Heliodoro Pimentel Dimas

Expediente 259/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
259/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
22/03/2018

Partes del expediente

  • Heliodoro Pimentel Dimas

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de ocho de marzo del año actual; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la ley de la materia, se declara que dicho proveído que desechó la demanda, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Entonces, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir de la notificación del presente proveído, dado que no obran documentos originales, ni es considerado de relevancia documental, conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General citado y carece de valor institucional e histórico. Notifíquese.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEÍDO, POR ASÍ ORDENARLO EL MISMO, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE... Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a ocho de marzo de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por *****, promoviendo por si, en representación de la quejosa *****, contra actos del Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura en el Estado de Guerrero, residente en esta ciudad y otra. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 259/2018; fórmese expediente impreso y electrónico. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia del juicio de amparo, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo, es factible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En tal sentido, se tiene que la parte quejosa reclama a través de esta instancia constitucional, el acuerdo de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, dictado en el cuadernillo de antecedentes número 14/2018, deducido del expediente 466-2-2017, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por *****, en contra de *****, mediante el cual la Sala Civil responsable no admitió a trámite la recusación hecha valer por la demandada. Al respecto, se advierte que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, esta última hipótesis aplicada a contrario sentido y 172, fracción III; numerales de la Ley Reglamentaria de los preceptos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que, en su orden y en la parte que interesa, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III.- Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; (.)" Por su parte, el numeral 170, fracción I, párrafo cuarto de la ley en aplicación, establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: (.) Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva." Como se puede ver, el artículo 61, en su fracción XXIII, dispone que el juicio de amparo no procede en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley; en tanto que, el diverso 107, en su fracción V, en forma expresa prevé que el amparo es procedente contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Ahora bien, se tiene que el acto que reclama el impetrante del amparo en esta instancia constitucional, no es de aquéllos que puedan considerarse como de imposible reparación, puesto que, aun cuando fue dictado dentro de un juicio, éste no afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, requisito sine qua non que debe ponderarse para poder apreciar si sus efectos no pueden repararse en el juicio del que emana, aún en el supuesto de que se obtuviera sentencia definitiva favorable. Lo anterior es así, toda vez que el acto reclamado consiste en el acuerdo de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, dictado en el cuadernillo de antecedentes número 14/2018, deducido del expediente 466-2-2017, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por Consuelo Felicidad Suastegui Ramírez, en contra de María Elena Hernández Vázquez, mediante el cual la Sala Civil responsable no admitió a trámite la recusación hecha valer por la demandada. Luego, puede advertirse que lo reclamado se traduce como violaciones a las leyes del procedimiento, por lo que dicho actos no pueden considerarse de aquéllos que puedan acarrear sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que se trata de la admisión a trámite de la recusación planteada a la Segunda Sala Civil el Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Guerrero, acorde a lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues tal evento, puede, inclusive no trascender al resultado del fallo, y obtener sentencia favorable a sus intereses. En efecto, no le irroga por ahora un perjuicio irreparable dado que únicamente ha de producir efectos intraprocesales que no afectan de modo inmediato ningún derecho sustantivo del impetrante de amparo, y en caso de que dichas violaciones procesales trasciendan al resultado del fallo, y éste le resulte adverso, podrá invocarlo al promover el amparo directo en contra de la referida sentencia por encontrarse expresamente prevista en la fracción III, del artículo 172 de la Ley de la Materia. Es decir, los actos dictados dentro de un juicio serán de imposible reparación si sus consecuencias afectan en forma cierta e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado, debidamente tutelados en la norma constitucional, por ende, susceptibles de ser impugnados a través de una demanda de amparo indirecto, pues no obstante de que se trate de actos intraprocesales, en tal hipótesis el afectado no puede esperar a que se dicte la resolución definitiva para impugnarlos a través del amparo directo que en su caso llegare a promover, por virtud de que dicha lesión no se destruye ni aún en el supuesto de que obtenga una sentencia favorable en el juicio. En lo conducente apoya lo anterior, la jurisprudencia con número de registro 172834, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del texto literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA INTERLOCUTORIA QUE DECIDE NO ADMITIR O NO RESOLVER LA RECUSACIÓN FORMULADA CONTRA EL JUEZ EJECUTOR. Del artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo se advierte que el sistema de procedencia del juicio de garantías contra actos emitidos por autoridad judicial después de concluido un juicio, distingue entre: 1) los actos de ejecución de sentencia y 2) los que gozan de autonomía en relación con dicha ejecución. Respecto de los primeros, la procedencia del amparo se posterga hasta el dictado de la última resolución del procedimiento respectivo (definida jurisprudencialmente como la que aprueba o reconoce expresa o tácitamente el cumplimiento total de la sentencia o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento); siendo la razón que originó esta regla de procedencia, el impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva; de ahí que el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin al procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieran dejado sin defensa al quejoso. En congruencia con lo anterior, se concluye que la interlocutoria que decide no admitir o no resolver la recusación formulada contra el Juez ejecutor, al tratarse de una resolución intraprocesal que no causa agravio por sí misma, no debe reclamarse de manera inmediata en la vía indirecta del amparo, sino que puede impugnarse a través del amparo que se intente contra la resolución final con la que culmine el procedimiento de ejecución." En apoyo de esta consideración se cita la jurisprudencia 189, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del texto literal siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Ciertamente, la intención primordial que el solicitante de amparo pretende es que se revoque el acuerdo de veintinueve de enero de dos mil dieciocho, dictado en el cuadernillo de antecedentes número 14/2018, deducido del expediente 466-2-2017, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por Consuelo Felicidad Suastegui Ramírez, en contra de María Elena Hernández Vázquez, mediante el cual la Sala Civil responsable no admitió a trámite la recusación hecha valer por la demandada; de ahí que, esa determinación que se refiere al medio citado en el juicio de origen no puede considerarse como de imposible reparación, porque se trata de actos intraprocesales que no deparan perjuicio alguno al impetrante de amparo que no pueda llegar a ser reparado con la obtención de un fallo favorable. Lo anterior encuentra plena explicación en la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, que es del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Pues bien, atento a lo relatado, en el caso se surte plena e indubitablemente la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionado con la fracción V, del artículo 107 (aplicado a contrario sentido), ambos de la Ley de Amparo, lo que amerita DESECHAR DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de garantías que nos ocupa en términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la impetrante de garantías. Notifíquese personalmente.

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