Heraclio Menera Arroyo y Otros.
Expediente 498/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 498/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Heraclio Menera Arroyo y Otros.
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, cinco de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde el oficio MIH-1/3821/2022 que remite el Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública Delegación Michoacán, con sede en Morelia; mediante el cual en atención a lo solicitado en autos, refiere lo siguiente: ".designo a la Defensor Público Federal José Oscar Ortiz Martínez, para que brinde el servicio de defensa penal pública que corresponda al quejoso (1) Heracleo Menera Arroyo y (2) Omar Gomez Peñaloza, dentro del expediente que se gestione." Atento a su contenido, téngase a la oficiante designando al licenciado José Oscar Ortiz Martínez, como defensor público federal de los quejosos; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, informa que cuenta con el número telefónico 4434575454 y el correo electrónico oficial jfmorenov@cjf.gob.mx. Por tanto, con fundamento en los artículos 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento EXHORTO al Juez de Distrito en el Estado de Michoacán, en turno, con residencia en Morelia, para que en auxilio y delegación de las labores de este juzgado, ordene a quien corresponda realice lo siguiente: Se constituya en legal y debida forma en Avenida Camelinas, número 2150, Colonia Bosques Camelinas, en Morelia, Michoacán, y notifique al Licenciado José Oscar Ortiz Martínez, el presente proveído, así como el auto admisorio, copia de la demanda y del diverso proveído de seis de septiembre de dos mil veintidós. De igual modo, le requiera para que en la misma diligencia o dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Uruapan, Michoacán, apercibiéndole que de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, le serán practicadas por medio de lista que será fijada en los estrados de este órgano jurisdiccional, conforme a lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Hecho lo anterior, se solicita devolver la comunicación oficial de que se trata con las constancias que acrediten su diligenciación. Con fundamento en los artículos 17 Constitucional y 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para el cumplimiento de la diligencia aquí ordenada. Conminándole para que, de estimarlo pertinente, prevea la posibilidad de solicitar a este juzgado el acceso al expediente electrónico, señalando su nombre de usuario autorizado y precise la autorización para recibir notificaciones en línea, con lo que podrá ser notificado personalmente en dicha plataforma, sin necesidad de un domicilio físico en la ciudad de residencia de este Juzgado. Notifíquese.
- Principal
Uruapan, Michoacán, seis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la constancia de notificación levantada por la actuaria adscrito a este juzgado, el veinticuatro de agosto pasado, de la que se advierte que los quejosos Heracleo Menera Arroyo y Omar Gómez Peñaloza manifestaron lo siguiente: "Que oigo, quedo enterado y notificado del contenido de dicho proveído e interpongo recurso que corresponda por encontrarme inconforme con el mismo, nombrando desde este momento para que me asista en la tramitación de este recurso al Defensor Público Federal, a quien autorizo para oír y recibir notificaciones en mi nombre. Siendo todo lo que manifiesto." Solicitud de designación de Defensor Público Federal. En tales condiciones, tal como lo solicitan los quejosos y a fin de no dejarlo en estado de indefensión, requiérase al Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con residencia en Morelia, Michoacán, mediante oficio que al efecto se gire, acompañado de copia de la demanda de amparo, para que tenga a bien designar un defensor público que asesore al quejoso en el presente juicio, en virtud de que de la demanda de amparo se advierte que el quejoso no señaló abogado que lo represente, como tampoco autorizados para que en su nombre oigan y reciban todo tipo de notificaciones. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia siguiente:... Asimismo, notifique al defensor Público Federal, el presente proveído, en el que el promovente refiere interpone el recurso correspondiente, y se le requiera para que dentro del término de tres días, formule los agravios que corresponda, en relación a dicho medio de impugnación, lo anterior a efecto de estar en condiciones de remitir al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimoprimer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, los autos que integran el presente asunto, para la substanciación del referido recurso de queja. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Uruapan, Michoacán, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo presentada por Heracleo Menera Arroyo y Omar Gómez Peñaloza, por propio derecho, contra actos que atribuye al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 CPS-Michoacán, con sede en Buenavista Tomatlán y otras autoridades, se manda formar expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 498/2022. ACTOS RECLAMADOS. De la lectura integral del escrito de demanda de amparo de que se trata, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en: "IV.- Acto reclamado, Reclamamos de las autoridades señaladas como responsables lo siguiente. Primero el día 11 de junio el Director de dicho centro permitió a la guardia Nacional ingresar al centro federal N° 17 CPS Michoacán, para que nos golpearan y nos echaron gas pimienta y si golpearon a muchos compañeros pero no los llevaron al área médica para que no hubiera pruebas de las agresiones, ahora nos quitó todas las cosas que están permitidas como son material que usamos para trabajar y para solventar nuestros gastos ya que el Centro no cuenta con un Trabajo remunerado para cubrir nuestras necesidades económicas que el Centro no nos proporciona y dice que todo l que nos quitó lo va a tirar a la basura ya que no nos dan, que no nos quite, también nos quitó los relojes que estaban permitidos. Ahora nos tiene veinticuatro horas encerrados sin actividades de ninguna clase, comemos en la estación (celda), cuando la Lay y los reglamentos que a la letra dicen que el comedor es para comer, en el la única diversión es la televisión y la mayor pare del día esta apagada, nos dan la comida, hay veces que nos la dan hasta las once de la noche, cuando el reglamento lo marca que alimento debe ser en un tiempo y cantidad a lo cual es lo contrario a lo que ellos hacen con nosotros muy poca comida y abecés en mal estado. Ahora también manda los oficiales con tambos de gas pimienta a los dormitorios estancia por estancia para que nos amenacen con rociarnos gas en la cara si nos ponemos necios y los seguimos presionarnos con las actividades. Ahora nos puso muchas través con los depósitos (jiro) que nos pone la familia, esta pidiendo demasiadas cosas (papeles), como si fuera para la visita y también tenemos problemas con las áreas que necesitamos meter muchas peticiones para que se nos atienda también tenemos problemas con las áreas que necesitamos meter muchas peticiones para que se nos atienda también nos quitó las llamadas extraordinarias que los demás Directores nos las quito la visita extraordinaria que nos daban cada día del padre nos paso a perjudicar a todos y lo que pedimos es que se nos devuelvan todas las actividades y que se nos restablezca la programación de la televisión como estaba antes de todo el día y se nos habrán las puertas como antes las teníamos y se nos devuelvan todo lo que nos quitaron el día de la revisión y que nos permitan que nuestras familiar nos puedan mandar productos de higiene personal.). DESECHAMIENTO. Debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. * Es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indican: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". ********* "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. ******* Asentado lo anterior, Procede analizar las causales de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo.**** "IMPROCEDENCIA. ********* Dicho lo anterior, respecto al acto reclamado consistente en: IV.- Acto reclamado, Reclamamos de las autoridades señaladas como responsables lo siguiente. Primero el día 11 de junio el Director de dicho centro permitió a la guardia Nacional ingresar al centro federal N° 17 CPS Michoacán, para que nos golpearan y nos echaron gas pimienta y si golpearon a muchos compañeros pero no los llevaron al área médica para que no hubiera pruebas de las agresiones, (.). Mismos que atribuyen a las autoridades responsables Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 17 CPS-Michoacán, con sede en Buenavista Tomatlán y otras autoridades, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del numeral 61 de la Ley de Amparo, por tratarse de un acto consumado de manera irreparable, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:**** XVI. Contra actos consumados de un modo irreparable;." La causa de improcedencia transcrita se actualiza en el momento en que el acto de autoridad que se reclama en el juicio constitucional se torna imposible en su restitución material. En este orden, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 136/2007-SS, señaló que de la interpretación del precepto legal en comento se consideró que por actos consumados de modo irreparable debe entenderse aquellos que han producido todos sus efectos, de manera tal que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado, lo cual lleva a estimar improcedente la acción de amparo dado que para el caso en que se otorgara la protección constitucional solicitada, la sentencia respectiva carecería de efectos prácticos, al no ser materialmente posible reparar la violación de que se trate. De igual forma, en dicha ejecutoria, se estableció que la consumación irreparable de que se habla es de naturaleza material o física, esto es, aquella que, por haber producido todas sus consecuencias materiales, hace que la restitución del derecho sustantivo tutelado quede fuera del alcance de los instrumentos jurídicos. En cambio, de reclamarse en el juicio de amparo actos que, si bien ya se han ejecutado, el efecto restitutorio de volver las cosas al estado que guardaban se alcanza al quedar sin efecto legal tales actos, o bien aun cuando las consecuencias materiales que produjo pueden restablecerse, debe entenderse que no se actualiza la causa de improcedencia en análisis. Asimismo, en torno al tópico en comento, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito estableció qué tiene que entenderse por acto consumado de modo irreparable, en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, Diciembre de 1994, Octava Época, página 325, registro 209662, de rubro y sinopsis siguientes: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ******** En ese sentido, es factible retomar que los actos consumados de modo irreparable, son aquéllos cuyos efectos fueron completamente realizados sin posibilidad jurídica o material de volver las cosas a su estado anterior, de tal forma que las violaciones que producen al agraviado ya no podrán ser reparadas a través del juicio de amparo; situación esta última que da motivo a la improcedencia de la acción constitucional, pues de otorgarse la protección de la justicia de la unión, la sentencia carecería de efectos prácticos y materiales para su cumplimiento. En efecto, los actos consumados de modo irreparable son aquellos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, pues aun cuando la sentencia resultara favorable al quejoso, no podría retrotraerse en sus efectos. Con base en las consideraciones relatadas, en la demanda de amparo se tiene que los quejosos directos en el capítulo de actos reclamados en su escrito de demanda manifestaron que el once de junio día 11 de junio el Director de dicho centro permitió a la guardia Nacional ingresar al centro federal N° 17 CPS Michoacán, para que los golpearan y les echaran gas pimienta, golpearon a sus compañeros y no los llevaron al área médica para que no hubiera pruebas de las agresiones, les quitaron pertenencias que tenían permitidas como materiales que usan para trabajar y para solventar gastos ya que el Centro no cuenta con un Trabajo remunerado para cubrir sus necesidades económicas. De lo anterior es indudable se tornó como un acto consumado de forma irreparable pues se consumó en el propio momento. Por tanto, los efectos y consecuencias, se materializaron y no pueden ser restituidas las cosas al estado en que se encontraban antes de la posible violación reclamada, toda vez que desde el citado once de junio de dos mil veintidós fueron agredidos por las autoridades administrativas, esto es, antes de la presentación de la demanda de amparo. Por otro lado, respecto a los actos reclamados consistentes en privarles de sus pertenencias, como son los materiales que usan para trabajar, los relojes que tenían permitidos, trabas con los depósitos (jiro) que les deposita la familia, la privación de las llamadas extraordinarias, visitas extraordinarias, así como la programación de televisión de la que se les ha negado, pues refiere que es el único esparcimiento que tienen, y el permitirles que sus familias les envíen productos de limpieza e higiene personal, y demás que quedaron precisados en párrafos precedentes, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." Así, en ese supuesto normativo se prevé el principio de definitividad del juicio de amparo, que consistente en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, el juicio, los recursos o medios de defensa legales y que puedan conducir a la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada, acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia:****** "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. ******* Principio de definitividad que los quejosos debieron observar frente al acto reclamado consistente en los actos que reclama y que se traducen a los actos de internamiento como pueden ser el privarles de sus pertenencias, como son los materiales que usan para trabajar, los relojes que tenían permitidos, trabas con los depósitos (jiro) que les deposita la familia, la privación de las llamadas extraordinarias, visitas extraordinarias, así como la programación de televisión de la que se les ha negado, pues refiere que es el único esparcimiento que tienen, y el permitirles que sus familias les envíen productos de limpieza e higiene personal entre otros actos de cuestión de internamiento, ya que contra ello procede el instrumento legal establecido en los artículos 24, 107 al 117, 122, 124, 125, 138 y 139 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, vigentes a partir del diecisiete de junio de dos mil dieciséis. Lo anterior, se estima así pues dicho sistema normativo en su artículo 109, tiene por objeto subsanar la afectación a las condiciones de vida diga y segura en reclusión, lo que se traduce en modificar, revocar o nulificar el acto u omisión de la autoridad penitenciara, que como en el caso trascienda a las condiciones de internamiento de las personas privadas de su libertad, sea en prisión preventiva o en la ejecución de la sanción de prisión, pues así se desprende del ámbito de aplicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal, contenido en su artículo 1º. En efecto, del contenido del artículo 24 de la referida ley de ejecución, en lo que interesa, se desprende que el legislador habilitó al Poder Judicial de la Federación y Poderes Judiciales de las Entidades Federativas, para resolver las controversias con motivo de su aplicación, con los límites territoriales y jurisdicción expresamente ahí señalados. Además, de los diversos 107 al 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se colige lo siguiente: 1. Que las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciara contra los hechos, actos u omisiones relacionados con las condiciones de internamiento. 2. Las peticiones tendrán como finalidad que la autoridad penitenciara resuelva si existió o no una afectación a las condiciones de vida digna y en su caso subsanarla. 3. Si la determinación administrativa es contraria a los intereses del peticionario, éste podrá controvertirla ante el Juez de Ejecución o de Control (en caso de que se encuentre sujeto al nuevo sistema de justicia penal), el Juez de su causa (si está siendo procesado) o el Juez de Ejecución a cuya disposición se encuentre interno (si ya está sentenciado). 4. Si la petición no es resuelta en el término de cinco días, el promovente podrá demandar dicha omisión ante el Juez de Ejecución. 5. En casos urgentes, el afectado podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución a plantear la petición, caso en el que el órgano jurisdiccional suspenderá el hecho que motivó la petición hasta en tanto resuelva en definitiva, ordenando incluso que las autoridades administrativas realicen las acciones necesarias a fin de los actos cesen o dejen de existir, con lo cual quedan tutelados los derechos de la persona privada de la libertad, aún en los casos de mayor gravedad, en que incidan en su esfera jurídica las condiciones de internamiento. 6. Que los Jueces de Ejecución conocerán de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y las relacionadas con ellas. 7. Que para la controversia ante el Juez de Ejecución, constituye un requisito indispensable que se haya agotado la petición administrativa. De lo anterior, se advierte que con la entrada en vigor del Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad (como los agraviados) ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones ágil y eficaz, en el cual pueden hacer valer los derechos atinentes a las condiciones de su internamiento, como lo es el reclamo consistente el privarles de sus pertenencias, como son los materiales que usan para trabajar, los relojes que tenían permitidos, trabas con los depósitos (jiro) que les deposita la familia, la privación de las llamadas extraordinarias, visitas extraordinarias, así como la programación de televisión de la que se les ha negado, pues refiere que es el único esparcimiento que tienen, y el permitirles que sus familias les envíen productos de limpieza e higiene personal entre otros actos en párrafos precedentes, pues cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional. Por tanto, si los quejosos acuden en demanda de la protección constitucional a efecto de controvertir actos atribuidos a las autoridades administrativas que indican, así como las directivas del centro de reclusión donde están internos, mismas que se vinculan con las condiciones de su estancia, es claro que contra los actos que señalan como reclamados, es aplicable el medio defensa establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Entonces, es preciso concluir que los quejosos no cumplieron con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, pues previo a su interposición, de ser un caso urgente, debieron acudir ante el juez de la causa o ejecución para plantear su petición; y de tratarse de condiciones de internamiento no urgentes, debieron acudir ante la autoridad penitenciaria respectiva a formular su petición y en caso de no serles favorable o no se les respondiera, plantear la controversia ante el Juez de la causa o ejecución, lo que le permitiría acceder a una serie de medidas de protección y mecanismos legales de corrección en el ámbito de la justicia ordinaria. Tienen aplicación al caso, los criterios siguientes: ******* "PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. CUANDO RECLAMAN ACTOS RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE SU INTERNAMIENTO, COMO LO ES LA FALTA O NEGATIVA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA, YA SEA URGENTE O NO, DEBEN AGOTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE PETICIONES Y LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. Conforme a los artículos 1, 2, 9, 30, 34, 74, 76 a 78, 107 a 115 y 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento, entre las que se encuentran la falta o negativa de atención médica adecuada, ya sea urgente o no urgente. Adicionalmente, cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición no satisfaga sus necesidades, incluso, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Ante ese marco normativo ágil y eficaz, previo a promover el juicio de amparo indirecto deben agotarse el procedimiento administrativo de peticiones, así como los medios de impugnación previstos en la ley citada, en atención al principio de definitividad."****** "PETICIÓN ADMINISTRATIVA ANTE LA AUTORIDAD PENITENCIARIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL. ES EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN IDÓNEO PARA IMPUGNAR HECHOS, ACTOS U OMISIONES RESPECTO DE LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. ********* En suma, al haberse consumado en modo irreparable los efectos de los acto reclamados consistente en los golpes que refirieron sufrieron los quejosos el once de junio del año en curso, así como el despojo se sus pertenencias y agresiones; y como previo a promover el juicio de amparo contra los actos reclamados relativos a las cuestiones de internamiento descritas en párrafos que anteceden, los quejosos debieron agotar los medios de impugnación ordinarios que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal; y, al no haberlo hecho así; por tanto, con apoyo en el dispositivo 113, en relación con el 61 fracciones XVI y XX, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. En atención al principio pro persona, se comisiona a la actuaria o actuario de la adscripción para que realice lo siguiente: Se constituya en legal y debida forma en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS-Michoacán", ubicado en el municipio de Buenavista, Tomatlán, Michoacán, a efecto de que notifique el presente auto a Heracleo Menera Arroyo y Omar Gómez Peñaloza, entregándole copia simple del mismo, para el efecto legal a que haya lugar. De igual forma, requiera a los quejosos en cita, a fin de que al momento de la notificación o, bien, dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, nombre a un abogado que lo represente, apercibido que, de no hacerlo, este órgano jurisdiccional le designará uno de oficio. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia siguiente: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO. ********** Se exhorta a las partes, a que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades de acceso al expediente físico, continúen la tramitación del caso, mediante el esquema de juicio en línea, conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo, ello con la finalidad de privilegiar la salud de la parte quejosa, así como de los servidores públicos como de quienes intervienen en el presente juicio dentro del contexto de la pandemia originada por el virus Sars-Cov2; bajo apercibimiento que de no hacerlo, solo se tramitará este asunto mientras no resulte indispensable que se presente alguna persona a las instalaciones de este juzgado, en cuyo caso no se podrá celebrar la audiencia constitucional, salvo que en su momento se reúnan las condiciones necesarias para llevar a cabo la audiencia por videoconferencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de los días que llegaran a declararse inhábiles laborables, para en caso necesario, practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Hágase saber a las autoridades responsables y a las partes que, acorde a los artículos 3° y 80 de la Ley de Amparo, sus promociones y recursos deben de contener su firma autógrafa física o si es la promoción vía electrónica debe firmarse electrónicamente, acorde con las reglas de esos preceptos y aplicables de la misma Ley. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que obre en autos. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento legal en cita. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las notaciones en el Libro de Gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EN EL LUGAR DE SU RECLUSIÓN.
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