Hercules Rosario Saquelares Leyva

Expediente 80/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
80/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
23/03/2018

Partes del expediente

  • Hercules Rosario Saquelares Leyva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales el escrito signado por Hércules Rosario Saquelares Leyva, mediante el cual solicita la devolución de documentos. En consecuencia y con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, como lo solicita el promovente, hágase la devolución de la documentación a que hace referencia y entréguese a cualesquiera de las personas que autoriza, previa copia certificada de los mismos a su costa y toma de razón que se deje en autos.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, advirtiéndose que ha transcurrido el término señalado por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja en contra del proveído de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, por el que se desechó la demanda de garantías promovida por Hércules Rosario Saquelares Leyva; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de la materia, en términos de su artículo 2º., se declara que dicho proveído ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. De conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, fracción I, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de destrucción, dado que, por auto de veintidós de febrero de dos mil dieciocho, se desechó la demanda de garantías en el presente expediente; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, el doce de febrero de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales el escrito signado por el quejoso Hércules Rosario Saquelares Leyva, mediante el cual solicita la devolución de documentos. Dígasele al promovente que una vez que quede firme el auto de veintidós de febrero del año en curso, en que se desechó la demanda de amparo, se acordará de conformidad su solicitud.

  4. Principal

    Se notifica por medio de lista de acuerdos a la parte quejosa Hércules Rosario Saquelares Leyva el proveído dictado el veintidós de febrero de dos mil dieciocho que dice:Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los presentes autos el escrito firmado por Hércules Rosario Saquelares Leyva, mediante el cual da cumplimiento a la prevención que se le hizo en proveído de trece de febrero del año que transcurre. En principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar el escrito aclaratorio relativo a la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Es aplicable al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, visible en la página 648, del Tomo IX, correspondiente al mes de Enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro expresa: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio". En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES: Junta Especial Número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS. "La vulneración de garantías y derechos del suscrito, al permitir la responsable ordenadora un ilegal emplazamiento, donde no fui debidamente emplazado conforme a los lineamientos que marca la ley de la materia y, por ende, erróneamente emite un acuerdo en ese sentido, por lo que se me violenta mis derechos de manera absoluta, siendo que existen diversos fundamentos legales y adicionalmente criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que robustecen lo violentado, tal como se expondrá en los puntos siguientes del presente Amparo, ya que la responsable actúa de forma errónea y parcial hacia mi contraparte, tal como consta en el Juicio Principal señalado al rubro.". En el escrito aclaratorio agregó: ".Manifiesto que el Procedimiento Laboral de donde emanan los actos reclamados, se encuentra en trámite, ante la autoridad responsable ordenadora H. Junta Especial número: 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, que se precisa en el inciso a), hora número 2, del capítulo de autoridades responsables, de la demanda inicial de amparo promovida por el suscrito, ignorando totalmente la etapa en que se encuentra el juicio de donde emanan los actos reclamados, por ser tercero extraño a un procedimiento ."; Ahora bien, de un análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que se configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a).Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; b). Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c). Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d). Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". De la disposición legal transcrita, se sigue que el juicio de amparo indirecto es improcedente, es una regla de aplicación general, y la propia ley reglamentaria establece ciertas excepciones atendiendo, particularmente, a la índole del que solicita el amparo, y a la naturaleza del acto reclamado, por lo que no será necesario que se agoten los recursos ordinarios o medios de impugnación procedentes antes de acudir al juicio de garantías cuando el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; cuando el acto reclamado consista en alguna orden de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto, auto de vinculación a proceso, o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, cuando se trate de persona extraña al procedimiento. En ese sentido, los contados casos de excepción a este principio, son de aplicación estricta, pues así han quedado expresamente definidos en la ley. Lo anterior de conformidad con la tesis de jurisprudencia 1861, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la página 2106, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte - TCC Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Novena Época, Materia Común, que señala: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas.". En el presente caso, el quejoso Hércules Rosario Saquelares Leyva no le reviste el carácter de persona extraña por equiparación, y tampoco se advierte que se encuentre en diverso supuesto que configure uno de los casos de excepción al citado principio rector. Se dice lo anterior pues la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio, comparece a dicho proceso judicial o bien es patente que tiene conocimiento de su existencia cuando aún no ha sido resuelto mediante sentencia definitiva, siendo innecesario que concurran ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que basta que el promovente del amparo tenga conocimiento del juicio seguido en su contra antes de que se dicte sentencia para que pierda el carácter de extraño al juicio, ello en virtud de estar en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su derecho de audiencia. Ahora de la lectura integral de la demanda de amparo, se considera que la misma resulta improcedente, en atención a que contra los actos reclamados, consistentes en el ilegal emplazamiento al juicio del que derivan los actos reclamados y sus consecuencias legales, procede el incidente de nulidad de notificaciones, en atención a que de las manifestaciones que hizo el quejoso en su demanda de amparo y su escrito aclaratorio se advierte se encuentra en trámite pues aún no se ha dictado el laudo correspondiente en el juicio laboral del que derivan los actos reclamados. Ahora los preceptos 735, 752, 761, 762, 763 y 764 de la Ley Federal del Trabajo, establecen: Artículo 735. Cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un término éste será el de tres días hábiles. Artículo 752. Son nulas las notificaciones que no se practiquen de conformidad a lo dispuesto en este Capítulo. Artículo 761. Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueve, salvo los acasos previsto en esta Ley. Artículo 762. Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. Nulidad; Competencia; Personalidad, Acumulación y Escusas. En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar de manera conjunta el contenido de los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo, en torno al incidente de nulidad de notificaciones en el juicio laboral, ha sustentado que para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, como lo es aquel que tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al juicio laboral, a fin que la Junta de Conciliación y Arbitraje se pronuncie sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en la ley, en que destaca que de haber conocido el afectado la violación hasta después de emitido el laudo, puede reclamar esta última en amparo directo junto con la violación procesal. Sirve de fundamento la Jurisprudencia 2a./J. 65/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 259 del Tomo: XVI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta julio de 2002, Materia Laboral, Novena Época, que dice: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO LABORAL. ESTE INCIDENTE, RESPECTO DE LAS PARTES QUE HAN COMPARECIDO, CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA Y DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, EXCEPTO CUANDO LA PARTE AFECTADA SE ENTERA DESPUÉS DEL LAUDO.". Asimismo el incidente de nulidad de notificaciones debe promoverse dentro del plazo de tres días establecido en el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, a partir de que el afectado tenga conocimiento o se manifieste sabedor de la actuación que le agravia, y que se contará además el día de su vencimiento, en los términos de la Jurisprudencia 2a./J. 156/2004, consultable en la foja 69 del Tomo XX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, noviembre de 2004, Materia Laboral Novena Época que a continuación se reproduce: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. EL INCIDENTE RELATIVO DEBE PROMOVERSE DENTRO DEL PLAZO GENÉRICO DE TRES DÍAS HÁBILES PREVISTO EN EL ARTÍCULO 735 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, A PARTIR DE QUE EL AFECTADO TENGA CONOCIMIENTO O SE MANIFIESTE SABEDOR DE LA ACTUACIÓN QUE LE AGRAVIA, Y SE CONTARÁ EL DÍA DE SU VENCIMIENTO. El citado precepto establece un plazo genérico de tres días hábiles para la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho cuando no tengan fijado alguno, pero no prevé el momento a partir del cual inicia ni cuándo fenece, por lo cual debe tenerse en cuenta el contenido del título catorce (derecho procesal del trabajo), capítulo VI (de los términos procesales), de la Ley Federal del Trabajo, específicamente el artículo 733 que ordena que en el procedimiento laboral los plazos comenzarán a correr el día siguiente al en que surta efecto la notificación, y se contará en ellos el día del vencimiento, y el diverso 764, del cual se advierte que el elemento que debe atenderse para considerar que surte efectos una notificación mal hecha u omitida, es el relativo al momento en el que el afectado tiene conocimiento de la actuación procesal, es decir, el momento en el que se ostenta sabedor de ella. En tal virtud, se concluye que el incidente de nulidad de notificaciones en el procedimiento laboral deberá promoverse dentro del plazo genérico de tres días hábiles, contados a partir del momento en el que el afectado tenga conocimiento o se manifieste sabedor de la actuación procesal cuya nulidad promueve, y se contará el día de su vencimiento.". En consecuencia, si la parte quejosa se ostenta como tercera extraña a juicio por equiparación, tratándose de un juicio laboral que se instruye en su contra en el cual aún no se ha dictado el laudo respectivo, si el promovente del juicio de garantías se hizo sabedor por cualquier medio del procedimiento seguido en su contra, ello hace que no tenga el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación en tanto que tiene la oportunidad de imponerse de los autos para defender sus intereses, por lo que en ese supuesto, en el juicio de garantías se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Por tanto, si el acto reclamado consiste en el ilegal emplazamiento a juicio y sus consecuencias legales en el cual no se ha dictado el laudo correspondiente, resultaba necesario que antes de la promoción del juicio de amparo se agotara el incidente de nulidad de notificaciones previsto en los citados preceptos, pues a través de ese medio de impugnación podrían revocarse, modificarse o anularse tales actos. Finalmente, debe decirse que el quejoso no es tercero extraño al juicio del que derivan los actos reclamados, toda vez que tuvo conocimiento del mismo cuando, más aún que no se ha dictado el laudo respectivo, por lo que no se le ocasionó un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 198/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 698 del Tomo XXIX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 2009 Tomo 2 Materia Laboral Novena Época, del siguiente contenido: "TERCERO EXTRAÑO A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER EL QUEJOSO QUE SE OSTENTE SABEDOR DEL PROCEDIMIENTO LABORAL SEGUIDO EN SU CONTRA EN CUALQUIERA DE SUS ETAPAS HASTA ANTES DE LA EMISIÓN DEL LAUDO, POR ESTAR EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LOS AUTOS Y DEFENDER SUS INTERESES. Si el quejoso en el juicio de garantías se ostenta como tercero extraño por equiparación pero cuando de autos se desprenda que por cualquier medio se hizo sabedor del procedimiento laboral incoado en su contra y aún no se ha dictado el laudo, no puede considerarse que tenga dicho carácter, por no estar en el supuesto relativo a que el ilegal emplazamiento le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que si promueve el juicio de garantías en estas últimas circunstancias, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haber agotado el principio de definitividad, pues previamente al ejercicio de la acción constitucional debió promover el incidente de nulidad de notificaciones a que se refieren los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo.". Así como la Jurisprudencia 2a./J. 47/2011 (10a.), registro 2000293, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1627 del Tomo 2 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro V, Febrero de 2012 Materia Laboral, Décima Época, del siguiente contenido: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo.". En tal virtud al no cumplirse en la especie con el principio de definitividad, es incuestionable la improcedencia del presente juicio de amparo, conforme a la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. y 107, fracción III, Constitucional, lo cual da lugar a desechar, por notoriamente improcedente, la demanda intentada, con fundamento, además, en el precepto 113 del citado ordenamiento.

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