Heraclio Borquez Galaviz

Expediente 321/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 17 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
321/2018
Año
2018
Actuaciones
17
Última actuación
27/06/2019

Partes del expediente

  • Heraclio Borquez Galaviz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación al proveído de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, respecto a la declaración que hizo este Juzgado en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida, por tanto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado el presente acuerdo sin necesidad de nuevo proveído, previa anotación en el libro de gobierno, archívese el presente expediente como definitivamente concluido. Con apoyo en la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de depuración, dado que, por resolución de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en el presente juicio; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Asimismo, de conformidad con la fracción III, del apartado Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del citado acuerdo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes judiciales, se precisa que el original del cuaderno de suspensión, es susceptible de depuración, dado que se concedió la medida cautelar provisional y definitiva, respecto de los actos reclamados, motivo por el cual, se deberá conservar copia de la demanda y de las citadas medidas; lo que deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirán tanto el juicio de amparo como el original del incidente de suspensión, mismos que se enviarán en forma separada, una vez que transcurran más de tres años de ordenado su archivo, quien deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes; en la inteligencia de que, el duplicado del incidente de suspensión respectivo, es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde con la fracción III, del apartado vigésimo, del Acuerdo General reseñado. Ahora bien, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha quince de junio de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia interlocutoria por la que se negó definitivamente la suspensión de los actos reclamados, que obran en el cuaderno original del incidente respectivo; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hizo en proveído de seis de mayo del presente año, del oficio suscrito por la autoridad responsable Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Titular de la Unidad Integral del Ministerio Público de lo Penal, con residencia en Guasave, Sinaloa, inherente al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Es necesario precisar que la sentencia constitucional fue emitida el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, en el sentido de conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal al quejoso Heraclio Borquez Galaviz, misma que fue confirmada por el Magistrado del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, dentro de la toca de revisión 559/2018 de su índice; misma que el veintidós de abril de dos mil diecinueve, se requirió a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Titular de la Unidad Integral del Ministerio Público de lo Penal, con residencia en Guasave, Sinaloa, por el cumplimento de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en el que se actúa. En ese sentido, debe decirse que la resolución emitida el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la autoridad responsable Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común, Adscrito a la Unidad Integral del Ministerio Público de lo Penal, con sede en Guasave, Sinaloa, realice: Deje insubsistente el acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, dictado, dentro de la carpeta de investigación ********************, donde negó la devolución del vehículo ********************, al quejoso. Emita un acuerdo cumpliendo los requisitos de fundamentación y motivación con plenitud de jurisdicción resuelva sobre la solicitud que le hizo el quejoso, pudiendo determinar, en su caso la devolución del vehículo de ser procedente, ante un obstáculo legal en la integración de la carpeta de investigación y la formulación de la importación. Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". En proveído de veintidós de abril de dos mil diecinueve, se requirió por el cumplimiento de ejecutoria a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Titular de la Unidad Integral del Ministerio Público de lo Penal, con residencia en Guasave, Sinaloa. Seguidamente, mediante oficio sin número recibido en la oficialía de partes de este juzgado el dos de mayo de dos mil diecinueve, el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Titular de la Unidad Integral del Ministerio Público de lo Penal, con residencia en Guasave, Sinaloa, informó el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejando insubsistente el acuerdo dictado en fecha veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, dentro de la carpeta de investigación C.I. NUM.: ********************I, y emite un diverso acuerdo de fecha veintinueve de abril de dos mil diecinueve, cumpliendo con los requisitos de fundamentación y motivación sobre la solicitud que le hizo el quejoso, mismo que se le dio vista al quejoso Heraclio Borquez Galaviz, que fue notificada personalmente el siete de mayo del año en curso, por conducto de su apoderado legal sin que haya hecho manifestación alguna al respecto. Ahora bien, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de que la autoridad responsable Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Titular de la Unidad Integral del Ministerio Público de lo Penal, con residencia en Guasave, Sinaloa, ".Deje insubsistente el acuerdo de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, dictado, dentro de la carpeta de investigación ********************, donde negó la devolución del vehículo ********************, al quejoso. Emita un acuerdo cumpliendo los requisitos de fundamentación y motivación con plenitud de jurisdicción resuelva sobre la solicitud que le hizo el quejoso, pudiendo determinar, en su caso la devolución del vehículo de ser procedente, ante un obstáculo legal en la integración de la carpeta de investigación y la formulación de la importación.".. Lo cual ya aconteció. Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; en consecuencia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos. Finalmente, se da cuenta con el escrito suscrito por el licenciado Martín Ventura Guerrero, autorizado legal de la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución de los documentos anexados en su demanda de amparo; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes. Con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, como lo solicita el promovente, hágase la devolución de la documentación a que hace referencia, previa razón que por su recibo y entrega se deje en autos.

  3. Principal

    Visto el oficio de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público del Fuero Común, Titular de la Unidad Integral del Ministerio Público de lo Penal, con residencia en Guasave, Sinaloa, mediante el cual comunica el cumplimiento a la ejecutoria de amparo; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales. En atención a lo anterior, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista con el mismo a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables.

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta suscrito por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Penal del Décimo Segundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, mediante el cual remite copia certificada de la resolución dictada el cuatro de abril de dos mil diecinueve, en el toca número 559/2018 de su índice en la que resuelve lo siguiente: "PRIMERO.- Se confirma la resolución recurrida. SEGUNDO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a Heraclio Borquez Galaviz, en contra del acuerdo de aseguramiento de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, dictado por el agente del Ministerio Público del Fuero Común, adscrito a la Unidad Integral del Ministerio Público de lo Penal, con sede en Guasave, Sinaloa, en la carpeta de investigación GUAS/UIMP/1931/2017/CI, para los efectos precisados en el fallo que se revisa"; agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales, glósese el cuaderno de antecedentes respectivo, hágase lo anterior del conocimiento oportuno de las partes. Acúsese recibo. En ese tenor, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se le comunique el presente acuerdo, cumpla con la ejecutoria de amparo, informe sobre el cumplimiento, o bien, los actos que estén realizando para tal efecto, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa que se determinará desde luego y, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, con fundamento en los artículos 192 y 197 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de la legal notificación de este proveído, indiquen a este Juzgado Federal, de cualquier otra autoridad que tenga o deba intervenir en el cumplimiento de la sentencia, cuya obligación provenga del ámbito de su competencia. Es aplicable la Jurisprudencia de la Décima Época, con registro 2007918, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, del Tomo I, del Libro 12, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Noviembre de 2014, Materia Común, número de Tesis P./J. 54/2014 (10a.), cuyo contenido es: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo.

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