo caso factor determinante para la concesión o negación de la remisión parcial de la pena, por parte del Juez Ejecutor de Sentencias." Porción normativa de la que también se advierte que, la remisión parcial de la pena, que opera en función al comportamiento del enjuiciado siempre que observe buena conducta, participe regularmente en las actividades educativas y recreativas que se organicen en el centro carcelario. Resulta aplicable la tesis sustentada por el entonces Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 65, volumen 87, Sexta Parte, Materia Penal, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, del rubro y contenido siguientes: "PENA, REMISIÓN PARCIAL DE LA. READAPTACIÓN SOCIAL, COMO REQUISITO FUNDAMENTAL. La concesión de la remisión parcial de la pena no podrá fundarse exclusivamente en los días de trabajo, en la participación de actividades educativas y en el buen comportamiento, sino que fundamentalmente deberá descansar sobre la consideración de que el sentenciado haya revelado, por otros datos, efectiva readaptación social, según se desprende del artículo 16 de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados." En complemento a lo anterior, el artículo 18 Constitucional, establece que el fin de todo sistema o régimen penitenciario, consiste en lograr la reinserción social del sentenciado, procurando en la mayor medida que éste no vuelva a delinquir, desee vivir conforme a la ley y que su manutención la satisfaga con el producto de su trabajo, para lo cual deben implementarse los medios necesarios de capacitación y, en los casos que sea procedente, de remisión parcial de la pena, tratamiento preparatoria para la liberación o de libertad condicional; sin embargo, debe distinguirse que su párrafo segundo, tiene la función preponderante de ordenar la consecución o la procuración de ciertos fines dentro del sistema penitenciario, es decir, establece determinadas directrices que deben regir la actuación de legisladores, Jueces y autoridades administrativas. De este modo, surge la obligación a cargo de dichas autoridades de garantizar que los establecimientos penitenciarios cuenten con ciertas cualidades; a saber: la posibilidad de acceder al trabajo, a la capacitación para el mismo, a la educación, a la salud y al deporte; todo ello, en el marco de un sistema respetuoso de la dignidad y los derechos del sentenciado. En suma, aquellas autoridades están obligadas a procurar la generación de un régimen penitenciario con tales características, cuyo principal propósito sea desincentivar la comisión de nuevas conductas delictivas por parte de quienes logran obtener su libertad; es decir, evitar que cuando el sentenciado recupere su libertad, continúe teniendo los mismos incentivos que antes para delinquir, para lo cual, la prisión debe ofrecerle medios para su crecimiento como persona, en el ámbito educativo, laboral y deportivo. Al respecto, cabe señalar que la procuración de tal fin, no implica que sea posible coaccionar al sujeto, haciéndolo acreedor de castigos con motivo de su rechazo a tales ofertas educativas, laborales o simplemente de formación personal. En definitiva, lo que debe ser enfatizado, es que, bajo este modelo, las instituciones penitenciarias deben funcionar de tal forma que permitan garantizar al sentenciado la posibilidad de acceder a los medios de reinserción (salud, deporte, trabajo y capacitación para el mismo); tomando en cuenta de que debe ser la lógica de la protección de los derechos humanos, la que inspire y determine el funcionamiento de esas instituciones, de tal forma que se garanticen condiciones de vida digna en prisión. Desde esa óptica, es que no deben confundirse los fines del sistema penitenciario con la justificación para la obtención del beneficio mencionado, puesto que el hecho de que los beneficios sean medios adecuados para incentivar la reinserción, no se sigue que su otorgamiento sea incondicional ni que deban ser considerados un derecho fundamental que asiste a todo sentenciado, ya que, si bien el párrafo segundo del artículo 18 constitucional admite la posibilidad de que se otorguen beneficios a quien esté en posibilidad de ser reinsertado, de su texto no se aprecia que exista prohibición dirigida al legislador en el sentido de impedirle condicionar tal otorgamiento; por el contrario, la norma constitucional establece que será la ley secundaria donde se preverán los beneficios acordes al modelo de sistema penitenciario que diseña la Constitución Federal. Dicho de otra manera, la propia Constitución prevé la posibilidad de que el legislador establezca beneficios penitenciarios a favor de los sentenciados, como parte de la base para lograr la reinserción social del mismo; sin embargo, el establecimiento de dichos beneficios representa la facultad de libre configuración legislativa, en el sentido de que cuenta con un amplio margen en el diseño legislativo de los mismos, que al hacerlo debe apegarse siempre al respeto a los derechos fundamentales; por tanto, su limitación, sólo se justifica en aras de la defensa de los propios derechos fundamentales. Por ello, el que se establezcan condiciones de necesaria concurrencia para el otorgamiento del beneficio de remisión parcial de la pena, así como el otorgamiento de facultades de apreciación al Juez para que, a la luz de los requisitos legales y del caso concreto, otorgue o no dichos beneficios, no resulta contrario al artículo constitucional en cuestión, pues sólo denotan la intención del legislador de que ciertas conductas delictivas conlleven tratamiento más riguroso, con el fin de proteger, igualmente los derechos de la sociedad a la paz y a la seguridad social. Además, dichas condiciones están racionalmente conectadas con el fin que se pretende alcanzar, esto es, con la reinserción social del sentenciado, sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación y el deporte, como dispone el precepto constitucional en cuestión. De ahí que, se estime que los condicionamientos se insertan en el válido marco de política criminal que el artículo constitucional citado delega al legislador, de conformidad con la facultad de libre configuración legislativa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 16/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 951, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "BENEFICIOS PENALES PARA LOS SENTENCIADOS. EL HECHO DE QUE SE CONDICIONE SU OTORGAMIENTO, NO ES CONTRARIO AL ARTÍCULO 18, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El establecimiento de beneficios preliberacionales por el legislador tiene una finalidad eminentemente instrumental, ya que éstos constituyen los medios o mecanismos para generar los resultados y fines que el artículo 18, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé para el régimen penitenciario, como son lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. Desde esta óptica, no deben confundirse los fines del sistema penitenciario con la justificación para obtener el beneficio de tratamiento preliberacional, pues el hecho de que los beneficios sean medios adecuados para incentivar la reinserción, no implica que su otorgamiento sea incondicional ni que deban considerarse un derecho fundamental que asiste a todo sentenciado, ya que si bien es cierto que el artículo 18, párrafo segundo, constitucional admite la posibilidad de que se otorguen beneficios a quien esté en posibilidad de ser reinsertado, de su texto no se aprecia que exista prohibición dirigida al legislador en el sentido de impedirle condicionar tal otorgamiento; por el contrario, la norma constitucional establece que será en la ley secundaria donde se preverán los beneficios acordes al modelo de sistema penitenciario que diseña la Constitución General de la República. Por tanto, el hecho de que el legislador establezca condiciones de concurrencia necesaria para el otorgamiento de los beneficios de tratamiento preliberacional, así como el otorgamiento de facultades de apreciación al juez para que, a la luz de los requisitos legales y del caso concreto, conceda o no dichos beneficios, no es contrario al artículo 18 de la Constitución Federal, pues sólo denota la intención del legislador de que ciertas conductas delictivas conlleven tratamiento más riguroso, en aras de proteger los derechos de la sociedad a la paz y a la seguridad sociales." En ese contexto, la responsable consideró que los día laborados en internamiento por el aquí quejoso, le alcanzan para que el tiempo que le falta para cumplir la pena de prisión impuesta se remita, sin embargo, consideró que no se encuentra en condiciones legales para obtener el tratamiento en prelibertad en relación al beneficio de la remisión parcial de la pena, puesto que valoró las observaciones que se realizaron en las áreas médica, educativa y de trabajo social, mismas que consideró de mayor envergadura que el resultado de las áreas donde evidenció avances favorables. En efecto, la responsable precisó que por cuanto hace al área de trabajo social el señalamiento fue respecto de las personas que lo están apoyando -madre, padrastro y patrón laboral-, en el sentido de que se involucren con el tratamiento sicológico y si lo han realizado, pues bastaría que lo hubieran acreditado con la exhibición de las credenciales de visita al centro penitenciario. Lo anterior, lo robusteció con las observaciones del área médica, donde se hizo mención sobre el "Programa de los Doce Pasos", que si bien no está señalado en ninguna disposición legal, lo cierto es que el área médica tiene entre sus facultades aplicar la medicina preventiva, quedando incluida en ella dicho programa, siendo que su problema no es únicamente el consumo de alcohol, sino también de cocaína. En suma a lo anterior, tomó en consideración que por parte del área de trabajo social se hizo la observación en que se debe tener la certeza de que las personas propuestas están comprometidas con el tratamiento sociológico y acuden al centro carcelario para ello y para la visita al interno, aunado a que si existe relación entre el interno y su padrastro, entonces sea éste quien ejerza la tutela. En función a lo anterior, se estima correcta la apreciación de la responsable al considerar esas opiniones técnicas para determinar que no existen condiciones legales para que el quejoso obtenga el tratamiento en prelibertad, pues como se ha observado del contenido de las mismas, se pone de manifiesto que el quejoso no se encuentra en condiciones de ser reinsertado a la sociedad, que es precisamente la finalidad de permanecer recluido. Por ende, resulta infundado el concepto de violación que hizo valer el quejoso en el sentido de que cumple con lo previsto en lo dispuesto por el artículo 100 de la Ley de Ejecución de Penal, pues en tal dispositivo también se prevé como requisito para tal beneficio que el interno revele una efectiva resocialización, lo que como se ha visto, tomando en cuenta principalmente las opiniones técnicas en materia de medicina y trabajo social, realizaron las observaciones ya destacadas, por esa razón, se comparte el criterio de la responsable en el sentido de considerar que dicho quejoso no se encuentra en condiciones para obtener ese tratamiento. Por consiguiente, se observó que existen factores que evidenciaron la buena conducta del sentenciado, la participación en las actividades educativas, recreativas y deportivas que se organizaban en el establecimiento e incluso, presentó evolución favorable en los aspectos psicológico, médico y sociológico; sin embargo, éstos fueron insuficientes para revelar una efectiva resocialización. Asimismo, contrario a lo que señala el quejoso, la resolución se encuentra fundada y motivada, porque el juez responsable, la fundó en los artículos 14, 16, 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, 89, 102 y 104 bis, de la Constitución Política del Estado de México, 89 del Código Penal vigente en la entidad, 192 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, 52, 53, 54, 55 y 56 del Reglamento Interior de los Juzgados de Ejecución de Sentencias, aunado a que estableció las razones de acuerdo a dichos preceptos, además de exponer del porque confirmó la sentencia en la cual determinó que no era factible por ese momento otorgarle al interno aquí quejoso el beneficio de remisión parcial de la pena, además de especificarle qué medios de prueba tomó en consideración para ello, las cuales transcribió en su parte conducente y analizó. En las relatadas condiciones, debe negarse el amparo solicitado. Negativa que se hace extensiva a la autoridad ejecutora Director del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Sultepec, Estado de México, al no reclamarse la ejecución del acto reclamado por vicios propios. Cobra aplicación, la tesis visible en el tomo I primera parte del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, pagina 357, Octava Época, que dispone: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º fracción I, 37, 61, 62, 63, 74, 75, 77 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión No ampara Ni Protege a Heriberto Muñoz López por propio derecho, contra las autoridades señaladas como responsables y por cuanto hace al acto precisado en el considerando segundo de la presente sentencia.
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