HELEODORO DIEGO VELASCO y Otros.
Expediente 241/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 241/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- HELEODORO DIEGO VELASCO y Otros.
- María Jovita Diego Nolasco
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado de autos, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del proveído del veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por desechada la demanda de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de la Materia, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Consecuentemente, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso d), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro electrónico correspondiente. Finalmente, vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa exhibió diversas documentales, cuya devolución se realizó el diecisiete de mayo del año en curso, como se advierte del acta de entrega realizada en esa misma data; de ahí que resulte innecesario requerir a la parte promovente para su devolución. NOTIFÍQUESE.
- Principal
EN RAZÓN DE QUE HELEODORO DIEGO VELASCO Y MARÍA JOVITA DIEGO NOLASCO (EN SU CARÁCTER DE PARTE QUEJOSA) o sus autorizados, no comparecieron dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se le dejó en el domicilio señalado en autos el dos de mayo del año en curso; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación del proveído de VEINTIOCHO DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, MISMO PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Uruapan, Michoacán, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el escrito firmado por los quejosos Heleodoro Diego Velasco y María Jovita Diego Nolasco, en atención a su contenido, téngasele desahogada en tiempo la prevención realizada en autos. En el caso particular, la parte quejosa señala como autoridades responsables y acto reclamado, los siguientes: En tales condiciones, al efecto se provee: Análisis de procedencia del juicio de amparo. Determinado lo anterior, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia ********"DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO."******** "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA."" Ahora, en el escrito de demanda, la parte quejosa expresa, en el capítulo de hechos, bajo protesta de decir verdad, que el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, recibieron un citatorio para acudir a la sindicatura Municipal de Tangancicuaro de Arista, Michoacán, ello, para atender un conflicto de propiedad, una vez que acudieron al lugar citado, salió la persona que llevaría a cabo la reunión, misma que les negó el acceso por ir acompañados de su abogado, ante ese motivo decidieron retirarse para regresar a su domicilio. Que en esa misma fecha (dieciséis de marzo de dos mil veintitrés), cuando volvían a su domicilio ubicado en la población de San José de Gracia, municipio de Tangancicuaro de Arista, Michoacán, aproximadamente a las dieciséis horas, al ir pasando por el lugar donde tienen su propiedad, misma que tratan de defender a través de este juicio de amparo, observaron que se elevaba una nube de polvo causado por una maquinaria pesada, además que se encontraba gente invadiendo su propiedad, ante esa situación se acercaron al lugar y adentro de su propiedad se encontraba el actual jefe de tenencia de la localidad el señor Aristeo Gutiérrez Diego y al pedirle explicación de porqué se encontraba maquinaria adentro de su terreno, les respondió que por el inmueble de su propiedad, iba a pasar un libramiento y que lo que estaban haciendo era trazar la brecha por la cual pasaría el citado libramiento. De lo anterior, se tiene que desde el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, los quejosos tuvieron total conocimiento de los actos reclamados; pues, desde esa fecha se enteraron de los trabajos que se estaban realizando en el inmueble que refieren les fue donado por su padre. Por tal motivo, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; lo cual conlleva a desechar de plano la demanda de amparo como se expondrá a continuación. En efecto, el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: **** XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. **** De conformidad con el artículo y fracción transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales, aquellos contra los que no se promueve la demanda dentro de los términos legalmente establecidos; el cual se computará acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 del mismo ordenamiento, es decir, en el caso concreto que nos ocupa, a partir del día siguiente al en que tuvo conocimiento o se ostenta sabedor del acto reclamado. Para conocer los plazos para promover el juicio de amparo, se hace necesario precisar el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo.". Del precepto legal transcrito se advierte que la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: Primer párrafo: Quince días, regla general. Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general auto-aplicativa, o el procedimiento de extradición. Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión. Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Fracción IV. En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. Conforme a lo expuesto en párrafos precedentes, podemos concluir que cuando no se actualice alguno de los supuestos de excepción especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda será de quince días regla general. Plazo que se computará acorde a lo dispuesto por el diverso numeral 18 de la ley de la materia, a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, o a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo 17, en el que el plazo se computará a partir del día de la entrada en vigor de la norma reclamada. Pues la Ley de Amparo además de la notificación en términos de la Ley ordinaria de la cual provenga el acto reclamado, también establece la posibilidad de que el quejoso conozca del acto de manera informal, sin exigir formalismo para ello, y esté en condiciones de combatirlo, esto es, simplemente que no lo desconozca. Así, se tiene que la parte quejosa tuvo conocimiento de la existencia del acto reclamado el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, fecha en la que es ineludible que la demanda de amparo que nos ocupa se encuentra presentada fuera del término legal de quince días hábiles posteriores a que los quejosos tuvieron conocimiento del acto reclamado. Ello es así toda vez que en términos del artículo 18 de la Ley de Amparo, los plazos para la presentación de la demanda de amparo indirecto se computarán a partir del día siguiente a aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, en el caso, el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, fue la fecha en la que los quejosos, manifestaron bajo protesta de verdad, que conocieron la existencia del acto reclamado, por tanto, el primer día hábil siguiente a esa data fue el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. De tal modo, que el plazo para presentar la demanda de amparo contra los actos reclamados, transcurrió del diecisiete de marzo al trece de abril del dos mil veintitrés, ello es así, en virtud de que, en dicho plazo no se computaron los días que mediaron previstos en el numeral 19 de la Ley de Amparo, lo que se ilustra a continuación:**** Por ende, si la demanda de amparo fue presentada el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, por medio del buzón judicial y turnada en esa misma fecha por la oficina de correspondencia común a Órgano Jurisdiccional, es evidente que ello ocurrió fuera del término legal de quince días a que se contrae el numeral 17 de la Ley de Amparo, en los términos generales ya precisados. Esto es, aun excluyendo de dicho cómputo los días no laborables, la presentación de la demanda de amparo sigue estando fuera del plazo que la ley exige para estudiar los actos reclamados; lo que refleja de manera fehaciente, un consentimiento tácito de los actos reclamados, que actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia. Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Cuarto Tribunal Colegido en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO.". Por consiguiente, al actualizarse de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, pues, con ningún medio de prueba podría desvirtuarse, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA en estudio por notoriamente improcedente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · 4,363 expedientes
- Héctor Rodolfo Rodríguez Morales623/2021
- Héctor Rolando Méndez García339/2007
- Héctor Ruíz Churape155/2017
- Héctor Saúl López Galván189/2019
- Hector Sebastian Ruiz491/2020
- Hector Ulises Alvarez Gonzalez386/2023
- Heliodoro Rivas Galvan207/2021
- Heliodoro Rivas Galvan511/2020
- Heraclio Menera Arroyo y Otros.498/2022
- Heriberto Chávez Ortiz735/2022
- Heriberto Garcia Guerrero585/2023
- Heriberto Garcia Guerrero638/2023