Heraclio Alan Zurita García

Expediente 1060/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1060/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
08/03/2023

Partes del expediente

  • Heraclio Alan Zurita García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de marzo de dos mil veintitrés. En atención al oficio de la secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, acúsese recibo del testimonio de la ejecutoria dictada el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, en el amparo en revisión 376/2022 y del original del expediente de amparo 1060/2022 del índice propio; glósese el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del envío del medio de impugnación correspondiente, agregando únicamente las constancias originales a fin de evitar su engrosamiento innecesario. Para los efectos legales a que haya lugar hágase del conocimiento de las partes que la superioridad confirmó la sentencia dictada en este asunto en la que se sobreseyó en el juicio. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se sobreseyó en el juicio, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, este asunto encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, uno de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio señalado en la cuenta al expediente en que se actúa y téngase a la Magistrada Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, informando que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en el juicio de amparo 1060/2022, e indica que lo registró con el número 376/2022; en consecuencia, se toma nota de lo anterior. Notifíquese por lista.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. En atención al escrito del quejoso Heraclio Alan Zurita García, por conducto de su apoderado Misael Ventura Pascual, por el que interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en este asunto; con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes las copias del ocurso que contiene agravios y dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, remítase el original del escrito de agravios y los autos de este juicio de amparo al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en turno. Fórmese cuaderno de antecedentes. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA; Y PERSONALMENTE A LA PARTE TERCERA INTERESADA Y A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO.

  4. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que resuelve el juicio de amparo indirecto 1060/2022 promovido por la persona moral denominada Heraclio Alan Zurita García, por conducto de su apoderado Misael Ventura Pascual, en contra de la omisión de fundar y motivar la resolución que desecha el incidente de falta de personalidad instaurado por impetrante, dictado por la Junta Especial número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca en el juicio laboral 985/2019 (2), entre otros. El problema jurídico planteado en el presente asunto exige analizar, en el caso de que se cumplan los presupuestos procesales correspondientes para el dictado de un fallo de fondo, si los actos impugnados vulneran en perjuicio de la justiciable los derechos fundamentales de debido proceso, de audiencia, de legalidad, de seguridad jurídica y de tutela judicial efectiva reconocidos por los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ANTECEDENTES Heraclio Alan Zurita García, demandó a la persona moral denominada Comercializadora Farmacéutica de Chiapas, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, por el pago de diversas prestaciones laborales. De dicha de demanda le correspondió conocer a la Junta Especial número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, mediante el juicio laboral 985/2019 (2). La responsable, por auto de tres de junio de dos mil veintidós, tuvo por reconocida la personalidad de Ignacio Ramón Ruiz González, como apoderado de la empresa demandada Comercializadora Farmacéutica de Chiapas, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable y señaló las nueve horas con treinta minutos del veintidós de agosto de dos mil veintidós, para llevar a cabo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. El proveído de tres de junio de dos mil veintidós, se notificó a la parte actora aquí quejosa el cinco de agosto de dos mil veintidós. En diligencia de veintidós de agosto de dos mil veintidós, entre otras cosas, la autoridad responsable desechó de plano el incidente de falta de personalidad propuesto por la parte actora aquí quejosa respecto de la personalidad del apoderado de la parte demandada en el juicio laboral 985/2019 (2). Siendo esto último el estado procesal que actualmente guarda el juicio del que emana el acto reclamado y constituyendo la última determinación la materia del presente asunto. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Mediante escrito presentado vía electrónica el doce de septiembre de dos mil veintidós en el portal en línea del Consejo de la Judicatura Federal, Heraclio Alan Zurita García, por conducto de su apoderado Misael Ventura Pascual, promovió juicio de amparo indirecto en contra de los actos reclamados y las autoridades responsables que posteriormente se precisarán. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los consagrados por los ordinales 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de las actuaciones combatidas y expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. Por acuerdo de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer de la demanda con número 1060/2022 admitió a trámite el libelo inicial; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; dio la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; emplazó a la parte tercera interesada; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. La audiencia constitucional se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente legalmente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo establecido por los numerales 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo; y, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama una determinación, la cual se atribuye a una autoridad que tiene su residencia en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que la parte inconforme reclama a la Junta Especial número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca , lo siguiente: La determinación de veintidós de agosto de dos mil veintidós, donde se desechó el incidente de falta de personalidad que promovió el actor aquí quejoso respecto del reconocimiento -que hizo la responsable- de la personalidad de Ignacio Ramón Ruiz González, como apoderado de la empresa demandada Comercializadora Farmacéutica de Chiapas, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, en el juicio laboral 985/2019 (2). EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Al rendir informe justificado el presidente de la Junta Especial número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, aceptó la existencia del acto reclamado. Además, la certeza de la actuación reclamada se patentiza con las constancias del juicio laboral 985/2021 (2), que la Junta responsable remitió en apoyo de su informe con justificación, a las que se otorga valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto por los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo en términos de lo establecido por su ordinal 2. LEGITIMACIÓN Heraclio Alan Zurita García, por conducto de su apoderado Misael Ventura Pascual, se encuentra legitimado para promover por conducto de su apoderado este juicio constitucional, en términos de lo establecido por el arábigo 6 de la Ley de Amparo, ya que en el presente asunto está probado que en el contradictorio de origen tiene la calidad de parte actora. PROCEDENCIA Con fundamento en lo dispuesto por el normativo 62 de la Ley de Amparo, se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. Cobra aplicación la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Ahora bien, de oficio, este Juzgado Federal estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV el artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.] Respecto a los plazos legales para la presentación de la demanda de amparo, los artículos 17 y 18 de la ley en comento prevén: Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días [.] Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Las disposiciones trascritas, establecen que el juicio de amparo será improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por éstos aquellos contra los cuales no se promueva en el término de quince días, el cual correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: I. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; II. Que el agraviado haya tenido conocimiento de los actos de autoridad o de su ejecución; o, III. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. En el caso, en determinación de tres de junio de dos mil veintidós, la responsable reconoció la personalidad de Ignacio Ramón Ruiz González, como apoderado de la empresa demandada Comercializadora Farmacéutica de Chiapas, sociedad anónima promotora de inversión de capital variable, en el juicio laboral 985/2019 (2), proveído que se notificó al quejoso el cinco de agosto de dos mil veintidós. Ahora, dicha notificación encuadra en el primer supuesto de las fracciones transcrita, relativo a que haya surtido efectos la notificación en cuestión, conforme a la ley del acto, pues de la copia certificada de la actuación citada (notificación de cinco de agosto de dos mil veintidós), al ser personal, surtió efectos en el momento de su realización, en términos del artículo 747, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo. Por lo tanto, a la fecha en que se celebró la diligencia de veintidós de agosto de dos mil veintidós, donde el actor aquí quejoso promovió el incidente de falta de personalidad del apoderado legal de la parte demandada, ya había sido rebasado en exceso el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, es decir, los quince días con que contaba para, en su caso, promover el juicio de amparo transcurrieron del ocho al veintiséis de agosto de dos mil veintidós, descontándose del cómputo los días trece, catorce, veinte y veintiuno de agosto de dos mil veintidós, correspondientes a sábados y domingos e inhábiles conforme a lo establecido en el artículo 19 de la misma ley reglamentaria. Luego, si la demanda se recibió en la Oficina de Correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, el doce de septiembre de dos mil veintidós, es inconcuso que transcurrió en exceso el término de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo; de ahí que el quejoso consintió el acto precisado, que por esta vía reclama. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis de jurisprudencia emitidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, página once de la Quinta Época, con registros electrónicos 393969 y 393970, de rubros y textos: ACTOS CONSENTIDOS.IMPROCEDENCIA. Contra ellos es improcedente el amparo y debe sobreseerse en el juicio respectivo. ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala. También, resulta ilustrativa al respecto, la tesis de la Tercera Sala de la otrora integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, Tomo CXX, Materia Común, Página 702 del Semanario Judicial de la Federación, de la literalidad siguiente: ACTOS CONSENTIDOS, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR. Lo que la Ley de Amparo entiende por acto consentido, es la referencia de tal consentimiento para la resolución combatida, bien porque expresamente se consienta o se hagan manifestaciones de voluntad que entrañan ese consentimiento, o bien porque no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que señalan los artículos 21 y 22 de la misma ley, casos en el que no se encuentra aquél en que la quejosa combatió oportunamente en amparo una resolución. Lo anterior obedece a que al ser el promovente del amparo parte en el juicio natural, estaba constreñido a controvertir la determinación que originó el reconocimiento de su contra-parte en atención a la notificación de cinco de agosto de dos mil veintidós, y no en el momento de la audiencia trifásica. Cabe destacar que no se está ante alguno de los supuestos de excepción al plazo de quince días para la promoción de la instancia Constitucional, previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo; porque no se trate de: i) una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición; ii) sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que impone pena de prisión; o iii) actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Consecuentemente, al no haber controvertido la resolución señalada dentro del plazo de quince días que señala ley de amparo, el quejoso consintió tácitamente el acto reclamado, actualizándose la causal de improcedencia citada. Además, en el caso concreto se considera que respecto del acto reclamado se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado en sentido contrario de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." Del primero de los citados preceptos transcritos se establece que la improcedencia del juicio de amparo no sólo deriva de cada una de las fracciones previstas en el precepto anunciado, sino que puede tener sustento tanto en la Constitución Federal, como en la legislación de amparo. Por su parte, el diverso 107, fracción V, del ordenamiento jurídico antes invocado señala que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Aunado a lo anterior, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 37/2014, sostuvo que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; que con esa aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, el mencionado Tribunal Pleno estableció que esa interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo, y, La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo tales premisas, como se adelantó, se estima la resolución de veintidós de agosto de dos mil veintidós, dictada en el juicio laboral 985/2019, del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado Oaxaca, se trata exclusivamente de actos reclamados dentro del procedimiento - juicio laboral-, por lo cual, dicha determinación no le causa una afectación real y actual en su esfera jurídica. Por lo que, no se observa que deje sin defensa a la parte quejosa ni, el acto reclamado, puede verse de forma autónoma, ya que se trata de una posible violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de al dictarse la sentencia que resuelva el juicio, que sólo en caso de obtener un resultado desfavorable, se podrían hacer valer los medios de defensa procedentes. De manera excepcional, los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior, lo cual acontece, por regla general, cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que implican una situación relevante para el procedimiento, de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar la continuación de su trámite con respecto a las garantías procesales esenciales de la parte quejosa, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso e innecesario del procedimiento. Por lo tanto, es regla general que los actos que tienen efectos sobre los derechos adjetivos de las personas, no tienen el carácter de irreparables, porque existe la posibilidad legal de que a la postre se obtenga una sentencia favorable a las pretensiones del quejoso, y por ende, los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones, desaparezcan. Así, debe destacarse que el juicio de amparo biinstancial es improcedente contra actos dentro del juicio que no ocasionen al agraviado un perjuicio de imposible reparación. Cabe citar al respecto la tesis de jurisprudencia PC.I.C. J/7, emitida por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo II, página 992, Décima Época, número de registro 2007462, la cual es de texto y rubro siguientes: "COMPETENCIA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 55/2003). El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 55/2003, sostuvo que el juicio de amparo indirecto procede, de manera excepcional y aun tratándose de violaciones formales, adjetivas o procesales, contra la resolución que desecha la excepción de incompetencia por declinatoria, porque afecta a las partes en grado predominante o superior, ya que de ser fundada debe reponerse el procedimiento, lo que trae como consecuencia retardar la impartición de justicia, contrariando el espíritu del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, ese criterio fue pronunciado conforme al marco legal anterior al 3 de abril de 2013. Ahora bien, en observancia a la diversa jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", procede establecer que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por éstos se entienden los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por lo que con esta aclaración, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para promover el juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal previó que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Bajo esa línea argumentativa, se concluye que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la resolución que, sin ulterior recurso, desecha o desestima la excepción de falta de competencia, pues para la promoción de dicho juicio contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento, deben cumplirse dos condiciones: 1. Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y 2. Que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De acuerdo con lo anterior, resulta inaplicable la jurisprudencia P./J. 55/2003, e improcedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que aquélla se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento." No pasa por alto para este Juzgador Federal, lo dispuesto por el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y [.]." Ello, en virtud que del precepto legal transcrito, se tiene que el juicio constitucional procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto; sin embargo, esa porción normativa no debe interpretarse de manera aislada, sino de manera conjunta con la fracción V del propio numeral que dispone la procedencia del juicio en comento contra actos dentro de procedimiento que sean de imposible reparación y con el principio imperante en el juicio de amparo en el sentido de que este procede solo contra actos definitivos. Esto es, dado el sentido positivo en que está redactado, ya que si se está en el supuesto de que éste sea interpretado en sentido contrario (un dejar de hacer), como lo es que, la responsable determine NO inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, se tiene que el juicio de amparo será improcedente en contra de tal determinación. Por lo que, el aspecto positivo de la resolución judicial (un hacer, esto es, SÍ inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto), es relevante, ya que acorde con el supuesto de procedencia genérico contra actos en juicio, la afectación debe ser material, directa e inmediata a un derecho sustantivo, lo que implica que la hipótesis de procedencia respecto de la resolución que resuelve una excepción de incompetencia y la declara fundada con la consecuencia de declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, es claramente un caso de excepción. Resulta importante destacar, que el suscrito, no realiza mayor pronunciamiento en relación con los alegatos hechos valer por la parte quejosa, pues atento a lo dispuesto por los artículos 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, sólo los planteamientos formulados en los conceptos de violación contenidos en la demanda constitucional y los aducidos en el informe con justificación pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional. Ello, en virtud de que dada la naturaleza de los alegatos, éstos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que tengan la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, motivo por el cual no constituye una obligación para el juzgador pronunciarse sobre los referidos razonamientos expresados en esos alegatos. Sin que esto implique que no se hubieran analizado y considerado, sino sólo que no hay obligación de darles respuesta en la sentencia. Al respecto es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia número P./J. 27/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14, del mes de agosto de 1994, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del contenido siguiente: ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos. VIII. DECISIÓN En consecuencia, dado que el acto reclamado fue consentido tácitamente por el quejoso, este juzgador no tiene otra opción más que decretar el sobreseimiento, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 fracciones XIV y XXIII la segunda en relación al devisero 107, fracción V en sentid contrario de la misma ley reglamentaria. Precisión respecto de las jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis aisladas citadas en esta sentencia, anteriores a la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, continúan siendo obligatorias y aplicables, en términos de los artículos Décimo y Decimoprimero transitorios, respectivamente del Decreto publicado el siete de junio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, por el cual, se reformó la Ley de Amparo: Publicación de sentencia. Como las partes en este juicio no se opusieron a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, se ordena la publicación de la sentencia relativa en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Heraclio Alan Zurita García, por conducto de su apoderado Misael Ventura Pascual, en contra del acto reclamado a la autoridad responsable, en términos de lo precisado en el apartado VII de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

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