Hercules Aureoles Guadarrama

Expediente 153/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
153/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
30/11/2021

Partes del expediente

  • Benjamin Gallegos Segura
  • Hercules Aureoles Guadarrama

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio remitido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la firma electrónica del Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, Guerrero, mediante el cual envía copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el Conflicto Competencial Administrativo 11/2021, suscitado entre este órgano jurisdiccional y el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Iguala de la Independencia; por tanto, agréguese a los autos el oficio y testimonio de referencia. Acúsese el recibo correspondiente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Hágase saber a las partes que los puntos resolutivos son del tenor literal siguiente: "PRIMERO.- Si existe conflicto competencial entre los Juzgados Noveno y Décimo, ambos de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala de la Independencia y en Chilpancingo de los Bravo, respectivamente. SEGUNDO.- Es legalmente competente el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, con residencia en Iguala de la Independencia, para seguir conociendo del juicio de amparo promovido por Hércules Aureoles Guadarrama, por las razones señaladas en el último considerando de esta sentencia". En mérito de lo anterior, hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Finalmente, vistas las constancias del presente cuaderno de antecedentes, y toda vez que carece de valor institucional histórico o no aporta mayores elementos al acervo archivístico, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en el artículo 21, inciso j), capítulo octavo, relativo a la destrucción de expedientes, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que hayan transcurrido tres años a partir del presente proveído, dado que no obran documentos originales, carece de valor institucional e histórico, ni es considerado de relevancia documental, conforme al Acuerdo General citado. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio remitido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la firma electrónica del Actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en Acapulco, Guerrero, mediante el cual informa que se admitió a trámite el conflicto competencial administrativo, suscitado por el Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Iguala de la Independencia, y éste órgano jurisdiccional, el que quedó registrado bajo el número de expediente 11/2021. Notifíquese por lista electrónica.

  3. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio y anexo de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Iguala de la Independencia, por el cual remite por incompetencia la demanda de garantías promovida por ***, contra actos del Gobernador Constitucional de Guerrero, residente esta ciudad y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 153/2021; fórmese expediente impreso y electrónico. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado, no acepta la competencia legal declinada, pues carece de idoneidad jurídica para conocer del asunto, por los motivos que se exponen a continuación. La competencia es la facultad que tiene un órgano jurisdiccional para ejercer su jurisdicción en determinados asuntos y dentro de cierto territorio; así, un tribunal es competente para conocer de un asunto cuando, hallándose éste dentro del ámbito de su jurisdicción, la ley le reserva su conocimiento con preferencia a los demás órganos. De este modo, la competencia por territorio es el ámbito espacial dentro del cual el juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional, al que se le ha denominado de diversas maneras, ya sea como circuitos, distritos o partidos judiciales. En el artículo 37 de la Ley de Amparo se establecen tres reglas fundamentales para determinar la competencia territorial de los jueces de distrito, atendiendo a la naturaleza de los actos que se reclaman: Cuando el acto requiera ejecución material, la competencia para conocer del juicio de amparo recaerá en el juez que ejerza jurisdicción en el lugar (territorio) donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Del mismo modo, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, el juez competente para conocer del juicio de amparo que se promueva en su contra será aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Esto es, resulta de capital importancia, a efecto de definir la competencia territorial de los jueces de distrito, verificar si el acto reclamado tiene o no ejecución material. Si la tiene, el juez competente será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito, o bien, ha comenzado ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, la competencia recae en el juez ante el que se presenta la demanda. De igual manera, si el acto reclamado no requiere de ejecución material, la competencia se surte en favor del juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En relación con este último supuesto, véase la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo. Ahora bien, a los actos que tienen ejecutividad se les conoce, doctrinaria y jurisprudencialmente, como positivos. Estos actos se traducen en un hacer de las autoridades, voluntario y efectivo, que se presenta con la imposición de obligaciones al individuo, traducidas en un hacer o un no hacer, y que implica una acción, una orden, una privación o una molestia. Se traducen, pues, en un hacer positivo de la autoridad. En cambio, cuando carecen de ejecución material se les conoce como negativos. Un acto es negativo cuando a través de él la autoridad se rehúsa expresamente a obrar en favor de la pretensión del gobernado. La negación se entiende como un no conceder o en decir que una cosa no es cierta. Esta clase de actos se manifiesta con la conducta de las autoridades, que niega lo que los gobernados les solicitan. También los hay negativos con efectos positivos. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia, ha señalado la existencia de los actos negativos con efectos positivos partiendo del conocimiento de los actos negativos; asimismo, los ha definido como: aquellos actos aparentemente negativos, pero con efectos positivos. La limitación de estos actos estriba en los efectos que producen (que se identifican con los efectos producidos por los actos positivos) y que se traducen en actos efectivos de las autoridades que tienden a imponer obligaciones a los individuos. Se distinguen también los actos declarativos. Dichos actos solamente se limitan a evidenciar una situación jurídica determinada, pero no implican modificación alguna de derechos o de situaciones existentes. Pues bien, el quejoso en el apartado correspondiente a los actos reclamados, señaló: a) Del Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, le reclamamos a saber: La aplicación del artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. La designación para el cargo de Magistrados a favor de ***, quienes no cumplen los requisitos establecidos en el artículo 116, Fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. B) El Congreso del Estado de Guerrero, le reclamamos a saber: La inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. La aplicación del artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. La ratificación de los nombramientos de Magistrados hechos por el Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero a favor de ***, quienes no cumplen los requisitos establecidos en el artículo 116, Fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C) La Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación del Congreso del Estado, le reclamamos a saber: La aplicación del artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. El dictamen en virtud del cual se aprueba la elegibilidad para la ratificación de los nombramientos de Magistrados hechos por el Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero a favor de ***, quienes no cumplen los requisitos establecidos en el artículo 116, Fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se señala como autoridad responsable de la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero al Congreso del Estado de Guerrero, en virtud de lo dispuesto por el artículo 3 transitorio de seis de octubre de 1917 de la propia Constitución local, el cual dispone que el Congreso, después de determinadas sus funciones de Constituyente, continuara en su carácter de Constitucional. De esta forma, una vez que se cumple con funciones de Constituyente (incluyendo el procedimiento que establece el artículo 199 de la Constitución del Estado) es el mismo Congreso del Estado quien continua en sucesión del Constituyente, de ahí que se señale como autoridad responsable en cuanto a la emisión del artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero al Congreso del Estado, y su publicación al Gobernador Constitucional. Como se ve, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama la aplicación del artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; así como la designación y ratificación de los nombramientos a Magistrados realizados. De lo que se sigue que el acto reclamado en esta instancia constitucional es declarativo, el cual es atribuido a una autoridad que en efecto se encuentra dentro de la jurisdicción de este juzgado federal, como lo es el Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, quien fue señalado como autoridad responsable; sin embargo, esto último es insuficiente para decretar la incompetencia que el juzgador oficiante plantea. Es decir, en el caso particular dada la naturaleza del acto reclamado, este Juzgado Federal considera que carece de ejecución material, pues su dictado no conlleva una acción, una orden, una privación, una molestia o alguna otra situación que implique un hacer positivo por parte de alguna autoridad, sino que sus efectos son meramente omisivos, se reducen a poner de manifiesto una situación jurídica particular, esto es, que en caso de conceder el amparo la autoridad responsable declare la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 97 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. Ello se explica en el sentido de que, si bien la autoridad señalada como responsable Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, lugar en donde en efecto este Juzgado Federal ejerce jurisdicción; sin embargo, se considera que ello no es motivo suficiente para determinar la competencia del suscrito para conocer de la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, toda vez que el domicilio en el particular como se dijo no es determinante. Lo anterior es así, en virtud que el hecho que la autoridad responsable resida en el lugar en que ejerce jurisdicción este Juzgado Federal no es una regla que prevea el artículo 37 de la citada Ley, más bien es una regla para fijar la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, por razón de territorio para conocer del juicio de amparo directo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley de Amparo, no así, para los Juzgados de Distrito (que conocen del amparo indirecto), por lo que en el caso particular se estima que debe ser el Juez Federal que previno el competente para conocer la demanda, por las razones apuntadas. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 141/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de nuestro Alto Tribunal, Décima Época, bajo el registro: 2010273, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II, visible en la página 1681, del rubro y texto siguientes: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA AGRARIA. CUANDO EL ACTO RECLAMADO NO REQUIERA DE EJECUCIÓN MATERIAL, CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Del artículo 34 de la Ley de Amparo se advierte la existencia de 2 reglas para fijar la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, por razón de territorio, para conocer del juicio de amparo directo: una general y otra especial. En efecto, en su párrafo segundo, establece que la competencia de dichos órganos jurisdiccionales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado (regla general), mientras que su párrafo último dispone que, en materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, el competente será el que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado (regla especial). Así, cuando la sentencia o resolución recurrida dictada por un tribunal agrario no requiera de ejecución material, como por ejemplo, cuando en tal decisión se desechó un recurso, no se actualiza el supuesto normativo previsto en el párrafo último del mencionado numeral 34, sino el del segundo, en razón de que sólo se trata de una resolución de segunda instancia que produce consecuencias y efectos meramente declarativos; por ende, la competencia para conocer del juicio de amparo directo contra esa decisión, corresponde al Tribunal Colegiado de Circuito que ejerza jurisdicción en el domicilio de la autoridad responsable. De igual forma, tampoco resulta aplicable al caso la jurisprudencia del rubro: COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DEVOLVER UN INMUEBLE LIBERADO DE ASEGURAMIENTO MINISTERIAL. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN EL QUE SE UBIQUE DICHO BIEN, POR SER EL SITIO DONDE SE ESTÁ EJECUTANDO LA AFECTACIÓN A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL QUEJOSO. que se invoca para aceptar la competencia planteada, porque justamente atiende a las razones que este juzgado se apoya al tratarse de actos que tienen una ejecución material. Del mismo modo, la hipótesis dilucidada en el Conflicto Competencial 1/2019, resuelta por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, la litis dilucidada es diversa a la que se refiere en el caso particular, de ahí que no deba atenderse dicho precedente. En consecuencia, con fundamento en el artículo 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal no acepta la competencia declinada; por ende, se ordena devolver al Juez Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Iguala de la Independencia, el juicio 114/2021, de su índice, promovido por Hércules Aureoles Guadarrama, por propio derecho, que dio origen al presente asunto; solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente. Por tanto, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, con copia de la demanda y demás constancias que se consideren necesarias. Sin que haya necesidad de ordenar notificación a la parte quejosa o a las autoridades responsables dado el sentido del presente proveído en virtud de que no se aceptó el conocimiento del asunto en que se actúa. Finalmente, con apoyo en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este juzgado federal, para firmar los oficios que deriven del presente juicio. Notifíquese por lista electrónica.

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